Sucedió en Macondo*. Eso dice el expediente que reposa en la Corte Constitucional. Ocurrió el 23 de octubre de 2022. Juana estaba en su casa y se le apareció su victimario. Quizá no escuchó sus pasos homicidas, tal vez no percibió el olor de la muerte, pero lo que sí sintió fueron las cinco puñaladas que aquel hombre le propinó con la fuerza de un matarife que destaza vacas.
Cuentan los apuñalados que ese tipo de cuchilladas, en principio, se sienten como un golpe seco. Después comienza un ardor que quema. Se siente como si un líquido hirviendo intentara salir de debajo de la piel. Entonces llega la confusión. Una presión interna, un émbolo invisible, empuja la sangre desde adentro. La debilidad se presenta con mareos y náuseas. El miedo a morir se adueña de los pensamientos. Probablemente Juana sintió todo lo anterior, y también pensó que aquel hombre finalmente había conseguido matarla.
Fue la familia la que denunció al agresor, no ella. Era comprensible; le tenía pavor. Se habían conocido dos años antes. Ella, acaso, lo encontró llamativo; él, por lo que ocurrió después, parece que la encontró fascinante, preciosa, insuperable, al punto de obsesionarse como un poseso. Ocho meses duró la relación, hasta que un día Juana decidió acabar con el noviazgo. El hombre empezó a acosarla, a acecharla, a perseguirla. Llegó al extremo de pegarle porque ella se negó a dirigirle la palabra.
Aquellas cinco puñaladas —dos menos que las cuchilladas mortales que los hermanos Vicario le propinaron a Santiago Nasar en Crónica de una muerte anunciada—, no solo le rompieron la piel, sino que también le abrieron los ojos. Juana, a diferencia de Santiago, sí supo que el victimario la podía matar, de modo que siguió el consejo de sus familiares y encaró la denuncia. Medio pueblo alertó a las autoridades para que detuvieran el posible crimen, pero la negligencia y la burocracia extendieron la angustia.
El expediente judicial dice que Juana es una mujer afro de veintisiete años de edad, que nació en Mutatá, en el sur del Urabá antioqueño, y que de allí fue desplazada demanera violent junto a su familia en ocasión de la inmarcesible guerra en la que vive sumergida Colombia. El documento también dice que había terminado el bachillerato, que estaba desempleada y que ocasionalmente trabajaba en actividades de aseo.
El sumario registra que Juana estaba domiciliada en «Macondo, Ciénaga Grande»*, donde vivía con su hija de cinco años, su madre de cincuenta y cuatro y dos de sus hermanos (uno de treinta años y el otro de treinta y dos). El expediente dice que todos ellos carecían de un ingreso fijo mensual. Vivían en el barrio El Trabajador, pero estaban desempleados. ¿Se parecerían ellos a los hermanos Vicario?, ¿Ellos también habrían estado tentados a vengar, en este caso, no la deshonra de su hermana, sino el intento de asesinato? Tal vez.
La casa era una fotografía de la escasez: no tenía puerta de ingreso (capaz que por ello Juana no sintió cuando su victimario llegó a matarla). Adentro, había un espacio que no se sabía si era la sala, la cocina o una habitación, porque también tenía una cama. Al fondo, pero sin divisiones, habían acomodado dos literas, mientras que el baño comunal estaba afuera. Lo único preciado que tenía Juana era su hija y su vida.
Un día después de las puñaladas, dice el expediente, la Fiscalía 124 Seccional de Macondo inició la investigación por el delito de tentativa de feminicidio y dispuso adelantar otras actividades investigativas. Lo que siguió fue un vértigo similar al de la novela de García Márquez. El victimario empezó a perseguir a Juana. Le mandaba razones para que retirara la denuncia. Incluso hubo escenas de cortejo que terminaron en amenazas. Había que detenerlo, eso rogaban Juana y sus hermanos.
El 31 de octubre de 2022, la Comisaría de Familia de Macondo impuso medidas de protección provisionales en contra de aquel hombre y, para su cumplimiento, ofició al comandante de la estación de Policía de velar por ello. Todo indica que este comandante se parecía mucho al coronel Lázaro Aponte, quien al encontrar a los hermanos Vicario armados de cuchillos para matar a Santiago Nasar, tan solo se los quitó y los mandó dormir, como si eso fuera mucho, como si eso fuera suficiente.
El victimario siguió acechando por ocho meses a Juana. El 3 de mayo de 2023, una abogada de la Corporación Humanas le solicitó a un juez de control de garantías imponer medidas urgentes de protección para su defendida, ya que ni la Fiscalía ni la Comisaría habían actuado de manera diligente. El juez le ordenó al victimario, con la misma displicencia del coronel Lázaro Aponte, abstenerse de buscar a su víctima, pero el hombre siguió acosándola a tal grado que volvió a golpearla un miércoles 12 de mayo. Tal vez, en aquel momento, Juana —igual que Clotilde Armenta—, habría de experimentar «lo solas que están las mujeres en el mundo».
Fueron las funcionarias de la Línea 123 Mujer Metropolitana, del departamento de Ciénaga Grande, quienes registraron los hechos de violencia y activaron una ruta de protección. En el acto le brindaron acompañamiento psicológico y, enseguida, por los ruegos de Juana, sufragaron sus gastos de traslado a la casa de un familiar en el distrito de Litoral.
La Secretaría de la Mujer le ofreció albergarla en un hogar de protección temporal. Juana no aceptó porque la perseguía otra sombra: padecía de epilepsia. Cuentan quienes la sufren que es como guardar un terremoto dentro del alma. De pronto la mente cae por un abismo, los ojos se pierden en el vacío, los tendones se tensan como si se fueran a romper y los músculos sacuden el cuerpo en un cataclismo de convulsiones que dejan a la persona exhausta y devastada. A Juana su enfermedad le producía vergüenza.
Lo siguiente ocurrió a paso de tortuga judicial: al finalizar mayo, la Secretaría de la Mujer declaró agotada la etapa de emergencia y en junio la abogada de Juana insistió en la captura del victimario, quien seguía persiguiendola. Debieron pasar treinta días más para que fuera capturado, pero el hombre no paró: desde la estación de Policía de Macondo,donde estaba recluido, siguió amenazando a Juana a través de llamadas y mensajes en redes sociales.
Juana, sus familiares, la abogada y las funcionarias que acompañaban el caso temían que el hombre quedara en libertad por vencimiento de términos. El caso debía dilatarse: en Colombia, en 2021 y 2022, hubo noventa mil casos de violencia intrafamiliar en los que las víctimas fueron mujeres. Aunque había una cifra peor: entre 2018 y 2023, mensualmente, cincuenta y dos mujeres fueron víctimas de feminicidios, una cada catorce horas. Nadie quería que Juana se convirtiera en otro fatídico número.
La victimización siguió. El Departamento de Ciénaga Grande y el comandante de la Policía de Macondo guardaron silencio pese a que fueron notificados, como se recuerda en el sumario. Nada más cercano a la novela. En el caso Santiago Nasar, medio pueblo estaba de parte de la víctima o, como diría la mamá del narrador, «de parte del muerto». Aunque lo que había que evitar en el caso de Juana era eso, que la mataran.
A Juana se le acabó el dinero. La oenegé que la acompañaba le había dado unos pocos pesos para que tuviera con qué comer y con qué moverse, pero la casa de sus familiares a donde había huído no solo le era ajena, sino que quedaba en una ciudad desconocida y costosa. Por ello, su abogada interpuso un derecho de petición al Municipio de Macondo y otro a Savia Salud EPS. El primero tenía como fin que la vinculara a un servicio de subsidios; el segundo, que la acompañaran en sus enfermedades y padecimientos, pues Juana ahora sufría de depresiones y angustias. Perdieron ambos derechos de petición. El Municipio y la EPS se negaron a darle cobijo o, en términos judiciales, cobertura.
El 27 de julio de 2023, Juana presentó una acción de tutela en contra del Municipio de Macondo, el Departamento de Ciénaga Grande y Savia Salud EPS. En su criterio, dichas entidades vulneraron sus derechos fundamentales de petición a una vida libre de violencia y a la vida, sin más.
Las decisiones judiciales suelen ser flemáticas. Tras la tutela, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Macondo consideró que el hecho se había superado por la captura del victimario. Como si fuera poco, el juez concluyó que Juana no probó que padeciera epilepsia, y que tampoco probó que la EPS no le hubiera prestado los servicios de salud requeridos y el acompañamiento solicitado.
En segunda instancia, el 14 de septiembre de 2023, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Macondo confirmó la decisión. Pero en noviembre la tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional. El alto tribunal duró cinco meses estudiando el caso para llegar a una sentencia. Entre tanto, Juana siguió padeciendo la ignominia de quien se sabe pobre, sola, acosada y perseguida.
La Corte no dejó sola a Juana. El 16 de mayo de 2024 ordenó que la EPS Savia Salud debía iniciar el acompañamiento psicológico por los actos de violencia recibidos y agendar de inmediato un tratamiento para la epilepsia. El Departamento de Ciénaga Grande debía incluirla en el programa Hogares de Protección y el comandante de la estación de Policía del municipio de Macondo debía disponer, ipso facto, las medidas necesarias para impedir que el victimario tuviera acceso a dispositivos electrónicos con los que pudiera contactar a Juana.
A la Fiscalía 124 Seccional de Macondo y al Juzgado Primero Penal del Circuito de Macondo, la Corte les ordenó adelantar un proceso penal contra el acosador de Juana por el delito de tentativa de feminicidio. Pero además proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencias basadas en género.
Como precedente para evitar feminicidios y maltratos, el alto tribunal ordenó que esta providencia judicial se divulgara entre todos los jueces civiles municipales, los jueces promiscuos municipales y los penales municipales con funciones de control de garantías. Lo mismo debía hacer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con todas las comisarías de familia del país.
En la novela, los dos victimarios fueron sentenciados a veintidós años de cárcel por el asesinato de Santiago Nasar. Curiosamente, Ángela Vicario, durante dieciséis años, le envió cartas de amor a Bayardo San Román, quien de manera increíble apareció ya en la senectud para al fin vivir como esposos. En el caso de Juana, se espera que su victimario reciba una condena que va entre los veinte y los cuarenta años de cárcel. Por lo pronto, parece que su vida está protegida, aunque, por las condiciones en las que viven la mayoría de mujeres en Colombia, su futuro sigue siendo incierto.
*Para proteger la vida y la integridad de la víctima, la Corte Constitucional nombró al municipio en el que sucedieron los hechos Macondo. Lo mismo hizo con el nombre del departamento, llamándolo Ciénaga Grande.
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