El archivo secreto es el tercer libro sobre abusos sexuales clericales que se escribe en Colombia en los últimos cuatro años. Y podrían escribirse decenas más y no terminaríamos nunca de contar cómo miles de niños, niñas y adolescentes fueron abusados sexualmente por sacerdotes y obispos. Pero no solo menores, también hombres y mujeres incapaces de resistir han sido violentados sexualmente por los autodenominados representantes de Cristo en la tierra. Las denuncias, algunas de ellas, quedan plasmadas en un archivo tan secreto como aberrante.
El libro es el resultado de siete años de investigación, cuyo primer momento de divulgación fue la publicación, el 21 de marzo de 2018, del especial radial titulado «Dejad que los niños vengan a mí» en W Radio, que denunció la existencia de una red de sacerdotes pederastas y abusadores sexuales en la Arquidiócesis de Medellín. La investigación que publicamos en este libro confirma que esta red se extendió por todo el país con el encubrimiento de obispos, superiores de comunidades religiosas y hasta del Vaticano.
A esa conclusión llegamos gracias a los jueces de la república que obligaron a algunos obispos del país a entregar el archivo secreto. El 10 de enero de 2023, a las 8:32 de la mañana, todos los obispos de Colombia recibieron un derecho de petición con cuatro puntos que indagaban por la trayectoria de los sacerdotes y las posibles denuncias contra ellos por abuso sexual. A esta investigación se unió desde 2022 el periodista Miguel Ángel Estupiñán Medina, coautor de este libro. Juntos enviamos ciento treinta y siete derechos de petición a los obispos y los superiores de comunidades religiosas de la Iglesia católica en Colombia. Pero ciento veinte de ellos decidieron desconocer, al unísono, la jurisprudencia que dictó la Corte Constitucional en dos sentencias de 2020 y 2022 que los obligan a entregar la información. Varios religiosos fueron asesorados por Marcel Fernando Tangarife Torres, abogado del arzobispo de Medellín y denunciado por fraude procesal junto al obispo castrense Víctor Manuel Ochoa, en una demanda que busca la reparación de dos víctimas de un sacerdote pederasta.
Ante la negativa de los altos jerarcas, radicamos ciento veinte tutelas exigiendo las debidas respuestas: setenta y cinco tutelas se resolvieron a nuestro favor y cuarenta y cinco en contra. Para asegurar la objetividad y la transparencia de esta investigación periodística buscamos acceder a información semiprivada que reposa en los archivos secretos de instituciones religiosas del país. Estos datos son necesarios para responder cuatro preguntas: (i) cuántos sacerdotes han sido denunciados ante autoridades clericales por delitos en contra de la formación, la integridad y la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes; (ii) cómo ha reaccionado la jerarquía local de la Iglesia católica frente a las denuncias; (iii) en qué medida esas quejas han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía para evitar la impunidad, y (iv) cuáles medidas se han tomado frente a los clérigos denunciados, a nivel interno, para proteger a niños, niñas y adolescentes.
En 2020, la Sentencia T-091 de la Corte Constitucional resolvió dos casos muy similares a los planteados en las ciento veinte tutelas que presentamos en 2023 y protegió los derechos de petición y de acceso a la información. Por esa decisión, la Arquidiócesis de Medellín tuvo que entregar datos de ciento cinco sacerdotes. En 2021, enviamos un nuevo derecho de petición de la misma naturaleza al arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, de la Arquidiócesis de Medellín, solicitando información acerca de novecientos quince clérigos por los que nunca se le había preguntado.
A pesar del precedente constitucional, la arquidiócesis se negó a entregar la información, por lo que interpusimos una nueva tutela en contra del arzobispo Tobón. La jueza Muriel Massa Acosta obligó a la Arquidiócesis a entregar la información requerida, pero, en segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del magistrado Julián Valencia Castaño, revocó esa sentencia y negó el acceso al archivo secreto de la Arquidiócesis de Medellín.
En el derecho canónico, la figura del archivo secreto se define así (las negrillas y el subrayado son nuestros):
489 § 1. Debe haber también en la curia diocesana un archivo secreto, o al menos un armario o una caja dentro del archivo general, totalmente cerrada con llave y que no pueda moverse del sitio, en donde se conserven con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto.
§ 2. Todos los años deben destruirse los documentos de aquellas causas criminales en materia de costumbres cuyos reos hayan fallecido ya, o que han sido resueltas con sentencia condenatoria diez años antes, debiendo conservarse un breve resumen del hecho junto con el texto de la sentencia definitiva.
490 § 1. La llave del archivo secreto la tiene solamente el Obispo.
La errónea decisión del magistrado Valencia Castaño, desconociendo un precedente constitucional para proteger al arzobispo de Medellín, llamó la atención de la Corte Constitucional y, en enero de 2022, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar insistió en la selección de la tutela contra la Arquidiócesis de Medellín. La Sala Plena acogió su petición por unanimidad y emitió la Sentencia SU-191 de 2022, reafirmando la obligación del arzobispo Tobón de responder los derechos de petición tal y como los recibió.
Los obispos y los superiores de comunidades religiosas, siguiendo el ejemplo de Tobón, han tergiversado las dos sentencias de la Corte Constitucional para seguir negándose a entregar toda la información que les estamos solicitando. Solo 19, de 137 obispos y superiores de comunidades religiosas, el 13 %, entregaron la información sobre todos los sacerdotes de su jurisdicción, es decir, respondieron las 4 preguntas y los 22 literales de nuestro derecho de petición. Cuarenta y cinco jerarcas mintieron en las respuestas incompletas que entregaron y de paso cometieron el delito de falsedad ideológica en documento privado.
Con los tres hallazgos que resaltamos en negrilla en estos dos párrafos podríamos hacer proyecciones, pero preferimos entregar los pocos datos recabados hasta el momento, los cuales dan fe de quinientos sesenta y nueve sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual, ciento cincuenta y cinco de estos ejercen actualmente el sacerdocio. Trescientas cuarenta y cuatro denuncias fueron remitidas a las autoridades civiles, pero en su gran mayoría por las propias víctimas; cuarenta de las notificadas por obispos y superiores de comunidades religiosas solo fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía después de haber recibido un derecho de petición para esta investigación periodística. Según la información en nuestro poder, solo hubo cincuenta y una condenas penales en Colombia y nueve en el exterior. Dieciséis curas fueron absueltos por jueces de la república o de otros países. El 94 % de las denuncias son de los últimos 20 años; 96 %, por hechos denunciados que involucran a menores de edad y, al menos, a 552 sacerdotes.
Desde la cúpula hacia abajo, el encubrimiento y la protección de sacerdotes pederastas han sido el común denominador. El cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, como la mayoría de obispos del país, contrató a una costosísima firma de abogados para intervenir en las tutelas que interpusimos y negarse a cumplir lo que ordenan las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. Esto no sería tan grave si no se tratara del presidente de la Conferencia Episcopal y primado de Colombia, el obispo más importante del país, llamado a dar ejemplo de pulcritud y transparencia. Todo lo contrario, en una primera respuesta a un derecho de petición de 2022, Rueda aseguró que, en toda la historia de la arquidiócesis, solo seis sacerdotes habían sido denunciados por violencia sexual infantil en la capital del país. Comparado con otras ciudades (Medellín: 70, Villavicencio: 50, Manizales: 24, Armenia: 12, Rionegro: 21), esta cifra es a todas luces mentirosa. Y sí que lo es, porque en una respuesta a otro derecho de petición que envió Miguel Estupiñán en 2023, el cardenal Rueda se negó a responder las cuatro preguntas y los once literales, y a cambio entregó los nombres de nueve sacerdotes denunciados y una caja con ciento cincuenta y seis ejemplares de una revista institucional que no responden todas las preguntas que planteamos en el derecho de petición, dándoles rienda suelta a leguleyadas propias de alguien que está encubriendo delitos tan graves como aquellos que atentan contra la niñez. Anexamos esta imagen que constata la indecencia y poca altura del arzobispo más importante del país:
Testimonios y documentos demuestran que, al entregar la información incompleta, los obispos y los superiores de comunidades religiosas pretenden ocultar la gravedad del fenómeno de los abusos sexuales clericales en Colombia, que ellos han encubierto exitosamente al no remitir las denuncias, como corresponde, a la Fiscalía. El cardenal Rueda, por citar solo a uno, ha encubierto en su carrera episcopal, al menos, a diez sacerdotes denunciados por abusos sexuales. Con la venia de obispos, cardenales y papas, lo mismo ha ocurrido en el resto del mundo. Entre 1950 y 2020, en Portugal, 4.815 niños y niñas fueron abusados sexualmente por miembros de la Iglesia católica. En ese mismo periodo, en Francia hubo 216.000 denuncias contra sacerdotes, 200.000 en España. Y muy recientemente se descubrió el diario de un cura jesuita español pederasta que violó a más de 85 niños en Bolivia y dejó plasmado el horror en varios cuadernos como si se tratara de cuentos infantiles.
Hasta la fecha, la Corte Constitucional ha seleccionado para revisión cuarenta y ocho tutelas de las ciento veinte que interpusimos contra los obispos y los superiores de comunidades religiosas. La negligencia de los altos jerarcas parece ser una buena noticia en medio de todo, pues la Corte emitirá una tercera sentencia, eso esperamos, esta vez no solo contra el arzobispo de Medellín, sino contra todos los altos jerarcas colombianos, con la que podría obligar a entregar de una vez por todas el archivo secreto. La decisión está en manos de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo. De ellos dependerá que el avance en materia de acceso a la información sea tal, que los periodistas, y la sociedad en general, podamos conocer unos archivos etiquetados como secretos y que son de interés general.
El libro tiene dos partes y un anexo: doce relatos, el archivo secreto de la Iglesia católica de Colombia y una reveladora entrevista de un sacerdote que dijo en público lo que los prelados dicen —y creen— en privado. En El archivo secreto no hay datos incompletos o faltantes. Son los datos que tenemos gracias, principalmente, a dos fuentes: los obispos y los superiores de comunidades religiosas, obligados por los jueces de la república a responder nuestros derechos de petición, y relatos de sobrevivientes.
La investigación sobre el archivo secreto no termina con el libro; seguiremos escuchando a las víctimas y recabando datos. Confiamos en que la Corte Constitucional reafirme y garantice el derecho fundamental de petición y de acceso a la información que nos permita acceder al archivo secreto del 87 % de obispos y superiores de comunidades religiosas que no han entregado toda la información que les solicitamos. Posterior a esta publicación, el archivo secreto se seguirá actualizando en el portal periodístico casamacondo.co. Prueba de ello es que en la primera edición no alcanzaron a entrar cuatro casos que nos llegaron en los últimos días y cuatro nombres de sacerdotes de la comunidad Agustinos Recoletos, los cuales publicamos a continuación:
Marín Yepes, Martín Emilio (Diócesis de Sonsón – Rionegro). El 22 de octubre, después de un largo camino acompañado por un psicólogo, un hombre contactó al obispo Fidel León Cadavid para denunciar los abusos sexuales de los que dice haber sido víctima en su adolescencia, junto a su hermano gemelo, cuando Marín se desempeñaba como vicario parroquial de la catedral de Sonsón en 2012 y los hermanos como monaguillos.
Ocampo Ocampo, Jorge Iván (Instituto Misionero San Juan Eudes). Suspendido del sacerdocio en julio de 2023 por la Arquidiócesis de Barranquilla, tras conocerse una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por presunto abuso sexual de menor. Según la denuncia, los hechos ocurrieron en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Suan (Atlántico).
Ospino Ospino, Rafael Enrique (Arquidiócesis de Barranquilla). Denunciado el 24 de febrero de 2023 ante la curia por abuso sexual de menor. Según la arquidiócesis, los hechos ocurrieron entre 2005 y 2012 en la parroquia San José Obrero, del barrio Primero de Mayo, en Barranquilla. El cura fue suspendido del sacerdocio y su caso fue notificado a la Fiscalía el 29 de junio de 2023.
Quintero Gómez, Luis Eduardo (Arquidiócesis de Manizales). Capturado el 24 de octubre en Manizales por actos sexuales con menor de catorce años. Ese mismo día, un juez de control de garantías declaró ilegal su captura. Es el párroco de María Auxiliadora, en el barrio Aranjuez. Se ordenó sacerdote en 1991 para la Diócesis de Sonsón-Rionegro, pero trabajó en dos parroquias de la Diócesis de Girardota hasta 2013, cuando fue trasladado a Manizales. Cinco años más tarde fue vinculado oficialmente al clero de esta ciudad. Fue párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, en Chinchiná, y de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Palestina.
La comunidad de los agustinos recoletos es una de las instituciones religiosas que se niegan a entregar el archivo secreto. En la respuesta incompleta que enviaron, dieron cuatro casos sin dar los nombres de los sacerdotes denunciados. En la primera edición del libro aparecen como sin nombre, pero aquí los revelamos: Arturo Enrique Arrieta Aguas, Alexánder Martínez Dimaté, Jhon Henry Parra Pancha y Pompilio Blanco Rojas.
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