Hubo un momento en que la balanza de la justicia parecía inclinarse del lado de un niño. El 11 de diciembre de 2024, la fiscal Ana Deyanira Parada Hernández le imputó cargos al sacerdote benedictino Manuel Cely Silva, prior del Monasterio de Tibatí y presidente del consejo directivo del Colegio San Carlos, por el presunto abuso en el centro educativo de un alumno de siete años. El cargo sustentado contra el religioso fue acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con menor de catorce años, ambos delitos agravados por la edad de la víctima y el lugar de autoridad del victimario.
La investigación había comenzado quince meses antes, cuando CasaMacondo publicó la denuncia de una familia que se atrevió a enfrentar a las directivas del colegio, uno de los más prestigiosos de Bogotá. Tras meses de silencios, encubrimientos y dilaciones, el Estado les dijo a la madre y al niño —alumno de la institución—, que reconocía su dolor. Pero fue una actitud pasajera. La consideración de los mismos hechos, de pronto, resultó contraria. ¿Con qué argumentos jurídicos la Fiscalía modificó su postura y ahora defiende una opinión contraria?
Detalles del presunto abuso
El San Carlos es un plantel masculino fundado en 1961 por monjes benedictinos. Dos de sus exalumnos son los expresidentes de la república Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, hasta ahora resguardado del escrutinio de la justicia a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein y Ghilliane Maxwell, los dos líderes de una red criminal de pederastas y traficantes de menores. Otros estudiantes ilustres de San Carlos son Francisco Santos, ex vicepresidente de la república, Luis Carlos Sarmiento; presidente del Grupo Aval, Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Gabriel Silva, exministro de Defensa… Pocas directivas de un colegio pueden levantar el teléfono y llamar a un grupo más poderoso de exalumnos.
¿Con qué argumentos jurídicos la Fiscalía modificó su postura y ahora defiende una opinión contraria?
Cuando la denuncia se hizo pública, el San Carlos contrató para su defensa, y la de la comunidad religiosa, a un equipo jurídico encabezado por Mario Iguarán, ex vice ministro de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre marzo de 2004 y julio de 2005, y fiscal general de la Nación, entre el primero de agosto de 2005 y 31 de julio de 2009. La defensa del niño, en cambio, la asumió la madre, también abogada. El abuso contra su hijo se habría cometido en la zona residencial del monasterio, que se levanta dentro del predio del colegio, de amplios jardines en los que se erigen estatuas de monjes e imágenes de la virgen.
Allí, según los relatos recogidos por especialistas y por la familia del menor, Manuel Cely Silva atraía al menor y a otros dos de sus compañeros con dulces y juguetes. Lo que presuntamente ocurría detrás de esos muros revestidos de solemnidad era inmundo: el sacerdote se desnudaba frente a los niños, les succionaba sus partes íntimas, se orinaba encima de ellos y les lanzaba una «leche gris o verde» en la cara. El dictamen de psiquiatría forense de Medicina Legal no dejó lugar a dudas: registró actos de clara connotación sexual, tocamientos e introducción de dedos en el ano del menor abusado.
El 11 de diciembre de 2024, Manuel Cely Silva, que era sacerdote desde el 12 de marzo de 2005 y había sido capellán de primaria, maestro de formación monacal y rector del Colegio San Benito de Tibatí, en Bogotá, se declaró inocente. A pesar de los cargos, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento y lo dejó libre. El camino hasta esa imputación había sido una carrera de obstáculos tendidos por quienes debían proteger al niño, no al presunto abusador. Desde abril de 2023, cuando la madre advirtió los primeros cambios de comportamiento de su hijo, el colegio ignoró sus alertas.
El episodio más bochornoso ocurrió cuando el rector Juan Fernando Corral citó a los padres a una reunión y, sin previo aviso, los sentó cara a cara frente al hombre que su hijo acusaba de haberlo abusado. Solo después de que la madre presentara el dictamen de una psicóloga externa, y de que la historia se filtrara a la prensa, Corral formalizó la denuncia ante la Fiscalía, el 15 de agosto de 2023.
Habían pasado cuatro meses desde que las alarmas se encendieron. Para entonces, el rector aún no había informado a las familias de los otros dos niños involucrados en el relato del menor, una obligación que sus propios protocolos le imponían de manera inmediata.
Lo hizo, finalmente, el 18 de septiembre, luego de que CasaMacondo publicó la denuncia. Sin embargo, al día siguiente, en una reunión con padres de familia del colegio, Juan Fernando Corral minimizó los hechos y dijo que la investigación no era por abuso sino por acoso sexual. Mintió. El comunicado que el colegio envió a las familias de sus estudiantes, tras la imputación de la Fiscalía, en diciembre de 2024, no mencionó ningún delito, llamó a la víctima “ex alumno” y agradeció las doscientas cartas de apoyo recibidas en favor del sacerdote.
Tampoco se investigó, al menos hasta ahora, un segundo sacerdote que aparece en el relato del niño y una empleada del área administrativa del plantel. La Fiscalía confirmó que indaga presuntos abusos de Manuel Cely Silva contra otros dos menores, también estudiantes del San Carlos.
¿Fiscal defensor?
La respuesta de las directivas de uno de los colegios más prestigiosos de Bogotá ha sido la negación y el encubrimiento. Ese era el panorama cuando, en diciembre de 2024, la fiscal Ana Deyanira Parada Hernández finalmente formuló cargos en contra del sacerdote y anunció que prepararía el escrito de acusación para llamarlo a juicio antes de febrero de 2025.
Esa fecha nunca llegó. En su lugar, irrumpió William Giovanny Ángel Moreno, nuevo fiscal del caso que destruyó lo actuado y solicitó la nulidad de la imputación ante el Juzgado 65 Penal del Circuito, calificando la formulación de cargos de su predecesora como «inflada» y «desproporcionada». El pasado 20 de febrero, en una reunión privada en su despacho, el nuevo fiscal le dijo a la madre del niño que no le creía a su hijo. Y fue más lejos, Ángel Moreno pretendió exigirle al niño, de siete años, una coherencia cronológica y una precisión narrativa que ningún especialista en psicología infantil le podría exigir.
La familia denunció públicamente su actuación como una «defensa técnica de oficio a favor del agresor», es decir haciendo el trabajo que le corresponde al abogado defensor del acusado. Quien logró frenar la pretensión de nulidad del nuevo fiscal, por el momento, fue la procuradora María Yazmín Cruz Mahecha, quien se opuso tajantemente. Para el Ministerio Público, el dictamen de psiquiatría forense de Medicina Legal es una prueba contundente de la agresión cometida por el sacerdote Manuel Cely Silva, pues recoge con precisión clínica los actos perpetrados contra el niño, los tocamientos e introducción de dedos en el ano.
Pese a que este documento fue clave en la imputación, el fiscal Ángel Moreno lo omitió en la solicitud de nulidad, como si nunca hubiera existido. La Procuraduría fue explícita: las discrepancias horarias o los elementos imaginativos en el relato de un niño de siete años no configuran causal de nulidad. Esos son debates que deben darse en un juicio oral, frente al país, o en su defecto en un incidente de preclusión. Anularlos de tajo mediante un «remedio extremo» equivale a extinguir el acceso a la justicia antes de que empiece.
El Juzgado 65 aún no ha decidido. El juez Carlos Rafael Masmela Andrade lo hará el próximo 18 de marzo, fiesta de San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia en el misal católico. Pero el fiscal Ángel Moreno no se ha limitado a solicitar la nulidad del caso. Desde su despacho ha bloqueado el acceso de la familia a las pruebas del proceso y, amparándose en la reserva sumarial, se ha negado a entregar las entrevistas psicológicas y los dictámenes periciales que la madre necesitaba para acompañar terapéuticamente a su hijo.
Al mismo tiempo, y con una asimetría que la familia no ha dejado de señalar, la defensa del sacerdote parecía estar al tanto de las investigaciones internas adelantadas contra la psicóloga de Medicina Legal que evaluó al niño: información que solo podía provenir del expediente. La madre denunció que William Giovanny Ángel Moreno mintió cuando le dijo que la profesional de Medicina Legal había rechazado telefónicamente realizar la nueva valoración recomendada del menor, una negativa de la que no hay registro en ningún documento.
Medicina Legal no dejó lugar a dudas: registró actos de clara connotación sexual, tocamientos e introducción de dedos en el ano del menor abusado.
El caso acumula dos años y medio en la Fiscalía, desde agosto de 2023. Manuel Cely Silva sigue libre, defendido por un ex viceministro de Justicia y ex fiscal general de la Nación. Las directivas del San Carlos no confirman, ni niegan, si el sacerdote continúa vinculado al colegio. Todos parecen sonreír, excepto la madre del niño, que ha solicitado el cambio de fiscal y el inicio de una investigación penal y disciplinaria contra él, por favorecer al acusado, ahora de pronto beneficiado por el ente investigador.
Nota editorial:
CasaMacondo contactó al fiscal William Giovanny Ángel Moreno para conocer su versión sobre las actuaciones descritas en este reportaje, pero se negó a hablar. También contactó a la fiscal general de la Nación para preguntarle por qué fue removida Ana Deyanira Parada Hernández, la funcionaria que había logrado la imputación del sacerdote y anunciado el escrito de acusación. En su lugar, respondió Javier Mauricio Paba Mejía, director de la Seccional de la Fiscalía en Bogotá. El funcionario aseguró que la fiscal Parada estuvo al frente del caso hasta el 10 de marzo de 2025. En esa fecha, fue reubicada «por solicitud directa de la delegada fiscal, atendiendo a situaciones graves de carácter personal».
