Los jesuitas compensaron económicamente a las víctimas de un cura que confesó tener «problemas de pedofilia con fines masturbatorios», luego de ser sorprendido fotografiando las partes íntimas de tres niñas. La Fiscalía archivó el caso y la Compañía de Jesús no expulsó al sacerdote.
El escándalo estalló el 27 de abril de 2008 en el centro comercial Unicentro de Cali. Juan Antonio Ramírez Jiménez, un sacerdote jesuita de 59 años, fue descubierto tomando fotos de las partes íntimas de tres niñas, todas ellas con edades de entre seis y doce años. Los padres de las menores actuaron de inmediato y presentaron una denuncia que desencadenó la intervención de la Policía Nacional.
Según el informe oficial, Ramírez Jiménez no solo fue capturado en flagrancia, sino que confesó padecer «problemas de nerviosismo y pedofilia» y admitió que las imágenes serían usadas para «fines masturbatorios». Pese a la gravedad de la confesión y de los hechos, el sacerdote, identificado como asesor espiritual de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y residente del Colegio Berchmans, fue liberado horas después. La fiscal Betty Castaño Valencia determinó que no procedía medida de aseguramiento.
El muro de silencio jesuita y el error judicial
Tras la detención de Ramírez Jiménez, la Compañía de Jesús reconoció que el cura era miembro de su congregación, pero se apresuró a rechazar cualquier vínculo activo con las instituciones en Cali, pues su licencia eclesiástica está vigente desde 2004. Los sacerdotes rectores de las instituciones involucradas lo negaron públicamente: Luis Felipe Gómez Restrepo, del Colegio Berchmans, desmintió que Ramírez Jiménez trabajara o residiera allí, y Jorge Humberto Peláez Piedrahita, de la Universidad Javeriana, aseguró que su vinculación terminó al día siguiente de los hechos.
Bajo la dirección del entonces provincial Gabriel Ignacio Rodríguez Tamayo, los jesuitas blindaron al sacerdote. Le otorgaron al cura Gabriel Jaime Pérez Montoya «plenos poderes para conciliar» en la Fiscalía y resolver el caso al que denominaron «infracción».
La fiscal Betty Castaño Valencia clasificó los hechos como «injuria por vías de hecho», un delito menor que consiste en ofender la dignidad de una persona con acciones o actos físicos, no con palabras, y que tiene una pena máxima de 36 meses. Pero la conducta de Ramírez Jiménez encajaba en tipos penales de lesa gravedad como Actos sexuales con menor de 14 años o Pornografía infantil, crímenes que son de acción penal pública y no son susceptibles de conciliación.
Esta tipificación errónea facilitó un mecanismo de solución privada que frustró la justicia para las víctimas. La primera audiencia de conciliación, el 29 de mayo de 2008, fracasó: los querellantes exigieron 300 millones de pesos y la Compañía de Jesús ofreció inicialmente solo tres millones.
El pago final y el sello de Francisco de Roux
El caso se cerró el 16 de abril de 2010. Los jesuitas, convocados por la Fiscalía a una nueva audiencia, acordaron un pago de quince millones de pesos (doce para dos de las víctimas y tres para el abogado).
Para ese momento, el provincial o superior de los jesuitas en Colombia era Francisco de Roux, quien ejerció el cargo desde octubre de 2008 hasta septiembre de 2014. A pesar de que el delito ocurrió seis meses antes de su llegada, De Roux reconoció haber ejecutado el pago: «Me correspondió cerrar para que pagáramos y cuidaramos lo que nos tocaba en justicia», le dijo al periodista Miguel Ángel Estupiñán.
Bajo el mando de De Roux, Juan Antonio Ramírez Jiménez nunca fue investigado, suspendido ni expulsado de la Compañía de Jesús, lo que le permitió continuar ejerciendo como sacerdote sin sanciones públicas. Los jesuitas han alegado desde entonces que la justicia lo había «declarado inocente». No obstante, Hermann Rodríguez, actual superior de los jesuitas en en el país, afirmó que al cura se le impuso la «limitación en el ejercicio ministerial y tratamiento psicoterapéutico».
Un patrón de encubrimiento
Este caso no es un hecho aislado. En noviembre de 2024, CasaMacondo reveló que los jesuitas encubrieron a, por lo menos, siete sacerdotes denunciados por abusos, incluido Ramírez Jiménez.
De Roux, quien posteriormente presidió la Comisión de la Verdad (2018-2022), también fue denunciado por encubrimiento en el caso del sacerdote Darío Chavarriaga, confeso abusador de ocho menores de una misma familia, los Llano Narváez. Si bien en octubre de 2024 De Roux defendió su actuación en este caso con un proceso canónico interno y pidió perdón a las víctimas, el escándalo institucional sigue vivo.
En un intento por cerrar el capítulo, en abril de 2025, los jesuitas ofrecieron excusas públicas por los abusos de Chavarriaga, calificándolos de «abominables». A pesar de la gravedad, la familia Llano Narváez solicitó archivar la investigación contra Francisco de Roux en agosto de 2025.
Mientras que el expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, le ha insistido a toda la sociedad colombiana en la urgencia de decir la verdad, no parece estar interesado en exigirle lo mismo a la Iglesia a la que pertenece. Los jesuitas mantienen una férrea negativa a entregar el archivo secreto en el que consignan, y protegen, a cientos de sacerdotes acusados de abusos sexuales.
La contradicción se agrava: la Compañía de Jesús se ha atrevido a asegurar que, dentro de su congregación, solo existe un caso denunciado, a pesar de que las evidencias externas ya señalan más de diez y de que aún no se conoce el contenido de dicho archivo. No obstante, el secreto está a punto de ser revelado: el 13 de mayo de 2025, la Corte Constitucional emitió la Sentencia SU-184 de 2025, que obliga a todas las diócesis y comunidades religiosas del país a entregar esta información a CasaMacondo.
La decisión judicial es clara, aunque la notificación formal de la sentencia aún está pendiente.
CasaMacondo contactó a Francisco de Roux para escuchar su versión de los hechos, pero no respondió.
