En la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que puede leer en este enlace, los magistrados aseguran que el trabajo de indagación periodística ostenta todos los soportes documentales: «Apreciando lo debatido en el curso de la presente actuación, refulge evidente la diligencia con la cual el periodista Juan Pablo Barrientos llevó a cabo su investigación. De allí que las aseveraciones realizadas hasta este momento, al menos de lo aquí acreditado, no hayan carecido del sustento demostrativo que se demanda de la labor periodística». La valoración de los magistrados es, pues, concluyente.
El excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien inició 2025 con aspiraciones presidenciales, se graduó de doctor en Derecho en la Universidad de Jaén el 13 de julio de 2021 y, tan solo noventa y cuatro días después, el 15 de octubre de 2021, se graduó de abogado del Politécnico Grancolombiano. Una verdadera hazaña académica. Graduarse del doctorado antes de graduarse del pregrado es tan insólito como haber completado ambos títulos en los mismos dos años y dos meses. Pero es más sorprendente que alcanzara semejante logro mientras ocupaba el cargo de contralor general de la República, uno de los más demandantes y complejos del Estado.
El pregrado
La duración habitual de una carrera en Derecho es de cinco años. En el Politécnico Grancolombiano es de cuatro. Sin embargo, en algunas universidades, es posible lograrlo en dos. El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo, en un despliegue de genialidad y erudición, se graduó en tiempo récord de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas, cursando 39 materias en un año. En promedio, poco más de tres por mes, mientras era candidato a la Alcaldía de Sabanalarga, Atlántico.
A Carlos Felipe Córdoba, el Politécnico Grancolombiano le homologó el 49,2 % de los créditos del programa de Derecho, gracias a su primer pregrado en Gobierno y Relaciones Internacionales, que obtuvo en 2004 en la Universidad Externado. Esa homologación le permitió al excontralor graduarse como abogado en dos años y dos meses. Sin embargo, ni Córdoba ni el Politécnico han presentado el acta de homologación. ¿Existe?
En el segundo semestre de 2019, cuando Córdoba comenzó sus estudios, la Contraloría firmó un convenio de cooperación académica con el Politécnico Grancolombiano, que permitía a la universidad impartir clases en la Contraloría. No obstante, todo cambió con la pandemia en marzo de 2020, cuando las clases pasaron a ser virtuales. En junio de 2022, Córdoba defendió el convenio y admitió haberse beneficiado de él, aunque subrayó que su esposa, Marcela Yepes, que también había iniciado estudios de Derecho en el Politécnico, no lo hizo.
Beneficiarse de un convenio académico era legítimo para Córdoba. Así lo reconoció cuando defendió el convenio. Sin embargo, tiempo después, en 2024, el excontralor adjuntó un documento del Politécnico, que sostiene que Córdoba tampoco se benefició del convenio y que se matriculó como estudiante regular.
El supervisor de este convenio era Billy Raúl Antonio Escobar Pérez, secretario general de la universidad en 2019, quien obtuvo contratos —al igual que su esposa, Martha Luz Barros Tovar— en la Contraloría durante 2020, 2021 y 2022. Su poderío no está en duda. El presidente Iván Duque lo nombró superintendente de Sociedades, cargo en que lo ratificó el presidente Gustavo Petro.
En 2022, Billy Raúl Antonio Escobar defendió a Córdoba en Caracol Radio, argumentando que es «muy pertinente» y parte de una «tendencia global» graduar a abogados en dos años y medio. El supervisor del convenio académico entre el Politécnico y la Contraloría sostuvo que las tareas propias de Carlos Felipe Córdoba como contralor general de la República eran inherentemente al ejercicio jurídico. Es decir, casi lo convertían en abogado.
Por qué a ellos y a mí no
Sumar títulos académicos parecía un anhelo de Córdoba. En 2009, cursó un máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, el nombre de un título que parece más extenso que los seis meses que suele tomar en los centros en que se oferta: la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Esa maestría extra rápida no fue convalidada por el Ministerio de Educación de Colombia, pues ni siquiera contaba con reconocimiento en España.
Dicha maestría era un «título propio», como se conocen los programas que diseñan las universidades que carecen del aval gubernamental. Antes de 2007, ese tipo de títulos eran válidos en España pero, desde entonces, las autoridades de ese país decidieron no convalidarlos porque no cumplían con los estándares académicos requeridos para una maestría. Allí se los considera programas sin relevancia superior. Colombia también dejó de reconocer estos títulos desde ese mismo año, por la misma razón: no ofrecen certeza de calidad.
Carlos Felipe Córdoba no se dio por vencido e insistió en convalidar su máster extra rápido en dos ocasiones. Sin embargo, el Ministerio de Educación rechazó sus argumentos. En lugar de rendirse, el entonces vicecontralor presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, argumentando que otros colombianos que habían realizado estudios similares —extrarrápidos y sin reconocimiento en España— habían obtenido convalidaciones. Finalmente, el 13 de marzo de 2014, el Consejo de Estado falló a su favor y obligó al Ministerio de Educación a convalidar su maestría de seis meses, sin valor en España.
El doctorado
Normalmente, un doctorado exige un esfuerzo académico a tiempo completo de cinco años. El prestigio que sustenta este título, el más alto de la vida académica, obedece a la exigencia investigativa de los postulantes, que deben profundizar en su área de experticia y concretar un aporte al conjunto de los saberes en la materia. La aspiración de los estudiantes de doctorado es extender los límites de lo ya conocido. Carlos Felipe Córdoba optó por un camino más veloz, y del todo más corto y somero. En 2022, afirmó que un doctorado consistía exclusivamente en redactar una tesis, y que él tenía claro el tema del suyo: «La buena administración en el control fiscal efectivo, estratégico y gerencial de los recursos públicos».
Los requisitos de la Universidad de Jaén parecen bastante laxos: una tesis y la participación en algún congreso, curso o taller. Carlos Felipe Córdoba certificó su asistencia al XV encuentro de la jurisdicción constitucional en Pereira, un foro que cada año programa la Corte Constitucional en una ciudad diferente. El aspirante a título de doctor certificó, además, un curso de competencias transversales, sin precisar en qué consistía.
Cualquier título de doctorado, incluso en los centros académicos más laxos, exige «aportaciones relevantes» al conocimiento. El aporte de Córdoba fue un artículo y un libro publicado en 2018 con el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios (ILAE). La relación del autor y la casa editorial resultó fructífera. Unos meses después, el 2 de octubre de 2019, el ILAE recibió un contrato por 92.500.000 de pesos de la Contraloría de Córdoba para dictar un «diplomado internacional en Metodología de la Investigación Científica en Ciencias Sociales».
De esa manera, en un año, en la mitad del tiempo que en Colombia tomaría titularse de una maestría, Carlos Felipe Córdoba terminó su doctorado, sin dejar de asistir a sus múltiples compromisos como contralor del país. Se trata de un ejemplo de eficiencia tan inusual que alcanzaría para ser materia de estudio y ejemplo, si no fuera porque su tesis plantea dudas evidentes.
El texto, el principal requisito para la titulación de doctor, habría incurrido en plagio. Las dudas interrogan su trabajo y su honestidad. En junio de 2022, presenté pruebas de irregularidades en quince apartes del escrito, cinco de ellas copiadas textualmente de otros autores, a los que Córdoba no cita. El plagio es inaceptable en alguien que presenta su labor como un aporte singular al conocimiento, sin importar que sean unas líneas o un par de capítulos. Cinco párrafos presuntamente plagiados en una tesis de maestría constituyen una falta gravísima ante cualquier proceso de evaluación.
Carlos Felipe Córdoba nunca refutó los hallazgos de esta investigación. Dos años después, en 2024, contrató a Pablo Elías González Monguí, exdirector de la Unidad Nacional de Protección, UNP, como perito evaluador de su tesis doctoral. Él concluyó que los párrafos plagiados eran «omisiones involuntarias». Es decir, estaban efectivamente en la tesis, pero apenas como errores sin un ánimo malintencionado.
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