Carlos Caicedo, el candidato embargado

Un apartamento de 82,75 metros cuadrados y vista al mar en Santa Marta. Un lote de 420 metros cuadrados en el barrio Mamatoco. Una casa en el sector urbano de esa misma ciudad. Los tres inmuebles —que juntos conforman el portafolio inmobiliario que Carlos Caicedo  reconoce como suyo— llevan inscritas desde junio de 2019 medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo en proceso de Fiscalía. Desde entonces, el político no puede vender, hipotecar ni disponer de ninguno de ellos. Y aun así, quiere ser presidente de Colombia.

Caicedo es, en sentido estricto, el único candidato del ciclo electoral 2026 que llega a las urnas formalmente acusado por la Fiscalía, con juicio oral en curso en el Juzgado Noveno Penal del Circuito, en Bogotá, y con su patrimonio inmobiliario intervenido por el Estado. Una situación que Caicedo atribuye a décadas de persecución política orquestada por los clanes tradicionales del Caribe, y que la Fiscalía llama corrupción.

El hombre que llegó de Aracataca

Caicedo nació el 3 de octubre de 1965 en Aracataca —el mismo municipio que inmortalizó Gabriel García Márquez— y llegó a Santa Marta con el perfil de reformador universitario. Abogado de la Universidad Nacional, con maestría en la Universidad de los Andes y estudios doctorales en Madrid, Caicedo asumió la rectoría de la Universidad del Magdalena en 1997, cuando la institución arrastraba un déficit de 30.000 millones de pesos, tenía menos de dos mil estudiantes y no pagaba a sus profesores. En casi una década, triplicó la cobertura, creó seis facultades nuevas y construyó un campus moderno. El Ministerio de Educación la reconoció, en 2000, como una de las mejores del país.

Fue también en esos años cuando comenzó su larga guerra con el poder establecido del Magdalena. El gobernador Trino Luna —que sería condenado en 2007 por parapolítica— lo señaló públicamente de tener nexos con las FARC y lo denunció ante la justicia. El resultado fue una cascada de investigaciones. En 2006, con Caicedo ya fuera de la rectoría, un fiscal de Santa Marta lo acusó de irregularidades en el pago de cesantías a 47 docentes. En 2007, un juez local lo condenó a ocho años de cárcel. Pagó cuatro años y ocho meses en detención domiciliaria antes de que la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá lo absolviera en 2011, sin encontrar mérito para ningún cargo.

La absolución lo convirtió en mártir político. Meses después, ganó la alcaldía de Santa Marta con la votación más alta en la historia de la ciudad, avalado por el Partido Liberal y con el discurso del outsider perseguido. Fue el primer mandatario distrital de izquierda en una ciudad donde los apellidos Cotes, Díazgranados y Noguera habían mandado durante generaciones.

El perfil inmobiliario: tres propiedades, tres épocas

Los certificados de tradición y libertad revelan tres propiedades vinculadas a Caicedo. Cada una cuenta una historia diferente sobre quién era en el momento de adquirirla.

El apartamento ubicado en el sector Bello Sol de Santa Marta tiene 82,75 metros cuadrados. Caicedo lo adquirió el 11 de abril de 2005 mediante compraventa a la constructora HECOL Ltda. por $76.500.000. En ese momento, acababa de ser suspendido de la rectoría de la Universidad del Magdalena. El inmueble figuraba a nombre compartido con Elisa Rosa Villarroel Acosta, quien luego transfirió su parte a Caicedo. Desde el 14 de junio de 2019, el apartamento registra suspensión del poder dispositivo y embargo en proceso de Fiscalía, y en mayo de 2024, sumó un segundo embargo de la Fiscalía. 

El lote de 420 metros cuadrados en Mamatoco fue adquirido en 2013, cuando Caicedo era alcalde de Santa Marta, a través de una adjudicación en la sucesión de Luis Avendaño Rivera. Caicedo y Villarroel Acosta lo compraron a partes iguales por $44.352.000. En 2015, Caicedo constituyó sobre el predio una hipoteca abierta sin límite de cuantía con BBVA Colombia. Este lote, que según Caicedo es el lugar donde viven sus hijos, acumula 12 anotaciones, con embargos activos de la Fiscalía anotados en 2019 y 2024, y una prohibición de enajenar del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal de abril de 2023.

Una casa de 84 metros cuadrados en el sector urbano de Santa Marta proviene de un desenglobe del INURBE (el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana) de 1995. Caicedo lo adquirió en julio de 2002 por medio de una adjudicación en la liquidación de su sociedad conyugal con Luisa Margarita Gil Olaya. La compra ocurrió justo después de que Caicedo abandonara la rectoría en medio de las primeras tensiones con el gobernador Trino Luna. Este inmueble posee el historial más extenso. Tiene 19 anotaciones, incluidos embargos cancelados de Bancafé, Davivienda y la Contraloría. Actualmente, mantiene embargos activos de la Fiscalía desde 2019 y 2024, además de una prohibición de enajenar inscrita en abril de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

El alcalde constructor y los contratos que lo persiguen

Cuando Caicedo ganó la alcaldía en 2012, prometió sacar a Santa Marta de la Ley 550 de reestructuración de deudas y convertirla en sede de los Juegos Bolivarianos de 2017. Lo logró. Pero en el camino suscribió contratos que hoy alimentan dos procesos penales activos.

El primero involucra la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad, con un contrato por $6.954 millones firmado el primero de abril de 2015. Según la Fiscalía, Caicedo habría direccionado el diseño hacia un arquitecto específico, cuyos planos resultaron incompletos: no incluían materiales para aislamiento térmico ni acústico. Las obras fueron recibidas a satisfacción pese a las fallas, se pagó la mayor parte del contrato y las construcciones quedaron suspendidas en 2018. La Fiscalía le imputó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Caicedo se declaró inocente.

El segundo caso gira en torno al Coliseo Deportivo de Gaira. El contrato de obra número 480, suscrito el 28 de octubre de 2015, preveía la adecuación del coliseo en dos meses y tres días —un plazo que la Fiscalía calificó de abiertamente insuficiente— y terminó generando cinco prórrogas que sumaron 525 días adicionales. La entrega, prevista para diciembre de 2015, ocurrió el 11 de abril de 2019. El detrimento patrimonial estimado asciende a $690 millones. Por esto, la Fiscalía lo acusó formalmente en octubre de 2025. El juicio oral avanza en el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Paloquemao.

El camino procesal no ha sido recto. En mayo de 2025, un fiscal recién incorporado solicitó la preclusión del caso del Coliseo de Gaira, echando por la borda un expediente de 352 folios construido durante años por el fiscal delegado ante la Corte Suprema. La fiscal general Luz Adriana Camargo reaccionó reemplazando a ese fiscal y la acusación prosperó. El episodio, documentado por varios medios, dejó la duda flotando sobre si alguien intentó cerrar el caso antes de que Caicedo formalizara su candidatura.

‘El Robo del Magdalena’ y los $74.789 millones

En febrero de 2023, cuando Caicedo era gobernador, la Fiscalía destapó lo que bautizó como el ‘Robo del Magdalena’: cinco contratos firmados entre 2013 y 2019, con un valor total que superaba los $457.000 millones, en los que identificó irregularidades, incumplimientos y sobrecostos por $74.789 millones. En el proceso figuraban los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga, pero también Caicedo, a quien    le atribuyeron un presunto peculado de $1.670 millones derivado de contratos suscritos durante su alcaldía.

La Fiscalía pidió medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Caicedo respondió con una recusación contra el fiscal general Francisco Barbosa, la vicefiscal Martha Mancera y cuatro fiscales delegados, alegando prejuzgamiento. El Tribunal Superior de Bogotá inscribió la prohibición de enajenar sus propiedades en abril de 2023. Caicedo no aceptó los cargos. Renunció a la gobernación en octubre de ese año, dos meses antes de terminar su mandato —oficialmente para defender a su movimiento político ante la revocatoria de la candidatura de su hermana a la Alcaldía de Santa Marta— y anunció su candidatura presidencial.

La Contraloría General de la República también dejó su marca en los registros inmobiliarios: en octubre de 2021 inscribió un embargo por jurisdicción coactiva sobre el lote de Mamatoco, que fue cancelado en julio de 2023. La Contraloría Departamental del Magdalena hizo lo propio sobre el mismo predio en 2016, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal ligado a la Universidad del Magdalena, y levantó la medida en noviembre de 2017.

El gobernador y las denuncias de acoso sexual

En enero de 2026, cuarenta y ocho horas después de que Caicedo formalizara su candidatura presidencial, el abogado y exdirector del CTI Julián Quintana radicó ante la Fiscalía una denuncia en nombre de cuatro mujeres que lo acusaron de acoso sexual, actos sexuales abusivos y acceso carnal con persona incapaz de resistir, presuntamente ocurridos entre 2020 y 2023, durante su gobernación. Los testimonios describen un patrón: el acceso a cargos, ascensos y estabilidad laboral estaría condicionado a aceptar propuestas sexuales. Mensajes de texto, según los medios que los publicaron, mostraban un lenguaje explícito atribuido al candidato.

Caicedo negó todo y calificó las denuncias de «operación de desprestigio». Señaló que quienes las difundieron tenían militancias políticas adversas a su movimiento. La denuncia penal está en etapa de indagación en la Fiscalía y no hay hasta ahora imputación por estos hechos. La presunción de inocencia lo cubre. Pero la combinación de acusaciones —corrupción contractual ya en juicio oral, y denuncias de abuso sexual en curso— dibuja el retrato de un candidato que ha convertido la pugna con el aparato judicial en el núcleo mismo de su narrativa política.

La JEP, el lawfare y el relato que lo sostiene

La Jurisdicción Especial para la Paz le dio en 2023 una herramienta de peso político: un reconocimiento formal de que había sido víctima de estigmatización, hostigamiento y persecución judicial. Según la JEP, esos hechos no fueron incidentes aislados sino una estrategia sistemática vinculada a estructuras paramilitares en el Magdalena. El tribunal no lo absolvió de los procesos penales en curso —no tiene esa competencia— pero le otorgó el sello de perseguido político que Caicedo porta como escudo y como bandera.

Con ese argumento ha enfrentado más de 700 denuncias a lo largo de su carrera pública, de las cuales asegura haber sido exonerado en más de 400. Llama a todo el fenómeno lawfare. Sus seguidores lo ven como la encarnación de la resistencia contra los caciques del Caribe. Sus detractores lo ven como un funcionario que ejerció el poder durante años, contrató por miles de millones y ahora presenta la cuenta judicial como si fuera una medalla.

Lo cierto, y lo que los registros inmobiliarios constatan sin interpretación posible, es que Carlos Caicedo llega a la recta final de una campaña presidencial con las tres propiedades que reconoce como suyas intervenidas por el Estado, con un juicio penal en curso por los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y con una acusación adicional en trámite por corrupción en centros de desarrollo infantil.