En un fallo histórico, la Corte Constitucional ordenó investigar al obispo emérito de Pereira, quien admitió en un interrogatorio que no denunció abusos de los que tenía conocimiento. La Sentencia SU-315/25 marca un precedente en la lucha contra el encubrimiento eclesiástico.
La Iglesia católica es civilmente responsable por el abuso sexual cometido por el sacerdote Jairo Alzate Cardona contra un niño en 2008. Así lo sentenció el 24 de julio de este año la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.
El fallo fue más allá: ordenó compulsar copias a la Fiscalía para investigar penalmente «los actos y omisiones de los obispos y superiores de la Diócesis de Pereira que incumplieron el deber de denuncia en este caso». Esa acusación tiene nombre propio: el obispo emérito Tulio Duque Gutiérrez (2001-2011), quien encubrió los delitos de Alzate Cardona, según lo confesó él mismo prelado en una audiencia judicial de 2012, que difundió CasaMacondo.
La confesión de Tulio Duque
En ese interrogatorio judicial, Tulio Duque, entonces obispo de Pereira, admitió conocer los antecedentes de Jairo Alzate Cardona, un sacerdote acusado de abusar de un menor en 2005. En lugar de denunciarlo a las autoridades civiles, Duque lo suspendió y lo envió a una casa para sacerdotes pederastas en La Ceja, Antioquia. Tres años después, le devolvió sus licencias ministeriales y le permitió regresar como vicario a la parroquia La Santísima Trinidad. Por esas mismas fechas, Alzate consiguió trabajo como docente en la Institución Educativa El Dorado, donde, en 2008, volvió a abusar de otro menor.
Esta última denuncia solo se conoció en 2011. Durante tres años, Alzate se paseó por las parroquias La Inmaculada y San Nicolás de Tolentino. En la segunda, incluso se desempeñó como párroco, a pesar de que en el interrogatorio Tulio Duque aseguró que lo había nombrado vicario. «Toda persona tiene derecho a una conversión», justificó el obispo ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, y añadió: «Un obispo tiene que ser un padre, no un policía ni un juez».
Duque también confesó que, durante su episcopado, recibió múltiples denuncias de abusos sexuales que habrían cometido otros sacerdotes, pero nunca las remitió a la Fiscalía. «Uno como obispo recibe muchas quejas… muchas veces son hasta calumnias o mala información», dijo, antes de compararse con «una mamá que recibe quejas». Esta actitud, según la decisión de la Corte Constitucional, ilustra un patrón sistemático de encubrimiento que permitió a Alzate reincidir.
La batalla por la reparación
La familia del menor abusado en 2008 denunció los hechos y logró la condena de Alzate en 2011. Pero la reparación integral enfrentó obstáculos. Aunque el juzgado ordenó al cura y al municipio de Pereira indemnizar al niño, la mamá y la abuela, también eximió a la diócesis de cualquier responsabilidad. Por esta razón, los familiares de la víctima apelaron la decisión con la ayuda del abogado Jesús Alberto Buitrago Duque.
Esa apelación, resuelta en 2023 por el Tribunal Superior de Pereira, confirmó la sentencia de primera instancia. Mejor dicho, falló a favor de la curia. Los magistrados argumentaron que, como el abuso ocurrió en un contexto escolar y no en uno eclesiástico, la Iglesia era inocente. El tribunal, a su vez, desvinculó al municipio de Pereira, por lo cual el sacerdote abusador quedó como único responsable de la reparación. Esto no llegó a nada, sin embargo, pues el proceso se cerró en 2015 con la muerte de Alzate en prisión.
Enfrentados a ese fallo, la familia de la víctima interpuso una tutela el año pasado, alegando errores en la valoración probatoria. Si bien perdieron en primera y segunda instancia, la Corte Constitucional seleccionó el caso para revisión y encontró que el Tribunal Superior de Pereira había ignorado la confesión de Duque, así como la evidencia psicológica sobre el daño social y emocional hecho al menor.
En su fallo, la Corte aplicó los principios pro damnato y pro infans, priorizando los derechos de la víctima, y ordenó investigar a Duque por su omisión deliberada. También declaró a la diócesis civilmente responsable y solicitó que se reparara al tío y a la prima hermana del niño, quienes habían sido ignorados en el pasado.
Un mandato para la Iglesia católica
Además de volver a vincular a la diócesis de Pereira, el fallo del alto tribunal le dio un plazo de tres meses a la Conferencia Episcopal para que entregue todos los reportes de presuntos abusos clericales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. La Corte también exigió que se establecieran protocolos de prevención y denuncia, alineados con la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
De esa manera, la decisión hace eco de las sentencias T-091/20, SU-191/22 y SU-185/25, que obligaron a la Iglesia católica a desclasificar los archivos que contienen información sobre casos de pederastia cometidos por miembros de la curia. Si bien esas tres decisiones han llevado a que se revelen los nombres de más de seiscientos sacerdotes denunciados, la Iglesia aún oculta el ochenta y siete por ciento de la información solicitada. La Corte Constitucional definirá en los próximos días el plazo para que nos entregue los documentos al periodista Miguel Ángel Estupiñán y a mí.
Un golpe al encubrimiento eclesiástico
La orden de investigar a Tulio Duque es un punto de inflexión en Colombia, un país donde la Iglesia católica ha evadido históricamente la rendición de cuentas por abusos clericales. La Corte Constitucional ha enfatizado que el “secreto pontificio” no puede prevalecer sobre los derechos de los menores ni el interés público, reafirmando que las instituciones religiosas deben responder ante la justicia ordinaria.
Este caso, fruto de la perseverancia de la familia del niño, expone un sistema de encubrimiento que involucra a miles de sacerdotes denunciados. La investigación a Duque podría abrir la puerta a procesos contra otros jerarcas eclesiásticos, como el jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, acusado de encubrir al cura pederasta Darío Chavarriaga en 2014 y denunciado en la Fiscalía por esos hechos.
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!
