Los cantos de los gallos y el primer rayo de sol alcanzan a los campesinos que caminan hacia los sembradíos de maíz, yuca, sandía, arroz y ñame en María La Baja, un municipio a los pies de los Montes de María, a setenta y cinco kilómetros de Cartagena.
La agricultura campesina, familiar y comunitaria produce aproximadamente el setenta por ciento de los alimentos que se consumen en Colombia. Esta cifra contrasta con la vulnerabilidad del sector: según la FAO, el 25 por ciento de la pérdida total causada por eventos climáticos extremos en el mundo en desarrollo recae exclusivamente sobre la agricultura. En medio de la crisis, los tiempos han cambiado: las sequías e inundaciones que aparecen de la nada toman por sorpresa a las familias.
Hoy rezan con incertidumbre y confían en ciclos que ya no reconocen. Bajo las montañas entierran las semillas y esperan, con paciencia, los primeros brotes. Mientras la lluvia irrumpe sin aviso, abren surcos para que el agua escurra y no ahogue el maíz. Cuando el cielo se cierra, confían en que la yuca resista la sed y alcance a florecer.
Yamilis Vuelvas es campesina de la vereda El Playón. Aprendió a cultivar porque su papá le enseñó desde que era niña: «Nosotros sembramos el año pasado dos hectáreas de maíz para recoger cien sacos, pero el viento lo tumbó, el verano también le hizo daño y la lluvia. Entonces solo recogimos veinticinco bultos. No hay posibilidad de recoger más», dice la mujer de 45 años.
Ella camina entre el maíz. Las hojas se ven amarillas y los tallos que no lograron crecer están débiles. Las lluvias anegaron el terreno antes de que las plantas pudieran afirmarse.
«El clima ha cambiado», dice Gregoria Herrera, lideresa y directora de la organización campesina Aso Mujeres Afros de la vereda del Sena. «Antes llovía todo octubre y a mitad de noviembre empezaba el verano. Ahora sigue lloviendo y no sabemos qué va a pasar. Cuando hay mucha resequedad, los maíces se quedan pequeños; si hay demasiada lluvia, la mazorca sale fallada de grano», dice mientras permanece sentada y destusa mazorcas.
Herrera también ha sufrido pérdidas en sus cultivos durante los últimos cinco años. Recuerda que en 2020 sembraron maíz y fríjoles, pero todo se inundó: no lograron recuperar nada y tampoco esperaban que en diciembre fuera a llover.
La paradoja es demográfica: María La Baja cuenta con 7.000 productores agrícolas que alimentan a Cartagena y Barranquilla, habitadas por más de dos millones de personas que consumen estos productos.
En María La Baja, según la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria, las familias consumen alrededor del diez por ciento de sus cosechas, mientras lo demás termina en los mercados nacionales. Pero ahora las cosechas han disminuido un cuarenta por ciento debido a una inestabilidad que ha alterado el calendario ancestral del campesinado.
«La tradición de sembrar en marzo, para el Sábado de Gloria, se ha perdido, porque marzo ya no es verano sino invierno», dice Yamilis Vuelvas, sentada entre las matas de su maíz raquítico. «La gente picaba los montes para sembrar en marzo, pero ya no puede hacerlo porque está lloviendo. Ahora la gente siembra en el mes que sea, a lo que Dios quiera».
Para ella, uno de los mayores problemas es la caída en la producción. En ocasiones siembra dos hectáreas de maíz esperando recoger cincuenta bultos, pero termina obteniendo apenas diez. La diferencia no deja margen de ganancia para volver a sembrar ni para pagar jornaleros, por lo que debe asumir el trabajo ella misma.
Según las proyecciones del 12 de febrero de 2026 del IDEAM, Colombia inicia el año bajo condiciones asociadas con el fenómeno de La Niña. Para marzo de 2026, los modelos proyectan incrementos de precipitación de hasta un 70 por ciento en la región Caribe.
Estas variaciones son el registro local de un fenómeno global: el decenio 2014-2023 fue el más cálido registrado, con un aumento de la temperatura media mundial de 1,2°C por encima del promedio preindustrial. Este calentamiento acelera la evaporación y altera los patrones de viento, transformando las lluvias predecibles en eventos extremos de inundación o sequías prolongadas.
En el corregimiento de Matuya se vive a diario. Las campesinas labran la tierra a orillas de la represa y entierran las semillas entre las montañas altas de los Montes de María, confiando en el trabajo para seguir adelante.
Cada mañana, William Narváez recorre sus siete hectáreas de maíz y arroz, cultivos que apenas le alcanzan para sobrevivir. Si la sequía aprieta, llena la bomba de agua en el pozo de su casa, se echa esos 10 kilos a la espalda y riega surco por surco. Si la lluvia cae en exceso, cambia la manguera por la pala y pasa el día abriendo zanjas.
«El agua me está atacando tanto que cada vez que le echo abono al maíz, llueve y el agua se lleva el fertilizante. La mata no ha podido absorber los minerales», dice mientras sostiene la pala. «Yo no esperaba el aguacero de ayer. Hoy me tocó venir a sacar toda esta agua, porque si la dejo ahí el maíz se ahoga y se pone amarillo».
Mientras los pequeños productores improvisan pozos de dos metros para subsistir, los monocultivos de palma cuentan con sistemas de riego permanente. En la zona, se estima que la agroindustria capta hasta el 60 por ciento del agua de los canales y represas locales y seca las fuentes de las que dependen los campesinos.
Después de las pérdidas, ¿quién responde?
Colombia es uno de los países más vulnerables debido a su geografía. En respuesta, el Estado desarrolló la Ley 1931 de 2018 para planificar el territorio con criterios de riesgo. En esencia, la norma plantea anticiparse en lugar de reaccionar.
Sin embargo, la respuesta institucional no siempre llega al ritmo de las pérdidas. Elías Maldonado, director de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria, explica que han reportado los daños al Ministerio de Agricultura para gestionar apoyos y mecanismos de compensación. «Los campesinos han venido a la oficina a reportar pérdidas. Hemos recogido estas quejas y las hemos trasladado a las entidades competentes», asegura.
En los territorios, mientras tanto, la adaptación depende de los propios agricultores. Sin sistemas de riego formales, cada familia enfrenta la emergencia con los recursos que tiene a mano.
Campesinos como Narváez lo expresan sin rodeos: «La alcaldía no apoya a los campesinos. Yo no puedo entregarle mi siembra a los políticos, por eso trato de regar mis matas y salvarlas. El único que me ayuda es Dios».
Para Lucas Zambrano, un campesino de sesenta y cuatro años, hay una certeza más dura: «El campesino, cuando pierde, pierde todo. Se lamenta, pero sigue trabajando y sembrando». Cuando llueve con intensidad, aunque construyen drenajes, los cultivos se dañan. El agua baja, pero la humedad permanece y pudre la raíz de la yuca.
Frente a las críticas, Maldonado asegura que desde la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria han impulsado capacitaciones enfocadas en seguridad alimentaria. También señala que han entregado herramientas de trabajo, como palas y machetes, en jornadas conmemorativas.
No obstante, algunos campesinos afirman que no han participado en estos procesos. La lideresa Herrera señala que los conocimientos sobre el clima provienen de la tradición: «No hemos recibido formación sobre el tema. Aquí aprendemos de los viejos ancestros; ellos nos dicen en qué tiempos debemos sembrar o no».
La vulnerabilidad no es solo climática, sino estructural. En Colombia, la concentración de la tierra desplaza al campesinado hacia predios menores con escasa capacidad de tecnificación: el 1 por ciento de las fincas más grandes controlan el 81 por ciento de la tierra, lo que amplifica el impacto de cualquier anomalía hídrica.
Vuelvas cruza todos los días en lancha la represa de Playón, construida en 1968. Dice que lo que más le gusta de sembrar es el maíz, porque con sus granos puede preparar bollos tradicionales y mazamorra. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, ella se pregunta:
«Si nosotros los campesinos no sembramos, ¿las personas de la ciudad qué comerían? Allá habría solo hambre».
Vuelvas camina entre las hileras de maíz, mientras el viento mueve las plantas como si el campo respirara. Espera verlo verde y no amarillo. La agricultora no pide más que reconocimiento por su trabajo y por quienes, como ella, sostienen la tierra para que otros puedan vivir de sus frutos.
El agotamiento de la agricultura familiar no es un riesgo futuro, sino un proceso en curso. La desaparición de los ciclos de siembra tradicionales en los Montes de María marca el inicio de una inseguridad alimentaria que los centros urbanos aún no terminan de advertir.
Nota editorial: esta historia fue apoyada por el Centro Pulitzer.
