La Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia católica revelar sus archivos secretos sobre sacerdotes denunciados por abuso sexual contra menores de edad. La decisión, contenida en la sentencia de unificación SU-184 de 2025 y notificada este 16 de abril, cubre cincuenta diócesis, arquidiócesis y congregaciones religiosas de todo el país, y consolida una línea jurisprudencial que convierte a Colombia en uno de los pocos países donde un tribunal ha obligado formalmente a la institución eclesiástica más poderosa del mundo a abrir los registros internos que durante siglos ha custodiado bajo llave.
La Sala Plena de la Corte, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, acumuló cincuenta expedientes de tutela que durante más de dos años recorrieron los juzgados del país. En 48 de ellos, las organizaciones religiosas se habían negado a responder —o habían respondido de manera incompleta— los derechos de petición enviados en enero y marzo de 2023 por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán Medina. Los dos reporteros solicitaban el nombre de cada sacerdote ordenado o incardinado en cada institución desde su fundación, su trayectoria parroquial, y la existencia de denuncias internas por abuso sexual.
Una jurisprudencia construida en el campo de batalla
La investigación que motivó estas tutelas comenzó en 2018. Ese año, Barrientos Hoyos empezó a documentar cuántos sacerdotes han sido denunciados y encubiertos en Colombia por abusar sexualmente de niños, niñas y adolescentes.
En 2019, el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, se negó a responder un derecho de petición que le mandó el periodista preguntando por 105 sacerdotes. El caso llegó a la Corte Constitucional, que en marzo de 2020 profirió la sentencia T-091-20 y le ordenó al arzobispo entregar la información. Lo que reveló ese primer resquicio fue perturbador: una tercera parte de los sacerdotes por los que se había preguntado tenía denuncias por abuso sexual infantil.
Tobón Restrepo respondió ampliando el manto de silencio: se negó a entregar información sobre los 915 sacerdotes restantes. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín lo respaldó. El caso volvió la Corte Constitucional, que en 2022 profirió la SU-191-22, ordenándole al arzobispo cumplir la sentencia. Esta vez el jerarca encontró una forma más sofisticada de resistir: entregó datos de apenas 36 de los más de 900 solicitados. Cumplir sin cumplir. Esa estrategia de desgaste fue la que se replicó, con variaciones, en 2023.
El 10 de enero de ese año, enviamos 137 derechos de petición a obispos y superiores de comunidades religiosas en todo el país. Solo diecisiete entregaron la información completa. Los demás eligieron el silencio o la evasiva, varios de ellos asesorados por bufetes de abogados cuyos honorarios, según fuentes consultadas por CasaMacondo, promediaban treinta millones de pesos por servicio jurídico.
Con la información recibida hasta hoy —que representa apenas el 13% del universo solicitado—, CasaMacondo ha construido una base de datos de cerca de 800 sacerdotes colombianos denunciados por abuso sexual dentro y fuera del país. Si la proporción se mantiene en el 87% restante que la Iglesia aún no ha compartido con el público, el archivo secreto completo podría revelar el nombre de aproximadamente 4.000 sacerdotes agresores. Dos fuentes protegidas de la Conferencia Episcopal han confirmado a CasaMacondo que esa cifra es incluso mayor.
El archivo secreto se define en el artículo 489 del Código de Derecho Canónico. Se trata de un compendio de sobres cerrados donde reposan las denuncias contra sacerdotes abusadores y el relato de sus crímenes en voz de quienes los acusaron. Cada diócesis tiene uno, y la única llave está en manos del obispo.
Lo que ordenó la Corte
La sentencia SU-184 de 2025 distingue dos tipos de información y ordena la entrega de ambos. El primer tipo abarca los datos de sacerdotes específicamente denunciados o investigados por violencia sexual contra menores: las denuncias recibidas, los procesos penales conocidos por la institución, las medidas disciplinarias adoptadas. La Corte reiteró que esa información implica una intromisión menor en la privacidad del clérigo frente al interés legítimo de la sociedad en conocerla. No hay margen de discreción.
El segundo tipo de información es más novedoso y de mayor alcance: las diócesis deben entregar la trayectoria completa de todos los sacerdotes adscritos a una institución, independientemente de si han sido denunciados o no. La Corte señaló que el sacerdocio es una profesión que se ejerce en el ámbito público y que la información sobre el ejercicio ministerial de los clérigos es, en general, de carácter semiprivado —no reservado—. Estableció además que el acceso a esos datos adquiere especial relevancia constitucional cuando permite al periodismo de investigación identificar patrones: traslados abruptos, cambios inexplicables de cargo, movimientos entre jurisdicciones. Esas son las señales del encubrimiento institucional.
50 instituciones, una sola orden
El alcance geográfico e institucional del fallo es sin precedentes. Entre las accionadas figuran la Arquidiócesis de Bogotá, la Arquidiócesis de Medellín, la Arquidiócesis de Tunja, la Arquidiócesis de Popayán, la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y la Arquidiócesis de Pamplona, así como diócesis en todas las regiones del país: Neiva, Apartadó, El Espinal, Girardot, Santa Rosa de Osos, Valledupar, Sincelejo, Yopal, Buenaventura, Cúcuta, Garzón, Buga, Pasto, Pereira, Cartago, Palmira, Chiquinquirá, La Dorada-Guaduas, Mocoa-Sibundoy, Montelíbano y Málaga-Soatá.
A ellas se suman las congregaciones y las órdenes: los Jesuitas, los Salesianos, los Misioneros Javerianos de Yarumal, los Agustinos Recoletos, los Asuncionistas, los Montfortianos, los Clérigos de San Viator, los Eudistas, los Josefinos de Murialdo, los Misioneros Scalabrinianos, los Vicentinos y la Fraternidad Sacerdotal, entre otras.
¿Qué viene ahora?
La SU-184 de 2025 no termina el litigio: lo transforma. Hasta ahora, cada negativa eclesiástica se dirimía expediente por expediente. Con este fallo, las instituciones accionadas tienen una obligación constitucional directa de entregar la información. Su incumplimiento configura un desacato.
Con la información que entreguen —nombres, fechas de ordenación, trayectorias parroquiales, traslados, denuncias, medidas disciplinarias— CasaMacondo va a publicar un especial multimedia que será la radiografía completa del abuso clerical en Colombia, construida con los mismos archivos que los obispos han protegido durante décadas.
Lo que la Iglesia católica llamó archivo secreto, la Corte Constitucional lo convirtió en información pública.
