La historia detrás de esta acusación parece extraída de un manual de engaños inmobiliarios. Entre 2017 y 2023, los hermanos Gómez habrían inducido al error a los empresarios Alejandro y Jorge Mario Ramírez Osorio, vendiéndoles dos inmuebles en Sabaneta por la suma de 1.733 millones de pesos.
Lo asombroso del caso es que los predios nunca pertenecieron a los Gómez, sino a una tercera persona. A pesar de ello, el exsenador y su hermano habrían recibido a cambio maquinaria, dinero en efectivo y vehículos de alta gama, manteniendo el engaño durante años con promesas de escrituración que jamás se cumplieron.
Este nuevo proceso es apenas el último capítulo de una saga familiar marcada por la sombra del despojo. Su padre, Orlando de Jesús Gómez, conocido con el alias de «La Ballena», sentó las bases de este historial cuando fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal y falso testimonio tras intentar adueñarse ilegalmente de tierras en Bello, Antioquia.
«La Ballena» murió en prisión en 2013, pero le heredó a su familia un litigio de 17 años con la Cooperativa Coogranada por el lote «Las Brisas», en Bello. Según informes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, la familia Gómez invadió 18.507 metros cuadrados de este terreno y alteró los límites para hacer parecer que su propiedad era mucho mayor. Un acto tramposo y criminal.
La suerte jurídica de los Gómez ha sido, por lo menos, curiosa. Aunque los informes técnicos confirmaron la invasión, la familia ha ganado en casi todas las instancias judiciales. Estos triunfos ocurrieron, llamativamente, en juzgados de El Santuario, el fortín electoral de Juan Diego Gómez, y bajo la supervisión de magistrados que habían sido sus profesores universitarios.
Pero los tentáculos de los negocios familiares no se detienen en los juzgados. David Orlando Gómez, hermano del candidato, ocupó la vicepresidencia de la Central de Inversiones S.A. (CISA), la entidad que administra los bienes del Estado, durante el gobierno de Iván Duque. Este cargo ha sido señalado como un conflicto de intereses porque la familia se dedica al negocio inmobiliario.
Incluso la Corte Suprema de Justicia investigó una reunión sospechosa ocurrida en marzo de 2022 en un restaurante del norte de Bogotá. Allí, los hermanos Gómez se habrían encontrado con Andrés Ávila, el entonces presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para, presuntamente, concretar negocios con bienes en extinción de dominio, lo que derivó en una investigación por lavado de activos y concierto para delinquir.
El historial del exsenador conservador también incluye socios peligrosos. En 2005, mientras era diputado de Antioquia, compró una finca en Copacabana junto a seis personas, tres de las cuales terminaron vinculadas al narcotráfico y aparecieron en la Lista Clinton por sus nexos con la estructura de alias «El Arquitecto».
En el ámbito político, el nombre del candidato ha resonado en los mayores escándalos de corrupción del país. La prensa documentó reuniones privadas con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht, en la época cuando la multinacional sobornaba a los políticos apodados «Los Bulldozer». Además, interceptaciones de la Fiscalía en el caso de Mario Castaño revelaron planes para pedirle «proyectos» a Gómez para favorecer a alcaldes de Caldas a cambio de apoyo político.
Incluso el medio ambiente ha sufrido las consecuencias de la actividad inmobiliaria del político conservador. Un informe del Área Metropolitana del Valle de Aburrá denunció que en el predio denominado «Lote El Senador», cuya titular es la madre de Gómez, se han realizado excavaciones ilegales que afectaron el Lago Tulio Ospina en Bello. Las autoridades advirtieron que estas obras podrían provocar un deslizamiento, una tragedia similar a la que sufrió el barrio La Gabriela en 2010 y que dejó 80 muertos.
Paradójicamente, mientras Juan Diego Gómez manejaba este imperio de influencias y propiedades, su vida financiera personal estaba bajo asedio. Ha enfrentado múltiples embargos de su sueldo como congresista, de su vehículo y hasta de su penthouse en El Poblado, simplemente por no pagar deudas básicas como letras de cambio o cuotas de administración.
Hoy, Juan Diego Gómez desestima la nueva acusación de la Fiscalía tildándola de ataque político en vísperas electorales. Sin embargo, el expediente por estafa agravada y el rastro de sus negocios pasados pintan el retrato de un hombre que, tras una fachada de servicio público, ha construido un prontuario en el que el poder y los intereses privados parecen ser una misma cosa.
Nota editorial: CasaMacondo contactó a Juan Diego Gómez para escuchar su versión, pero no respondió.
