Era un trámite administrativo sin mayor apariencia. El 3 de octubre de 1986, desde la sede de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en la Plaza del Santo Oficio, en Roma, salió una carta hacia Múnich. La firmaba el cardenal Joseph Ratzinger, el hombre que durante veinticuatro años sería el guardián de la ortodoxia católica y que, en 2005, sería elegido Papa bajo el nombre de Benedicto XVI. La carta era un documento escueto: autorizaba al capellán Peter H. a celebrar la misa usando jugo de uva en lugar de vino, por su severa intolerancia al alcohol.
Ni una palabra sobre lo que la Arquidiócesis de Múnich había omitido mencionar en su petición: que ese mismo sacerdote acababa de ser condenado por un tribunal civil, acusado de abuso sexual de menores y posesión de pornografía infantil. Los investigadores de Correctiv —medio de investigaciones periodísticas alemán con sede en Essen y Berlín— obtuvieron esa carta en 2023 y notaron algo que ninguno de los expertos y archivistas que consultaron pudo explicar con satisfacción: la misiva carecía de número de protocolo.
En el universo burocrático del Vaticano, que posee uno de los sistemas de archivo más antiguos y meticulosos del mundo, todos los documentos llevan un número. El detalle no era menor. Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe volvió a recibir denuncias sobre Peter H. en 2010, después de que el New York Times y el Süddeutsche Zeitung revelaran su historial, el expediente fue abierto con un número de protocolo nuevo: 163-2010, sin continuación de ningún expediente anterior.
Los dedos detrás
Peter H. nació en 1947 en Gelsenkirchen, en el centro oriente de Alemania, y fue ordenado sacerdote en 1973. Casi de inmediato comenzó a abusar de niños en la parroquia de Bottrop, donde ejercía como capellán. Lo trasladaron a Essen. Allí volvió a abusar. En 1979, los padres de una víctima presentaron cargos ante las autoridades, pero los retiraron después de que la diócesis prometió reubicar al criminal. A comienzos de 1980, la Diócesis de Essen envió una carta a la Arquidiócesis de Múnich preguntando si podían acoger temporalmente al sacerdote para que recibiera psicoterapia.
El 15 de enero de 1980, la Arquidiócesis de Múnich aprobó la solicitud. Joseph Ratzinger era entonces su arzobispo. Durante años, sus voceros negaron que hubiera asistido a ese encuentro, pero los documentos demuestran lo contrario. Pese a la certeza de sus crímenes, Peter H. fue asignado a una parroquia en Grafing, donde volvió a abusar de niños. Finalmente, un tribunal lo condenó en el verano de 1986. Semanas después, Joseph Ratzinger firmó la carta en la que lo autorizó para que, dada su intolerancia al alcohol, convirtiera el jugo de uva en la sangre de Cristo.
Entre 1987 y 2008, Peter H. ejerció como párroco en Garching an der Alz, un pueblo de menos de diez mil habitantes, bajo la supervisión informal del obispo auxiliar Heinrich von Soden-Fraunhofen, amigo de infancia de Joseph Ratzinger, a quien visitó en 2000 allí, en Garching. ¿En ese encuentro, el cardenal que cinco años después sería elegido Papa, vio al criminal Peter H.? Georg Gänswein, el secretario personal de Ratzinger, dijo que no. Pero el propio Peter H. afirmó lo contrario. ¿Cuál de tantos hombres de dios mintió?
Joseph Ratzinger firmó la carta en la que lo autorizó para que, dada su intolerancia al alcohol, convirtiera el jugo de uva en la sangre de Cristo.
Siendo párroco en Garching an der Alz, Peter H. continuó abusando de niños, amparado por el encubrimiento de sus superiores. Debieron pasar casi cuatro décadas para que en 2016 un tribunal canónico lo declarara culpable y lo apartara de sus funciones sacerdotales. Solo hasta 2022, el criminal Peter H. fue finalmente despojado de su investidura de cura. Ese año también empezó un juicio civil en Traunstein, impulsado por Wilfried Fesselmann, una de sus primeras víctimas documentadas. El pederasta declaró como testigo, pidió disculpas por el dolor causado y negó algunos de los hechos.
¿Qué pasó con la carta de 1986?
Correctiv confirmó, a través de la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Múnich, que tanto la solicitud original como la carta de Joseph Ratzinger deberían estar archivadas en el expediente personal del sacerdote en Múnich. La Diócesis de Essen, que también debería tener copias, afirma poseer únicamente la dispensa en sí, no la solicitud. En cuanto a Roma, en 2023 monseñor Georg Gänswein, secretario privado del ya difunto Benedicto XVI, reveló que había gestionado los papeles del pontífice emérito después de su muerte, en diciembre de 2022.
Parte de los documentos fueron enviados al Dicasterio para la Doctrina de la Fe o al Archivo Apostólico Vaticano. La correspondencia privada, según indicó, fue destruida. Sin número de protocolo, la carta podría no existir en ningún sistema de búsqueda. Si fue enviada al archivo, no hay forma de encontrarla. Si fue destruida, tampoco queda rastro. El laberinto de encubrimiento de uno de los cardenales más poderosos de la Iglesia, revestido de Sumo Pontífice, fue perfecto.
La investigación de Correctiv, que comenzó a principios de 2024 y cuyos resultados se publicarán en un documental, un libro, una obra de teatro y un sitio web, partió de esa carta para buscar otras. El equipo identificó once casos durante el periodo en que Joseph Ratzinger presidió la Congregación para la Doctrina de la Fe, entre 1981 y 2005, y obtuvo documentos de nueve de ellos, provenientes de Alemania, Estados Unidos, Italia, Australia, Portugal y Colombia, aportados por CasaMacondo.
Los hallazgos de los investigadores alemanes confirman la existencia de un archivo secreto dentro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que contiene denuncias de abuso clerical desde la década de 1920. A diferencia del resto de los archivos vaticanos —algunos de los cuales han sido abiertos parcialmente a la investigación histórica—, este fondo está destinado a permanecer cerrado de forma permanente. Nadie ajeno a la institución ha podido consultarlo. Su apertura revelaría el rastro de las decisiones tomadas —o evitadas— por obispos, cardenales y papas en cientos de miles de casos.
Varios documentos de 1930 revelan el origen remoto de esa política de encubrimiento de la máxima jerarquía romana. Dos hallazgos resultan especialmente perturbadores. El primero: cuando los obispos alemanes temieron que los nazis pudieran usar los expedientes sobre sacerdotes abusadores como instrumento de chantaje y el Vaticano les dio libertad para gestionar a los perpetradores a su entera discreción. El segundo: en la primavera de 1938, cuando las tropas de Hitler ocuparon Austria, la Santa Sede ordenó a los obispos austríacos quemar los archivos sobre sacerdotes pederastas, conservando únicamente una lista con sus nombres. La destrucción de evidencia no fue un accidente. Fue una política.
Colombia en el mapa criminal
La política de silencio no fue una anomalía exclusiva de Europa. En 2004, la Diócesis de Pereira reportó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces encabezada por Joseph Ratzinger, el caso del sacerdote Jairo Alzate Cardona, acusado de realizar tocamientos a un niño que servía como acólito. El expediente lleva el número de protocolo 578/2004. La respuesta del Vaticano tardó más de un año. Solo hasta enero de 2006, la Congregación para la Doctrina de la Fe ordenó la apertura de un proceso administrativo penal.
Pero la gestión local de la crisis ya había tomado otro camino: en lugar de denunciar el caso ante las autoridades civiles, la diócesis optó por una «corrección fraterna» del pederasta, que incluyó una exhortación para que modificara su conducta. En 2005, Jairo Alzate Cardona fue suspendido temporalmente de sus funciones y enviado durante seis meses a una casa de retiro en La Ceja, Antioquia, una de las instituciones que la Iglesia utilizó para alojar a clérigos acusados de pederastia mientras recibían tratamiento psicológico y espiritual.
La destrucción de evidencia no fue un accidente. Fue una política.
En 2008, tres años después, el obispo Tulio Duque Gutiérrez consideró superado el tratamiento del cura pederasta, le devolvió las licencias ministeriales y lo nombró vicario de la parroquia de La Santísima Trinidad, en Pereira. Pero el obispo nunca informó a las autoridades civiles ni a las comunidades educativas los antecedentes del sacerdote sus actos de abuso sexual contra niños. Gracias a ese amparo, Jairo Alzate Cardona consiguió trabajo como profesor de matemáticas en la Institución Educativa El Dorado. Ese mismo año, en marzo de 2008, abusó de un niño de diez años en las instalaciones del colegio.
Ante los tribunales, el obispo Tulio Duque Gutiérrez justificó su conducta con una frase que quedó registrada y que CasaMacondo dio a conocer en un informe: «Un obispo tiene que ser un padre, no un policía ni un juez». La comparación que usó para explicar su lógica de encubrimiento fue la de una madre que protege a sus hijos ante las quejas de otros. A pesar de los informes enviados a Roma, el sacerdote mantuvo sus funciones parroquiales tres años más, hasta 2011, cuando fue capturado y condenado a ochenta y cinco meses y diez días de prisión por dos cargos de abuso sexual.
En 2012, durante el proceso judicial, el obispo Tulio Duque Gutiérrez admitió en audiencia que sabía del primer abuso desde 2004 o 2005. Años después, en 2023, el Tribunal Superior de Pereira resolvió una apelación de la familia y confirmó que la Diócesis no era responsable. Pero el 27 de julio de 2025, la Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia SU-315/25, estableció un hito histórico: declaró la responsabilidad civil de la Iglesia católica por los hechos de 2008.
El alto tribunal no solo ordenó la reparación integral de las víctimas, sino que también dispuso que la Fiscalía investigara penalmente al obispo por no denunciar al agresor sexual. El fallo fue explícito: el llamado secreto pontificio no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales de los niños. Jairo Alzate Cardona, el cura abusador de menores amparado por su obispo, murió en una cárcel de Medellín en 2014.
En el confesionario, en el dormitorio…
En la escuela de sordos St. John’s, en los suburbios de Milwaukee, Wisconsin, los niños aprendieron a desconfiar del sacerdote que mejor los entendía. El padre Lawrence Murphy era el único del personal que dominaba el lenguaje de señas con fluidez. Recaudaba fondos para la institución, era querido por las familias, tenía el aspecto de un hombre piadoso. Entre 1950 y 1974 abusó sexualmente de hasta doscientos niños sordos: en el confesionario, en los dormitorios, en armarios bajo las escaleras, en su automóvil, en la casa de su madre, durante los viajes de recaudación de limosnas…
Arthur Budzinski tenía doce años cuando buscó al sacerdote para confesarse. Murphy lo condujo a un clóset bajo las escaleras y lo agredió sexualmente. El año siguiente, Budzinski volvió a la oficina del cura, esta vez buscando otra cosa: Murphy lo llevó a una habitación contigua y lo volvió a agredir. La tercera vez fue en el dormitorio, en su propia cama. Budzinski pasó décadas tratando de alertar a las autoridades. Junto con otros sobrevivientes, repartió panfletos informativos afuera de la catedral de Milwaukee durante más de treinta años. Pocos quisieron escucharlo.
En 1993, el Arzobispado de Milwaukee contrató a un especialista en trastornos sexuales para evaluar a Lawrence Murphy. Tras cuatro días de entrevistas, el experto informó que el sacerdote había admitido sus actos, que probablemente había abusado de alrededor de doscientos niños y que no mostraba ningún signo de remordimiento. No fue sino hasta 1996 que el arzobispo Rembert Weakland escribió al cardenal Joseph Ratzinger en Roma solicitando permiso para iniciar un proceso canónico que condujera a la expulsión de Lawrence Murphy del sacerdocio.
Joseph Ratzinger no respondió las dos primeras cartas. Ocho meses después, su segundo al mando, el cardenal Tarcisio Bertone, autorizó a los obispos de Wisconsin a iniciar en secreto un juicio canónico. El proceso estaba en marcha cuando Lawrence Murphy, ya anciano y enfermo, escribió directamente a Ratzinger: pedía que lo dejaran en paz porque había dedicado su vida a los sordos y el procedimiento era demasiado tardío. En mayo de 1998, el arzobispo de Milwaukee voló a Roma y se reunió con el equipo del cardenal. Las notas de ese encuentro son contundentes: la Congregación para la Doctrina de la Fe «no nos alentaba a proceder con ningún despido formal».
Lawrence Murphy murió ese mismo año sin recibir ninguna sanción y fue enterrado con las vestimentas y los honores de un sacerdote católico en plena comunión con la Iglesia. El Vaticano calificó el caso de «trágico» y afirmó que no había tenido conocimiento formal del asunto hasta los años noventa, décadas después de que la policía civil hubiera revisado las denuncias. Los expertos consultados por Correctiv califican ese tipo de excusas como argumentos para justificar lo que en realidad era una política de encubrimiento, una decisión de amparo dispuesta desde el Vaticano.
Entre 1950 y 1974 abusó sexualmente de hasta doscientos niños sordos: en el confesionario, en los dormitorios, en armarios bajo las escaleras.
Mentiras y crímenes santificados
En 1985, el obispo de Oakland, California, escribió a Joseph Ratzinger con una petición urgente: quería expulsar del sacerdocio a Stephen Miller Kiesle, condenado por la justicia civil por abuso sexual. La respuesta de Ratzinger llegó con demora. En ella, el cardenal reconocía que los argumentos para la expulsión eran de «grave importancia». Sin embargo, se negó a proceder. Su justificación fue que debían considerar el bien de la «Iglesia Universal» y el posible daño a la comunidad de fe que produciría la expulsión de un sacerdote tan joven.
En lugar de una sanción, el cardenal le pedía al obispo firmante de esa carta «un periodo de tiempo más largo» para reflexionar y recomendaba al obispo brindarle a Kiesle un «cuidado paternal». Dos años más tarde, en 1987, Stephen Miller Kiesle fue despojado de su investidura de cura y en 2002 fue condenado por abusos sexuales contra menores de edad. Los casos de sacerdotes pederastas protegidos desde el Vaticano están bien documentados. Tras algunos de ellos emerge Joseph Ratzinger como un consumado titiritero, moviendo los hilos para un telón de dilación y amparo.
En la región de Torres Novas, en el centro de Portugal, a mediados de la década de 1950, un fraile franciscano llegó de visita a casa de una familia. Era una práctica habitual: los religiosos viajaban por la región predicando y recibiendo donaciones para su orden, y se alojaban en casas particulares. La hija de los dueños, de seis años, acompañó al fraile hasta la habitación donde se hospedaría. Él la invitó a entrar. Lo que ocurrió a continuación lo relató la propia víctima, décadas después, ante la comisión independiente que investigó los abusos en la Iglesia portuguesa.
En 1972, presumiblemente por gestiones del Patriarcado de Lisboa, el fraile fue reportado a la Congregación para la Doctrina de la Fe. La sanción impuesta fue la prohibición de escuchar confesiones. En julio de 1991, el Patriarca de Lisboa escribió a Roma solicitando el levantamiento de la pena. El 11 de septiembre de ese año, Joseph Ratzinger firmó la respuesta: la sanción se levantaba parcialmente. El fraile ya no podría confesar en el distrito de Lisboa, pero sí en el resto del país. Las transferencias periódicas que lo habían llevado a vivir cerca de una escuela en Braga, según los franciscanos, no tenían ninguna razón particular.
La sobreviviente de su agresión sexual afirmó ante la comisión que jamás había hablado del abuso con nadie antes de dar su testimonio. No hay explicación conocida de por qué el caso llegó a Roma en 1972. El Patriarcado afirma no tener registros. Los franciscanos dicen no poseer ningún documento salvo la carta firmada por Joseph Ratzinger. El fraile murió en 1999, con la sola prohibición de no escuchar confesiones en Lisboa, nada más.
El caos que no era caos
Una de las conclusiones más perturbadoras de la investigación de Correctiv es la que sugiere que el caos administrativo del Vaticano no era desorden, sino sistema. Los once casos identificados durante la prefectura de Joseph Ratzinger evidencian un patrón revelador: algunos expedientes tardaron años en recibir respuesta, otros se resolvieron en semanas. La dispensa para el jugo de uva de Peter H., por ejemplo, fue tramitada en menos de tres meses. Pero las solicitudes para expulsar a sacerdotes abusadores podían languidecer durante años, hasta que el acusado moría o abandonaba el ministerio por su propia voluntad, sin haber rendido cuentas.
Las instrucciones vaticanas de 1922 y 1962 establecían claramente que la Congregación para la Doctrina de la Fe era la autoridad máxima y obligatoria para decidir sobre los delitos de abuso sexual contra menores, clasificados bajo la categoría de crimen pessimum o graviora delicta, es decir los más graves contra la fe, los sacramentos o la moral. Varios funcionarios vaticanos han alegado posteriormente que no conocían esas normas o no estaban seguros de su vigencia. Los canonistas consultados por Correctiv son categóricos: esas son excusas. Las reglas eran conocidas, y el caos era una herramienta de amparo y encubrimiento.
A esto se suma la reciente orden de destruir la correspondencia privada de Benedicto XVI tras su muerte en diciembre de 2022. Cartas que tardan años en ser respondidas, expedientes sin número de protocolo, archivos quemados y correspondencia privada incinerada, todas piezas de un engranaje diseñado para que la institución no pudiera ser rastreada, igual que una serpiente que se enrosca para no ser vista.
Pero las solicitudes para expulsar a sacerdotes abusadores podían languidecer durante años, hasta que el acusado moría o abandonaba el ministerio por su propia voluntad, sin haber rendido cuentas.
Lo que el archivo podría revelar
En enero de 2026, el papa León XIV —el primer pontífice estadounidense, elegido en mayo de 2025 tras la muerte del papa Francisco— se dirigió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe para insistir en que los casos de abuso deben manejarse con «verdad, justicia y caridad». Sus palabras fueron calculadas: no mencionó a las víctimas. Tampoco habló de abrir archivos.
El archivo secreto del Dicasterio sigue cerrado. Si algún día se abriera, permitiría rastrear décadas de decisiones sobre centenares de miles de casos. Quién sabía qué, cuándo lo supo y qué eligió hacer. Por ahora, ese registro permanece fuera del alcance de la historia, de la justicia y de las víctimas. El diseño, como lo demuestran los documentos que Correctiv logró recuperar, no fue accidental.
Wilfried Fesselmann, que fue abusado por Peter H. cuando tenía trece años en Essen, esperó décadas para ser escuchado. En 2024 interpuso una demanda civil contra la Diócesis de Essen. La carta sin número de protocolo que Joseph Ratzinger firmó en 1986 sigue sin encontrarse en ningún archivo. Santo silencio.
