La Ley 2013 de 2019, bautizada como Ley de Transparencia, obliga a los funcionarios del Estado, incluidos los magistrados, a publicar sus declaraciones de renta y conflictos de interés. Pero, a la hora de la verdad, no es más que un saludo a la bandera. La realidad es que muy pocos lo hacen, y la ley carece de dientes para asegurar su cumplimiento. Los magistrados, quienes deberían ser los más fervientes defensores de la transparencia, se niegan a entregar esta información.
Para una investigación que iniciamos este año en CasaMacondo, les solicitamos a los magistrados de las altas cortes sus declaraciones de renta, conflictos de interés y hojas de vida. ¿El resultado? Ante todo, silencio y evasivas. Parecen seguir el mal ejemplo del poder ejecutivo: en una reciente y reveladora investigación de La Silla Vacía, se constató que más de sesenta altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro no han cumplido con la obligación que se desprende de la Ley de Transparencia. El director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, incluso acudió a una tutela para evitar que un magistrado lo obligara a publicar su declaración de renta, y otros funcionarios se escudan en una dudosa directriz del Gobierno anterior para justificar su incumplimiento. (Entre tanto, a los contratistas de las entidades públicas no se les aprueban los contratos hasta que cumplan con este requisito; otro ejemplo de cómo la ley solo aplica para ciertas personas).
En nuestra investigación, los periodistas Christopher Tibble, Santiago Wills y yo estamos revisando cada detalle de la vida profesional de los magistrados de las altas cortes, desde sus propiedades y sociedades hasta sus procesos judiciales y grados universitarios. Pero nos hemos topado con un muro de silencio, especialmente en la Corte Suprema y el Consejo de Estado. A pesar del escándalo del Cartel de la Toga, que aún proyecta su sombra sobre la primera de estas instituciones, los magistrados se niegan a entregar la información solicitada, invocando una supuesta reserva inexistente. Incluso aquellos que la publican lo hacen una sola vez, cuando la ley los obliga a hacerlo anualmente.
Peor aún, el conflicto de intereses dentro de la Corte Suprema es flagrante. En una acción de tutela que interpuse el 2 de abril contra el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, quien se negó a entregar la información, la Sala Plena determinó que todos los magistrados estaban impedidos para resolver el caso, dado que ellos mismos estaban involucrados. Aun así, la magistrada Myriam Ávila, de esta misma corte, decidió fallar a favor de sus colegas; en otras palabras, falló a su propio favor. Este descaro ha sido la constante en un proceso que parece haber caído en un agujero negro: a pesar de que impugné la decisión, desde agosto no ha habido avances y la tutela parece destinada a morir en silencio, sin que la Corte Suprema tenga prisa por resolverla.
En el caso del Consejo de Estado, Christopher Tibble se encargó de solicitar la información por medio de un derecho de petición. La respuesta que recibió ilumina la opacidad bajo la que operan estas cortes. Un magistrado auxiliar le aseguró falsamente que la información tributaria es reservada y que por eso no le podía enviar la declaración de bienes y renta. Al mismo tiempo, reconoció la existencia de la Ley de Transparencia y le dijo que podía consultar esos documentos en el siguiente enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/.
El problema no solo es que la página a la que conduce ese enlace está en inglés, sino que muchos de los vínculos de las declaraciones de renta y conflictos de interés no llevan a ningún lado. Si no me creen, entren, hagan clic en «Citizen Consultation» e ingresen el nombre del presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves García. ¿Pudieron ver sus activos, sus pasivos y su patrimonio? O, si quieren, pongan el nombre del vicepresidente de la corte, Luis Alberto Álvarez Parra. En su caso, ni siquiera aparecen los enlaces o información alguna. Cuando Tibble interpuso una tutela para señalar estas inconsistencias, un magistrado de esa misma alta corte, Wilson Ramos Girón, misteriosa o no tan misteriosamente, falló a favor de sus colegas.
Estamos ante un sistema judicial que se resiste a la rendición de cuentas, un poder que se atrinchera en su propia impunidad. La Corte Suprema, con su inacción, no solo ignora la ley, sino que también ignora la confianza que el pueblo ha depositado en ella. Y mientras siga esta turbiedad, la pregunta seguirá resonando: ¿qué esconden los magistrados?
La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y otras de las altas esferas del poder judicial parecen decididas a ocultar lo que por ley deberían compartir con el público colombiano. Mientras los magistrados se amparan en tecnicismos para evadir sus responsabilidades, la falta de transparencia continuará minando la confianza pública en la justicia.
La Ley de Transparencia fue concebida para arrojar luz sobre los posibles conflictos de interés y prácticas que puedan afectar a quienes administran justicia, pero la negativa de los magistrados a cumplirla indica un profundo desprecio por las exigencias de una democracia sana y honesta. No podemos permitir que quienes deben garantizar el respeto a la ley sean los primeros en burlarla.
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