Diego Marín Buitrago, de sesenta y dos años, más conocido como el zar del contrabando, hoy colma los titulares de la prensa después de que la justicia lo apresara el 3 de diciembre en Portugal. Pero lo que casi nadie sabe es que, hace más de tres décadas, la Fiscalía ordenó su captura por narcotráfico. Un expediente judicial hasta ahora desconocido relata que el 22 de septiembre de 1993 el ente acusador lo señaló de narco y de trabajar para los hermanos Rodríguez Orejuela e Iván Urdinola, jefes de los cárteles de Cali y del Norte del Valle, respectivamente.
Originario de Caldas, Marín montó su emporio de contrabando en el puerto de Buenaventura a inicios de los años noventa. Según fuentes de la Policía consultadas por El Espectador, a Marín se le vincula con el lavado de activos para los capos del cartel de Cali desde 1994, cuando ya tenía negocios multimillonarios para traer de China textiles, calzado y tecnología. La captura de los hermanos Rodríguez en 1995 le permitió a Marín avanzar sin patrones.
La reciente detención del zar del contrabando en Portugal es el último eslabón de una cadena que inició el 5 de abril de este año, cuando el presidente Gustavo Petro anunció su captura en España como parte de «la mayor operación en la historia de Colombia contra el contrabando». Al día siguiente, Marín, ciudadano colomboespañol, fue liberado por un juzgado que le permitió seguir vinculado al proceso en libertad provisional. Pero Marín se escapó y el 26 de septiembre el presidente Petro solicitó al Gobierno de España su extradición para que respondiera por delitos de contrabando. El 17 de octubre, el Tribunal Español accedió y el 3 de diciembre la Policía portuguesa lo capturó en ese país.
Hoy la inteligencia de la Policía lo acusa de liderar una red de contrabando que evade ocho billones de pesos en impuestos y de ser el responsable del 80 % del contrabando que ingresa a Colombia. En 2004, el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. No obstante, las autoridades colombianas han sido lentas para judicializarlo. Los tentáculos del zar del contrabando habrían llegado, según otro expediente judicial que reveló CasaMacondo, hasta la ex fiscal general Martha Janeth Mancera, señalada de trabajar para él.
El expediente judicial
La investigación contra Marín Buitrago empezó el 20 de mayo de 1993, cuando el capitán John Jairo Barreto Gómez, jefe de la sala de inteligencia de la Policía Nacional de Cali, ordenó la interceptación de las líneas telefónicas de narcotraficantes de Cali. Esa orden hacía parte de la Operación Belalcazar III, adelantada contra narcos de la región.
La transcripción de las llamadas fue el origen del informe que señalaba que Marín, conocido como alias Pitufo, trabajaba desde 1989 con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y con Iván Urdinola. Esa conexión llevó a que se expidiera una orden de captura el 22 de septiembre de 1993, la cual nunca se hizo efectiva.
Cuatro años después, en 1997, la Fiscalía ordenó de nuevo la captura y la diligencia de interrogatorio a Diego Marín. Pero el 25 de noviembre de ese año, el fiscal Eduardo Castillo González precluyó la investigación a favor de Marín y revocó la orden de captura. La fiscal Martha Bernal de Velasco confirmó esa decisión en abril de 1999.
En la narración de los hechos, el fiscal Castillo asegura que la investigación comenzó por un informe de inteligencia que señalaba a Marín de colaborar con narcos, pero que el documento fue cuestionado por el capitán Barreto Gómez, quien supuestamente afirmó que el informe había sido alterado por el coronel Alonso Arango Salazar.
La Fiscalía nunca le exigió a Barreto Gómez las pruebas para demostrar que el informe de inteligencia había sido alterado ni reveló cómo. «Entrar a analizar las pruebas y afirmaciones hechas por los organismos de inteligencia en ese sentido, es verdaderamente difícil pues siempre está presente un manto de duda sobre cada una de las afirmaciones, favorables o no, que se hicieron sobre Marín Buitrago», se lee en el expediente al que tuvo acceso CasaMacondo.
Los fiscales que absolvieron a Marín omitieron información relevante para entender por qué el capitán Barreto desmintió el informe de inteligencia. El 26 de junio de 1994, el Tribunal Superior Militar condenó al capitán Barreto a veinte meses de prisión por el delito de revelación de secretos. Nueve meses antes, en septiembre de 1993, Barreto le había entregado el informe de inteligencia que daba fe de las actividades de los narcos al congresista Jaime Lara Arjona. Pocos días después, Gilberto Rodríguez Orejuela tenía ese informe en su poder.
El fiscal Castillo dijo que se trataba de «una verdadera cacería de brujas al mejor estilo de la proscrita inquisición». Así mismo, concluyó que un informe de la DEA que también señalaba a Marín de narco no podía «ser suficiente para considerarlo».
CasaMacondo solicitó copia del expediente completo a la Fiscalía General de la Nación para conocer el informe de la DEA y el informe de inteligencia, el original y el alterado, pero María Isabel Zarama Bastidas, directora seccional de Cali, se negó a entregarlo alegando una reserva inexistente.
La historia del informe de inteligencia
En abril de 2001, Diego Marín y su familia presentaron una demanda de reparación directa a la Nación por el supuesto falso informe de inteligencia. Según su abogado, ellos habían sufrido «moralmente por la exposición que del buen nombre y apellido se hizo del señor Diego Marín Buitrago». Exigieron como reparación ocho mil gramos de oro y quince millones de pesos de honorarios para el abogado. No tuvieron éxito.
En la demanda se lee que el general Alonso Arango Escobar le dio órdenes al coronel Barreto Gómez para que alterara el informe de inteligencia que incriminaba a Marín y que dio origen a la investigación y la orden de captura el 22 de septiembre de 1993. En el expediente no existe ninguna prueba que demuestre tal alteración, pero una noticia publicada en El Tiempo da luces de lo que ocurrió.
Según el artículo del periódico, el coronel Barreto le filtró el informe de inteligencia al congresista Jaime Lara Arjona y este se lo entregó a Miguel Rodríguez Orejuela. El capo, encolerizado, llamó a Guillermo Villa Alzate, procurador judicial ante la Policía y ficha de los capos en la Procuraduría, «para presentarle una queja por lo que consideraron una arbitrariedad de la Dirección de la Dijín al cambiar el informe original».
Como a los Rodríguez Orejuela los tenían interceptados, esa llamada fue conocida por las autoridades y fue filtrada a los medios de comunicación. El procurador Villa fue destituido en 1995 y capturado el 25 de junio de 1996. Un juez sin rostro lo condenó por enriquecimiento ilícito, relacionado con la actividad criminal de Miguel Ángel Rodríguez Orejuela. La llamada fue la prueba reina. Villa salió de la cárcel el 22 de abril de 1998, siguió asesorando a narcos y terminó asesinado el 30 de abril de 1999. Los reportes de prensa hablan de un ajuste de cuentas.
El capitán John Jairo Barreto Gómez, quien actualmente trabaja como abogado, confesó que le entregó personalmente el informe de inteligencia al congresista Lara porque había recibido amenazas de muerte. La Policía explicó que el informe que realizó Barreto Gómez fue entregado a la Dirección de la Dijín, en cabeza del general Alonso Arango Escobar, quien decidió realizar cambios a partir de información en poder del mando de la Policía.
La defensa de Diego Marín asegura otra cosa: que Arango Escobar obligó a Barreto a alterar el informe. Según la Fiscalía, Barreto solo manifestó que el informe que él elaboró era diferente del que presentó la Policía. Estas contradicciones no fueron investigadas por la Fiscalía.
El general Arango Escobar fue director de la Dijín y subdirector de la Policía hasta mayo de 2007, cuando el Gobierno removió a once generales luego de comprobar que en la Policía se realizaban interceptaciones ilegales. Con la salida de los generales, el entonces presidente Álvaro Uribe nombró como director de la Policía al general Óscar Naranjo.
Arango era vecino de una decena de generales que tenían propiedades en el condominio El Pedregal de San Ángel en Fusagasugá. Varios de esos generales, incluidos el general Rodolfo Palomino y el coronel Jerson Jair Castellanos, fueron señalados de pertenecer a la Comunidad del Anillo, una red de prostitución en la Policía denunciada en 2016 por el noticiero La Fm. En ese condominio también tenía un lote, en sociedad con el general Arango, el exsenador Carlos Ferro, otro de los señalados de pertenecer a esa red.
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