Sigue destapándose el prontuario de Francisco Javier Martínez Ardila, exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Buenaventura y más conocido como Pacho Malo. Esta vez por un expediente judicial, precluido el 28 de julio de 2021 en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura.
Una investigación del periodista Daniel Coronell, publicada el 19 de noviembre de 2023, demostró que Martínez Ardila lideraba una red de narcotráfico de la que Martha Mancera tenía conocimiento. No obstante, dos días después, en una entrevista radial, la ahora fiscal general encargada negó esa información. Pacho Malo fue capturado el 22 de febrero en Medellín, pero por acusaciones de contrabando y no de narcotráfico. La investigación matriz por estos últimos hechos desapareció de la Fiscalía, según contó El Espectador.
Sin embargo, CasaMacondo tuvo acceso a otro expediente judicial que vincula a Martínez Ardila con el narcotráfico.
El cargamento
El 6 de abril de 2016, los agentes del CTI Francisco Javier Martínez Ardila y Rafael Antonio Tabares Mosquera, y dos militares, Julio César Medina, de la Infantería de la Segunda Brigada de la Armada Nacional y otro uniformado que no fue identificado, interceptaron un vehículo cargado con «alcaloides» en el corregimiento de Potedó, en Buenaventura. Los infantes de marina del Batallón Fluvial N.º 24 alertaron a las autoridades.
Después de haber apagado sus teléfonos durante todo el día, ignorando las llamadas que la Fiscalía les hizo desde las 11 de la mañana para preguntar por la operación ilegal, los agentes aparecieron hacia las 4:50 de la tarde en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Buenaventura y entregaron el vehículo, pero sin capturados y sin ningún reporte de las drogas que supuestamente habían interceptado.
Solo el 22 de septiembre de 2016, casi seis meses después, la Fiscalía inició las indagaciones contra los tres hombres plenamente identificados por abuso de función pública, pues habían adelantado este procedimiento un día que no estaban laborando, sin informarles a sus superiores, sin una orden de trabajo ni una orden de un fiscal. En su defensa, Martínez y Tabares argumentaron que se trató de una situación «que salió de un momento a otro» y que llamaron a Omar Bonilla, el jefe de Investigaciones, pero que no había señal y no les contestó. Bonilla solo les hizo un llamado de atención.
La Fiscalía nunca investigó a los cuatro hombres ni preguntó por el paradero de la droga interceptada el 6 de abril de 2016; la directora seccional de la Fiscalía en el Valle entre abril de 2014 y mayo de 2017 era Martha Mancera, hoy fiscal general encargada. Por el contrario, esperaron los cinco años que necesitaban para solicitar la preclusión, la cual pidieron el 28 de julio de 2021. Lo hizo el fiscal José Marino Bejarano García ante el juez cuarto penal del Circuito de Buenaventura, Eder Arnoldo Guzmán Monroy, quien en diecinueve minutos despachó el caso y aceptó la petición del fiscal. El juez Guzmán fue condenado por el Tribunal Superior de Buga el 29 de marzo de 2023 por el delito de prevaricato por acción y en junio de 2023 fue destituido e inhabilitado por diez años para ejercer como juez.
Los cuatro protagonistas
Francisco Javier Martínez Ardila trabajó once años en la Fiscalía, hasta que el 24 de noviembre de 2023, cuando fue trasladado de Buenaventura a Roldanillo y Sevilla en el Valle del Cauca, y cuatro días más tarde a la seccional de la Fiscalía en Antioquia. Estos traslados se dieron justo después de que la prensa descubriera los nexos de Martínez con el narcotráfico y la protección de Martha Mancera, quien había sido informada de las actividades delictivas del agente.
Por cuenta de su traslado a Antioquia, Martínez interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía, alegando que le fueron vulnerados sus derechos de la unión familiar y el mínimo vital, pues sus cuatro hijos viven en Pereira, ciudad a la que puede viajar más fácilmente y con frecuencia desde Buenaventura, su anterior sitio de trabajo. Pero, además, informó que desde febrero de 2023 tiene problemas de salud; diagnóstico que refutó la junta médica de la Fiscalía argumentando que no se trataba de algo grave.
Martínez perdió la tutela en primera instancia e impugnó, y el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia el 30 de enero de 2024. Los jueces coincidieron en que el agente debió haber acudido a la jurisdicción administrativa. Tres semanas después de esta decisión, fue capturado en Medellín y trasladado a Pereira y enviado a prisión el 27 de febrero.
Por su parte, Rafael Antonio Tabares Mosquera, el otro agente del CTI que interceptó el vehículo cargado de drogas, es socio de Pacho Malo «en la contaminación de buques, a través de buzos, en el puerto de Buenaventura», una práctica que consiste en cargar con cocaína los barcos que salen del puerto, según reveló la Revista Raya.
CasaMacondo está trabajando en la identificación del segundo militar involucrado en la interceptación del cargamento de droga y en averiguar el paradero de Julio César Medina. Contactamos a Francisco Martínez y Rafael Tabares pero no han respondido.
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