El arzobispo de Medellín cumple 75 años en mayo de este año. La ley de la Iglesia lo obliga a retirarse de su cargo. Detrás de la mitra y el báculo queda el rastro de decenas de sacerdotes pederastas que protegió, trasladó y recomendó durante los veintitrés años que ejerció como obispo.
Ricardo Antonio Tobón Restrepo nació el 8 de mayo de 1951 en Ituango, ese municipio antioqueño que el país conoce más por sus masacres que por sus glorias. Fue ordenado sacerdote en 1975, pasó por Roma, sirvió como secretario del nuncio apostólico en Bogotá y llegó a Medellín en 2010, con la bendición de Benedicto XVI y las ambiciones de quien sabe exactamente hasta dónde quiere llegar. Hoy, dieciséis años después, cumple la edad que el Código de Derecho Canónico fija como límite para gobernar una diócesis: 75 años. La norma le exige presentar su renuncia al papa. Es el mismo procedimiento que siguió su antecesor, Alberto Giraldo Jaramillo, y el que tarde o temprano sigue todo obispo en el mundo católico.
Lo que no sigue el procedimiento es el prontuario que deja atrás. Desde 2018, cuando publiqué la investigación Dejad que los niños vengan a mí en W Radio, el nombre de Ricardo Tobón Restrepo aparece en cada una de las capas del encubrimiento sistemático de sacerdotes pederastas en la Arquidiócesis de Medellín. No como testigo periférico, sino como protagonista central. Estos son solo cuatro de al menos setenta casos en los que Tobón Restrepo protegió a sacerdotes acusados de abuso sexual a menores de edad.
El primer caso: el sacerdote y el juez
Luis Eduardo Cadavid Carmona abusó de dos hermanitos de nueve y diez años en San Rafael, Antioquia. Fue juzgado, procesado y condenado en 2004 a 68 meses de prisión. El caso estaba claro: la Fiscalía tenía testimonios, el párroco que compartía casa cural con él implícitamente lo había señalado, y los menores ampliaron su denuncia varias veces ante la fiscal, en sesiones que los revictimizaron y contribuyeron a construir un expediente sólido.
Tobón era obispo de Sonsón-Rionegro (2003-2010), por lo que era el superior jerárquico de ese sacerdote condenado. Frente a ese caso, hizo lo mismo que en años posteriores con más de setenta sacerdotes: movilizar todos los medios a su alcance para proteger al abusador.
Mientras avanzaba la investigación, Tobón le envió una carta a la fiscal ofreciendo la casa sacerdotal El Rodeo, en La Ceja, como residencia alternativa a la cárcel. Consiguió que el embajador del Vaticano en Colombia, su amigo y protector Beniamino Stella —el mismo que años antes lo había recomendado para el obispado tras cuatro años como secretario de la Nunciatura—, enviara al juzgado una copia del Concordato de 1973 para argumentar que los sacerdotes no podían ser recluidos en cárceles comunes. El nuncio nunca había intervenido así en ningún otro proceso. Esta vez lo hizo para proteger al discípulo de Tobón.
La jugada no funcionó del todo: el Tribunal Superior de Antioquia ordenó regresar al sacerdote a la cárcel de Bellavista. Pero el intento dejó constancia de lo que Tobón estaba dispuesto a hacer para resguardar a sus subalternos.
El segundo caso: la visa para pecar
Roberto Antonio Cadavid Arroyave fue párroco y rector del Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá en Bello. Entre 2005 y 2012, la Arquidiócesis de Medellín recibió múltiples denuncias de abuso sexual de menores en su contra. La conciliación con una de las familias costó cerca de cien millones de pesos, parte de los cuales salió de la chequera del Colegio Pablo VI, una institución privada en parte financiada con recursos públicos de la Alcaldía de Medellín. Una víctima le mostró al periódico El Tiempo el cheque con el que compraron su silencio: 88 millones de pesos con la condición de negar haber sufrido daño alguno.
Tobón llegó a la Arquidiócesis de Medellín en mayo de 2010. En ese momento, Cadavid se encontraba en la parroquia Santa Ana, en Manrique Oriental. El anterior arzobispo, Alberto Giraldo Jaramillo, lo había enviado a ese barrio de Medellín luego de las denuncias en Bello. A pesar de las denuncias, Giraldo Jaramillo nombró a Cadavid rector de un colegio donde diariamente tenía contacto con niños. Allí siguió y volvió a abusar de otros menores.
Camilo tenía once años cuando el rector lo llevó a la casa cural y lo besó en la boca. Santiago tenía nueve cuando el padre lo sacó a una finca con otros monaguillos y lo invitó a compartir su habitación, pero el niño se negó. Delia, la madre de Santiago, fue seis veces al palacio arzobispal a buscar a Tobón. Nunca lo encontró. Le dieron un papel, una bendición y le pidieron que se fuera.
En febrero de 2012, ante las crecientes denuncias, Tobón suspendió a Cadavid. Pero en noviembre de ese mismo año, con el decreto de suspensión firmado y el sacerdote sin funciones en Medellín, le extendió una carta de recomendación al obispo de Brooklyn, Nicholas DiMarzio. Tobón ni mencionó las denuncias ni incluyó el afidávit de buena conducta, un documento escrito donde una persona afirma voluntariamente que los hechos declarados son verdaderos, que exigen en Estados Unidos. Tampoco dijo una sola palabra sobre los niños de Bello y de Manrique.
Roberto Cadavid llegó a Brooklyn en diciembre de 2012. Fue asignado a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en Bay Ridge. Seis meses después, pasó a ser vicario parroquial de Santa Rita en Long Island City. En febrero de 2015, Tobón le renovó el permiso. Para ese momento, el sacerdote suspendido en Colombia por abusar sexualmente de más de diez menores llevaba ya tres años ejerciendo su ministerio en Nueva York gracias a las cartas de su arzobispo.
La diócesis de Brooklyn se enteró de la verdad en junio de 2017. No fue por iniciativa de Tobón: fue porque el obispo DiMarzio le había escrito en abril de ese año para agradecerle la colaboración de Cadavid, y ante la insistencia del estadounidense, Tobón finalmente respondió, pues para ese entonces, ya llevaba meses indagando. El obispo de Brooklyn expulsó a Cadavid de inmediato y alertó a todas sus parroquias.
Cuando en una entrevista en marzo de 2018 le pregunté a Tobón por el caso, el arzobispo negó conocer los nombramientos de Cadavid en Brooklyn. Dijo que, de haber sabido, le habría avisado al obispo de la suspensión. Las cartas —que la diócesis de Brooklyn me entregó al día siguiente de que la periodista Taylor Dolven publicara en The Gothamist una historia sobre el tema— demostraban lo contrario: Tobón autorizó, recomendó y renovó el permiso en dos ocasiones.
Ocho días después de la entrevista, en una reunión con más de mil sacerdotes en el Seminario Mayor de Medellín, Tobón admitió que sí había dado las cartas de recomendación. Explicó que el sacerdote estaba «incardinado» y que debía «obrar con la presunción de inocencia». No dijo nada sobre las víctimas. Sí afirmó, en cambio, que las denuncias de pederastia eran una estrategia calculada para quitarle a la Iglesia «su espacio y su misión».
El tercer caso: el capellán condenado
Mario de Jesús Castrillón Restrepo fue condenado en 2009 a cien meses de prisión por acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso homogéneo y sucesivo. Es el único sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín que ha recibido una condena penal por estos hechos. Pagó su pena en una casa cural y luego en la cárcel de Bellavista.
Cuando salió, Tobón lo puso como capellán de la Clínica El Rosario, en El Poblado, uno de los centros médicos más exclusivos de Medellín. La justificación del arzobispo: la justicia canónica no lo había encontrado culpable, por lo que tenía derecho a seguir ejerciendo el sacerdocio. En agosto de 2023 lo nombró capellán de la Congregación de Hermanas Misioneras Catequistas. Ahí sigue desde entonces.
El cuarto caso: el telepredicador
Carlos Yepes era el sacerdote más popular de Antioquia. Capellán de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación, del Centro Comercial Oviedo y telepredicador con casi medio millón de suscriptores en YouTube, era una de las estrellas de la Iglesia católica del país. En 2018, tres hombres lo denunciaron por abuso sexual. Uno de ellos afirmó que Yepes lo había abusado sexualmente desde los once años, en el confesionario.
La Arquidiócesis de Medellín reconoció tener tres denuncias en su archivo secreto contra Yepes. Tobón lo protegió. Fue el papa Francisco quien lo suspendió en marzo de 2020. Cuatro sacerdotes que comparten jefe, espacios de trabajo y retiros espirituales con el acusado, condujeron el proceso canónico en su contra. En 2024, declararon no haber alcanzado «certeza moral» sobre su culpabilidad. Tobón lo absolvió a través de sus subordinados.
La guerra por los archivos
En 2019, envié a la Arquidiócesis de Medellín un derecho de petición preguntando por 105 sacerdotes. Tobón se negó a responder. El caso llegó a la Corte Constitucional, que en 2020 emitió la Sentencia T-091-20, que obligaba al arzobispo a entregar la información. Cumplió a cuentagotas: solo me entregó información sobre 36 sacerdotes. Cuando pregunté por los 915 restantes en 2021, volvió a negarse.
En 2022, la Corte emitió la Sentencia SU-191-22, reiterando la obligación. Tobón anunció que esperaría «precisiones» de la Corte antes de cumplir, en lo que la Fundación para la Libertad de Prensa calificó como una estrategia dilatoria. Interpuse un incidente de desacato pidiendo su arresto. Solo entonces entregó la información, de manera parcial. Aprovechó el momento para llamar la investigación una «campaña malintencionada contra la Iglesia».
Con apenas el 13 por ciento de la información solicitada al conjunto de diócesis del país, hemos identificado 800 sacerdotes denunciados por abuso sexual en Colombia. Si la tasa de denuncias se mantiene en los archivos que siguen bajo llave, la cifra superaría los cuatro mil.
Tobón, según el propio resultado de esa investigación, es el responsable del mayor número de encubrimientos del país. La lista que acompaña este reportaje registra, solo en la Arquidiócesis de Medellín, decenas de casos en los que el arzobispo recibió denuncias, no las remitió a la Fiscalía, trasladó sacerdotes de parroquia en parroquia o los nombró en cargos con acceso a niños, a pesar de conocer su prontuario.
El hombre detrás de la mitra
En el libro que documentó la primera parte de esta investigación, describí la trayectoria de Tobón como la de un hombre que nunca quiso ser párroco porque sus aspiraciones eran otras. Se formó para ascender. Secretario del nuncio durante siete años, doctorado en la Gregoriana, obispo a los 52, arzobispo a los 59, Tobón quería poder y riquezas. En 2012, el arzobispo dejó la residencia de sus predecesores en Prado Centro y compró una mansión en El Poblado, avaluada en un millón de dólares.
En octubre de 2025, CasaMacondo reveló que la Asociación Misionera San José lo denunció penalmente ante la Fiscalía por los delitos de constreñimiento ilegal y aprovechamiento de error ajeno. La asociación lo acusó de retener mil millones de pesos en títulos valores que le fueron entregados en custodia antes de la muerte de su fundador, monseñor Alfonso Vásquez Benjumea.Según varias personas cercanas, Vásquez había pedido en vida que lo ayudaran a sacar a Tobón del control patrimonial de la entidad.
La renuncia que viene
El Código de Derecho Canónico es claro: cuando un obispo cumple 75 años debe presentar su renuncia al papa. El pontífice la acepta si lo considera oportuno. Hay obispos que continúan en su cargo durante días, meses o años.
Lo que no depende del pontífice es el balance de los dieciséis años de Tobón al frente de la Arquidiócesis de Medellín. El arzobispo encubrió a por lo menos 70 sacerdotes, de acuerdo con cifras que la Corte Constitucional extrajo a cuentagotas.
Cuando en 2018 le pregunté si le parecía bien o mal que su vicario general hubiera conciliado económicamente con víctimas de abuso para comprar su silencio, Tobón respondió: «Me parece mal y voy a tomar nota de lo que usted me está diciendo para averiguar estas cosas».
Eso dijo y luego siguió nombrando a pederastas en las parroquias de Medellín.
