Es la mañana cuando Xaropinho, un loro real amazónico (Amazona ochrocephala), de plumas predominantemente verdes por todo el cuerpo, coronilla amarillenta y pico gris, oye que se abre la pequeña puerta de su pajarera. Encaramado en un delgado trozo de madera, empieza a saltar de palo en palo hasta llegar a la salida. Frente a él, la veterinaria Natália Assis lo espera con un trocito de banana. De ese modo empieza el 10 de julio de 2025 en el Centro de Triaje y Rehabilitación de Animales Salvajes (CETRAS) de la Universidad Federal Rural de la Amazonía (UFRA), en Belém do Pará, donde vive el Xaropinho desde que fue encontrado en un barco, víctima de tráfico.
El CETRAS es la ampliación de la Clínica de Animales Salvajes de la UFRA, que existe desde 2013 para tratar a los animales que circulan por el campus y las especies rescatadas por organismos ambientales e instituciones asociadas. Muchos de sus colaboradores son estudiantes de grado y de posgrado de Ciencias Biológicas, Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Actualmente hay 20 animales en el centro que se encuentra dentro del Área de Preservación Ambiental de la Región Metropolitana de Belém. Entre las zonas dedicadas al cuidado específico de diferentes especies, el viento realza la atmósfera tranquila, que parece armonizar con el suave balanceo de las ramas del árbol de mango y los racimos de ixora, pequeñas flores rojas en forma de estrella.
Gruñón, Xaropinho suelta palabrotas a menudo durante el día. Intenta picotear a Natália Assis. La veterinaria explica que es su forma de defenderse y que su vocabulario es un reflejo de cómo lo trataron.
Xaropinho salta porque le cortaron las alas, lo que indica que sus captores no lo mantenían encerrado en una caja. Alimentado solo con harina, llegó al CETRAS el 22 de abril de 2025 delgado, débil y lleno de ácaros. Lo sometieron al procedimiento habitual del centro: sedación, identificación de la especie y cirugía, cuando es necesario.
Todos los días se le pesa y se observan sus heces. Periódicamente se le administran medicamentos antiparasitarios y vermicidas y se le hacen análisis de sangre. También hay momentos en los que «va a la escuela»: cada semana, los becarios del centro buscan distintas formas de ofrecerle comida al ave para explorar su cognición y reducir su estrés, ya que posiblemente pasará el resto de su vida lejos de la naturaleza.
Xaropinho, que se llama así porque en abril tocaba bautizar a los nuevos animales con nombres que empezaran con la letra «X» —las letras cambian cada mes—, come dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Sus potes los preparan trabajadores del departamento de Nutrición, que planifican dietas apropiadas para cada especie, las adaptan según su evolución y cortan los trocitos al tamaño adecuado para cada animal.
El equipo también se turna para comprar comida y limpiar las pajareras todos los días, incluidos los fines de semana. El loro sale dos veces al día para tomar el sol y para que lo bañen. Es su gran momento de ocio e interacción con los humanos que cuidan de él.
«Es un gran privilegio trabajar con estos animales. Algunos de los que tenemos aquí fueron rescatados cuando aún eran crías. Las aves se comunican más: algunas vocalizan, los loros hablan mucho. Pero las otras especies son más silenciosas, porque la mayoría ha evolucionado para no ser vulnerable en la naturaleza. Aprendemos sobre empatía para intentar comprender sus necesidades y captar las señales más silenciosas de su malestar», dice Assis.
Mientras habla, el loro aprovecha para caminar por su brazo y observar a las aves vecinas: Ycaro y Yara, una pareja de tucanes pechiblancos (Ramphastos tucanus) a los que también les cortaron las alas y que han engordado desde su rescate. Cada uno vive en una pajarera dentro de uno de los bloques del centro. Una reja los separa.
Su vecina más cercana es Xanaína, una maracaná cara afeitada (Primolius maracana). Está tan débil que no le crecen plumas, ni siquiera con la dieta que le da el equipo, que aún no ha determinado su diagnóstico. Recogida en la pajarera, no le gusta asomarse y su timidez, que contrasta con la glotonería de su vecino, ya ha sido el tema de una publicación en las redes sociales.
Aunque los cuidadores sospechan que estas y otras aves han pasado por las manos de vendedores ilegales, no están seguros de su origen. La información es contradictoria, incluso con relación a la organización que trajo al loro, según ellos, fue el Batallón de Policía Ambiental, que afirma no tener constancia de haberlo enviado a la universidad en el periodo mencionado.
«A veces nos llegan aves incautadas y no sabemos si vivían en libertad o en cautiverio. Es muy importante disponer de este historial, que a veces no se facilita, para evaluar la posibilidad de soltarlas. Los animales criados en cautiverio no pueden soltarse sin más, porque podrían no sobrevivir», explica Natália Assis.
«La estructura logística de la Amazonia legal juega a favor del traficante»
Xaropinho puede considerarse afortunado. El 90% de los animales víctimas del tráfico mueren durante el transporte, de acuerdo con Antônio Carvalho, especialista en tráfico de fauna silvestre de Wildlife Conservation Society (WCS) Brasil, una organización fundada en 2003 que se dedica a la conservación de la Amazonía y el Pantanal.
Guardados en maletas con falso fondo, cajas de cartón, fardos de periódicos, en los maleteros de autos e incluso dentro de la ropa de los delincuentes, los animales son drogados, torturados o incluso mutilados para no llamar la atención de la policía. «Es mucho más probable que perdamos nuestra fauna por el tráfico que por el cambio climático», dice Carvalho.
Para ilustrar la urgencia de la pérdida de biodiversidad causada por el tráfico ilegal de especies, Carvalho cita la epidemia de caza furtiva de elefantes en África, destinada a abastecer el mercado ilegal de marfil. Esta epidemia provocó que la población de estos animales disminuyera un 20% en el continente en tan solo nueve años (2006-2015). Según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), publicado en 2016, se pasó de más de 500.000 ejemplares a unos 415.000. Tanzania, cuya economía depende en gran medida del turismo con animales, experimentó una caída del 60% en su población de elefantes. La extinción total de los elefantes se evitó gracias a la publicación de datos alarmantes y a la implementación de políticas públicas de conservación y lucha contra la caza furtiva de estos animales.
Otra preocupación del experto se refiere a la transparencia sobre qué sucede con los animales rescatados por las autoridades, cuyo destino a veces resulta confuso. Cita como ejemplo una operación conjunta de las policías Civil y Militar, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Las dos últimas organizaciones son los principales agentes públicos responsables de la vigilancia y el mantenimiento de la biodiversidad en Brasil. A finales de enero de este año, se incautaron diez monos de los genéros Lagothrix y Cebus que estaban atados a unos trozos de hierro en una chacra de Pauini, en el estado de Amazonas. Cuatro ya estaban muertos. Los seis supervivientes, que debían enviarse de inmediato al Centro de Triaje de Animales Salvajes (CETAS) de Río Branco, solo se entregaron en mayo. Para Carvalho, esa discrepancia en las fechas «apunta a un posible desfase entre los procedimientos publicitados y el destino o la manipulación real de los animales incautados».
La historia se repite a diario. En agosto, una operación de vigilancia que llevó a cabo la Policía Militar Ambiental en Óbidos, al oeste del estado de Pará, tuvo como resultado el rescate de 225 chirigües azafranados (Sicalis flaveola) que se transportaban en una embarcación. Las aves estaban escondidas en bolsas de basura, sin ventilación, agua ni comida.
Tras el rescate, el camino que siguen los animales traficados aún es arriesgado: su principal destino es a los CETAS, donde son burocráticos, adolecen de falta de inversión y están sobrecargados, por lo que se convierten en almacenes de animales. Los centros los gestiona el Ibama, que limita el número de aves acogidas en cada uno.
El más cercano a la capital del estado de Pará se encuentra en Benevides, pero ni siquiera funciona, por lo que la acogida de las aves depende de instituciones como la Universidad Federal Rural de la Amazonia (UFRA), así como de «zoológicos, criadores e instituciones de investigación que tengan capacidad técnica para recibirlos y tratarlos inicialmente hasta su destino final, o derivarlos a otros CETAS de todo Brasil», como explica el Ibama. Según el organismo, solo en 2024 se incautaron más de 22.200 animales silvestres, que se enviaron a los CETAS.
Paulo Henrique Demarchi, asesor técnico del Grupo de Combate a los Crímenes Ambientales de la Policía Federal de Carreteras, explica que los refugios del Ibama concentran la fauna rescatada en el norte y nordeste del país, mientras que en otras regiones la acogida se reparte entre muchas organizaciones y zoológicos (como ocurrió con dos nutrias que estaban en la UFRA y fueron al zoológico de Taubaté, en el estado de São Paulo).
Según Demarchi, «la Policía Federal de Carreteras es una de las fuerzas que más detiene a traficantes y rescata animales salvajes». Como parte de su formación, desarrollan un curso sobre delitos ambientales, que los capacita para combatir el tráfico.
Otro organismo que realiza rescates es la Policía Civil. Esta quizás fue la que encontró a Xaropinho, aunque la comisaria de la División Especializada de Medio Ambiente y Protección Animal de Belém, Letícia de Abreu, no encontró registros de él ni de ninguno de sus vecinos.
Abreu subraya que los delincuentes que investigan suelen guardar a los animales en las zonas boscosas donde los capturan y los venden personalmente en mercados locales. De acuerdo con Abreu, dependiendo de la cantidad y del tiempo que los animales lleven viviendo en cautivero ni siquiera «compensa» separarlos de sus dueños. «Cuando vemos que ya es un animal doméstico, dejamos a la persona como su custodio hasta que se termine el proceso judicial», dice.
En otras situaciones, se envían a refugios de animales como el CETRAS de la UFRA. «Pero son muy pocos los casos en que consiguen volver a la naturaleza tras su estancia en el refugio», añade Abreu. Solo han rescatado especies brasileñas, el semillero curió (Sporophila angolensis) y el zorzal colorado (Turdus rufiventris) son las aves más comunes. «No se venden mucho por internet. Al menos [las denuncias de este tipo de venta] no llegan a la comisaría», afirma.
La falta de integración entre organismos debilita la lucha contra el tráfico de animales
En Brasil, nadie puede precisar exactamente cuántos animales salvajes se capturan cada año. No existe un organismo central que sintetice y dimensione cuántas vidas se pierden por este crimen.
Aunque instituciones estatales como el Instituto de Medio Ambiente de Acre, el Instituto de Protección Ambiental de Amazonas, las policías Civil y Militar y el Ministerio Público trabajan en diferentes frentes, el propio Ministerio Público reconoce que no existe una base de datos nacional consolidada que unifique las incautaciones, las investigaciones y los resultados judiciales referentes a la fauna.
Los informes de WCS Brasil detallan que los procesos administrativos y las notificaciones de infracción se envían al Ministerio Público o a otros órganos normalmente por correo electrónico. Para acceder a la información de otra institución hay que presentar una solicitud formal donde se especifiquen los datos que se desean para que la organización responsable pueda extraer la información manualmente y enviarla como informe. El Ibama tiene algunos acuerdos de cooperación técnica que facilitan un acceso restringido a sus bases de datos, pero no existe una integración que permita realizar consultas directas y cruzar datos entre distintos sistemas.
Esta fragmentación es el resultado de la descentralización que, aunque tiene algunas ventajas —como que los agentes cercanos puedan responder más rápidamente a los incidentes—, crea formas de registro dispersas e individualizadas. Pero la ausencia de una base de datos unificada y la falta de conexión entre los sistemas hacen prácticamente imposible identificar patrones de actividad, rutas de transporte o vínculos entre incautaciones realizadas en distintos territorios.
Es habitual, por ejemplo, que se impute a un traficante en un estado y, meses después, se le detenga en otro sin que las autoridades se den cuenta de que se trata de la misma persona. También suele pasar que los animales confiscados en operaciones estatales llegan a su destino final sin que se conozca su origen real, porque los sistemas no permiten rastrear el origen de la incautación.
La falta de estandarización también afecta la calidad de la información. Muchos sistemas agrupan todos los tipos de delitos ambientales en una única base de datos, con campos de texto libre y errores de cumplimiento que dificultan la búsqueda y el filtrado. Además, los incidentes de posesión ilegal de animales a menudo no se clasifican como comercio debido a la falta de pruebas directas, por lo que no quedan registrados todos los casos de tráfico.
Según WCS Brasil, el escenario se agrava porque los delitos contra la fauna no se encuentran entre las principales prioridades del Ibama, que concentra sus esfuerzos en la lucha contra la deforestación y los delitos forestales. Esto ocurre, sobre todo, en los estados amazónicos, donde los pocos efectivos se destinan casi exclusivamente a contener el avance de la tala de árboles.
A falta de un sistema sólido, se trabaja con estimaciones. La organización no gubernamental World Animal Protection calcula que en Brasil se capturan cada año hasta 38 millones de animales silvestres, que generan unos beneficios de aproximadamente 1.000 millones de dólares, un 15% del comercio mundial de animales salvajes.
El tráfico de especies silvestres es la tercera actividad ilegal más importante del mundo, solo superada por el tráfico de drogas y de armas, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Red Nacional de Lucha contra el Tráfico de Animales Silvestres (Renctas) preveía a principios de la década de 2000, en su primer informe, que cada año se capturaban decenas de millones de animales, mayoritariamente aves, que representan el 80% de las especies contrabandeadas en Brasil, según World Animal Protection. La información de animales rescatados por el Ibama entre 1999 y 2025 corrobora esas estimaciones.
El tráfico de animales no solo implica la venta de especies vivas. También es delito transportar y poseer sus partes (plumas, dientes, huesos) y llevar productos derivados: huevos y carne de tortugas de agua dulce, aceite extraído del delfín rosado, piel de jaguar, plumas de aves utilizadas en artesanía e incluso cremas de origen animal, que suelen venderse en el turismo regional (Un ejemplo notorio ocurrió en Pará en 2016: el Ibama decomisó partes de 19 jaguares, incluyendo cabezas, cráneos, patas y pieles, en una única operación ampliamente difundida en la época).
Rutas y métodos
Según datos públicos de la Policía Federal de Carreteras, los delitos ambientales son los más numerosos en la Amazonía Legal, con los estados de Mato Grosso, Pará y Amazonas a la cabeza en los últimos años. Sin embargo, en comparación con el conjunto del país, los estados de fuera de la región, como el Distrito Federal, Mato Grosso del Sur y Bahía, acumulan mayores cifras. Este último alcanza diferencias llamativas.
«Hasta 2024 había una acción en Bahía llamada FPI [Vigilancia Preventiva Integrada] que reunía la Policía Federal de Carreteras, el Ministerio Público, el Ibama, todos los órganos públicos posibles, que iban por las ciudades para que la gente entregara voluntariamente a los animales. Pero no todos procedían del tráfico, también había personas que tenían algunos pájaros irregulares. Pero la Policía Federal de Carreteras ya presionaba a los traficantes de allí», dice el asesor técnico Paulo Henrique Demarchi.
Hay otras razones para que haya menos incautaciones en la Amazonia Legal. Es importante subrayar que se trata de la mayor selva del planeta: a muchas comunidades y municipios solo se puede llegar en avión o barco. La densidad demográfica es baja y, en algunos lugares, se pueden recorrer kilómetros sin ver una carretera o incluso una casa. Los municipios alejados de los grandes centros son sencillos, con poblaciones que a veces deben desplazarse durante días para llegar a un hospital. Las vías de tierra, cuando las hay, son la regla. El resultado es la red de carreteras más pequeña de Brasil, que está descuidada en muchos puntos.
Demarchi explica que, en esa región, una sola base policial tiene bajo su responsabilidad un área mucho mayor que las bases de otras partes del país. Brasil cuenta, en promedio, con un policía militar por cada 21 km²; en la Amazonía, la proporción es de uno por cada 81 km². Las carreteras no tienen concesiones, como en las regiones sur y sureste, lo que da lugar a una infraestructura más precaria. Eso requiere que los agentes de policía deban atender incluso a víctimas de accidentes, sobre todo cuando la ambulancia no llega a tiempo.
La región norte acaba siendo poco atractiva para los agentes de la Policía Federal de Carreteras. La mayoría proceden de otras partes de Brasil, suelen ir a la región a trabajar al principio de sus carreras y optan por volver a sus lugares de origen al cabo de pocos años. Al ser más inexpertos, también les resulta más difícil localizar a los delincuentes. «A medida que nos acercamos al noreste, sureste y sur, encontramos policías con más experiencia, lo que aumenta la eficacia de la vigilancia», explica Demarchi.
No obstante, el consultor señala que la Policía Federal de Carreteras cuenta actualmente con la mayor plantilla de su historia y que tiene previsto formar a otros 267 nuevos policías. Demarchi subraya que la ruta del tráfico no solo pasa por la selva. Muchos de los animales que captura la Policía Federal de Carreteras proceden de los biomas de la Caatinga y el Cerrado. «En la Amazonía, es más difícil incautar de una sola vez una gran cantidad de animales de contrabando. Agarramos 30, 20, media docena en cada decomiso», dice Demarchi. Esto se debe a que la densidad de la selva hace que la acción de la policía sea más capilar. En otras palabras, hay más posibilidades de que los traficantes no pasen por un control regular. «La estructura logística de la Amazonia legal juega a favor del traficante», de acuerdo con Demarchi.
Durante más de cuatro siglos, la tenencia y comercialización de animales salvajes estuvo poco regulada en Brasil. El Código Civil de 1916 trataba a los «animales bravos» como res nullius, cosas sin dueño, de las que cualquiera podía apropiarse. El Código de Caza de 1943 reforzó la lógica propietaria. El punto de inflexión llegó con la Ley de Protección a la Fauna de 1967, que declaraba la fauna bien público bajo protección del Estado y prohibía la utilización, persecución, destrucción, caza y captura de animales silvestres, nidos o refugios.
En 1988, la nueva Constitución Federal elevó el medioambiente ecológicamente equilibrado a derecho fundamental, estableciendo que es responsabilidad del poder público «proteger la fauna y la flora, quedando vedadas, por ley, las prácticas que pongan en peligro su función ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los animales a crueldad». Esa fue la primera vez que se mencionó explícitamente la protección de la fauna salvaje en una constitución brasileña.
Hoy, en Brasil, todos los animales salvajes son considerados de interés público colectivo, están protegidos por el Estado y la captura, el transporte o la venta sin autorización son delitos. Pero la letra de la ley no siempre tiene peso. Según la Ley de Delitos Ambientales, capturar, poseer o vender fauna autóctona sin autorización puede acarrear una pena de 6 meses a 1 año y una multa, que puede oscilar entre 500 y 5.000 reales por animal, dependiendo de la especie y las circunstancias del delito. En la práctica, la respuesta estatal se reduce a menudo a multas administrativas, sujetas a una baja eficacia recaudatoria. El indulgente castigo no disuade a las redes que operan con márgenes altos y riesgos bajos, ya que los intermediarios suelen adquirir los animales a precios bajos.
En un informe elaborado por la ONG Traffic, consta que los ríos son las principales vías de transporte de la región amazónica. Según Traffic, los ríos más transitados por los traficantes son el Purús, el Madeira y el río Negro. El río Purús nace en Perú y desemboca en el río Solimões, en Brasil, atravesando los estados de Acre y Amazonas. Es sinuoso y navegable en casi toda su longitud, y constituye una ruta predilecta para transportar peces y tortugas. El río Madeira, ubicado entre Bolivia y los estados brasileños de Rondonia y Amazonas, es una ruta para las especies destinadas al consumo alimentario. Y el río Negro, que cruza en su mayor parte el estado de Amazonas, también baña a Venezuela y Colombia. Este se utiliza para movilizar peces ornamentales para el mercado internacional, especialmente en la región de Novo Airão, en el área metropolitana de Manaos.
Las aeronaves suelen ser los medios de transporte de las especies más caras. Así se evita que mueran durante el viaje por tierra o por agua o que las incauten los inspectores ambientales. Según Renctas, los aeropuertos más utilizados, tanto para trayectos nacionales como internacionales, son los de Belém, Santarém, ambos en el estado de Pará; el de Manaos, en el estado de Amazonas; el de Oiapoque, en Amapá; y el de Boa Vista, en Roraima.
Los informes elaborados por Rafael Leite, especialista en tráfico de fauna salvaje de WCS, detallan las operaciones en las que estos estados fueron rutas del crimen. Un ejemplo es la Operación Safe River, llevada a cabo en 2016, que aunó esfuerzos con las policías Civil y Militar de Pará, la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Estado de Pará y el Ministerio Público Federal. En la acción detuvieron a cinco personas en el aeropuerto de Santarém que los condujeron a un almacén donde había 400 peces ornamentales y 58 rayas, cuya venta está prohibida, listas para ser exportadas.
Al año siguiente la Operación Poseidón desmanteló el tráfico en tres rutas: Belém, Santarém y Manaos. Los peces ornamentales se capturaban en la cuenca del río Tapajós, en Itaituba, y se almacenaban en bolsas de plástico con poca agua y oxígeno. Además de la elevada tasa de mortalidad, existía otro agravante: las especies se utilizaban para blanquear dinero.
El tamaño del mercado ilegal
Los peces ornamentales son los tipos de animales más incautados en Brasil. El segundo lugar lo comparten las aves y los reptiles. Este orden se refleja en el mercado legal: entre 2010 y 2018, se comercializaron legalmente casi 400.000 peces a países como Alemania, frente a más de 45.000 reptiles y 37.000 aves.
Las aves son las protagonistas del mercado ilegal en línea: son las más vendidas digitalmente. En 2024, año del último informe de Renctas sobre este tipo de comercio, 1.684 anuncios eran de aves, frente a 610 de reptiles, que ocupaban el segundo lugar. Las tres especies más anunciadas fueron el pepitero verdoso (Saltator similis), el guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna) y el loro frentiazul (Amazona aestiva).
El semillero curió es el ave más vendida legalmente y también la más traficada en Brasil. Dos aves de esta especie viven, cada una en una jaula, en un establecimiento comercial de Boa Vista, en el estado de Roraima, desde antes de la pandemia de COVID-19. El dueño las adquirió de un vendedor ilegal. No les ha puesto nombre e interactúa con ellas solo cuando les limpia la jaulas o repone su agua y comida.
A veces, se olvida incluso de quitar el trapo que cubre las jaulas para que los semilleros curió puedan dormir mejor. Así que se pasan muchas horas encerrados. Su rutina se reduce a realizar pequeños vuelos, que son más bien saltos en zigzag dentro de la jaula. ¿Cantos? Rara vez se oyen. Su único ocio son las «vacaciones» que de vez en cuando hacen a una chacra de la familia de su propietario en el interior del estado.
El funcionario Sérgio Dias* suele ver a los pájaros en la tienda. Encontró la misma especie enjaulada en Rurópolis, en el estado de Pará, en una casa que visitó. El propietario se la compró a un hombre que criaba pájaros en su casa y los anunciaba por 600 reales (150 dólares) cada uno en 2019. «No era su renta principal, era un extra. Pero solo había que llamar y él traía un pájaro que capturaba en la selva», recuerda.
Si una boa constrictora escandaliza y levanta sospechas sobre cómo fue adquirida, las aves están tan arraigadas en la vida cotidiana que es habitual que alguien piense que es normal criarlas o venderlas. El predominio de casas con patios traseros y balcones en muchas ciudades amazónicas, y de casas que ni siquiera tienen paredes o están rodeadas de árboles y hierba en pueblos y comunidades, hace que las aves aparezcan a diario para recoger frutas y otros alimentos.
Especies como el semillero curió son más caras y buscadas tanto por coleccionistas como por criadores aficionados debido a su canto, belleza y rareza. «La presencia de la cacatúa ninfa (Nymphicus hollandicus), con 122 anuncios online registrados, demuestra que incluso las especies domesticadas se incluyen en este mercado, ya sea de forma legal o ilegal, pues a menudo se usan como tapadera para camuflar la venta de especies protegidas», según el informe de Renctas.
El documento muestra la diversidad de especies anunciadas en internet, incluyendo aves autóctonas —como el semillero corbatita (Sporophila caerulescens) y el guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna)— y también especies exóticas introducidas ilegalmente en el país, como la serpiente del maíz (Pantherophis guttatus), lo que demuestra que el tráfico opera en múltiples frentes. De acuerdo con el informe, esta práctica «aumenta los riesgos ecológicos, con posibles repercusiones en la biodiversidad local, además de plantear graves amenazas para la salud pública debido a la transmisión de zoonosis».
Después de las aves, los reptiles, que incluyen iguanas, serpientes y lagartos, considerados «mascotas exóticas», los peces ornamentales para acuarios y los pequeños mamíferos (titíes y tamarinos) son las clases de animales más ofrecidas online. En la lista también hay escorpiones, arañas, crustáceos e incluso estrellas de mar.
El valor promedio de los animales en los 2.936 anuncios de WhatsApp, recogidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023, fue de 489 reales (90 dólares). Lo anterior supone un total estimado de 1.730.287,90 reales (unos 325.000 dólares).
Casi la mitad de las publicaciones proceden del estado de São Paulo (44,14%), que representó más del 60% de las ventas. El estado de Pernambuco, que solo tiene el 5,52% de las publicaciones, «recaudó» 131.050,00 reales (24.500 dólares), lo que indica que podría ser un centro de venta de animales caros, como aves y reptiles exóticos, a coleccionistas.
São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río de Janeiro son los estados con más publicaciones, posiblemente porque también son los más poblados, tienen más acceso al transporte y a los consumidores. En el norte de Brasil, la mayoría de los registros provienen de los alrededores de Macapá, en el estado de Amapá, y Belém, en Pará, y de la frontera del estado de Amazonas con Rondonia y Acre.
El comercio ilegal virtual no se limita a las especies amenazadas. También incluye animales considerados fuera de peligro, aunque su situación podría cambiar dependiendo de la demanda comercial.
Un dato que llamó la atención de la institución es que las personas implicadas en el tráfico a través de WhatsApp suelen tener, en general, entre 21 y 30 años (254 anuncios) o entre 11 y 20 años (246 anuncios). Más que estar familiarizados con el mundo digital y las facilidades de la encriptación y el anonimato, parece que no les importa ni conocen la gravedad ambiental y jurídica de sus actos.
Dener Giovanini, cofundador de Renctas, explica que los grupos de compraventa pueden ser generalistas, específicos de una región (como São Paulo o Pará) o de determinados tipos de animales, como aves, arácnidos, serpientes o primates.
Las publicaciones que ha analizado la institución indican que se trata de una actividad muy lucrativa y estructurada, a pesar de que a menudo se disfraza de colectivos de aficionados y entusiastas. Las plataformas más utilizadas en Brasil para este fin son Facebook y, sobre todo, WhatsApp, que tiene las ventajas del cifrado de extremo a extremo y el control sobre quién entra y sale de los grupos.
«Es más difícil que alguien entre en los grupos de WhatsApp porque los compradores y vendedores se cuidan mucho de que no les denuncien. Para dejarte entrar, suelen hacerte una serie de preguntas. Pocos permiten que solo observes. Sospechan mucho cuando llega alguien así. Nosotros utilizamos perfiles falsos, claro», dice Dener Giovanini.
Para dificultar aún más el rastreo, los traficantes utilizan chips digitales vinculados a números extranjeros, principalmente europeos y asiáticos: los llamados eSIM. Otra estrategia consiste en crear anuncios falsos de otro tipo de bienes —celulares, por ejemplo— en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre. Los traficantes le ponen al producto el mismo valor del animal y luego le envían el enlace al cliente. Este método protege tanto al comerciante como al comprador, de acuerdo con Renctas: el primero ingresa el dinero al sistema financiero y el segundo protege su compra a través de la plataforma. Una vez la transacción es aprobada, se organiza el envío usando transportistas clandestinos o empresas de correo.
Las descripciones incluyen precios, formas de pago e incluso promesas de envío o entrega. También existe el llamado «rollo», que consiste en el intercambio directo de animales entre criadores y traficantes, a menudo sin intermediación de dinero. Esta práctica contribuye a la circulación de especies entre distintas partes del país, lo que aumenta el riesgo de zoonosis. Los usuarios suelen exhibir los animales —lo que genera más demanda—, los rifan e incluso anuncian otro tipo de productos, como facturas falsas y armas.
Aunque sutilmente, también se utilizan otras redes sociales, que poco a poco la ONG va vigilando. «Tenemos a alguien en Reddit y a otros en Discord, Telegram y Signal», dice Dener Giovanini. «Pero, en general, el mayor movimiento se da a través de grupos de WhatsApp y Facebook y, en algunos casos, Instagram. Cuando negocian con especies más valiosas entonces buscan medios alternativos para mantener la comunicación».
Explotación del saber tradicional y de la pobreza
Para los awa-guajás, indígenas que viven en lo que queda de selva amazónica en el estado de Maranhão, todos los animales de la naturaleza se «crían» unos a otros. La cría no es posesión, es cercanía. Las corzuelas coloradas crían acutíes y mariposas, las palmeras crían cigarras, los capibaras crían los zorzales colorados.
Los animales crecen sueltos y, cuando maduran, regresan a la selva. Regresar es el verbo que sustenta la sostenibilidad: el lugar del animal no queda vacío, el animal vuelve para dispersar semillas, ser presa o depredador y mantener la selva en funcionamiento.
En la aldea no existe la dicotomía entre casa y selva, doméstico y silvestre. El vínculo es denso: las mujeres convierten las vocalizaciones de advertencia de los monos en protección, ya que les sirven de aviso para defenderse de animales venenosos, como serpientes o arañas, que aparecen en su camino.
El pueblo indígena arara, que significa «guacamayo» en portugués, vive en el estado de Pará. Según su cosmología, cuando la vida aún no había comenzado, solo había cielo y agua, separados por una corteza que servía de suelo a sus habitantes. Akuanduba, la deidad guardiana, hacía sonar una flauta para poner orden cuando empezaba una pelea.
Un día, en una gran pelea, la furiosa multitud ignoró el sonido de la flauta de Akuanduba hasta que la corteza que separaba el cielo del agua se rompió. Los pájaros amazónicos devolvieron al cielo a algunos supervivientes, que se convirtieron en estrellas; a otros los dejaron encima de los trozos de corteza que flotaban en el agua. Así nació el pueblo arara, gente-selva que eligió permanecer lejos de las aguas, en la espesura.
Hoy, esos mismos guacamayos que ayudaron a los humanos a convertirse en estrellas y a sobrevivir en la Tierra han quedado reducidos a mercancías. Cada pluma arrancada es un hilo roto del mito: de seres espirituales pasan a ser productos de lujo, enjaulados o transportados por el mundo para satisfacer la codicia de otros.
Las aves de plumaje raro valen mucho desde el siglo XVI, cuando la biodiversidad de la Amazonía encendió la llama del lujo en Europa. La belleza y el exotismo de la fauna se trataban como riquezas que había que explotar. En la época de las Grandes Navegaciones, las damas de la corte presumían tener monos como mascotas, sombreros y vestidos con plumas de guacamayo y pájaros que tenían el don del habla. Hoy el animal exótico como símbolo de ostentación pervive en los selfies de turismo de naturaleza y en la exhibición de mascotas poco convencionales en las redes sociales.
Para muchas comunidades indígenas, este tipo de tráfico no es solo un delito ambiental, sino también la interrupción de una ética cosmológica ancestral. Herencia de la colonización, la caza de animales servía de vínculo entre los indígenas y los colonizadores. La recogida y entrega de especímenes corría a cargo de grupos indígenas, a menudo en contra de su voluntad, ya que solo ellos sabían dónde y cómo capturarlos. Hoy esta realidad persiste: las poblaciones tradicionales y ribereñas que viven en situación de vulnerabilidad social capturan animales salvajes y abastecen a una cadena clandestina dispuesta a pagar precios muy bajos en origen y multiplicar los beneficios en la ciudad.
En su informe de 2024, Renctas reveló la existencia de un mercado ilegal de arte plumario muy activo que llevaban indígenas brasileños. Cada año se matan cientos de aves para abastecer el mercado arquitectónico y decorativo, colecciones privadas y, en algunos casos, rituales religiosos.
La Constitución brasileña garantiza el uso tradicional de los artefactos en las comunidades, pero la ley prohíbe su comercio. Algunas piezas compradas en comunidades amazónicas por cantidades que apenas superan un puñado de dólares se venden por decenas de miles de euros en Europa.
Según Dener Giovanini, las primeras denuncias que recibió la institución fueron de líderes indígenas de la región del río Xingú, situada en el estado de Pará, que relataban la dificultad de hacer frente al comercio ilegal de sus artesanías tradicionales, como tocados, pulseras, collares y otros artículos que utilizan partes de animales salvajes, como plumas de loro y guacamayo, garras de halcón, dientes y huesos de jaguar y mono. La gran demanda de este tipo de artesanía estaba provocando la desaparición de especies de aves en algunas regiones. A partir de las denuncias recibidas, Renctas empezó a vigilar el comercio de estos artículos en las redes sociales.
Tras realizar un mapeo detallado del comercio ilegal de arte plumario en Brasil por medio de su Programa de Monitoreo en Línea del Tráfico de Animales, Renctas envió al Ibama un dosier-denuncia con información sobre esta práctica ilegal, gracias al cual se iniciaron algunas investigaciones. Plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp son importantes escaparates para este comercio ilegal y las negociaciones tienen lugar allí mismo. Otro destino habitual de la artesanía indígena son las tiendas de decoración de los grandes centros urbanos, como Río de Janeiro y São Paulo. También existe un comercio activo en el extranjero, principalmente en webs de subastas de arte.
Según el director general de Renctas, los intermediarios se aprovechan de la vulnerabilidad social de las comunidades indígenas, muchas en situación de extrema pobreza, para adquirir los artículos a un precio muy bajo, que oscila entre 50 y 200 reales (10 y 38 dólares). Luego, el mismo artículo se vende en tiendas de arquitectura y decoración por precios que alcanzan o superan los 20.000 reales (3.800 dólares). En el mercado internacional, algunas piezas pueden venderse incluso por más de 70.000 dólares.
Lo que existe es una clara explotación socioeconómica de las comunidades indígenas vulnerables, dice Dener Giovanini. El eslabón más débil y explotado de esta cadena económica son los indígenas, quienes capturan los animales en su hábitat y elaboran los artículos, y son a los que menos les pagan por su trabajo.
Los pueblos originarios sufren otros daños, ya que la demanda de artesanía repercute directamente en la incidencia de las especies que se utilizan en sus comunidades. Terminan, entonces, con un medioambiente degradado y una pobreza persistente, mientras los comerciantes se llenan los bolsillos de dinero.
A diferencia de lo que mucha gente cree, las plumas que se utilizan para hacer un tocado no caen de forma natural de las aves. Hay que capturar y matar decenas de aves para hacer un solo tocado, lo que tiene un impacto significativo en la población de animales salvajes. Según Giovanini, se necesitan 10, 12, 15 guacamayos para hacer un solo tocado. Para un tocado de arpía, que es el águila real, se necesitan cuatro ejemplares. «Hemos visto tocados rituales para cuya confección se necesitan al menos 80 loros. Cuando se lleva este impacto a especies que ya están amenazadas de extinción, aumenta enormemente la posibilidad de que una especie se extinga como consecuencia de alimentar el comercio ilegal», dice.
Renctas creó el proyecto «Tradición con conservación» para lidiar con este problema. Como parte de la iniciativa, la organización forma a indígenas de varias aldeas de la Amazonía para que produzcan arte plumario utilizando plumas artificiales. Diseñadores y ornitólogos han desarrollado modelos de plumas artificiales similares a las naturales en formas, colores y dibujos. Además, se ha abierto una tienda virtual para vender los tocados elaborados por los indígenas, cuyos beneficios se destinan íntegramente a las comunidades como forma de liberarse de los comerciantes ilegales.
De este modo, las comunidades conservan el saber ancestral de elaboración de tocados —los instructores son los indígenas que poseen estos conocimientos— , contribuyen a la conservación de las aves silvestres y, además, refuerzan su renta familiar sin depender de intermediarios.
Brasil en la CITES
En 1975 Brasil ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un instrumento mundial que regula el comercio internacional de especies amenazadas, establece categorías de riesgo y exige a los países miembros que apliquen medidas para frenar las infracciones, confiscar especímenes y coordinar la vigilancia internacional.
En la actualidad, unas 5.950 especies animales y 32.800 especies vegetales están incluidas en los Apéndices I, II y III, en grados crecientes de exigencia. Más recientemente, en junio de 2025, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 79/313 (distribuida como A/79/L.96), que reconoce los riesgos de zoonosis y el vínculo con la corrupción en el tráfico ilícito de vida silvestre y pide a los Estados que clasifiquen como «delito grave» el tráfico de especies protegidas. Estas medidas siguen los criterios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Durante la 34.ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que tuvo lugar del 19 al 23 de mayo de 2025, circuló el boceto de una resolución, supuestamente propuesta por Brasil, con el objetivo de incitar a los Estados a criminalizar la posesión, el transporte, la comercialización y la exportación de fauna y flora obtenidas sin autorización, aunque no figuren en la CITES. Estas resoluciones marcan un cambio en el derecho internacional y la colaboración entre países, pues establecen inteligencia compartida, rastreo digital e investigación financiera para redes transnacionales. Brasil lidera estos avances, alineando su agenda nacional con las normas mundiales contra el tráfico.
Juliana Ferreira, directora ejecutiva de la Freeland Brasil, una ONG que, desde 2012, trabaja para proteger a las comunidades y especies silvestres vulnerables del crimen organizado y la corrupción, combatiendo el tráfico de vida silvestre y abogando por el fortalecimiento de las políticas públicas para la conservación de la biodiversidad, afirma que el gesto internacional también debe resonar dentro del país.
«Brasil tiene que aplicar mejor las leyes que ya tiene, fortalecer el marco internacional y contar con un plan nacional coordinado», dice Ferreira. «Si se aplicara correctamente la Ley 9605, por ejemplo, las penas de los traficantes profesionales podrían aumentarse mediante agravantes y delitos relacionados. El crimen no solo afecta a la supervivencia de las especies, sino también a los ecosistemas, los servicios ambientales, la economía y el bienestar».
El 5 de noviembre, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que incrementa la pena por matar o capturar animales silvestres, nativos o migratorios, sin permiso: la pena aumenta de los actuales 6 meses a 1 año a prisión de 2 a 5 años. El proyecto de ley pasa ahora al Senado para su aprobación y sanción presidencial. Al momento de redactar este informe, la nueva ley aún no ha entrado en vigor.
Brasil hoy reclama el liderazgo mundial en términos ambientales con la COP30 de la Convención sobre el Cambio Climático en Belém (2025) y la COP15 de la Convención sobre Especies Migratorias en Campo Grande (2026). Ahora el país tiene la oportunidad de alinear discurso y práctica, actualizando el marco legal para desincentivar económicamente la cadena y combatir su lógica financiera.
En la Amazonia, la relación de la población con la fauna está marcada por prácticas tradicionales y de subsistencia. Las comunidades indígenas y ribereñas capturan y consumen carne de caza, pescan especies autóctonas y utilizan partes de animales para la artesanía y la medicina tradicional. Pero también hay actividades ilegales con un fuerte atractivo económico, como las peleas de canarios silvestres y el comercio de aves canoras, como el semillero curió (Sporophila angolensis) y el semillero picón (Sporophila maximiliani), capturados para torneos de canto.
Entre 2012 y 2019, solo en la Amazonia, se incautaron 1.171 semilleros curiós en lotes de más de 10 individuos. El destino de estos animales, ya sea en el mercado nacional o internacional, aún está poco documentado, pero se sabe que los campeonatos de canto generan grandes sumas de dinero no solo en Brasil, sino también en otros países latinoamericanos e incluso en Estados Unidos.
Un problema sin rostro
La Amazonia es un entramado de funciones. Un loro capturado no es solo un cuerpo menos: es un eslabón ecológico perdido. Los psitaciformes (loros y guacamayos) dispersan semillas de frutos grandes y pequeños, y actúan como jardineros de la selva.
La disminución de sus poblaciones altera la regeneración y la estructura de la vegetación. Cuando las bandadas desaparecen, también lo hace la capacidad de la selva de regenerarse.
«Hay tráfico porque hay demanda», afirma Juliana Ferreira, directora ejecutiva de la ONG Freeland Brasil. Desde 2012, la organización se centra en la lucha contra el tráfico de especies silvestres. Recientemente, ha aunado esfuerzos con entidades públicas y privadas para detectar el transporte ilegal de fauna en uno de sus principales medios: el avión.
En el aeropuerto de la capital de Bahía, uno de los principales centros de distribución de fauna salvaje del país, Freeland formó a los Agentes de Protección de la Aviación Civil, encargados de inspeccionar el equipaje mediante equipos de rayos X bajo la supervisión de la Policía Federal, para que aprendieran a detectar animales ocultos.
«Hay muchos turistas que intentan llevarse carne de caza, estrellas de mar. Muchos lo hacen sin maldad, podrían ser incluso nuestra tía. Esa no es la clase de persona que queremos atrapar. No queremos al tipo que vende pajaritos en una pequeña ciudad del interior, sino al traficante que transporta 1.400 aves, como las que se incautaron en Minas Gerais en junio. Pero los agentes les preguntan de dónde lo han sacado y entonces llegamos a las fuentes del tráfico», dice Ferreira.
Poner en práctica la idea no fue fácil. Para empezar, la Agencia Nacional de Aviación supervisa los aeropuertos y controla a los agentes, pero quienes los contratan son las empresas privadas que gestionan estos espacios. Estos empleados, considerados de bajo nivel, están subcontratados, lo que debilita sus derechos. Además, están en primera línea de la inspección y son los primeros en sufrir represalias en caso de error o de acoso por parte de pasajeros arrogantes que no quieren que se les abra el equipaje.
Por otro lado, el Ibama está presente en muy pocos aeropuertos. El de Guarulhos, en São Paulo, pese a ser el más grande del país y recibir la mayoría de los vuelos internacionales, ni siquiera cuenta con un depósito de incautación de biodiversidad. El propio personal del aeropuerto se deshace de objetos como aletas y vejigas de animales muertos.
El aeropuerto de Salvador de Bahía tiene una oficina del Ibama, donde trabaja un empleado que Freeland ya conocía; además, un antiguo técnico del Ibama trabaja en la ONG (el consultor ambiental Lucas Tino, que trabajaba en el aeropuerto de Guarulhos) y la empresa que gestiona este aeropuerto estaba abierta a negociar. Todo esto facilitó la alianza.
Desde que se puso en marcha el programa, a mediados de agosto de 2024, las detecciones de transporte ilegal de fauna salvaje en el aeropuerto de Salvador aumentaron un 2.500%. El motivo es principalmente el cambio de perspectiva de los agentes, que ahora saben que está prohibido transportar la carne y los objetos hechos con animales que solían ver dentro de las maletas y entienden cuándo se transporta un animal ilegalmente.
«La gente no siempre sabe que no puede hacer eso. Nos dicen que siempre lo han visto hacer», dice Juliana Ferreira. «Siempre encuentro a algún pajarero», bromea Lucas Tino.
La comunicación constante entre los organismos, las coaliciones con otras ONG y políticos para fortalecer las agendas en defensa del medioambiente y la producción de informes con datos abiertos son algunas de las acciones que realiza Freeland Brasil. Además de la eficacia del proyecto en el aeropuerto, la organización fue responsable de la denuncia que puso en marcha la investigación sobre una banda argentina que promovía la caza de jaguares y otros animales en safaris ilegales en Argentina, Bolivia y Brasil por hasta 50.000 dólares. Es el mayor caso de tráfico salvaje en ese país.
Renctas, que vigila los delitos contra la naturaleza las 24 horas del día, en 1999 entregó al Ministerio Público Federal un dosier con 7.000 anuncios ilegales en plataformas como Orkut y Mercado Libre. La persona que recibió el documento en ese momento fue la fiscal Anaiva Orbest, que se ha hecho famosa por su activa carrera en la lucha contra los delitos ambientales. En 2022, gracias a otro dosier de la institución, Facebook acabó pagando 10 millones de reales (1,9 millones de dólares) en multas al Ibama por facilitar el comercio ilegal en su plataforma. Desde su fundación, la red ya ha formado a 7.000 funcionarios públicos.
El éxito del proyecto del aeropuerto de Salvador de Bahía muestra que una vía para luchar contra el tráfico pasa por la unión de agentes públicos y privados, la concienciación y el aumento de las penas. «Las leyes ya existen y se están aplicando mejor, pero las penas siguen siendo demasiado bajas», dice Juliana Ferreira. Los hombres responsables del tráfico de aves simplemente firmaron un acuerdo de compromiso para comparecer ante el tribunal y fueron puestos en libertad. Los pájaros están ahora en el CETAS.
El destino de Xaropinho también culminó lejos del bosque. Tras cuatro meses de rehabilitación, el loro real amazónico en el Cetras de Belém, que un día llegó pidiendo café —un gesto heredado de su fuerte vínculo con los humanos—, reaprendió a alimentarse de frutas, verduras y proteínas. Luego fue trasladado al Zoológico Municipal Sargento Prata en Fortaleza, estado de Ceará, donde ahora vive con otros de su especie. Aun así, lleva consigo la marca de la contradicción humana: fue maltratado por manos que lo lastimaron y salvado por manos que lo cuidaron. Xaropinho ya no volará libremente en la naturaleza, y quizás, en ese silencio contenido de sus alas, reside el recuerdo más doloroso de lo que significa ser libre.
Aunque son voluminosos, los datos sobre el tráfico en la Amazonia están fragmentados. Los organismos estatales y federales no trabajan en conjunto y muchas incautaciones no se registran en bases nacionales.
Las estadísticas solo revelan una parte de lo que realmente circula. Mientras la legislación sea desigual entre los países amazónicos, las fronteras sean vulnerables y la demanda, tanto interna como externa, elevada, la fauna de la Amazonia seguirá estando sometida a una fuerte presión por parte de las redes criminales que operan con eficacia y discreción.
Al fin y al cabo, es un llamado a reaprender lo que los araras y los awa-guajás ya sabían: nadie posee la selva sin perderse en ella. La Amazonía necesita alas vivas, no alas colgadas. Y Brasil tiene que aprender a contar para dejar de perder.
*Nombre modificado a petición del entrevistado.
Esta historia se realizó con el apoyo del Pulitzer Center.
