La excontralora (2010-2014) María Sandra Morelli Rico anunció que buscará la nominación del Consejo de Estado para la Procuraduría General de la Nación. El procurador es elegido por el Senado de una terna que proponen el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
En los últimos cinco años, Morelli Rico se ha dedicado a contratar con entidades públicas. En ese tiempo la excontralora ha suscrito 24 contratos por un valor de 4.065 millones con entidades como la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Vigilancia, el Departamento para la Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Banco Agrario, la Federación de Departamentos y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Con esta última suscribió un contrato en febrero de 2020 por 1.044 millones de pesos para defender los intereses de la UAESP dentro del proceso arbitral convocado por el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana. En su defensa, Morelli dijo que renunció a ese contrato y que no recibió un peso.
Actualmente, la excontralora tiene tres contratos activos con el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Salud y la Contraloría General. Suman seiscientos cuarenta millones de pesos.
Tres de los veinticuatro contratos de Morelli han sido con la Contraloría General de la República, a pesar de que al mismo tiempo hizo un negocio inmobiliario con el entonces contralor encargado y hoy vicecontralor Carlos Mario Zuluaga.
Un negocio inmobiliario
La amistad de María Sandra Morelli y Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor y hasta el pasado mes de junio contralor general en funciones, nació hace más de una década, justamente en las oficinas de la Contraloría General de la República. Cuando ella estuvo a cargo de la entidad fiscalizadora entre 2010 y 2014, el joven licenciado en Enseñanzas de las Tecnologías fue su pupilo estrella: desde diciembre de 2011 hasta su renuncia en agosto de 2014, cuando terminó el periodo de Morelli, escaló por tres cargos: fue director de Estudios Sectoriales de Minas y Energías, director de Estudios Sectoriales de Medio Ambiente y contralor delegado para la Participación Ciudadana. «Yo trabajé con ella, fui una de las personas más cercanas a ella», le dijo Zuluaga a CasaMacondo sobre su amistad con la excontralora.
Los tres contratos de Morelli con la Contraloría de Zuluaga no tendrían ningún reparo si no es porque existe un negocio inmobiliario de por medio: la excontralora le vendió un apartamento de noventa metros cuadrados, dos garajes y un depósito en un exclusivo sector de Bogotá a Zuluaga y su entonces pareja, Diego Fernando Monsalve Pico. La transacción, por mil cien millones de pesos, quedó escriturada el 11 de julio de 2022 en la Notaría 39. Tres meses más tarde, Morelli estaba facturando con la Contraloría.
En su conversación con CasaMacondo, Zuluaga negó haberle comprado el apartamento a Morelli. Afirmó, en cambio, que hizo el negocio con Hitos Urbanos, la constructora de la que son socios la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón. La empresa ha estado varias veces en el ojo del huracán: fue acusada de hacer negocios con el narcotraficante Memo Fantasma y de construir el Hotel Grand Sirenis de San Andrés violando el POT y apropiarse de una playa pública para el beneficio de los accionistas del hotel.
A pesar de las afirmaciones del contralor, la escritura pública 2391 lo desmiente. El documento, que detalla la venta del apartamento, incluye la firma de Zuluaga, la de su expareja, la del gerente de Hitos Urbanos como constructor y comercializador y la de Francisco José Schwitzer Sabogal, representante legal de Alianza Fiduciaria, la entidad financiera donde se encuentra el patrimonio autónomo que transfirió a la pareja la posesión del inmueble, y que se llama Fideicomiso Parqueo Familia Morelli (Sandra Morelli es una de sus fideicomitentes). Por la vivienda, Zuluaga y Monsalve pagaron trescientos treinta millones de contado y setecientos setenta millones con una garantía hipotecaria del Banco Itaú.
¿La tercera?
Solo dos personajes de la vida pública nacional han logrado la hazaña de dirigir dos de las tres «ías» (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría). Alfonso Gómez Méndez fue procurador (1989-1990) y fiscal general (1997-2001). Edgardo Maya Villazón fue procurador (2001-2009) y contralor general (2014-2018). El excontralor general (2018-2022) Carlos Felipe Córdoba quiso ser el tercero, buscando la Procuraduría, pero no cumplió el requisito de tener un título de abogado desde hace por lo menos quince años. María Sandra Morelli sí cumple ese requerimiento, pero además tiene padrinos políticos que ya la eligieron contralora y recursos económicos, como bien lo demuestran los contratos que ha suscrito con el Estado.
El periodo de Margarita Cabello termina en enero de 2025. La elección de su sucesor será en octubre. La Corte Suprema ya publicó la lista de los sesenta candidatos inscritos. El Consejo de Estado y el presidente Gustavo Petro aún no han destapado sus cartas.
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