En un largo expediente judicial reposan dos denuncias radicadas en octubre de 2016 contra la vicefiscal Martha Janeth Mancera por, presuntamente, recibir dinero para liberar una mercancía de contrabando incautada en Buenaventura y avaluada en diecisiete mil millones de pesos. Mancera, quien debía velar por la destrucción de la mercancía que ilegalmente entraba al puerto de Buenaventura, cambió todos los procedimientos para sacar del camino a la incómoda fiscal anticontrabando, Magda Melissa Quiroz Ramírez. Según las denuncias, los involucrados, desde fiscales hasta agentes de la policía fiscal y aduanera, se repartieron mil millones de pesos.
«En mi calidad de policía fiscal y aduanero descubrí que las mercancías confiscadas por la DIAN eran vendidas a los mismos proveedores a quienes se les incautaron […] y al señor Diego Marin, quien es uno de los principales contrabandistas de este país, como también el señor Raúl Gomez [sic]», dice el autor de una de las cartas enviadas en 2016 al exfiscal Néstor Humberto Martínez.
La misma denuncia asegura que Mancera avalaba las operaciones, pues conocía «perfectamente todos los negocios de corrupción que [Sandra Inés Carrillo, directora de la Fiscalía en Buenaventura] realiza». Todo era «alcahueteado» por la vicefiscal, que recibía «un porcentaje por la corrupción y el robo de mercancías almacenadas por la DIAN por concepto de contrabando».
Las denuncias, ambas anónimas supuestamente por miedo a las repercusiones, incluyen datos precisos sobre los cambios que implementó Martha Mancera cuando se desempeñaba como directora seccional de Fiscalías del Valle, cargo que ocupó entre abril de 2014 y mayo de 2017 cuando fue nombrada directora de la Unidad para desmantelar bandas criminales. Estas movidas permitieron que se burlaran los estrictos controles para la destrucción de contrabando, de acuerdo con las cartas.
Uno de los cambios fue prohibirle a la fiscal anticontrabando de Buenaventura, Magda Melissa Quiroz Ramírez, asistir a las destrucciones de mercancía que ella vigilaba desde su nombramiento en 2014. Según los anónimos, Quiroz se había convertido en un dolor de cabeza para Mancera y para Sandra Inés Carrillo Maya, directora de la seccional de la Fiscalía en Buenaventura, pues encontró inconsistencias en varios procedimientos de inspección y destrucción de contrabando. La solución de la alta cúpula del ente acusador fue quitarle las funciones y luego, en octubre de 2016, trasladarla de ese despacho y encargarla de los juicios orales, una posición en la que no hiciera tantas preguntas.
El otro cambio también buscó eliminar controles externos en las diligencias de destrucción de mercancía confiscada. A estas siempre asistía la Procuraduría, pero por orden de Mancera, de un momento a otro, comenzaron a ir en su lugar funcionarios delegados de las personerías municipales que no ponían peros a lo que ocurría o no en las diligencias. (Gerardo Andrés Vásquez, un delegado de la Personería de Candelaria, Valle, era el favorito de la Fiscalía, de acuerdo con el expediente judicial).
En su defensa, Mancera dijo que los cambios obedecieron «a un nuevo modelo de gerencia para lograr una mayor efectividad y eficacia en las investigaciones». También aseguró que no ejerció como fiscal, pero que sí conoció y dirigió «las actividades iniciales de lo que se llamó “descongestión de bienes o elementos materiales probatorios dentro de los casos adelantados por el delito de contrabando».
Según Mancera, esa estrategia inició en noviembre de 2015 con Andrés Alberto Ávila, subdirector de gestión comercial de la DIAN, quien posteriormente se desempeñaría como director de la Sociedad de Activos Especiales del Gobierno de Iván Duque. Ávila había solicitado que se definiera la situación jurídica de la mercancía en cadena de custodia.
En su testimonio de 2018, Mancera dijo varias falsedades. Por ejemplo, que existe registro fílmico y fotográfico de todas las destrucciones. En el caso de la mercancía destruida en enero de 2016, el primero no aparece y el segundo no corresponde con el contrabando incautado. Se trató de un montaje, según el anónimo, y el expediente así lo confirma. Otra mentira de Mancera, fácilmente refutable, es que asegura que la fiscal Magda Quiroz solicitó no estar en la destrucción de contrabando. En su declaración ante la Fiscalía, el 22 de enero de 2018, Quiroz dijo que no entiende por qué le quitaron sus funciones y que la orden vino directamente de Martha Mancera.
A la fiscal Quiroz le quitaron la supervisión de la destrucción de la mercancía, pero la usaban para que firmara los procedimientos. El 21 de enero de 2016, la fiscal Quiroz autorizó la destrucción de unos cinco mil relojes Casio. Sin embargo, de acuerdo con los registros de la empresa que destruye el material, ese día la jefa de fiscalías de Buenaventura, Sandra Inés Carrillo, retiró de las bodegas calzado, confecciones y consolas Xbox. Ella y el fiscal Franciliano Díaz Díaz asumieron la tarea de vigilar la destrucción del contrabando que le fue usurpada a la fiscal Quiroz.
Algo similar ocurrió con la fiscal María Gavy Cortés Chacón. En octubre de 2016, ella reemplazó a Quiroz, que estaba de vacaciones. Según el expediente, a Cortés la pusieron a firmar unos documentos que no correspondían con la realidad. La fiscal fue alertada de las irregularidades por Javier Mauricio Mike Candela Chará, el asistente de la fiscal Quiroz. Después de que se «dañara la vuelta», el asistente también fue trasladado a otro cargo sin justa causa.
Una de las denuncias también señala que tanto Mancera como Carrillo se enriquecieron ilícitamente, compraron camionetas de alta gama y «hermosas casas en Cali y Buga». La Judicatura no indagó a Carrillo por su patrimonio y Mancera negó rotundamente las acusaciones. El 18 de enero de 2018, la vicefiscal rindió interrogatorio y dijo que para el 2014 solo tenía un apartamento en Bogotá, que compró en cincuenta millones, y que el resto de bienes (una casa en Ciudad Jardín, Cali; un apartamento en el conjunto Valgarda, sin especificar en cuál ciudad, y un lote en la Parcelación Ambichinte, en Dagua) los tenía en sociedad con María Elena Monsalve, su compañera sentimental. Mancera también agregó que compró un apartamento en Sierras del Este, en Bogotá, con un crédito de leasing habitacional de 475 millones de pesos.
En el expediente queda claro que la Fiscalía no corroboró los datos que entregó Mancera con la Superintendencia de Notariado y Registro, y que tampoco revisó las cuentas bancarias de la vicefiscal, el procedimiento regular en una investigación de enriquecimiento ilícito de un ciudadano. A Mancera le creyeron sin más.
Sandra Inés Carrillo declaró el 8 de octubre de 2018. Dijo que los anónimos están llenos de «mentiras y calumnias» y explicó, vagamente y con rodeos, por qué le habían quitado las funciones de vigilancia de destrucción de contrabando a la fiscal Quiroz. En la Superintendencia de Notariado y Registro aparece actualmente con cuatro propiedades: dos en Cali, una en Buenaventura y otra en Quibdó.
De despacho en despacho
El 12 de octubre de 2016, la Fiscalía presentó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle la primera denuncia contra Martha Janeth Mancera por «unos presuntos hechos suscitados en Buenaventura, donde al parecer pueden estar involucrados fiscales adscritos a la dirección seccional de fiscalías y de seguridad de Buga».
El 17 de febrero de 2017, la Judicatura del Valle, con ponencia del magistrado Luis Hernando Castillo Restrepo y apoyado por Álvaro Acevedo Leguizamón, decidieron no iniciar una investigación porque, según ellos, no se les podía creer a unos anónimos. Diecinueve meses después, el 17 de febrero de 2018, la procuradora Magdalena María Contreras Uribe presentó un recurso de apelación a la decisión de la Judicatura.
Para la Procuraduría, el anónimo contra Mancera «denuncia graves actos de corrupción que se originan en temas relacionados con la acción y omisión, en el cumplimiento de deberes y funciones de personal integrante de la Fiscalía en el municipio de Buenaventura, que depende de la dirección seccional de fiscalías, a cargo de Martha Mancera para la fecha en la que se refieren la ocurrencia de las irregularidades».
Como si supiera algo más, la procuradora Contreras dijo que «los hechos denunciados, contrario a la apreciación de la sala, explicitan de manera concreta situaciones relevantes que permitirían su confirmación o descarte», haciendo alusión a que la fiscal anticontrabando Quiroz fue desplazada de su cargo «en coordinación con la Dra. Martha Mancera»; y a que la mercancía no era destruida, que hacían montajes y que luego era vendida a reconocidos contrabandistas.
La ponencia de la segunda instancia le correspondió a la magistrada Julia Emma Garzón, quien, el 27 de febrero de 2019, revocó la decisión de la Judicatura del Valle y le ordenó que siguiera adelante con la investigación. El magistrado Luis Hernando Castillo, esta vez secundado por el magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñónes, volvió a defender a Mancera y, el 30 de junio de 2021, la desvinculó del proceso. También archivó la investigación en contra de Sandra Inés Carrillo.
La segunda denuncia, acumulada a la anterior, fue enviada en enero de 2018 por la Fiscalía al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle. El 30 de mayo de 2018, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Quintero López, le informó al magistrado Castillo que la Fiscalía había archivado la investigación porque Mancera había actuado correctamente y que no ameritaba investigar su patrimonio. Dijo, además, que la Fiscalía no conocía ni había iniciado una indagación contra Diego Marín.
En 1993, la DEA reseñó a Marín Buitrago como el zar del contrabando y desde entonces ha estado en la mira de las autoridades, pero sin ser condenado por ningún delito, según cuenta el periodista Yohir Akerman. «Posteriormente, en 2004, a este empresario del que únicamente se conoce una borrosa foto de la cédula, le quitaron la visa por ser el “rey del contrabando” de Colombia y presuntamente lavar el dinero de drogas mediante electrodomésticos y otros bienes importados».
Fiscal a la vista
Martha Mancera ingresó a la Fiscalía en 1993 y ha tenido una destacada trayectoria como fiscal delegada ante los jueces especializados, fiscal delegada ante los jueces del circuito, directora seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Cali, directora seccional del Valle del Cauca y directora de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada.
En enero de 2020, Francisco Barbosa la nombró vicefiscal y desde entonces ha estado inmersa en escándalos que van desde el nepotismo por cuenta del nombramiento el 5 de octubre de 2020 de su pareja sentimental, María Elena Monsalve, como directora nacional de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, hasta la protección a Francisco Javier Martinez Ardila, un agente del CTI que, según Daniel Coronell, fue «clave para el narcotráfico y el comercio ilegal de armas» en Buenaventura.
Con la salida de Francisco Barbosa de la Fiscalía el próximo 12 de febrero, Martha Mancera se perfila para asumir las riendas del ente acusador si la Corte Suprema de Justicia no elige a la próxima fiscal de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro.
CasaMacondo buscó respuestas de las fiscales Martha Mancera y Sandra Carrillo, y de Diego Marín Buitrago, pero al momento de publicar esta historia no habíamos tenido suerte.
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