En el corazón de la Arquidiócesis de Medellín, un seminario que durante más de dos décadas formó a sacerdotes se convirtió en el epicentro de un álgido conflicto entre dos figuras clave de la Iglesia católica local: el fallecido monseñor Alfonso Vásquez Benjumea, uno de los personajes más poderosos de la Iglesia católica en Antioquia a finales del siglo pasado y principios de este, y el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo. Lo que comenzó como diferencias personales escaló a una disputa legal por un patrimonio valorado en miles de millones de pesos, que involucra reformas estatutarias, el cierre de una institución educativa y acusaciones de retención indebida de bienes.
Hoy, casi dos años después de la muerte de Vásquez, la asociación que él fundó lucha por preservar su legado. Mientras tanto, Tobón enfrenta acciones legales por la retención de mil millones de pesos en títulos valores. Además, desde 2018, el arzobispo de Medellín ha sido acusado de encubrir a al menos setenta sacerdotes denunciados por violencia sexual infantil y contra personas incapaces de resistir.
La Fiscalía recibió la denuncia contra Tobón el 21 de septiembre. En el documento se le acusa de los delitos de constreñimiento ilegal y aprovechamiento de error ajeno —obligar a alguien a hacer algo que no quiere y engañar a alguien para sacar ventaja cuando esa persona se equivoca— en relación con la retención de títulos valores por un valor aproximado de mil millones de pesos, propiedad de la Asociación Misionera San José, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1997 por Vásquez Benjumea.
La querella sostiene que la Arquidiócesis de Medellín impone condiciones «innecesarias e ilegales» para la devolución de estos activos y que ha exigido a la asociación el cumplimiento de ciertos requisitos, a pesar de que no tiene ningún poder sobre esa entidad y lo único que tiene que hacer es devolver los títulos.
¿Quién era Alfonso Vásquez?
Alfonso Vásquez nació el 25 de junio de 1944 y se ordenó como sacerdote en 1970. Empezó como vicario en Titiribí y Caldas, y luego fue defensor del vínculo y párroco en varias parroquias. Con el tiempo, ocupó cargos de alto nivel en la Arquidiócesis de Medellín. Vásquez fue miembro del Consejo Presbiteral, del Colegio de Consultores, vicecanciller, vicerrector del Seminario Mayor, vicario episcopal y vicario general hasta 2010, cuando Ricardo Tobón lo sacó de ese cargo y lo nombró director general del seminario San José, una entidad que Vásquez mismo había fundado.
Como vicario general, Vásquez fue el hombre más poderoso de la arquidiócesis y uno de los grandes encubridores de curas pederastas. De acuerdo con la investigación #ElArchivoSecreto, este sacerdote conciliaba millonarias cifras para silenciar a las víctimas. Aunque la Arquidiócesis afirma no haber recibido ninguna denuncia contra Vásquez, una mujer asegura que el sacerdote acosó sexualmente a su esposo cuando este era un adolescente.
Vásquez heredó una casa en el barrio Prado Centro y terrenos en Guarne, que vendió para financiar sus proyectos eclesiales. No era un hombre de gran fortuna, pero su visión lo llevó a acumular recursos a través de benefactores y ventas estratégicas. En 1991, comenzó a formar un grupo de jóvenes interesados en el sacerdocio, lo que evolucionó en la Asociación San José, legalizada en 1997 ante la Cámara de Comercio. Esta entidad, compuesta por sacerdotes y laicos, tenía como fin promover la dignidad humana a través de obras sociales y educativas.
En 2001, bajo el arzobispado de Alberto Giraldo, la asociación recibió una licencia ad experimentum —un permiso temporal para probar algo nuevo dentro de la Iglesia— para operar un seminario propio, el Seminario San José, ubicado en una propiedad adquirida por Vásquez a la parroquia San Vicente, en el barrio Córdoba. El terreno, inicialmente una casa modesta, se expandió con el tiempo y hoy está valorado en alrededor de veinte mil millones de pesos, según ofertas de compra como la del Hospital Pablo Tobón Uribe. Durante sus mejores años, el seminario llegó a tener hasta cuarenta seminaristas. Bajo la rectoría de Vásquez se ordenaron veintiún sacerdotes, muchos de los cuales sirvieron en parroquias remotas del Cauca y La Guajira.
La bronca de Vásquez y Tobón
El conflicto entre Vásquez y Tobón se remonta a la época en que ambos trabajaron en la Nunciatura Apostólica, donde Vásquez desaprobaba las «maneras y estilos» de Tobón, quien entonces era un sacerdote en ascenso, según cuentan Robert Velásquez y Andrés Felipe Arredondo, los dos exsacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín a quienes Vásquez les confió la Asociación.
Estas diferencias se profundizaron cuando Tobón asumió como arzobispo de Medellín en mayo de 2010. Aunque Vásquez mantuvo su cargo de director de la asociación, las tensiones eran evidentes en consejos de gobierno y juntas de ordenación, donde discutían acaloradamente por «bobadas». Según testigos, las peleas eran personales: Vásquez lanzaba pullas indirectas y Tobón respondía alzando la voz, revelando una animadversión mutua que no se disimulaba.
La desconfianza de Vásquez hacia Tobón creció con el tiempo, especialmente en temas patrimoniales. Vásquez temía que Tobón buscara controlar los bienes de la asociación para sus propios fines. En privado, Vásquez expresó a miembros de la asociación y laicos antiguos su recelo ante un posible «interés indebido» de Tobón en el manejo de recursos. Esta sospecha se materializó en 2023, cuando Vásquez, anticipando el cierre del seminario, reformó los estatutos de la asociación con ayuda del exsacerdote Robert Velázquez, quien también es abogado. Los cambios convirtieron la entidad en una de naturaleza civil, sacando a la arquidiócesis del control y estableciendo un gobierno colegiado: un director general y una consiliatura integrada por los miembros más antiguos, incluyendo a Velázquez y Arredondo.
Según cuenta Velázquez, el fundador le pidió que le ayudara a sacar al arzobispo de Medellín del control de la entidad: «Ayúdeme a proteger el patrimonio porque yo no quiero que Ricardo Tobón ponga sus manos sobre él», le dijo. Una semana antes de su muerte, reiteró esta advertencia por teléfono. Allegados afirman que Vásquez se preparó para un escenario post mortem, separando estrictamente sus bienes personales de los de la asociación para evitar que Tobón los reclamara.
El cierre del seminario y la disputa actual
El punto de quiebre llegó en noviembre de 2022, en una reunión convocada por Tobón en la finca La Rondalla, en La Ceja, Antioquia. Asistieron diecinueve sacerdotes ordenados en el Seminario San José. Tobón propuso reestructurar la asociación excluyendo a los laicos para enfocarla solo en presbíteros, prometiendo ayuda financiera y recursos. Vásquez se opuso firmemente, argumentando que los laicos eran esenciales para el proyecto. Tras una discusión acalorada y una charla privada con Tobón, Vásquez abandonó la reunión y le confió a un aliado: «El arzobispo quiere sacar a los laicos para controlar el patrimonio». La desconfianza no era infundada, pues Tobón es un hombre de excesos: en 2012, compró una mansión en El Poblado, valorada en un millón de dólares, pese a que, hasta ese momento, todos los anteriores arzobispos habían vivido en el palacio arzobispal ubicado en Prado Centro.
En agosto de 2023, Tobón cerró el seminario, citando razones no detalladas públicamente, pero que allegados atribuyen a las reformas estatutarias que le quitaron el control. Vásquez falleció el 8 de diciembre de 2023 por un cáncer de estómago, que había reaparecido tras una remisión. Sus allegados creen que el estrés del cierre y las tensiones con Tobón aceleraron su deterioro y que somatizó preocupaciones psicológicas.
Hoy, la disputa se centra en títulos valores por mil millones de pesos pertenecientes a la asociación, que Vásquez confió antes de morir a su secretaria, Noralba Cardona. Ella los entregó a Tobón, quien los retiene pese a peticiones formales. De hecho, en una carta, Tobón reconoce no tener derechos sobre ellos, pero impone condiciones para su devolución, como reorganizar aspectos de la asociación. Los directivos actuales lo denunciaron por apropiación ilícita y constreñimiento, delitos que podrían sumar hasta treinta y seis meses de prisión en concurso, potencialmente carcelarios.
El incidente más reciente se remonta al 16 de septiembre de 2025, fecha en que la asociación recibió una respuesta del arzobispo. En dicho documento, firmado por el delegado jurídico de la Arquidiócesis, Libardo Andrés Ruá Giraldo, se reconoce la posesión de los títulos. Sin embargo, su entrega se condiciona a una serie de requisitos, como la presencia de testigos, actas notariadas y coordinaciones previas con el director general de la entidad. Ante estas solicitudes, el representante legal de la asociación se negó a comparecer directamente ante el arzobispo, argumentando que no tenía interés en tener tratos directos con la Arquidiócesis de Medellín ni tenía por qué hacerlo.
«La Arquidiócesis no representa ni tiene vínculo con la Asociación Misionera San José ni su objeto social», afirma la denuncia, firmada por Brayan Ceferino Castrillón, apoderado legal de la asociación. Castrillón argumenta que estos títulos fueron depositados en custodia temporal para el sostenimiento del Seminario Misionero —clausurado por orden del propio arzobispo—, y que su retención actual obedece a «pretensiones patrimoniales impropias» que podrían calificarse como apropiación indebida.
En la respuesta de la Arquidiócesis, se justifica la devolución condicionada como una medida para «garantizar la transparencia y la adecuada conservación del patrimonio de la entidad titular», solicitando la presencia del director general y la firma de un acta de entrega. Un documento complementario de Cardona, del 25 de octubre de 2024, confirma que los títulos fueron entregados a Tobón «en custodia» tras el fallecimiento de Vásquez, y que su devolución se solicitó formalmente en diciembre de 2023, pero no hubo respuesta.
La asociación, ahora bajo vigilancia de la Gobernación de Antioquia, como entidad sin ánimo de lucro, planea usar el patrimonio para becas y hospedaje de estudiantes de regiones pobres, incluyendo muchachos y muchachas, en las antiguas instalaciones del seminario. Con más de cincuenta miembros en su asamblea, buscan «abrir horizontes» donde Tobón «cerró puertas». Tobón no respondió el llamado de CasaMacondo a entregar su versión de los hechos. La batalla legal continúa e ilustra cómo un rencor personal puede fracturar incluso a la más milenaria de las instituciones.
