La votación fue casi unánime, un hecho inusual en un Congreso dividido. El pasado 12 de agosto, noventa y cinco senadores y ciento setenta y cuatro miembros de la Cámara votaron para elegir a Jorge Eliécer Laverde Vargas, un político caldense nacido en 1980, como el nuevo contralor general de la República para el periodo constitucional 2026-2030.
«Seremos la casa de la transparencia y un templo técnico al servicio del pueblo colombiano», dijo el elegido. Pero en los archivos de la Fiscalía reposa, desde hace tres años, un documento que señala exactamente lo contrario.
Una fortuna inmobiliaria
La denuncia está fechada el 12 de mayo de 2023 en Bogotá y va dirigida a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. La firma un anónimo que explica su reserva en la primera línea del encabezado: «por las consecuencias que pueden incurrir al realizarla con nombre propio». El delito que invoca es enriquecimiento ilícito del servidor público, que castiga con seis a diez años de prisión a quien, durante su vinculación con la administración pública, obtenga para sí o para otro un incremento patrimonial injustificado.
CasaMacondo verificó la información consignada en la denuncia y pudo constatar la veracidad de lo denunciado. Sin embargo, este medio no encontró registro de que la Fiscalía haya avanzado con una indagación formal o imputado cargos a Laverde por esos hechos. Paralelamente, el 7 de noviembre de 2024, la procuradora Rosa Elvira Gómez Lugo archivó la investigación al concluir, sin hacer muchas preguntas, que los hechos no constituían faltas disciplinarias ni violaban sus deberes como funcionario público.
Según la denuncia, el funcionario adquirió cinco propiedades entre 2014 y 2016, cuando estaba terminando su paso por la Asamblea de Caldas (2008 – 2015) y llevaba poco tiempo en el Senado (desde septiembre de 2015). Cuatro de las propiedades están en Manizales (un apartamento en el sector de la calle 71, otro en la urbanización El Sol, una casa en Villa del Campo y un apartamento en el edificio Área Cable) y la quinta en el municipio de Manzanares.
La denuncia también le atribuye tres propiedades a María Camila Laverde Ríos, la hija del nuevo contralor general. La primera, un lote de 4.160 metros cuadrados en el Conjunto Campestre Residencial Palma Real, incluye una casa de 380 metros cuadrados. Ese inmueble, ubicado en La Dorada, Caldas, fue comprado por María Camila Laverde a un señor llamado Jesús Eduardo Prieto Díaz en julio de 2020, días después de cumplir 18 años. La transacción se cerró por solo 112 millones de pesos.
La segunda propiedad, adquirida apenas dos meses después, es otro predio campestre de 1.200 metros cuadrados en La Dorada, esta vez en el condominio Los Almendros. La tercera, comprada en abril de 2022, corresponde a un apartamento de 261 metros cuadrados en el edificio Quebrada Vieja, en la Zona G de Bogotá, vendido por la sociedad R Cundy S.A.S. por 1.570 millones de pesos (esa sociedad lo compró en 2012 por 580 millones) y registrado a nombre de Jorge Eliécer Laverde Vargas, Olga Lucía Ríos Gaitán y María Camila Laverde Ríos.
En 2020, agrega la denuncia anónima, María Camila, entonces de 18 años, adquirió un Mercedes Benz A200, un carro de lujo valorado en aproximadamente 90 millones de pesos.
Sobre el lote de Los Almendros, el documento introduce una advertencia en mayúsculas. Un mes antes de radicar la denuncia, la titularidad pasó de la hija de Laverde a Jhon Freddy Saldaña Leopardo, conocido en La Dorada como ‘Mechas’, a quien describe como ficha política y amigo íntimo de Laverde y, para entonces, aspirante a la alcaldía del municipio. A Saldaña Leopardo y al contralor Laverde los une la cercanía con el finado senador Mario Castaño.
En la denuncia también aparece Olga Lucía Ríos Gaitán, la esposa del contralor, con cinco propiedades adquiridas entre 2009 y 2016: tres en La Dorada y dos en Manizales, incluido el apartamento del edificio Área Cable del que también es propietario Laverde y la hija de ambos. Dos de esas cinco propiedades se las ha comprado ella a su propio esposo.
El escrito anónimo no se detiene en los bienes inmuebles de la familia inmediata del hoy contralor general. A una de sus primas maternas, Marby Yineth Triana Vargas, le atribuye cuatro propiedades. Uno es un local comercial en el centro comercial Fundadores de Manizales, escriturado en 2016. Los otros tres están en el mismo edificio de La Dorada, el antiguo Banco Ganadero, y llegaron a sus manos en un solo acto: una escritura del 26 de noviembre de 2020. Los tres se los vendió la misma sociedad: Radio Cadena Nacional, RCN.
La Comisión Sexta del Senado, de la que Laverde era secretario entre 2015 y 2026, es la encargada de tramitar los asuntos de telecomunicaciones, espectro electromagnético y medios de comunicación. La denuncia de 2023 hace la siguiente pregunta: ¿qué relación puede tener con un canal de televisión nacional una mujer que no tenía empleo, no registraba actividad comercial en La Dorada ni en Manizales y apenas se afilió al sistema de seguridad social como cotizante en diciembre de ese mismo año?
La denuncia no se detiene en los inmuebles. Sostiene que Laverde viajaba con su familia a Europa y Estados Unidos; que exhibía carros convertibles y camionetas de último modelo en las calles de La Dorada; que cursó posgrados en universidades privadas costosas, entre ellas los Andes; que recibía acompañamiento policial e incluso de la Sijín durante sus visitas al municipio; que, según allegados, tendría bienes en el exterior, yates y apartamentos. En su conclusión, la denuncia pide a las entidades que investiguen el origen de esa fortuna y advierte que dejó por fuera lo que no pudo rastrear: cuentas bancarias, sociedades comerciales y automóviles.
La pregunta aritmética que hace el escrito es la siguiente: si el cargo de secretario de comisión del Senado tenía una asignación mensual cercana a los dieciocho millones de pesos, ¿cómo se explica que Laverde haya adquirido propiedades avaluadas en más de dos mil millones de pesos, casi todas sin hipoteca?
Las sombras que ya lo perseguían
Nada de esto llegó sin antecedentes. En septiembre de 2022, en una investigación previa firmada por el autor de este texto, se publicó el hallazgo de que a Laverde lo perseguía la sombra de Mario Castaño, el difunto senador liberal caldense condenado por liderar la red de corrupción conocida como Las Marionetas.
Aquella investigación documentó que, cuando Laverde se posesionó por primera vez como secretario de la Comisión Sexta en 2014, Castaño celebró el nombramiento en Twitter y se lo atribuyó como gestión propia. También documentó que el apellido del entonces secretario aparece en una de las llamadas interceptadas que la Corte Suprema incorporó a la medida de aseguramiento contra el senador Castaño.
Laverde lo negó todo: dijo que no había tenido relación con el senador Liberal y que quien hablaba en esa grabación se había equivocado. En una entrevista con Caracol Radio el pasado 13 de agosto, el ahora contralor general volvió a negar esa cercanía. Pero existen fotos que desmienten sus palabras.
El paso de Laverde por la Comisión Sexta dejó otras sombras que vale la pena nombrar. En 2021, Karen Abudinen, la exministra de las TIC, nombró como asesora de ese ministerio a la esposa del político caldense, con un salario de casi diez millones de pesos. Un mes después del nombramiento de Ríos Gaitán, Telecafé firmó con el Fondo Único TIC un contrato por 4.198 millones de pesos. El nombramiento causó sorpresa porque la comisión de la que él era secretario es la misma que se encarga de hacerle control político a esa cartera.
Por otro lado, Nicolás Cifuentes Salazar, representante legal de la productora Eje 360 y amigo cercano de Laverde, obtuvo un contrato en la Comisión Sexta entre enero y junio de 2022 por veintisiete millones y medio de pesos. La supervisión de ese contrato estuvo a cargo de Laverde.
Lo que queda por responder
El funcionario que a partir de ahora vigilará cómo se gasta el dinero público en Colombia llega con cuestionamientos en su contra que la Fiscalía no ha respondido en tres años. Estas son algunas de las preguntas que se le podrían hacer al contralor Laverde: ¿Cómo financió la compra de una participación mayoritaria en un apartamento de mil quinientos setenta millones de pesos en 2022? ¿Cómo financió la construcción de un lote campestre de 4.160 metros en 2020 a nombre de su hija, entonces recién llegada a la mayoría de edad? ¿Por qué tres inmuebles del edificio Banco Ganadero de La Dorada terminaron, en un mismo acto de noviembre de 2020, a nombre de una prima sin empleo y salieron del patrimonio de RCN, una empresa cuyos asuntos regulatorios pasaban por la comisión que él administraba?
Ante el cuestionario enviado por CasaMacondo, el contralor general optó por no responder. En su lugar, su abogado, Ricardo Gaviria Ramírez, negó las acusaciones y señaló que la Procuraduría ya había archivado la denuncia a favor de Laverde Vargas. Según la defensa, los señalamientos son un refrito de una denuncia anónima de 2023 sobre la cual el Ministerio Público ya realizó verificaciones documentales en el registro de instrumentos públicos y determinó que no existía un incremento patrimonial desproporcionado ni pruebas de uso de testaferros. Además, sostuvo que la existencia de vínculos familiares o políticos no autoriza legalmente a atribuirle a Laverde la propiedad real de bienes de terceros.
La «casa de la transparencia» tiene un nuevo inquilino, pero sus cimientos descansan sobre un expediente que, lejos de ser aclarado, parece destinado a acumular polvo en los archivos de la Fiscalía.
