Aníbal Gaviria Correa pertenece a un linaje enraizado en la propiedad de la tierra y el activismo electoral en Antioquia, departamento donde él y sus hermanos han ejercido cargos públicos, algunos por elección popular. Su trayectoria está vinculada con la figura del patriarca Guillermo Gaviria Echeverri, empresario agrícola y minero, cofundador de Colanta, la cooperativa lechera más grande del país; Unibán, la principal comercializadora de banano en Urabá; y Carbocol, la desaparecida empresa estatal que gestionó la explotación de El Cerrejón, entre otros yacimientos.
Toda esa prosapia, sin embargo, no ha estado limpia de cuestionamientos. Guillermo Gaviria Echeverri, propietario y director del extinto periódico El Mundo, fue señalado en septiembre de 2010 por el exjefe paramilitar Raúl Hasbún como uno de los aportantes del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo un esquema de financiación similar al de Chiquita Brands, la multinacional que admitió ante la justicia estadounidense haber pagado fortunas a a grupos ilegales a cambio de seguridad en sus operaciones bananeras. Por esos hechos, el patriarca antioqueño fue capturado con detención domiciliaria en abril de 2012, aunque luego liberado por la preclusión de los cargos.
La figuración pública de Aníbal Gaviria Correa se acrecentó tras el asesinato de su hermano mayor, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, ejecutado por las FARC en las selvas de Urrao durante un fallido operativo de rescate del Ejército Nacional, el 5 de mayo de 2003. Esa muerte fue el nacimiento proselitista de Aníbal Gaviria, que se hizo gobernador de Antioquia un año después, entre 2004 y 2007; alcalde de Medellín, entre 2012 y 2015; y de nuevo gobernador, entre 2020 y 2023.
Pero su éxito político y empresarial enfrenta una sombra por el origen de algunos de sus bienes, conseguidos mediante la acumulación de predios de origen baldío, tierras destinadas a familias campesinas pobres, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Tras meses de investigación y documentación, CasaMacondo pudo establecer que extensas propiedades en Urabá fueron conseguidas por él y sus hermanos mediante maniobras de acumulación que la ley agraria prohíbe. No es un asunto menor.
CasaMacondo pudo establecer que extensas propiedades en Urabá fueron conseguidas por él y sus hermanos mediante maniobras de acumulación.
El líder electoral de los hermanos Gaviria Correa es precandidato a la Presidencia de la llamada «Gran Consulta por Colombia», una coalición de políticos de centroderecha que busca unificar una candidatura capaz de promover un modelo de gestión basado en la autonomía de los departamentos y la eficacia técnica, se supone. El líder antioqueño se presenta como un aspirante honesto, libre de lastres de corrupción, malversación y abuso de poder. Pero hay asuntos que lo interrogan.
Baldíos en manos terratenientes
El núcleo de la controversia patrimonial de los hermanos Jorge Julián, León Tone y Aníbal Gaviria Correa se concentra en 468 hectáreas de origen baldío en Turbo, Antioquia, divididas en nueve predios y adquiridas en diciembre de 1995 por 13.400.000 pesos, unos cien millones de pesos actuales. La cronología de las transacciones de esa compra revela un patrón irregular, según el artículo 39 de la Ley 160 de 1994, la normativa de reforma agraria que prohíbe la venta de tierras adjudicadas por el Estado antes de que se cumplan quince años de su titulación oficial, para evitar que los predios destinados a campesinos sin tierra terminen engullidos por terratenientes.
CasaMacondo logró precisar que entre 1982 y 1988 el Estado adjudicó ocho baldíos a Óscar Elejalde Gaviria y a su hijo, Óscar Elejalde Montoya, condenado en Brasil en 2002 a 117 meses de prisión por tráfico de estupefacientes. En las tierras compradas por los Gaviria Correa se destacan la finca «Atahualpa», de 133 hectáreas, y la finca «La Doble O», de 82, ambas objeto de restitución por su vinculación con el conflicto armado, en la región donde, tras los crímenes de los grupos guerrilleros, prosperaron los ejércitos paramilitares con el respaldo económico, ideológico y militar de empresarios y autoridades.
La finca «Atahualpa» entró en el registro de tierras despojadas en 2018, y desde 2019 pesa sobre ella una orden judicial que prohíbe cualquier transacción. Por su parte, la finca «La Doble O» registra una medida cautelar de protección jurídica inscrita en 2015 por solicitud de la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras. Esas restricciones buscan blindar los predios e impedir cualquier negociación, mientras se tramitan las reclamaciones de las presuntas víctimas, que pueden sumar cientos en sus linderos, padres, madres, hijos, nietos de campesinos asesinados, desaparecidos o desterrados.
A esas fincas se suma «El Tesorito», un predio de 82 hectáreas adjudicado por el Estado en 1988 a León Tone Gaviria Correa, cuya extensión por sí sola cuadriplica el límite permitido para la Unidad Agrícola Familiar, UAF, el máximo que la ley permite por familia y que en la zona de Turbo está fijada entre 14 y 20 hectáreas. La sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional prohíbe semejante acumulación. El fallo es contundente. Dictamina que los baldíos son bienes imprescriptibles de la Nación y que cualquier acumulación que supere la UAF es ilegal.
La Corte Constitucional dictamina que los baldíos son bienes imprescriptibles de la Nación y que cualquier acumulación que supere la UAF es ilegal.
Detrimento de ocho mil millones
La trayectoria de probidad de Aníbal Gaviria no solo se debate en los juzgados especializados en Restitución de Tierras. El precandidato presidencial enfrenta la fase final de un juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, una figura jurídica que castiga el desvío de recursos públicos para favorecer a terceros y que constituye una práctica frecuente de enriquecimiento ilícito entre los servidores públicos del país, uno de los más corrompidos del mundo, según el Informe Anual de Transparencia Internacional.
El expediente en contra de Aníbal Gaviria Correa se centra en las irregularidades detectadas en la Troncal de La Paz, un corredor vial estratégico de 136 kilómetros adjudicado en 2005, durante su primer mandato como gobernador de Antioquia, para conectar las regiones del Nordeste y Bajo Cauca. La Fiscalía ha sido contundente en señalar que la ejecución de esa obra fue turbia, sin transparencia técnica. Y ha dicho, además, que el contrato sufrió modificaciones caprichosas, entre las que destaca un otrosí que elevó el anticipo del 25% al 29% sin un sustento legal claro.
Esa maniobra, que habría inyectado liquidez de forma indebida al contratista, se entiende como un acto corrupto. A ella se suma la firma de adiciones presupuestales para construir un puente sobre el río Nechí, autorizadas a toda prisa, días antes de que Aníbal Gaviria Correa dejara la gobernación en su primer periodo. El cerco judicial en contra del ahora candidato presidencial se cerró significativamente en julio de 2025, cuando la Fiscalía solicitó formalmente una sentencia condenatoria por un detrimento patrimonial de más de 8.000 millones de pesos.
Maniobra de ocultamiento
Al parecer, la audacia empresarial es uno de los atributos de los Gaviria Correa. En el caso de los terrenos baldíos en Urabá, sus abogados estructuraron un andamiaje corporativo que desvinculó el nombre del exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín de los folios de matrícula inmobiliaria. Lo hicieron en diciembre de 2008, un año después de su primer periodo como mandatario departamental y mientras los ecos del contrato de la Troncal de La Paz recién despertaban sospechas. Fue una jugada de expertos.
Aníbal Gaviria Correa vendió por 592 millones de pesos la totalidad de los derechos sobre un conjunto de sus propiedades, incluyendo las de origen baldío y cuatro predios en La Ceja, a la sociedad Agroservicios San Felipe S.A., empresa bajo control de sus hermanos Jorge Julián, Irene, Daniel Arturo, Pedro Sergio y Adelaida, quienes asumieron la junta directiva y el manejo administrativo del multimillonario patrimonio familiar. El blindaje de las propiedades alcanzó un nuevo nivel de protección en octubre de 2024, cuando se nombró representante legal de la sociedad a Juan Pablo López Cortés. Fue una designación meticulosa.
Se trata de uno de los hombres de mayor confianza técnica y política de Aníbal Gaviria Correa, su secretario de Infraestructura en la Gobernación de Antioquia y en múltiples ocasiones el mandatario departamental encargado, en reemplazo de su titular. Ese nombramiento selló una puerta giratoria entre la gestión de las obras de ingeniería más cuantiosas del departamento y la administración de los bienes privados de la familia de su jefe, amigo y mentor. No obstante, todo ese blindaje parece insuficiente, tras el rastro de compra, acumulación y ocultamiento descubierto por CasaMacondo.
Los hallazgos de esta investigación son similares a los establecidos en el caso del gamonal Alirio Barrera, congresista del Centro Democrático, también investigado por este equipo periodístico. Los paralelismos de ambos terratenientes son evidentes con los de otras propiedades a nombre de la exfiscal Martha Mancera y de la senadora Paola Holguín, hija de Frank Holguín, antiguo testaferro de Pablo Escobar, fundador y jefe máximo del Cartel de Medellín. En todos esos casos es evidente un lucro económico salpicado de abusos, trampas y ocultamientos.
No obstante, todo ese blindaje parece insuficiente, tras el rastro de compra, acumulación y ocultamiento descubierto por CasaMacondo.
La Agencia Nacional de Tierras está obligada a recobrar los predios baldíos enmascarados bajo la fachada de bienes familiares y transferirlos al fondo de la reforma agraria. En este caso hay agravantes. La región agroindustrial de Urabá, bastión económico y electoral de la familia Gaviria Correa, es una de las más salpicadas de sangre por los grupos armados, guerrillas, paramilitares y organismos de seguridad del Estado. La recuperación de baldíos en manos de multimillonarios no es una apreciación subjetiva. Es mandato constitucional.
Nota editorial:
Ante la consulta de CasaMacondo, Aníbal Gaviria Correa negó tener propiedades y adjuntó un certificado de la Superintendencia de Notariado y Registro. Sin embargo, al ser confrontado con las matrículas inmobiliarias de los predios de origen baldío, admitió que los bienes eran propiedad de Agropecuaria San Felipe, su empresa familiar. Más tarde nos reenvió un mensaje de Luis Alfonso Bravo Restrepo, su abogado de cabecera.
Bravo argumentó que: “en Urabá casi todos los predios, por no decir que todos, fueron bienes baldíos”, y defendió a la empresa en el caso de la finca «Atahualpa», en proceso de Restitución de Tierras. Y dijo algo más, al parecer, por el tono de su mensaje, irrelevante: que el reclamo sobre ese predio fue hecho por un demandante que no se presentó a las diligencias posteriores. ¿Quién era?, ¿cuál era su nombre?, ¿por qué tras formalizar una reclamación se silenció?, ¿desapareció? La única respuesta del abogado fue que ese proceso está blindado bajo un manto de reserva.
Bravo mantuvo silencio sobre la Finca «La Doble O», también en proceso de restitución, y sobre los demás predios de origen baldío.
Aníbal Gaviria Correa no respondió a la pregunta insistente de CasaMacondo sobre la compra que hizo en 1995 de los nueve predios, objeto de esta investigación, aunque sobre ellos pesaba la prohibición de ser negociados antes de los quince años de su adjudicación.
