Muy pocas denuncias por abuso sexual infantil contra sacerdotes terminan en el escritorio de un fiscal. Un número aún menor logran una condena penal y sobrarían dedos de la mano si hablamos de las condenas civiles contra la Iglesia católica en Colombia. Existían dos, según la investigación publicada en el libro El archivo secreto: El Espinal, Tolima, y Manizales, Caldas.
La abogada Paola Giraldo logró la tercera en 2022, contra el Obispado Castrense y la comunidad religiosa Hijos de la Sagrada Familia. La historia se remonta a 2014, cuando el sacerdote Freddy Orlando Rodríguez Cuéllar fue suspendido del sacerdocio por haber abusado sexualmente de dos hermanos menores de edad. El cura fue capturado ese año y condenado a ciento doce meses de prisión en 2015, después de haber aceptado los cargos en el juicio. Rodríguez falleció en la cárcel en 2019.
Dos años más tarde, los sobrevivientes tocaron las puertas del bufete Galvis Giraldo Legal Group para demandar civilmente a la Iglesia católica. El caso lo asumió la abogada Paola Giraldo y el 4 de noviembre de 2022 la jueza Alba Lucía Goyeneche Guevara, del Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, condenó al Obispado Castrense y a los Hijos de la Sagrada Familia a reparar con sesenta salarios mínimos a los dos sobrevivientes. La jueza Goyeneche también les ordenó adoptar «todas las medidas administrativas y simbólicas para reparar el daño causado y en donde se pida perdón públicamente a las víctimas y su familia; así como reconocer públicamente el menoscabo causado a la confianza de los creyentes en la religiosidad».
Para sorpresa de la abogada Giraldo, la institución que más habla del perdón pagó la reparación económica pero se ha negado a pedirles perdón a los hermanos. De hecho, el obispo castrense Víctor Manuel Ochoa y su abogado Marcel Fernando Tangarife Torres han interpuesto recursos para no cumplir esa orden judicial, argumentando que el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la sentencia de primera instancia el 30 de enero de 2024, no mencionó la orden de pedir perdón.
Ochoa y Tangarife han apelado a todo tipo de argucias en este trámite, y hasta cometieron un delito. La abogada Paola Giraldo los denunció por fraude procesal por falsear información de un sitio web de la Iglesia católica en el que reposaba el correo electrónico del Obispado Castrense. El obispo y su abogado habían solicitado la nulidad del proceso porque, supuestamente, desconocían el correo al que les notificaron la demanda. Pero la abogada logró demostrar que el correo que falsearon era el del Obispado y que sí habían sido notificados. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que le dio la razón a la litigante. A pesar de que Ochoa y Tangarife quedaron en evidencia, los magistrados no compulsaron copias a la Fiscalía para que los investigara y, de ser el caso, les imputara cargos.
Los curas castrenses denunciados por abuso sexual
Las Fuerzas Militares de Colombia tienen su propio obispo y jurisdicción eclesiástica. Se llama el Obispado Castrense, el cual depende económica y organizacionalmente del Ministerio de Defensa. Son sacerdotes financiados con recursos públicos.
Freddy Orlando Rodríguez Cuéllar es solo uno de los cinco casos conocidos de sacerdotes castrenses denunciados por abuso sexual de menores. Su obispo, Víctor Manuel Ochoa Cadavid, se negó a cumplir una orden de tutela que lo obligaba a entregar el archivo secreto del Obispado Castrense, donde se encuentra la totalidad de sacerdotes denunciados.
A Rodríguez Cuéllar se suma Mario Alberto Acero Acosta, expulsado del sacerdocio por una denuncia por abuso sexual de menores el 18 de enero de 2019. No consta que el obispo Víctor Manuel Ochoa haya remitido la denuncia a la Fiscalía.
El tercero es Álvaro de Jesús Arango Rivera, expulsado del sacerdocio por abusos el 14 de febrero de 2014. El cura fue «exonerado por la Fiscalía de Leticia», aseguró el Obispado Castrense en respuesta a un derecho de petición. La Diócesis de Vélez, en Santander, conoció otra denuncia por abuso de menores registrada en 2010, pero el entonces obispo de esa diócesis, Luis Albeiro Cortés, no la remitió a la Fiscalía, pero sí a su homólogo castrense Fabio Suescún, al momento de transferir al sacerdote al Obispado Castrense.
El cuarto, Juan Carlos González Saucedo, fue denunciado en la Fiscalía de Bogotá por «acto sexual con menor de catorce años agravado». Los hechos ocurrieron mientras el sacerdote ejercía en el Colegio Gimnasio Militar de la Fuerza Aérea Colombiana, en el sur de Bogotá. Según el investigador de la Fiscalía, González tuvo una «posición o cargo que le [dio] particular autoridad sobre la víctima o la [impulsó] a depositar en él su confianza». La denuncia fue archivada.
En su defensa, González le dijo a CasaMacondo que «una alumna, secundada por otras tres, presentó una “denuncia” de una supuesta solicitud de un beso de mi parte. Obviamente ante dicho argumento, y considerando la edad de la alumna, las directivas del colegio procedieron como debían hacerlo siguiendo la ruta establecida para dichos casos. Las circunstancias llevaron a que se hiciera la respectiva investigación por parte de la Fiscalía. El resultado de esa investigación fue que los argumentos de la estudiante eran falsos y que el testimonio de las compañeras también». No fue posible verificar la defensa de González porque las investigaciones de la Fiscalía que involucran menores de edad tienen reserva.
Finalmente, el quinto sacerdote es Fredy Humberto Osuna Vera. En febrero de 2023 avanzaba un proceso en Roma por una denuncia sobre abusos sexuales contra menores en 2018 y 2022. No consta que el obispo Víctor Manuel Ochoa haya informado a la Fiscalía. En 2011, con ocasión de la Semana Santa, el sacerdote predicó, a través de El Heraldo de Barranquilla: «El Señor nos regala un año entero para que hagamos lo que queramos, pero nos da estos dos días (jueves y viernes) para que se los dediquemos solamente a Él».
La pederastia eclesial en cifras
Este año, la Corte Constitucional se prepara para emitir una sentencia en relación a ciento veinte tutelas (setenta y cinco ganadas y cuarenta y cinco perdidas) que el periodista Miguel Estupiñán y yo interpusimos contra todos los obispos y superiores de comunidades religiosas del país. De ser favorable para el acceso a la información en Colombia, la sentencia obligaría a la Iglesia católica a entregarnos el archivo secreto, donde reposan las denuncias por pederastia y abuso sexual contra sacerdotes.
Con la poca información que hasta la fecha nos han entregado los obispos y superiores de comunidades religiosas, el 13 % de la solicitada, escribimos el libro El archivo secreto. La obra saca a la luz los nombres de 575 sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual, 94 % de ellos en los últimos veinte años.
A la Fiscalía fueron remitidas 345 denuncias contra esos sacerdotes, en su gran mayoría por las propias víctimas. Desde 2022, la Iglesia católica ha puesto en conocimiento de la Fiscalía apenas cuarenta casos, pero solo después de que los altos jerarcas recibieran un derecho de petición para la investigación de El archivo secreto.
Hasta el momento, solo ha habido 51 condenas penales en Colombia y 9 en el exterior. A 16 curas los absolvieron jueces de la república o de otros países. En total, 155 de estos sacerdotes ejercen actualmente.
El archivo secreto en voz alta
En CasaMacondo creemos en la información libre, sobre todo cuando es de interés general. Por esto, nueve periodistas, junto a los autores de El archivo secreto, leyeron en voz alta los doce capítulos del libro. Aquí pueden encontrar la lista de reproducción.
También queremos que los 575 casos de sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual que están registrados en El archivo secreto sean leídos por ciudadanos que quieran sumar su voz para que estas historias no queden en el olvido. Si quieres participar de esta lectura colectiva, escríbenos a direcciongeneral@casamacondo.co manifestando tu interés en leer uno de los casos. Te responderemos con una historia para que la leas y la grabes en un video selfi que nos enviarás por correo electrónico.
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