Hay una paradoja que se repite cada cuatro años en Colombia con la puntualidad de un rito. La entidad encargada de vigilar las finanzas públicas se disputa entre candidatos marcados por la sospecha. El próximo 12 de agosto, el Senado y la Cámara se reunirán en una sesión conjunta para elegir, mediante votación secreta, al contralor general de la República para el periodo 2026-2030.
Quien aspire al cargo, necesita alrededor de 142 votos de los 286 congresistas habilitados. Diez nombres integran la lista de elegibles, encabezada en puntaje por Luis Enrique Abadía García, quien obtuvo la mejor calificación del concurso de méritos (86,74 puntos). Pero en los pasillos del Capitolio nadie habla de puntajes. Se habla de padrinos, de bancadas y de favores. Y cada uno de los tres candidatos que más suenan cargan con un prontuario que merece ser leído antes de que los congresistas marquen su tarjetón.
1. Carlos Mario Zuluaga: el hombre de los atajos
Ningún aspirante llega con más cuestionamientos documentados que Carlos Mario Zuluaga Pardo, exvicecontralor general y contralor en funciones entre junio de 2023 y agosto de 2024, cuando el Consejo de Estado anuló la elección de su jefe, Carlos Hernán Rodríguez, por irregularidades en el proceso de nombramiento en el Congreso. Obtuvo 81,33 puntos en el concurso, el quinto lugar entre diez, pero cuenta con el respaldo del líder del Partido Conservador, Efraín Cepeda, su padrino político desde que le entregó el aval para aspirar a la Alcaldía de Sabanalarga en 2015.
Una investigación de CasaMacondo, publicada en abril de 2024, reveló el patrón de mentiras, atajos y omisiones que ha acompañado su carrera. Zuluaga presentó durante años como «especialización» de la Universidad de Pittsburgh lo que, según esa misma institución, fue un seminario de dos semanas para ejecutivos latinoamericanos: la oficina de registros le confirmó a este medio que el certificado no es un diploma. Zuluaga también afirmó haber cursado dos años de Sociología en la Unad cuando solo tomó tres cursos libres en un semestre. Y su título de abogado, obtenido en la Corporación Universitaria de Colombia Ideas, desafía la aritmética: cursó 39 materias en un año. Según los registros de la propia universidad, sumó 174 créditos, cuando el Ministerio de Educación exige 176 para graduarse. Esa universidad, además, perdió la licencia para enseñar Derecho tras un proceso sancionatorio del Ministerio. El título de abogado de Zuluaga está demandado en el Consejo de Estado.
El capítulo más grave no es académico. Al posesionarse como vicecontralor en septiembre de 2022, Zuluaga marcó «No» en la casilla de su declaración de conflictos de interés que preguntaba si tenía cónyuge o compañero permanente. Una escritura pública posterior demostró que, desde diciembre de 2020, sostenía una unión marital de hecho con Diego Fernando Monsalve Pico, quien desde noviembre de 2021 firmó doce contratos con cinco entidades estatales por 675 millones de pesos, varios de ellos sin informes de actividades ni de supervisión: los llamados contratos corbata.
La historia se repitió con su siguiente pareja, Paulo Antonio Arias Giraldo, que se estrenó como contratista del Estado en febrero de 2024 y acumuló tres contratos por 318 millones de pesos, con honorarios promedio de 35 millones mensuales, superiores al salario de un ministro. Ambos siguen contratando con el Estado.
La trama se cierra sobre sí misma con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Mientras la CAR contrataba a la expareja y a la pareja de Zuluaga, la Contraloría bajo su mando suprimió siete hallazgos de una auditoría ya publicada sobre esa entidad, incluidos dos con incidencia fiscal por más de 8.700 millones de pesos. El informe pasó de 391 a 163 páginas y la valoración de los estados financieros de la CAR mejoró de «negativa o adversa» a «con salvedades». Zuluaga defendió la supresión como una facultad legal del contralor y ha negado haber intervenido en los contratos de sus parejas.
A esto se suma su relación de negocios con la excontralora Sandra Morelli, su antigua jefa y mentora: en julio de 2022, Zuluaga y su entonces pareja compraron un apartamento en Bogotá por 1.100 millones de pesos cuya escritura involucra el fideicomiso Parqueo Familia Morelli. Tres meses después, Morelli empezó a facturar con la Contraloría: tres contratos de asesoría al despacho del vicecontralor que sumaron 455 millones de pesos.
2. Jorge Eliécer Laverde: la sombra de Mario Castaño
El secretario de la Comisión Sexta del Senado obtuvo el tercer puntaje del concurso de méritos (82,89). El abogado caldense lleva más de una década tejiendo relaciones en el Congreso, el mismo cuerpo que ahora lo elegirá. Según El Colombiano, al parecer cuenta con el respaldo de sectores liberales, en particular del senador Lidio García. En el Capitolio, se le señala como cercano al procurador Gregorio Eljach, quien fue secretario general del Senado durante doce años.
Su expediente de prensa tiene un nombre propio: Mario Castaño, el senador liberal capturado en 2022 por liderar la red de corrupción conocida como Las Marionetas, que según la Fiscalía se apropió de al menos 112.000 millones de pesos de contratación pública. Una investigación de CasaMacondo documentó que, cuando Laverde se posesionó como secretario de la Comisión Sexta en 2014, Castaño celebró el nombramiento en Twitter (ahora X) y se lo atribuyó como gestión propia. Laverde ha negado rotundamente cualquier cercanía, pero su apellido aparece mencionado en una de las llamadas interceptadas que la Corte Suprema incluyó en el expediente contra el senador.
Los conflictos de interés rodean también su entorno familiar y amistades. Su esposa, Olga Lucía Ríos Gaitán, fue contratada en 2021 como asesora del Ministerio de las TIC mediante resolución firmada por la entonces ministra Karen Abudinén. Esa es la misma cartera a la que la Comisión Sexta, de la que Laverde es secretario, le hace control político. Una fuente protegida le dijo a CasaMacondo que ese nombramiento fue posible por la relación de Castaño con Laverde. Y su amigo cercano Nicolás Cifuentes, representante legal de la productora Eje 360, obtuvo un contrato en esa misma comisión bajo la supervisión de Laverde, quien reconoció haberle avisado de la vacante.
3. Andrés Castro: el discípulo de los jefes cuestionados
Andrés Castro Franco obtuvo el segundo puntaje del concurso de méritos (84,61) y es, junto con Zuluaga, el favorito en las cuentas del Congreso. Abogado de la Universidad Nacional y politólogo de la Javeriana, tiene una extensa carrera en organismos de control: fue contralor delegado para el sector Justicia, magistrado auxiliar de la Corte Suprema, contralor y actualmente es personero de Bogotá. Es, en apariencia, el candidato técnico. Pero su trayectoria está jalonada por los jefes que ha tenido.
Su elección como contralor de Bogotá, en noviembre de 2020, generó polémica en el Concejo por su relación con Juan Carlos Granados, el contralor distrital saliente, investigado por el caso Odebrecht, de quien Castro fue contralor auxiliar entre 2016 y 2019. También se le cuestionó por haber trabajado con el personero Francisco Rojas Birry, condenado en 2013 a ocho años de prisión por recibir 200 millones de pesos provenientes de la pirámide DMG. En esta campaña se ha mencionado su cercanía con el excontralor Felipe Córdoba, y varios sectores lo asocian con el procurador Eljach, con quien fue visto reunido en la Universidad Externado. Esa cercanía, que le ha abierto puertas en casi todas las bancadas, es también su flanco más débil. «Sería entregarle también la Contraloría», advirtió un parlamentario a la revista Cambio, en referencia al poder que Eljach acumularía sobre los organismos de control.
La Contraloría: una entidad acostumbrada al escándalo
La Contraloría General arrastra dos décadas de titulares que han documentado cómo sus sus jefes han terminado señalados, investigados o prófugos. Sandra Morelli (2010-2014) enfrenta un juicio en la Corte Suprema por celebración indebida de contratos y peculado, derivado del arrendamiento de la sede de la entidad. Morelli se radicó en Italia mientras avanzaba el proceso y, años después, reapareció como contratista de la misma Contraloría que dirigió. Carlos Hernán Rodríguez vio su elección anulada por el Consejo de Estado por irregularidades en el trámite del Congreso, lo que abrió la puerta al interinato de Zuluaga.
Pero ningún nombre pesa tanto sobre esta elección como el de Carlos Felipe Córdoba, contralor entre 2018 y 2022. Mientras ejercía uno de los cargos más exigentes del Estado, Córdoba completó un pregrado en Derecho y un doctorado en apenas treinta meses, con la peculiaridad de que se graduó de doctor en la Universidad de Jaén el 13 de julio de 2021, noventa y cuatro días antes de graduarse de abogado del Politécnico Grancolombiano, un sinsentido académico. Su pregrado se benefició de una homologación del 49,2 por ciento de los créditos y coincidió con un convenio entre la Contraloría y esa universidad, cuyo supervisor, Billy Escobar, luego fue superintendente de Sociedades. Tanto Escobar como su esposa obtuvieron contratos con la Contraloría.
Una investigación de CasaMacondo presentó pruebas de irregularidades en quince apartes de su tesis doctoral, cinco de ellos copiados textualmente de autores no citados; el Tribunal Superior de Bogotá reconoció la diligencia y el sustento documental de esa investigación, aunque ordenó usar formas condicionales a falta de un fallo por plagio. Un perito contratado por el propio Córdoba concluyó que se trataba de supuestas «omisiones involuntarias».
El expediente de Córdoba no termina en las aulas. CasaMacondo reveló que el senador Mario Castaño ingresó 39 veces a la sede de la Contraloría entre la posesión de Córdoba y la captura del congresista, según registros de la propia entidad. Al final de su periodo, el entonces concejal Carlos Carrillo denunció el nombramiento exprés de ochenta y nueve cargos con altos sueldos, entre cuyos beneficiarios estuvo el suegro del contralor. Y uno de sus contralores delegados, Aníbal Quiroz, fue mencionado en el escándalo del saqueo de los recursos del OCAD Paz, señalamientos que el funcionario negó.
Hoy la pelea por la Contraloría reproduce una vieja disputa conservadora: Zuluaga con el respaldo de Cepeda y Castro asociado con Córdoba; es un eco del pulso que a finales del año pasado enfrentó a ambos caciques por la candidatura presidencial del partido. La entidad que administra la vigilancia de más de 500 billones de pesos del presupuesto público se decidirá, otra vez, en una votación secreta donde pesan más los padrinos que los prontuarios. O donde, quizá, pesan precisamente los prontuarios, como moneda de cambio.
