En los contratos corbata, el Estado le paga a un contratista por no hacer nada, disfrazando de asesoría unas funciones para las que ya existen responsables. Los políticos los usan para saldar deudas o hacer favores. Paulo Antonio Arias Giraldo, el novio de Carlos Mario Zuluaga Pardo, contralor general en funciones, es el beneficiario de tres de ellos, que suman trescientos dieciocho millones de pesos. En ninguno existen informes de actividades ni de supervisión, una de las características de los contratos corbata.
La situación de Arias es similar a la de Diego Fernando Monsalve Pico, la expareja de Zuluaga, quien empezó a trabajar con entidades del Gobierno en 2021, cuando tenía una unión marital de hecho con el hoy contralor general; desde entonces, Monsalve ha suscrito doce contratos. Los dos hombres comparten una circunstancia curiosa: empezaron a laborar con el Estado durante sus relaciones con Zuluaga. Antes de salir con él, ninguno se había desempeñado en el sector público.
Arias, que vive con Zuluaga desde finales del año pasado en un apartamento en el norte de Bogotá, es ingeniero civil de la Universidad del Quindío y especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura de la Universidad del Rosario. Se estrenó como contratista el 19 de febrero de 2024, cuando firmó un contrato con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) por 115.863.000 de pesos. El contrato, que se debe ejecutar entre marzo y diciembre de este año, y que supone honorarios mensuales de 11.586.300 de pesos, tiene como fin evaluar y hacerles seguimiento a proyectos de inversión. En esa entidad, también tiene un contrato el exnovio del contralor.
Arias también consiguió trabajo en marzo con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MinTIC para apoyar «actividades relacionadas a la adopción e implementación de buenas prácticas relacionadas a la estrategia de gobierno digital». El contrato, por 142.322.917 de pesos, se va a ejecutar paralelamente al anterior y también va hasta diciembre.
A estos dos contratos se suma un tercero de seis meses con la Defensoría del Pueblo, que Arias firmó el 8 de abril para «asesorar y apoyar técnicamente en la elaboración de conceptos, análisis y seguimiento en asuntos relacionados con la protección del derecho a la prevención y atención de desastres». Por esta asesoría recibirá sesenta millones de pesos.
Sumados los valores, entre marzo y diciembre de este año, la pareja del contralor general recibirá en promedio treinta y cinco millones de pesos al mes, un valor superior al salario de un ministro. Nada mal para alguien que no había contratado con el Estado hasta que empezó a salir con Zuluaga. En su declaración de conflictos de interés, Arias no menciona al contralor general, a pesar de que viven juntos desde hace más de seis meses.
CasaMacondo contactó a los dos para conocer su versión de los hechos, pero ninguno contestó.
Los contratos de la anterior pareja del contralor
En la investigación Mentiras, atajos y omisiones: el prontuario del contralor general Carlos Mario Zuluaga, CasaMacondo reveló la docena de contratos que ha firmado Diego Fernando Monsalve Pico, la expareja del contralor general, con el Estado colombiano. Según se puede ver en la página de contratación pública, desde 2021 el administrador de empresas ha suscrito doce contratos con cinco entidades del gobierno por un total de 675 millones de pesos.
Los primeros dos, celebrados entre 2021 y 2022, fueron con la Secretaría de Gobierno de Bogotá. La entidad distrital le desembolsó ochenta y dos millones de pesos para que apoyara «la implementación del programa de barrismo social goles en paz 2.0 [sic]». Al poco tiempo, Monsalve pasó de trabajar con las barras de fútbol a asesorar al contralor auxiliar de Bogotá. En agosto de 2022, empezó a ejecutar el primero de cinco contratos que desde entonces ha firmado con la Contraloría de Bogotá. Los otros cuatro los firmó cuando Zuluaga ya se desempeñaba como vicecontralor de la república.
En 2023, Monsalve se vinculó contractualmente con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el programa Computadores para Educar. Hoy tiene tres contratos activos por 261 millones de pesos con el ICA, la Contraloría de Bogotá y la CAR. De los dos últimos, no hay informe de actividades ni de supervisión.
Cuando CasaMacondo le preguntó a Zuluaga por estos contratos, el alto funcionario aseguró que él nunca intervino para favorecer a su expareja. Pero en su declaración de conflicto de interés, que firmó en septiembre de 2022 cuando entró a la Contraloría, no los mencionó, como tampoco mencionó su unión marital de hecho con Monsalve, una mentira que configura el delito de falsedad ideológica en documento público.
Similarmente, Zuluaga no ha reconocido la relación sentimental ni los posibles conflictos de interés que tiene en la actualidad con Paulo Antonio Arias Giraldo, su nuevo novio y un contratista que hoy vive como rey gracias al Estado colombiano.
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