Han pasado tres años desde que decidimos abrir una puerta que pocos se atreven siquiera a tocar. Tras ella hieden los nombres y los detalles escondidos de miles de denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, cometidos por sacerdotes católicos que, pese a sus crímenes, siguen protegidos bajo un manto de anonimato, celebrando eucaristías, dirigiendo colegios, leyendo sermones en canales de televisión. Nuestro anhelo de verdad no ha sido un impulso ni una mera ocurrencia. Fue un acto deliberado.
El 10 de enero de 2023 enviamos 137 derechos de petición a los obispos y a los superiores de las comunidades religiosas en Colombia. La solicitud era simple: la lista completa de sus sacerdotes. Nombres, trayectorias, fechas de ordenación y, lo más importante, si tenían denuncias por pederastia o abuso sexual. Ante respuestas afirmativas sobre acusaciones, hacíamos otras preguntas: ¿ese caso se remitió a la Fiscalía?, ¿se reportó al Vaticano?, ¿el sacerdote fue suspendido o expulsado?
Pero a los jerarcas de la Iglesia católica, acostumbrados a que nadie los interrogue, esas preguntas les parecieron una insolencia, un atrevimiento. Y en vez de responder reaccionaron, reafirmando su condición de intocables. Obispos y superiores de comunidades religiosas activaron una estrategia jurídica, y contrataron a bufetes de abogados. Según fuentes consultadas por CasaMacondo, cada uno de esos servicios jurídicos costaron treinta millones de pesos en promedio, una fortuna multiplicada por cientos.
Al final, solo diecisiete obispos y superiores entregaron la información completa. Los otros ciento veinte no entregaron nada, o respondieron a medias, con evasivas, silencios y documentos recortados. Eligieron fingirse tartamudos. Entonces hicimos lo que corresponde en un Estado de derecho: fuimos ante los jueces e interpusimos igual número de tutelas, una por cada intento de manipulación y silencio.
El artículo 489 del Código de Derecho Canónico le da un nombre exacto a ese compendio de casos guardados bajo llave, escondidos de dios y de sus creyentes más fieles. Lo llama archivo secreto, un cartapacio de cientos de sobres donde reposan las denuncias contra sacerdotes abusadores y el relato pormenorizado de sus crímenes, en la voz de quienes los acusaron. Cada diócesis tiene un archivo secreto y la única llave que los abre está en poder de los obispos, los sumos señores católicos en cada ciudad, rodeados de lujo, poder y dinero.
Esta lucha por la verdad comenzó en 2019. Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, se negó a responder un derecho de petición que preguntaba por 105 sacerdotes. El caso llegó a los juzgados municipales, pero allí los jueces cerraron filas en favor del jerarca, cercano a los círculos del poder económico y político de la ciudad con más sacerdotes del país. Ese revés fue una derrota anunciada. Sin embargo, a la Corte Constitucional le pareció un caso digno de atención. Y con razón. La organización más poderosa de la sociedad era, a su vez, la más cuestionada por agresiones sexuales de la peor naturaleza.
La organización más poderosa de la sociedad era, a su vez, la más cuestionada por agresiones sexuales de la peor naturaleza.
En marzo de 2020, la Corte rompió el guión de indiferencia y apatía con las víctimas de abuso clerical. La sentencia T-091-20 le ordenó al arzobispo Tobón Restrepo entregar la información requerida. Fue como el destello de un relámpago dentro de un cuarto oscuro: una tercera parte de los sacerdotes por los que había preguntado tenía denuncias por abuso sexual infantil. El hedor que iluminó aquel resquicio era nauseabundo. Los abusos sexuales cometidos por curas, lejos de ser eventuales, eran sistemáticos.
Convencido entonces de que los archivos secretos de cada diócesis no eran un simple conjunto de registros sino un mecanismo de ocultamiento, tomé la decisión que desató una guerra: en vez de preguntar por un grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín, pregunté por todos. Confiado en la sentencia que había trazado un precedente constitucional, envié un nuevo derecho de petición al arzobispo Tobón Restrepo en el que pregunté, nombre por nombre, por los 915 sacerdotes restantes de su diócesis.
La respuesta fue inmisericorde, de quien se sabe todopoderoso. Decidió no entregar más información. La Corte podría ordenar lo que quisiera, pero el arzobispo era él, el vicario de dios en Medellín. Así que volví a los jueces. Y lo que ocurrió fue una escena conocida: el poder encubriendo al poder. Gané el caso en primera instancia, pero perdí en segunda. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín respaldó la postura del arzobispo, ministro de bautizos, matrimonios y misas privadas de los jueces más importantes de la ciudad, confesor de sus pecados, absolvedor de sus culpas.
El lenguaje de esa sentencia en contra de mi reclamación fue jurídico, pero el argumento fue político: proteger al jerarca, blindar los secretos de abusos que custodia y hacerle saber al periodismo que, contra ese poder terrenal, disfrazado de celestial, no tiene oportunidad, sin importar cuánto insista. Por suerte, la Corte Constitucional intervino otra vez. Y en la sentencia SU-191-22 le ordenó al arzobispo entregar la información que estaba solicitando.
Esta vez, Tobón Restrepo no pudo negar mi petición, pero encontró una forma más sofisticada de resistir: cumplir sin cumplir. Entregó la información solicitada a medias, aconsejado por sus abogados. Entregó un fragmento de lo pedido. Solo detalles de treinta y seis nombres, de los más de novecientos solicitados. Aquello fue apenas el prólogo, el capítulo local de un fenómeno nacional. En 2023, con el periodista Miguel Ángel Estupiñán, decidí replicar el experimento en el resto del país.
Si el archivo secreto existía en cada diócesis, si el canon 489 se aplicaba en cada despacho episcopal, la pregunta era obvia: ¿qué esconden en conjunto?, ¿cuántos nombres hay en ese sistema de carpetas bajo llave? Lo que encontramos fue un patrón repetido con una precisión maléfica: todos los obispos y superiores de comunidades religiosas han encubierto, al menos, a un sacerdote denunciado por abusos sexuales contra niños, niñas o adolescentes. Todos, sin excepción.
Algunos lo hicieron con una mudez cómplice, amparados en esa excusa perversa de no juzgar para no ser juzgados. Otros lo hicieron con evasivas, con mentiras, con maniobras legales. Todos, unos más otros menos, en nombre del dios de los cielos, impidieron que la información sobre los archivos secretos viera la luz. El versículo bíblico de «la verdad os hará libres» aplica para el resto del mundo, excepto para los príncipes de la Iglesia católica.
El versículo bíblico de «la verdad os hará libres» aplica para el resto del mundo, excepto para los príncipes de la Iglesia católica.
Lo que se ve por la rendija
Con la poca información a la que tuvimos acceso, construimos una base de datos que hoy se acerca a 800 sacerdotes colombianos, denunciados por abusos sexuales dentro y fuera del país. Pero esa cifra no representa el tamaño de la putrefacción clerical. Esos cientos de sacerdotes individualizados representan una porción de lo que advertimos por la rendija que hemos logrado abrir. En los próximos meses, CasaMacondo publicará un especial multimedia con todos los casos, una radiografía completa y documentada de los sacerdotes abusadores sexuales que los obispos han protegido e incluso promovido.
Hasta ahora hemos investigado el 13% de los archivos secretos. El 87% restante sigue bajo disputa legal, y su entrega está pendiente de la notificación de una sentencia de la Corte Constitucional, ocurrida el 13 de mayo de 2025, hace más de ocho meses. Ahora el expediente está en manos del magistrado Miguel Polo Rosero, quien se encuentra en proceso de redactar la sentencia que obligará a la Iglesia a entregar la información restante, el trozo más grande del iceberg que sigue oculto.
Si la tendencia se mantiene, si el porcentaje de curas con acusaciones de abuso sexual es el mismo que comprobamos investigando el 13% de la información, el archivo secreto del conjunto del país podría revelar el rostro de 4.000 sacerdotes agresores. No es una simple conjetura. A la luz de lo conocido, es incluso un cálculo moderado. Dos fuentes protegidas de la Conferencia Episcopal nos han confirmado que esa cifra es mayor.
Insistir que se trata de casos aislados es una ingenuidad. Los curas agresores sexuales no son manzanas podridas, como insisten los obispos detrás de los púlpitos. Se trata del árbol, desde la raíz hasta las ramas más distantes. Lo que hemos decidido investigar en CasaMacondo, a riesgo de acoso, amenazas y desgaste emocional y físico, no es un escándalo episódico. Es un fenómeno sistémico, un patrón institucional que se repite porque está diseñado para repetirse. Mientras esperamos la notificación de la Sentencia SU-184 de 2025, la Iglesia católica se prepara para el contraataque. Lo sabemos, estamos informados desde adentro.
Un equipo robusto de abogados, articulado desde las diócesis del país, alista una solicitud de aclaración y luego una nulidad contra el fallo de la Corte Constitucional. Su estrategia es simple: desgastar al alto tribunal, dilatar la entrega, ganar tiempo. En el fondo, el cálculo es el mismo que han usado durante décadas: que la sociedad interesada en que se conozca la verdad se canse, que la noticia pase, que el expediente se enfríe, que las aguas corran.
Un equipo robusto de abogados, articulado desde las diócesis del país, alista una solicitud de aclaración y luego una nulidad contra el fallo de la Corte Constitucional.
En Francia, un estudio independiente en el que participó la Iglesia católica concluyó que entre 1950 y 2020 hubo 216.000 casos de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes. En ese mismo periodo, en España, se documentaron 200.000 casos. Las cifras varían, pero el patrón es idéntico: abuso, denuncia, archivo, silencio, encubrimiento, repetición.
El plan para mantener el archivo secreto bajo llave en Colombia estuvo en manos del cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal en 2023, año en que enviamos los 137 derechos de petición. Luego lo reemplazó Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena, quien lidera el equipo jurídico que busca que los secretos sigan en la oscuridad. Ambos jerarcas, encubridores de sacerdotes denunciados, han impulsado la estrategia de desconocer a la Corte Constitucional como máxima autoridad jurídica. No han sido los únicos.
Junto a Ricardo Tobón Restrepo, el sumo señor de los encubridores, los despachos y comunidades con más denuncias son la Arquidiócesis de Cali, bajo el arzobispo Luis Fernando Rodríguez; la Arquidiócesis de Tunja, dirigida por Luis Gabriel Vahos, vicepresidente de la Conferencia Episcopal; y tres congregaciones con un historial particularmente alarmante: los jesuitas, los salesianos y los dominicos. Esta es, por ahora, la lista de los mayores encubridores de sacerdotes abusadores de niños, niñas y adolescentes.
El 26 de noviembre de 2025 hubo una reunión clave. Estuvieron los abogados Jaime Alberto Cataño, Martín Tolosa, Fabio Upegui, Roberto Lozano, Laura María Rodríguez, Wilson Sánchez, Saúl León, Cristina Yulieth Ramírez, el sacerdote Raúl Ortiz, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, y el obispo de Engativá, Germán Medina.
Según información conocida por CasaMacondo, el mensaje interno fue el de un grupo de conspiradores que se preparan para desconocer la ley. Van a hacer hasta lo imposible por desconocer la sentencia de la Corte. Van a empapelar al alto tribunal, van a dilatar las órdenes, van a alargar la disputa, nos informó un asistente a esa cita, que comenzó con una oración al cielo. Entretanto, en algunas diócesis pasa lo más grave, lo irreparable: no solo ocultan el archivo secreto. Lo borran. Lo destruyen. Le prenden fuego, carpeta por carpeta. En la diócesis de Mocoa-Sibundoy ya comenzaron.
La decisión de CasaMacondo es insistir hasta el final, en nombre de las miles de víctimas, niños, niñas y adolescentes. Por ellos no desistiremos.
