El reportero denuncia un esfuerzo concertado entre el juez Santiago Cuéllar Ramírez y el congresista Aníbal Hoyos Franco para silenciar sus investigaciones sobre prácticas corruptas de funcionarios locales. En entrevista con Juan Pablo Barrientos, el periodista López Ossa cuenta que teme por su vida.
En entrevista con CasaMacondo, Álvaro William López Ossa, director de El Expreso y Pereira Último Minuto, expuso un caso de persecución judicial destinada a silenciar su trabajo investigativo en Risaralda. Conocido por su incansable escrutinio de la contratación pública y el poder político, López Ossa detalló en la conversación cómo sus reportajes sobre la Asociación de Municipios de Risaralda (Asomur) desencadenaron una batalla legal que amenaza tanto su libertad como su credibilidad.
Los problemas del periodista comenzaron el año pasado cuando su equipo en El Expreso investigó a Asomur, una asociación de municipios de Risaralda creada en 2016 para agilizar la contratación pública. La investigación reveló que Asomur, representante de diez de los catorce municipios del departamento, adjudicaba contratos por millones de pesos sin licitaciones competitivas, a menudo a través de «convenios interadministrativos» poco regulados. Los reportajes de López Ossa destacaron fallas administrativas señaladas por la Contraloría, entre ellas, contratos otorgados sin la debida supervisión y documentación que incluía los nombres de los exalcaldes, como miembros de la junta directiva, mucho después de finalizados sus mandatos.
Una figura clave en la controversia ha sido Aníbal Hoyos Franco, exalcalde de Belén de Umbría (2016-2019) y actual congresista por el Partido Liberal. Las investigaciones de López Ossa revelaron que Hoyos aparecía como socio miembro de la junta directiva de Asomur en documentos presentados hasta octubre de 2024, a pesar de no tener representación municipal desde 2019. Este hallazgo llevó a El Expreso a cuestionar posibles inhabilidades de Hoyos para ejercer como congresista, citando precedentes como el caso de Antanas Mockus, quien perdió su curul por conflictos de interés similares.
Los fallos del juez
La reacción a las publicaciones de El Expreso no se hizo esperar. En octubre de 2024, Aníbal Hoyos Franco, representado por el abogado Édgar Augusto Arana Montoya (asesor legal de Asomur), convocó a una rueda de prensa para anunciar acciones legales contra Álvaro William López Ossa. Posteriormente, el abogado interpuso una acción de tutela que, de manera inusitada, no especificaba las expresiones a rectificar por el periodista.
A pesar de que los artículos de El Expreso contaban con soporte documental —lo que en condiciones normales habría llevado a un juez a negar la tutela—, el togado Santiago Cuéllar Ramírez falló en contra de López Ossa. La decisión fue luego confirmada por el Tribunal Superior de Pereira. En ninguna de las instancias judiciales se le precisó al reportero cuáles eran las expresiones que debía rectificar, a pesar de sus reiteradas solicitudes.
Aunque El Expreso eliminó los artículos en cuestión y publicó una rectificación según lo ordenado por el juez Cuéllar Ramírez del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, el proceso no concluyó. En un giro inesperado, el juez sancionó a López Ossa y a la gerente editorial del medio con tres días de arresto y una multa equivalente a un salario mínimo, alegando un presunto desacato por considerar que la rectificación no cumplía con lo estipulado.
López Ossa sostiene que el juez no revisó a fondo las pruebas, que demuestran que nunca afirmó que Hoyos estuviera involucrado en actos ilícitos como coimas o negocios irregulares, sino que simplemente cuestionó su presencia en la junta directiva de Asomur. Más grave aún, la sanción por desacato incluye referencias erróneas a fechas de 2025, lo que evidencia, según López Ossa, una falta de rigor judicial.
El caso, que fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, está ahora bajo revisión por la misma instancia debido a la sanción por desacato. López Ossa espera que el tribunal examine las irregularidades procesales, que incluyen la falta de especificidad en las demandas de rectificación y la aparente omisión de pruebas clave por parte del juez.
Un patrón de intimidación
López Ossa no es ajeno a las amenazas. A lo largo de su carrera ha publicado investigaciones que han llevado a varios funcionarios a la cárcel, ha recibido atentados con arma de fuego en su finca, tres amenazas de muerte y ataques a los portales de los medios que dirige. El periodista, que en la actualidad se encuentra bajo protección policial, denuncia en la entrevista con CasaMacondo que esta persecución judicial busca destruir su credibilidad. «Me están tratando como el criminal por denunciar una irregularidad», afirmó, antes de señalar la inacción de entidades como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría ante las anomalías de Asomur.
El periodista también expresó su frustración por la falta de apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que, según él, no ha intervenido en su caso a pesar de reiteradas solicitudes. «La FLIP actúa cuando matan a un periodista de provincia, pero no antes», lamentó.
El caso de Álvaro William López Ossa pone en evidencia una vez más los riesgos que enfrentan los periodistas regionales en Colombia al investigar el poder. Su situación refleja un patrón de intimidación que combina amenazas, estigmatización y procesos judiciales para silenciar a quienes exponen la corrupción. López Ossa ha solicitado que el proceso sea trasladado fuera de Risaralda, con el argumento de que no existen garantías de imparcialidad en la región.
Mientras espera una revisión justa por parte del Tribunal Superior de Pereira y una posible intervención de la Comisión de Disciplina Judicial sobre la actuación del juez Cuéllar Ramírez, López Ossa sigue firme en su compromiso con el periodismo investigativo. «Soy un personaje incómodo para los políticos, y eso está bien», afirmó. Su caso es un recordatorio urgente de la necesidad de proteger la libertad de prensa y garantizar que los periodistas puedan trabajar sin temor a represalias.
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