El domingo 26 de marzo de 2017, los habitantes de Cajamarca, en Tolima, votaron en una consulta popular por esta pregunta: «¿Está usted de acuerdo, SÍ o NO, que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?». De 16.312 ciudadanos habilitados para votar, 6.296 asistieron a las urnas, de los cuales 6.165 votaron por el No (97,92 % de los sufragantes), mientras que 76 ciudadanos votaron por el Sí.
Con esta decisión, el Concejo de Cajamarca aprobó el Acuerdo 003 de 2017, y desde el 16 de mayo hasta la fecha, en este municipio están prohibidas las actividades de exploración y explotación minera.
El acuerdo municipal protegió el agua, el medio ambiente y la voluntad popular, pero afectó los intereses económicos de la multinacional AngloGold Ashanti, dueña del proyecto La Colosa, una mina con un potencial de veintiocho millones de onzas de oro.
El abogado de esta multinacional en el país, Guillermo Francisco Reyes González, fue ministro de Transporte y actualmente se desempeña como embajador de Colombia en Suecia. Reyes es una ficha del poderoso senador conservador Carlos Andrés Trujillo, uno de los aliados más importantes del presidente Petro.
Cuando Reyes estaba sonando para ser ministro de Justicia, el Movimiento Nacional Ambiental (MNA) le solicitó al presidente electo Gustavo Petro, el primero de julio de 2022, que Reyes no hiciera parte de su gobierno porque era el apoderado de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti: «Con su batería de abogados, liderada por el señor Reyes González, ha promovido el desconocimiento de la voluntad popular de los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, despensa alimentaria colombiana».
Los ruegos de este movimiento no tuvieron eco ―tampoco los cuestionamientos por plagio que ampliamente documentó el investigador Rodrigo Uprimny― y el presidente Gustavo Petro nombró a Reyes como ministro de Transporte, cargo en el que estuvo desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 26 de abril de 2023. Seis meses y doce días más tarde, Reyes fue nombrado embajador en Suecia.
La demanda del abogado Reyes
Dos años antes de su entrada al Gobierno, el abogado Reyes radicó una demanda de nulidad simple contra el Acuerdo 003 del 16 de mayo de 2017 del Concejo de Cajamarca, «por medio del cual se adopta la decisión de consulta popular minera del municipio de Cajamarca, realizada el 26 de marzo de 2017».
Según Reyes, ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de exploración y explotación del subsuelo y los recursos naturales, tampoco poder de veto respecto a la realización de estas actividades. Para sustentar esto, el abogado citó la Sentencia SU/095 de 2018, que resolvió una demanda, bastante diferente, de Mansarovar Energy Colombia Ltda. contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta.
En la pelea se metieron, además de la Alcaldía de Cajamarca, la Clínica Jurídica del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario; el Semillero de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia; la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana; la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Dejusticia, y la Comisión Colombiana de Juristas. Todos coincidieron en que Reyes estaba equivocado. El juez les dio la razón.
El litigio del embajador
El primero de noviembre de 2023, el juez Jesús Orlando Parra, del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, negó las pretensiones del embajador Reyes: «La expedición del Acuerdo Municipal 003 de 2017, no infringió ninguna norma constitucional ni legal al momento de su expedición, por lo que no puede predicarse de esa voluntad del conglomerado del municipio de Cajamarca una infracción de las normas en que debió fundarse».
Para el juez Parra es claro que la jurisprudencia citada por el abogado Reyes en su defensa, incluida la Sentencia SU/095 de 2018, es posterior a la decisión emanada del concejo municipal: «No solo las normas constitucionales y legales daban la autonomía al municipio de Cajamarca para adelantar la consulta popular de iniciativa popular, sino que las sentencias dictadas en la materia, hasta entonces, constituían un precedente pacífico y reiterado frente a la protección del medio ambiente».
En todo el proceso, Reyes intervino dos veces: el 6 de julio de 2020, cuando radicó la demanda y no era funcionario del Gobierno Petro, y el 16 de noviembre de 2023, cuando presentó recurso de apelación contra la sentencia del juez Parra, ya siendo embajador de Colombia en Suecia, cargo que ostenta desde el 7 de noviembre de 2023. La impugnación de Reyes la estudia el magistrado José Aleth Ruiz Castro, del Tribunal Administrativo de Ibagué.
La Cancillería inició una investigación disciplinaria contra Reyes, según se desprende de un memorial del 12 de marzo. Lo firma María Eugenia Gaviria Arango, jefa de la Oficina de Control Disciplinario Interno, y le solicita al juzgado que le remita el expediente judicial: «En cumplimiento de lo ordenado en auto de 14 de febrero de 2024, y para que obre como prueba en la indagación previa del asunto».
Pero la investigación no inició por iniciativa del Gobierno, sino por una denuncia que recibieron el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva. En la denuncia, fechada el 8 de febrero, se lee: «Resulta contradictorio que el gobierno del cambio, que busca la materialización de la democracia participativa, nombre en altos cargos a un abogado que ha utilizado su saber para desconocer la voluntad popular. Especialmente si se considera que, en el ejercicio de su actual cargo como embajador, Guillermo Reyes continúa litigando en contra de la consulta popular de Cajamarca».
Los firmantes de la denuncia representan a las instituciones que han litigado en contra del proyecto minero La Colosa, de la multinacional AngloGold Ashanti: el Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca y Anaime; el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial – Siembra; el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, y la investigadora independiente Sibelys Mejía Rodríguez.
Enmienda: Los dos últimos párrafos de este artículo fueron agregados el 20 de marzo. No se incluyeron en el texto original por omisión involuntaria.
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