El escrito de acusación, fechado el 8 de octubre de 2026, atribuye al sacerdote benedictino el delito de acceso carnal y actos sexuales abusivos contra un alumno de seis años. Entre los elementos probatorios figura la resolución con la que la Secretaría de Educación de Bogotá sancionó al colegio.
El gobierno de Gustavo Petro le adjudicó 7,36 hectáreas en Cesar a título gratuito. Es el segundo congresista del partido Comunes beneficiado por el programa para excombatientes, después del entonces senador Pablo Catatumbo.
Una resolución de 118 páginas concluye que el colegio no investigó el contexto de la denuncia, no orientó a la familia del menor y no probó haber adoptado medidas de prevención.
El Estado adquirió la finca Cuba y la entregó a una asociación de excombatientes. Aunque el título de propiedad figura a nombre de la organización, la propia resolución oficial asignó a cada integrante su respectiva cuota.
Durante treinta años, la jerarquía católica ha protegido al sacerdote Eduardo de Jesús Pérez Torres, acusado de abuso sexual de menores en dos países.
Mientras la Conferencia Episcopal de Colombia pide anular el fallo que obliga a la Iglesia católica a entregar sus archivos sobre abuso sexual clerical, el obispo de Pereira ya entregó el suyo completo.
La Corte Constitucional revisará la tutela que censuró a CasaMacondo por su investigación sobre el hijo negado del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Esta decisión es un hito para la libertad de prensa, pues el alto tribunal definirá los límites del derecho a informar en Colombia.