Índigo luchó durante años para que su nombre coincidiera con su identidad de género. Aunque ya estaba legalmente inscrito, la Corte Constitucional tuvo que intervenir para corregir la indiferencia institucional y exigir que se respetaran sus derechos.
Índigo no pidió nacer con un nombre que no lo representaba. Lo heredó sin elección, impuesto por un sistema que sigue creyendo que las personas se definen desde una casilla binaria. Durante años, su vida fue una lucha silenciosa, de esas que se desgastan lentamente.
En 2018, Índigo, que nació biológicamente como una mujer, dio el primer paso. Cambió su nombre por uno que lo alejaba de la incomodidad, aunque aún no expresaba su verdad. Seguía siendo un nombre femenino, una tregua con la burocracia.
Con el tiempo llegó la certeza. Decidió reafirmar su identidad como hombre trans. Esta vez, el nombre elegido sí era suyo: Índigo. Lo hizo de forma legal, con escritura pública y con la ayuda del programa «Reafírmate: El chuchú de la cédula», una iniciativa de la Secretaría de Integración Social en Bogotá.
Índigo se armó de papeles, paciencia y asesoría. Pero cuando fue a inscribir su nuevo nombre en el registro civil, se topó con un muro. La Registraduría se negó. Según ellos, ya había usado su única oportunidad. El Decreto Ley 999 de 1988 permitía una sola modificación en toda la vida.
—Ya cambió su nombre una vez —le dijeron—. No puede hacerlo de nuevo.
Una década para que el Estado aceptara que Índigo era su verdadero nombre. Diez años para que el documento coincidiera con el cuerpo, con su voz, con el tránsito íntimo y político de ser quien es. ¿Qué tanto puede dañar a una persona un nombre? ¿Cuántas veces puede el sistema obligar a alguien a explicar que el papel no refleja lo que se ve en el espejo?
Frente a esa negativa, Índigo hizo lo que hacen quienes se niegan a darse por vencidos: batalló.
Presentó una acción de tutela el 30 de septiembre de 2024. Lo hizo para defender unos derechos que, en teoría, ya estaban garantizados por la ley colombiana: igualdad, intimidad, personalidad jurídica, libre desarrollo de la personalidad, identidad sexual.
En la tutela, explicó que el primer cambio, en 2018, había sido un gesto parcial, aún marcado por el miedo. Pero, en 2024, decidió cambiar su nombre de una vez por todas y hacerlo legalmente. Corrigió también el componente de sexo en su registro civil: de mujer a hombre.
El caso fue asignado al Juzgado 37 de Familia de Bogotá. El fallo fue una decepción: negó la tutela por improcedente, alegando que Índigo no había agotado un proceso judicial ordinario. Según el juzgado, no había urgencia ni perjuicio inminente.
Peor aún, el juzgado se refirió a Índigo en femenino. Lo llamó «la tutelante». Le negó su voz, su tránsito y su género. El lenguaje, esa primera forma de reconocimiento, también le fue negado.
Índigo impugnó. Alegó que el juez no entendió su situación como hombre trans y desconoció la sentencia C-114 de 2017, que permite excepciones a la limitación de solo poder cambiarse el nombre una vez.
El Tribunal Superior de Bogotá, encargado de resolver la impugnación, declaró la nulidad del fallo porque el juez de primera instancia había omitido vincular a la Registraduría Auxiliar de Los Mártires, oficina clave en el trámite por ser donde se expidió su primera documentación.
El Juzgado 37 insistió en su fallo original. Volvió a declarar improcedente la tutela, ignorando el fondo del reclamo. Para ese momento, sin embargo, la Registraduría ya había corregido el registro civil. El 14 de noviembre de 2024, el nombre de Índigo quedó oficialmente inscrito.
Aun así, la Corte Constitucional decidió intervenir.
El 27 de junio de 2025, la Sala Sexta de Revisión asumió el caso. La ponencia, a cargo del magistrado Miguel Polo Rosero, argumentó que, aunque el cambio de nombre ya se había logrado, había un problema mayor: la incapacidad institucional para comprender la realidad de las personas trans. Lo que estaba en juego era el respeto a derechos fundamentales que habían sido vulnerados durante todo el proceso.
La Corte analizó los errores cometidos por las entidades involucradas y dejó claro que la falta de formación y sensibilidad afecta directamente a quienes buscan el reconocimiento legal de su identidad. La sentencia T-280 de 2025, más que un cierre judicial, fue una advertencia: no pisotear los derechos fundamentales de las personas.
Los magistrados ordenaron a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla capacitar a los futuros jueces sobre identidad de género y exhortaron al Consejo Superior de la Judicatura a llamar la atención sobre los funcionarios que desconocen los derechos de las personas trans y a garantizar que las sentencias se apliquen con rigor.
La Corte señaló con claridad al Juzgado 37, el mismo que se refirió a Índigo como «la tutelante», sin considerar que ya existía un nombre legalmente reconocido. Le exigió adoptar un enfoque respetuoso con la identidad de género de quienes comparecen ante sus despachos.
También llamó la atención sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil. Le pidió actuar con celeridad frente a las solicitudes de cambio de nombre y sexo. Cada semana de espera, cada observación innecesaria, cada negativa infundada representa una forma de exclusión, concluyeron los magistrados.
Como último acto, la Corte protegió la identidad de Índigo. Ordenó la reserva de su nombre anterior y de toda información que pudiera exponerlo públicamente. Fue un gesto mínimo, pero significativo. Reconoció que el pasado de una persona no puede ser usado como forma de violencia simbólica.
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