La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional acaba de fallar a favor de Christopher Tibble Lloreda, el editor general de CasaMacondo, y en contra de la Universidad Simón Bolívar, en un caso que tiene que ver con la información educativa que consignan los funcionarios en sus hojas de vida. La sentencia, con número de expediente T-454-24, es muy similar a la Sentencia T-324-24, en la que el alto tribunal falló a favor del mismo periodista y en contra de la Universidad Nacional de Colombia.
El conflicto entre Tibble y la Universidad Simón Bolívar se originó el 25 de agosto de 2023, cuando el periodista envió un derecho de petición a la institución con sede en Barranquilla preguntando por la veracidad del título en Derecho que dice tener el señor Róber Trinidad Romero, actual rector de la Universidad Popular del Cesar. El derecho de petición tenía tres preguntas:
- ¿Se ha graduado de la Universidad Simón Bolívar?
- Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué fecha?, ¿y cuál o cuáles títulos obtuvo?
- Si no se ha graduado de la Universidad Simón Bolívar, ¿ha sido estudiante?, ¿de qué carrera o carreras?, ¿qué le faltó para graduarse?
En su respuesta, la universidad se negó a compartir la información asegurando que solo la podía entregar con el consentimiento previo del titular. El periodista entonces interpuso una tutela, en la que argumentó que la información solicitada no podía considerarse privada puesto que se trataba de «un personaje público» y que solo buscaba acceder a «información que goza de interés público para el ejercicio de la democracia participativa». Pero Tibble perdió esa tutela y, también, su impugnación.
La Corte Constitucional seleccionó el expediente para revisión el 30 de abril. El caso terminó en una sala presidida por la magistrada Natalia Ángel Cabo y también integrada por los magistrados Diana Fajardo Rivera y Juan Carlos Cortés González. En su fallo, los tres togados revocaron la sentencia de segunda instancia y ordenaron a la Universidad Simón Bolívar a entregar la información solicitada.
Datos públicos y semiprivados
Si bien la corte exigió que la universidad respondiera la totalidad del cuestionario de CasaMacondo, vale la pena resaltar que la Sentencia T-454-24 concluyó que las preguntas hechas por este medio aluden a dos categorías de datos diferentes: el público y el semiprivado.
En la primera categoría solo entra una pregunta: ¿Se ha graduado de la Universidad Simón Bolívar? Según la corte, esta pregunta, y su respuesta, hacen parte de la esfera pública porque «los títulos son documentos públicos y, por ende, la información que contienen se considera pública». Mejor dicho, los títulos universitarios de los funcionarios no gozan de ningún tipo de reserva, lo cual constituye una victoria para el periodismo. La sentencia afirma que «no es posible negar el acceso a este tipo de datos».
Las demás preguntas, en cambio, entran en el reino de lo semiprivado, donde conviven los datos que no tienen «naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general». En repetidas ocasiones, la corte ha señalado que, ante la posibilidad de revelar este tipo de datos, no existe una directriz general, y que los jueces deben ponderar la complejidad de cada caso.
En el caso de Tibble, la corte tomó en cuenta una serie de circunstancias específicas: (i) que el señor Róber Trinidad Romero es un funcionario y que por eso su esfera de privacidad se ve reducida; (ii) que la información tiene relevancia social, pues permite la supervisión ciudadana y promueve la transparencia; (iii) que el accionante es periodista y que la solicitud se hizo en el marco de una investigación periodística y (iv) que, en palabras de los togados, «la divulgación de los datos académicos no compromete de manera significativa la intimidad del funcionario».
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