El senador Alirio Barrera amasó 587 hectáreas de baldíos estatales en el Casanare mediante el englobe y la subdivisión de predios, en una estrategia maestra de acumulación, que inició con subsidios obtenidos al comienzo de su carrera como gamonal electoral y que se extendió con tres predios comprados a José Antonio Cala López.
Esas tierras, en el piedemonte de la Cordillera Oriental, fueron el escenario de una reforma agraria impuesta a sangre y fuego, el laboratorio de despojos de las Autodefensas Campesinas de Casanare, al mando de Héctor Buitrago, y del Bloque Centauros de las AUC, al mando de Miguel Arroyave.
Alirio Barrera, de 49 años, construyó una narrativa de éxito personal, supuestamente como amansador de caballos. Pero tras su paso por la administración departamental, entre 2016 y 2019, su ascenso empresarial quedó bajo la lupa por la naturaleza de sus activos. Su patrimonio no es una simple acumulación de capital, sino un rompecabezas de 273 registros de propiedad que fragmentaron el territorio para dar paso a un negocio de urbanismo de alta gama, en una de las regiones más ensangrentadas por los actores armados.
Su abuso de los beneficios que el Estado ofrece a los más pobres comenzó en 2005, cuando era concejal del municipio de Aguazul, a 27 kilómetros de Yopal, la capital del departamento, y a 361 kilómetros de Bogotá. Alirio Barrera adquirió un apartamento de 59 metros cuadrados usurpando un subsidio de vivienda de interés social destinado a ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad económica, prohibido para servidores públicos con poder de decisión en el cabildo local.
Ese patrón de abuso se consolidó años después con el proyecto Condominio Peñones de Piedemonte, en la vereda El Salitre de Aguazul. En noviembre de 2012, Alirio Barrera pagó 290 millones de pesos a José Antonio Cala López por los tres terrenos de origen baldío que conforman las 373 hectáreas del globo principal: la finca El Retiro y los denominados Lotes 1 y 2. La tradición de estos predios revela que en 1971, los dos lotes fueron adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, a Pablo Gómez, quien después se los vendió a José Antonio Cala López, en 1976.
Por su parte, Cala López fue el adjudicatario directo del terreno restante, El Retiro, en 1988. José Antonio es hermano del exgobernador Helí Cala López, otro gamonal electoral condenado en diciembre de 2024 a 187 meses de prisión por peculado y celebración indebida de contratos, e investigado por la JEP por sus presuntos vínculos con el Bloque Centauros de las AUC.
Entre 2013 y 2023, Alirio Barrera llevó a cabo un proceso de acumulación y fragmentación masiva de tierras. Inicialmente, las 373 hectáreas de terrenos baldíos que poseía fueron englobadas bajo una sola matrícula inmobiliaria. Posteriormente, este predio principal fue dividido en dos: un lote de 273 hectáreas que fue permutado años más tarde por otro terreno baldío de 449 hectáreas, y un lote de cien hectáreas.
Ese lote fue objeto de una subdivisión material y se fraccionó en 261 partes, gracias a lo cual Alirio Barrera ha obtenido más de cinco mil millones de pesos en ventas a terceros. La escala del negocio quedó en evidencia el 18 de septiembre de 2023, cuando la familia Barrera procedió a vender un bloque de 165 de estos lotes a la firma Inversiones Empresariales en Salud S.A.S. Actualmente Inversiones Empresariales del Llano.
Esa empresa fue constituida un mes antes de la transacción por los médicos Ivan Gabriel Reátiga Hernández y Ana María Aguilar Cadavid, dueños de la Fundación Médica Campbell de Barranquilla, por un valor de 1.900 millones de pesos. Los lotes vendidos suman 41 hectáreas, el once por ciento del terreno original. En el inventario de casi cien folios, el rastro de la tierra se divide en ventas a un grupo vinculado al poder regional de Casanare.
Dentro del proyecto, los terrenos mantienen una extensión promedio de 2.500 metros cuadrados, una superficie estandarizada que ha facilitado su comercialización entre aliados políticos, familiares y figuras de poder regional, algunas de ellas representantes de la autoridad estatal y del control público:
El exalcalde de Aguazul, Helí Fernando Camacho Caicedo adquirió un lote por 100 millones de pesos. La coronel Lucía Cristina Vanegas Tarazona, excomandante de la Policía en Casanare y exdirectora nacional de la Unidad de Protección a Altos Dignatarios, compró un lote por 70 millones de pesos. Diana Carolina Lizarazo Macías, actual Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare, compró un predio por 45 millones de pesos.
La repartija de tierras alcanzó para la familia de Alirio Barrera, y a precios de ocasión: Lola Damaris Barrera solo pagó quince millones de pesos, lo mismo Mary Cielo Barrera y Ruth María Barrera. Su hermano Frey Alirio Barrera pagó un poco más: cuarenta millones. Los fajos de dinero no han dejado de ir y venir.
El 18 de diciembre de 2017, Gina Paola Achury Velásquez y los hermanos Héctor Daniel, Hernán Andrés, Iván Camilo y Sandra Carolina García Cruz compraron un bloque de 103 predios, 24 hectáreas, por 2.000 millones de pesos. El 24 de marzo de 2023, esa transacción se revirtió mediante una permuta, en la cual el senador y su esposa, Marisela Duarte Rodríguez, entregaron un inmueble urbano en Bogotá para recuperar el dominio de los 103 lotes en Casanare.
Ella, actual diputada y exgestora social, ha sido fundamental en el esquema de enriquecimiento. La esposa de Alirio Barrera aparece como propietaria de 105 predios. Asimismo, su prima Amanda Rocío González Rodríguez, exsenadora del Centro Democrático y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, ha sido socia de Barrera en la inmobiliaria Barrera & González Asociados S.A.S. Y es copropietaria de los lotes con el senador, algunos con valores simbólicos de tres millones de pesos.
Baldíos: el 99% de su fortuna
Veinte años después del comienzo de su carrera como gamonal electoral, el senador Alirio Barrera se ha convertido en un hombre inmensamente rico. Si bien sus activos incluyen propiedades urbanas —la que adquirió con un subsidio estatal en Aguazul y el predio de cuatro hectáreas en Tibasosa, Boyacá—, el noventa y ocho por ciento de sus tierras se concentra en Casanare y son de origen baldío, es decir, tierras destinadas a campesinos pobres.
Sus propiedades en Casanare, todas de origen baldío, incluyen: Peñones de Piedemonte, de 373 hectáreas. Las otras dos, la Finca Édgar, de 38 hectáreas (adquirida por sucesión del exdiputado boyacense Édgar Armando Paerez Avella), y El Diamante, de 449 hectáreas (obtenida al permutar 273 hectáreas de origen baldío con Numael Anderson López Morales), las consiguió mientras fue Gobernador, entre 2016 y 2019. «Yo no terminé el bachillerato (…) y me persiguen porque he sido un hombre de resultados», arengó una vez en el Congreso, defendiéndose de las críticas por su pobre desempeño parlamentario. «En Israel me dieron un doctorado honoris causa», contó, aunque no dijo en qué. Su imperio de propiedades fue erigido sobre una transgresión flagrante.
Según la Ley 160 de 1994 los baldíos son bienes imprescriptibles que no pueden ser acumulados por una sola persona en extensiones que superen una Unidad Agrícola Familiar, UAF. Esa medida varía según la región, con rangos entre las cinco y las doce hectáreas, lo suficiente para asegurar el sustento de una familia rural.
Bajo el rigor de la Sentencia SU-288 de 2022, las actuaciones de Alirio Barrera son ilegítimas. La Corte Constitucional decretó que los baldíos son imprescriptibles y que cualquier apropiación sin adjudicación formal es nula. El senador acumuló 587 hectáreas de origen baldío, violó la prohibición de concentrar más de una UAF y participó en la fragmentación y venta comercial de tierras con una finalidad social innegociable.
Según el mandato del máximo tribunal constitucional del país, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, debe incluir las tierras de Alirio Barrera en el Plan Actualizado de Recuperación de Baldíos. El procedimiento exige que la ANT realice un diagnóstico y proceda a la recuperación material y su restitución a la Nación. Una vez recuperadas, esas tierras deben ingresar al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral para su adjudicación a campesinos pobres.
La sagacidad de Alirio Barrera guarda paralelismos con figuras como la exfiscal Martha Mancera, o la senadora Paola Holguín. Mientras Mancera adquirió un baldío en Dagua, pese a la restricción de reventa de quince años, Holguín ha sido vinculada con la finca La Majita, en Guatapé, un baldío transferido por su padre, Frank Holguín, antiguo testaferro de Pablo Escobar, fundador y jefe máximo del Cartel de Medellín.
Pero Alirio Barrera se siente intocable, al parecer. El 20 de septiembre de 2022 ingresó al Capitolio Nacional montando a Pasaporte, un caballo de paso fino, valorado en 150 millones de pesos y calzado con herraduras especiales para que no se resbalara en los pisos de mármol del capitolio. Él dijo que se trataba de un gesto en honor a los campesinos más pobres y olvidados del país.
Nota editorial: CasaMacondo contactó al senador Alirio Barrera, pero no respondió.
