Abelardo de la Espriella hizo negocios con un testaferro del Cartel del Norte del Valle

El mapa del patrimonio de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero esconde un hallazgo en las anotaciones del inmueble que funciona como su centro de operaciones en Bogotá. Se trata del Lawyers Center, ubicado en la Carrera 13 con Calle 82, un enclave estratégico en el sector de El Lago. El edificio se llamaba Silver cuando el abogado compró en 2009 el apartamento 101 por 210 millones de pesos.

Un año después, en mayo de 2010, lo hipotecó. El beneficiario de esa hipoteca fue Santiago Barón Soto, un empresario de Rionegro, Antioquia. En agosto de ese mismo año, De la Espriella firmó una escritura de aclaración en la que se reconoció deudor de Barón Soto por 300 millones de pesos. La cifra superaba en noventa millones el valor de compra del apartamento, un margen de endeudamiento inusual para un activo recién adquirido. Cuatro meses después, en octubre de 2010, el negocio fue cancelado por voluntad de las partes.

Lo que los registros notariales no revelan, pero los expedientes de la Fiscalía sí, es la identidad de Santiago Barón Soto. Un informe de policía judicial de 2020 lo vincula como propietario de un lote en la Parcelación Santillana, en Guaymaral, bien que tiene inscrito un embargo por extinción de dominio desde 2013. La medida surgió tras las investigaciones  contra los hermanos y narcotraficantes palmiranos Álvarez Meyendorff, quienes radicaron su sede criminal en Argentina, para evadir a los tribunales colombianos.

Documentos federales en Estados Unidos señalan que el clan de los Álvarez Meyendorff, históricamente vinculados con el Cartel del Norte del Valle, utilizó tecnología de punta, como minisubmarinos, para exportar toneladas de cocaína, mientras Barón Soto aparecía en el radar doméstico como propietario de bienes relacionados con investigaciones patrimoniales derivadas de esa estructura criminal. Su nombre también quedó impreso en memoriales judiciales que lo vinculan con un agudo conflicto por la posesión de 120 hectáreas en Bayunca, Bolívar. Allí, comunidades campesinas denunciaron maniobras de despojo y el uso de vigilancia privada para cercar predios que los nativos reclamaban como poseedores ancestrales.

La sofisticación del clan Álvarez Meyendorff incluyó una red de 200 inmuebles que servían como nodos de lavado en todo el país. Ignacio Álvarez Meyendorff fue capturado en Buenos Aires en 2011 para su extradición a Nueva York. Según distintos expedientes judiciales y reportes periodísticos de la época, el abogado y periodista taurino José Gregorio Barney Martínez actuó como asesor jurídico en estructuras societarias y comerciales posteriormente vinculadas con redes de lavado y captación ilegal de dinero. Fue asesinado el 15 de septiembre de 2008 en el norte de Bogotá. Un sicario entró a un local de la calle 94 y le disparó tres veces.

Su muerte ocurrió apenas ocho semanas antes de que el Gobierno interviniera la captadora DMG, empresa cuyos estatutos él mismo diseñó y registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Barney Martínez fue el puente documental entre las estructuras del Cartel de Cali y sus sucesores en el Norte del Valle. Su experiencia en la creación de sociedades y vehículos comerciales apareció mencionada en investigaciones relacionadas con la arquitectura financiera de DMG. Era el hombre que sabía convertir el rastro del dinero sucio en folios de contabilidad impecable.

La bonanza de los casos

El negocio con Barón Soto se entrelaza con un periodo de vertiginoso ascenso patrimonial de De la Espriella que coincide con sus causas más rentables. En noviembre de 2006, mientras ejercía la defensa de figuras de la parapolítica como la exrepresentante Rocío Arias y el exsenador Dieb Maloof, adquirió un penthouse en el Edificio Mar de Leva de Cartagena por 800 millones de pesos. En 2008, sumó a su portafolio la Finca Polonia en Sucre y un apartamento en el Edificio Ceres de Bogotá.

Ese año asumió la defensa de David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG. Según interceptaciones telefónicas reveladas años después, integrantes del equipo contable de la captadora discutieron la entrega de 760 millones de pesos para que el abogado gestionara ante el Congreso la modificación de leyes que penalizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo. El dinero llegó a su oficina en una camioneta de la organización el 30 de octubre de 2008.

De la Espriella admitió el recibo de la suma, pero sostuvo que se trataba exclusivamente de honorarios profesionales. Su renuncia a la defensa se produjo poco después de que el flujo de caja de la pirámide se secara. El ahora candidato volvió a vivir una bonanza en 2013 durante la defensa de Alex Saab, el empresario barranquillero cuya red de exportaciones ficticias y cajas de alimentos en Venezuela lo convirtieron en el principal operador financiero del Palacio de Miraflores en Caracas.

Las autoridades estadounidenses calculan que Saab blanqueó cerca de 350 millones de dólares mediante una red global de corrupción que drenó recursos públicos venezolanos por medio de contratos de vivienda y alimentos con sobrecostos. Durante ese periodo, De la Espriella adquirió un apartamento en el Edificio Neos Vitra por 1.680 millones de pesos, inmueble que vendió en 2017 por 3.000 millones.

El blindaje del fideicomiso

Hoy De la Espriella administra su patrimonio por medio de un fideicomiso civil. En agosto de 2015 transfirió el apartamento del Lawyers Center a la sociedad Cosenza S.A.S. En octubre de 2017 modificó el fideicomiso para incluir como beneficiarios a sus hijos y a su esposa, Ana Lucía Pineda Aruachán. Dicha figura jurídica garantiza que el control sobre los activos permanezca en el núcleo familiar y protegido frente a eventualidades legales o medidas cautelares.