Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón, socios de Hitos Urbanos, sonríen impolutos. Su proyecto hotelero frente al mar de siete colores se erige resplandeciente, a pesar de que, según la ley, está obligado a correcciones estructurales y de diseño. Hasta ahora, la marea que cubre el robo que perpetraron es la impunidad.
Hace unos días, el Ministerio de Ambiente anunció que vigilará «en qué estado se encuentra esa problemática de la playa pública», de la que se apropió la constructora de la exvicepresidenta y su esposo. En respuesta a un derecho de petición de CasaMacondo, Alicia Andrea Baquero Ortegón, jefa de la oficina jurídica de MinAmbiente, dijo que la entidad «realizará las gestiones en el marco de su competencia para saber el estado real de las playas públicas». Eso, según la funcionaria, lo hará a través de Coralina, la corporación autónoma regional de San Andrés. ¿Se encarga del escrutinio de un delito a una de las autoridades que lo permitió?
CasaMacondo le preguntó a Coralina en qué consistía ese escrutinio y la entidad reconoció que se trata de una inspección rutinaria: «La supervisión de las condiciones ambientales de todas las playas públicas y los recursos hídricos». La corporación anunció que la Dirección Marítima (Dimar) es la encargada de recuperar la playa. De nuevo, una autoridad incapaz de evitar el abuso, de pronto es la responsable de corregirlo. No parece fiable.
La playa robada está frente al Grand Sirenis, un megahotel de 254 habitaciones construido por la empresa de la que son socios Marta Lucía Ramírez y su esposo, precisamente sobre un cúmulo de hitos irregulares, algunos corruptos. Así lo evidencia una investigación de CasaMacondo que enumera los diez vicios de la licencia de construcción del complejo vacacional. Por solo uno de ellos, el 15 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de San Andrés ordenó la demolición de los pisos 7 y 8 del megahotel por una demanda que presentó el ciudadano Juan Carlos Pomare. Pero esos dos pisos, a día de hoy, siguen en pie.
La playa robada
El predio en disputa es de 4.212 metros cuadrados. De estos, Hitos Urbanos reconoce que solo 540 metros son públicos. Justo allí funciona el embarcadero Tonino’s Marina, concesionado a la familia Gallardo, socios de la exvicepresidenta y su esposo. Desde 2014, tanto la Dimar como la Gobernación de San Andrés ordenaron restituir la playa y, además, sancionaron a los Gallardo con diez salarios mínimos por haber construido un camino de cemento sobre la arena. Pero los Gallardo son los reyes de la isla y nunca acataron esa decisión. Y menos ahora que tienen gobernador en la familia: Nicolás Gallardo es el sobrino de Julio Gallardo, el jefe del clan, condenado a cinco años de prisión por hacer parte del cartel de la Toga, un concierto para delinquir entre magistrados de la Corte Suprema y abogados que transaban altas sumas de dinero por absoluciones.
Por el contrario, anexaron esos 540 metros cuadrados a los 3.672 que Hitos Urbanos reclamó como suyos en 2017, mediante escritura pública. La familia más poderosa de San Andrés asegura que no se han robado nada y que sus actuaciones se apegan a la ley. Claramente no es así.
Esos 4.212 metros cuadrados de playa son un bien de uso público. Así lo demostró el estudio de factibilidad financiera de un banco cuyos expertos concluyeron que la escritura de esa playa era fraudulenta y que estaba viciada desde 1966 y 1967, años en los que el entonces presidente de la república, Carlos Lleras Retrepo, transfirió tierras que emergieron con el relleno de un pantano: «Entonces se concluye que la inscripción de esa escritura —la actual en cuestión— corresponde a la de un acto de transferencia de un derecho incompleto que se hizo a favor de una persona, por parte de quien carecía de dominio sobre determinado inmueble».
Hitos Urbanos le reconoció a CasaMacondo que conocía ese informe. No obstante, sus propietarios les ocultaron la información a los inversores del proyecto turístico, a quienes les terminaron vendiendo un bien público. Respecto de la supuesta titularidad del predio, el informe de los peritos financieros es concluyente: «No permite ejecutar actos de señor y dueño tales como enajenar el derecho real de dominio, englobar, constituir servidumbres, propiedad horizontal, entre otros. Para su saneamiento se requiere de escritura pública, decisión judicial o administrativa en los términos legalmente establecidos, según el caso».
Pero independientemente de las escrituras, el predio linda con el mar Caribe, como lo registraron los analistas del banco: «Se trata de un hecho relativo a zona de uso público como son las playas, las cuales son bienes imprescriptibles e inalienables y sabido es que ningún predio particular linda con el mar». La norma es taxativa, contrario a lo que alegan los socios de Hitos Urbanos. El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente reza con precisión: «Una faja paralela a la línea de mareas máximas hasta de treinta metros de ancho —tenga o no playa— es un bien inalienable e imprescriptible del Estado; y no existe un derecho adquirido por particulares».
El Decreto Ley 2324 es irrebatible. Establece que «playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son bienes de uso público, por lo tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y las disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo».
CasaMacondo buscó a la ministra Susana Muhammad para conocer su postura frente al Grand Sirenis. La funcionaria no contestó. Respecto de las irregularidades que anegan al hotel más grande de San Andrés, el más moderno y lujoso, las autoridades parecen seguir de vacaciones.
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