Camilo Calle, un pregonero de sesenta y cinco años, vio su trabajo informal amenazado. Su lucha por un megáfono silenciado revela la tensión entre el sustento y las normas, y abre un debate sobre la dignidad del trabajo.
En Barbosa, Antioquia, hay una esquina frente a la Alcaldía que guarda veinte años de voces. Allí solía ubicarse don Camilo Calle, sesenta y cinco años, un pregonero de voz potente aquejado por la diabetes, hernias discales y por una disminución visual que apaga los bordes del mundo. Desde ese rincón del parque, anunciaba las ofertas de los negocios que aún lo contrataban: ferreterías, hoteles, droguerías, almacenes, restaurantes. Calle carecía de otros ingresos. No recibía ayudas del Estado, tampoco de su familia.
El perifoneo era su trabajo, pero también su manera de permanecer en pie. Durante años le habló al aire como dominándolo. Después de dos décadas, su megáfono, sumado a su voz, empezó a incomodar a quienes trabajaban en las oficinas del tercer piso del Concejo Municipal, cuyas ventanas dan justo hacia el parque. Las autoridades del municipio comenzaron a presionar para que se retirara. Un día, sin previo aviso, le negaron el permiso de seguir trabajando desde allí. La Policía, acatando instrucciones del gobierno local, le impuso medidas correctivas y lo retiraron del andén.
Calle pidió que lo dejaran quedarse. Exigió apenas eso: que lo dejaran trabajar.
Sin embargo, las autoridades municipales comenzaron a verlo como una fuente de perturbación acústica. En dos ocasiones le negaron el permiso para ejercer su oficio, citando lo dispuesto por el Decreto 1076 de 2015 sobre emisiones de ruido. Alegaron que su presencia obstruía el paso de los peatones y que el megáfono y su voz potente interrumpían las sesiones de los concejales.
Calle, ante la situación, presentó solicitudes, radicó derechos de petición y, finalmente, interpuso una acción de tutela. En esa tarea lo acompañó la Personería de Barbosa, que lo asistió en la redacción y en la —acostumbrada— tramitología del caso.
El primer juez amparó sus derechos. Ordenó al municipio buscar mecanismos que le permitieran seguir ejerciendo su labor, siempre que el ruido no superara los 65 decibeles, los niveles establecidos por la Resolución 8321 de 1983. El segundo juez revocó el fallo. Consideró que se trataba de un conflicto administrativo y que debía resolverse en otra jurisdicción.
Calle insistió y su caso llegó hasta la Corte Constitucional. A partir de entonces, su historia fue leída con mayor atención jurídica y con una mirada más humana. Lo que estaba en juego era la posibilidad de continuar con el único trabajo del que derivaba su sustento diario y, de algún modo, su manera de ser en este mundo.
La Corte revisó las resoluciones, los oficios, los rechazos y encontró que las decisiones tomadas contra Calle se habían dictado sin evaluar si el ruido que generaba representaba una afectación real. Hasta ese momento no se habían hecho mediciones de decibeles, contrastado circunstancias o propuesto alternativas. Las autoridades, además, aplicaron normas de forma automática. No tuvieron en cuenta su edad, sus enfermedades ni su dependencia de esa actividad informal.
La Corte reconoció que el perifoneo comercial, como muchas otras labores informales, ubica a quienes lo ejercen en condiciones precarias: sin contratos, sin estabilidad, sin afiliación plena al sistema de seguridad social. Camilo Calle hace parte de esa población. Tiene la edad de los jubilados, vive solo en una habitación alquilada y apenas recoge cerca de cuatrocientos mil pesos mensuales por anunciar los productos de los negocios del pueblo. Su apellido ha sido el espejo de su destino.
La Corte, en la Sentencia T-237 de 2025, le devolvió la posibilidad de ejercer su oficio. Ordenó al municipio evaluar con rigor si el perifoneo que realiza genera un nivel de ruido compatible con las normas ambientales. Y, en caso de excederlo, propuso buscar junto a él otras alternativas: otro punto del municipio, otra esquina del pueblo, otra calle del centro donde su voz no perturbe, pero tampoco se apague.
También le recordó a la Alcaldía que las decisiones no pueden adoptarse sin justificación ni análisis. Le exigió motivar sus actos y considerar las condiciones particulares de quienes viven del trabajo informal.
Tal vez la justicia existe para eso: para que algunas cosas puedan seguir sucediendo. Para que ciertos hombres como don Camilo Calle encuentren su esquina.
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