Un mafioso embaucado
César Gaviria le pidió dinero prestado a un narco, y no le pagó
El mandatario, en cuyo gobierno se abatió a Pablo Escobar, mantuvo relaciones comerciales con mafiosos de Pereira, su fortín electoral y burocrático.
En septiembre de 1981, el entonces congresista César Augusto Gaviria Trujillo fue demandado por una deuda impaga de un millón de pesos, contraída con Antonio Correa Molina, a quien además de darle su palabra, le había entregado una letra de cambio, autografiada con su firma y número de cédula. El deudor era una joven promesa política, «llamada a liderar las transformaciones de la nación», según se arengaba en esos días. El prestamista era un narcotraficante de Risaralda y testaferro de Pablo Escobar Gaviria.
El sorprendente caso de un narco acudiendo a la justicia para reclamar el dinero de un préstamo —en vez de recurrir a sus propios medios— es una de las tantas páginas desconocidas del actual presidente del Partido Liberal Colombiano. Tras meses de averiguación e insistencia, CasaMacondo logró desentrañar el proceso, librado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el principal feudo electoral del capo político.
La deuda del millón de pesos fue contraída el 1 de octubre de 1979, unos 232 millones de pesos actuales. En esos días, César Augusto Gaviria Trujillo era viceministro de Desarrollo Económico, en el gobierno de Julio César Turbay, mandatario señalado por las autoridades norteamericanas por sus nexos con los carteles de la droga, que en esos años habían dejado de exportar cocaína desde Perú y contaban con los primeros laboratorios para su procesamiento en Colombia.
El sorprendente caso de un narco acudiendo a la justicia para reclamar el dinero de un préstamo —en vez de recurrir a sus propios medios— es una de las tantas páginas desconocidas del actual presidente del Partido Liberal Colombiano.
La letra de cambio firmada por Gaviria estipulaba un plazo de dos meses, con vencimiento el 1 de diciembre de 1979. Acordaron una tasa de interés del 2.5 % mensual y del 3 % en caso de mora. Para septiembre de 1981, ni el capital ni los intereses habían sido saldados en su totalidad. Cansado de reclamar, en vez de recurrir a los métodos de cobro afines a los narcotraficantes, Antonio Correa Molina recurrió al abogado Manuel Gonzalo Mesa Toro e interpuso una querella.
El juzgado avaló una póliza judicial presentada por el querellante y decretó el embargo de bienes de César Augusto Gaviria Trujillo. Inicialmente, ordenó la retención de una finca de once hectáreas llamada La Morelia- La Renta, que terminó siendo de su media hermana, Sady Gaviria Hoyos. Al comprobarse que el deudor no tenía participación en ese predio, la retención se hizo sobre un terreno conocido como San Lucas, de casi cuatro hectáreas, en la vereda San Joaquín de Pereira.
En las décadas de 1970 y 1980, el narcotráfico en Pereira contaba con el respaldo de la dirigencia política y el apoyo de un sector social, que veía con buenos ojos el repentino auge económico de la ciudad.
Un narco ejemplar
Antonio Correa Molina fue uno de los pioneros del narcotráfico en el Eje Cafetero y pronto emergió como una figura clave de la mafia en esa región del centro del país, paso obligado de los alijos de droga hacia las rutas marítimas en la costa Caribe. A diferencia de otros capos, Correa operaba con un perfil silencioso, sin demostraciones públicas de violencia. Lo que explica que, en el caso de César Augusto Gaviria Trujillo, prefiriera una reclamación ante la justicia.
Según las autoridades, al narcotraficante se le atribuye la apertura de rutas de envío de droga a Estados Unidos desde La Guajira y el archipiélago de San Andrés. Su visión estratégica consolidó un esquema de transporte aéreo, más eficiente que el marítimo. En ese contexto adquirió un helicóptero Hughes 500D, matrícula HK-2496 P, que fue autorizado por el Consejo Superior de Aeronáutica, presidido por Álvaro Uribe Vélez, otro joven político, promesa electoral del liberalismo en Antioquia.
Pero Antonio Correa Molina, en apariencia recatado y aislado, también ejercía la brutalidad y la violencia cuando las consideraba necesarias. A él se le atribuye el patrocinio y mando de una banda de sicarios conocido como Los Caruso, originarios del municipio de Apía, Caldas. Ese grupo armado asesinó a más de 300 personas en un lapso de diez años, los del reinado de su patrón en Pereira y sus alrededores.
En las décadas de 1970 y 1980, el narcotráfico en Pereira contaba con el respaldo de la dirigencia política y el apoyo de un sector social, que veía con buenos ojos el repentino auge económico de la ciudad. A pesar del historial delictivo de Antonio Correa Molina, un edificio en el centro de Pereira lleva su nombre, como si se tratara de un benefactor o de un empresario respetable.
El expediente judicial contra Gaviria Trujillo por mala paga, se tramitó con normalidad en 1981, pero no hay registros públicos que indiquen que el entonces viceministro de Turbay Ayala honrara la deuda con el mafioso, o de que el proceso llegara a una condena ejecutiva. Tampoco se encuentran rastros de una apelación, o de un acuerdo extrajudicial, aunque los embargos sí fueron ordenados. Cualquier registro de ese caso desapareció.
Los bienes detallados en esta investigación periodística no son los únicos que ostentan sus propietarios. Sin embargo, el número de ellos, sumado a su historial, los montos de compra y las dinámicas de negociación, resulta útil para un análisis sobre el poder de quienes nos gobiernan y el cúmulo de su riqueza.
En CasaMacondo creemos que nadie está exento del escrutinio periodístico, menos aún los presidentes y vicepresidentes de la república. En teoría, por la dignidad de sus cargos, ellos constituyen el horizonte moral de la nación.
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