Santiago Botero en campaña. La retórica es de hierro, el discurso anti-impunidad es su marca de fábrica. Fundador de más de 35 empresas, entre ellas la exitosa fintech Finsocial que vendió a un fondo internacional respaldado por Morgan Stanley, Botero se presenta ante el electorado como el antídoto al sistema: sin partidos, sin jefes, sin negociaciones con el sistema. Lo que no cuenta es que, al menos en una ocasión, sí negoció con alguien que tuvo al sistema muy encima de sus bienes.
La cronología que el folio no oculta
El certificado de tradición y libertad cuenta la historia completa.
El documento registral del inmueble comienza en octubre de 2010, cuando Construcciones SAAT S.A. vendió el apartamento a Inversiones J.D.L. & CIA S.C.A. por un valor de $169.770.831. Tres meses después, en enero de 2011, la propiedad fue transferida a José Raúl López Daza mediante una compraventa por $400.000.000.
Entre 2012 y 2014, el bien enfrentó diversas medidas legales. En julio de 2012 se decretó un embargo ejecutivo que fue cancelado en noviembre del mismo año. Sin embargo, en agosto de 2013, la Superintendencia de Sociedades ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes de López Daza, medida que congeló la propiedad hasta el 31 de julio de 2014, cuando la restricción administrativa fue finalmente levantada.
Tras quedar disponible para transacciones, Santiago Botero Jaramillo adquirió el apartamento en octubre de 2014 por un monto de $400.000.000. Finalmente, en abril de 2017, Botero vendió el inmueble a Yadid Jalaff Reyes y Francisca Aurora Vetencourt Carrillo por un valor de $320.000.000, cerrando así su vínculo directo con la propiedad en el folio registral.
López Daza: quién es el vendedor
José Raúl López Daza no es un nombre que aparece a menudo en los titulares, pero los registros estatales revelan que es el cerebro de un complejo entramado de captación ilegal y fraude financiero. Aunque constituyó la firma Inversiones J.D.L. & CIA S.C.A. el 21 de enero de 2009 en Barranquilla para actividades inmobiliarias, su verdadero alcance se destapó entre julio y agosto de 2013. En ese periodo, la Superintendencia de Sociedades emitió una orden de toma de posesión e intervención inmediata de sus bienes tras ser catalogado formalmente como el arquitecto de una de las «pirámides» o captadoras ilegales de recursos que operaron en 2008.
Sin embargo, el rastro de López Daza se extiende hacia un escándalo institucional mayor. Actuó como gerente comercial de Procol S.A.S., una firma originadora de pagarés que terminó arrastrando a la liquidación a la entidad regulada Internacional Compañía de Financiamiento S.A. mediante el fraude con créditos de libranza. El modus operandi consistía en vender carteras de libranzas e inventar créditos falsos o registrar como «al día» obligaciones que ya estaban en cobro jurídico, comprometiendo solidariamente su patrimonio sin garantías reales.
Debido a esta estructura de captación, su nombre terminó directamente vinculado por la Supersociedades en los autos de intervención masiva de Torres Construcciones y Valores S.A.S. (TCVAL S.A.S.), donde comparte responsabilidad en los procesos de devolución de dineros. El colapso de esta red afectó a cientos de inversionistas y ahorradores que compraron carteras de libranzas sin respaldo, sumando desfalcos multimillonarios en la compraventa de derechos de crédito y esquemas inmobiliarios cruzados.
La pregunta que el candidato no ha respondido
En política, el timing es todo. Cuatro meses entre el levantamiento de una toma de posesión por Supersociedades y la firma de una escritura de compraventa no prueban nada por sí solos. El derecho de propiedad es un derecho constitucional. Vender un apartamento a alguien cuyas empresas pasaron por una intervención administrativa no es ilegal.
Pero Botero no es cualquier comprador de segunda mano. Es el candidato que promete pena de muerte para los corruptos, que construyó su candidatura sobre la idea de que él sí sabe quién es quién en Colombia. Que si llegara a la Casa de Nariño, el escrutinio sería total y sin excepciones.
¿Sabía Botero que compraba un bien a un estafador? Si hizo la diligencia debida —algo que cualquier empresario en su lugar debería hacer—, la respuesta es casi inevitable: sí. El folio de matrícula es público, está en línea, y cualquier notario o abogado lo consulta antes de tramitar una escritura. La cadena de anotaciones es visible desde la primera página: embargo en 2012, toma de posesión en 2013, cancelación en 2014, compraventa en 2014.
CasaMacondo solicitó a la campaña de Santiago Botero una explicación sobre esta transacción. Al cierre de esta edición, no habíamos recibido respuesta.
