El 19 de diciembre de 2025, en Pereira, el obispo Nelson Jair Cardona Ramírez le pidió perdón a una víctima. Fue en privado. No hubo cámaras ni comunicado. Cuatro meses después, el 3 de abril de 2026, el mismo jerarca repitió ese perdón, pero en público, durante la celebración del Viernes Santo, en la Catedral de la ciudad.
El obispo estaba cumpliendo un fallo judicial. La Corte Constitucional le había ordenado, mediante la sentencia SU 315 de 2025, la reparación integral de la víctima del sacerdote Jairo Alzate Cardona, condenado penalmente en dos procesos por abuso sexual contra un menor de edad y fallecido en 2014 mientras cumplía su condena en Pereira. La reparación mandatoria incluía acompañamiento espiritual y psicológico para el obispo, y que pidiera perdón dos veces: en privado y en público.
Cinco meses después, Cardona Ramírez tuvo que cumplir otro mandato judicial: la Sentencia SU-184 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordenó a su diócesis y a otras 49 organizaciones religiosas del país abrir sus archivos secretos. Esos archivos son los armarios o las cajas fuertes donde cada obispo guarda bajo llave las denuncias contra los sacerdotes que operan en sus jurisdicciones.
A diferencia de los demás prelados, el obispo de Pereira cumplió con esa orden sin esperar a que se lo recordaran dos veces. Hasta ahora, el archivo secreto de Pereira es el único que CasaMacondo ha recibido de una diócesis colombiana desde que existe la sentencia SU-184.
Lo que Pereira entregó
En marzo de 2023, la diócesis se negó a responder todas las preguntas de un derecho de petición que indagaba sobre las denuncias por violencia sexual infantil contra sacerdotes de esa jurisdicción. El obispo de entonces, Rigoberto Corredor, se limitó a entregar los nombres de ocho sacerdotes denunciados por abusos sexuales. La negativa del prelado a entregar toda la información solicitada derivó en una acción de tutela en la que el juez José Hilder Hernández Buriticá negó el acceso al archivo secreto. El caso fue uno de los cincuenta seleccionados por la Corte Constitucional.
Ahora, después de que Cardona Ramírez abriera la cerradura del archivo secreto de su diócesis, los casos en Pereira pasaron de ocho a veintiséis. El jerarca explicó que no existe un archivo completo que se remonte a 1952, año de fundación de la diócesis, y que solo desde 2012 se adoptaron procedimientos para estandarizar las hojas de vida de los sacerdotes y anotar en ellas los abusos señalados en su contra. Antes de esa fecha, gran parte de la información estaba dispersa, o no estaba sistematizada en ningún lugar.
La diócesis no se detuvo ahí. Bajo el liderazgo de Cardona Ramírez, conformó un equipo dedicado exclusivamente a rastrear esos archivos dispersos. Pidió información a las parroquias y a las órdenes religiosas vinculadas. Recurrió a revistas, folletos y publicaciones antiguas para reconstruir las trayectorias que no constaban en ningún registro formal. De esa forma, la diócesis recopiló y entregó más información de la exigida por la sentencia de la Corte Constitucional. El resultado entregado ocupa 709 folios y cubre información desde 1960 hasta 2026.
Lo que el resto de la Iglesia pedía, al mismo tiempo
El 28 de abril de 2026, veinticinco días después de que monseñor Cardona Ramírez pidiera perdón en público en la Catedral de Pereira, un abogado radicó ante la Corte Constitucional un escrito de 151 páginas. Jaime Alberto Cataño Cataño actuaba como apoderado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC). Pedía la nulidad de la Sentencia SU-184 de 2025.
El escrito cuestiona que la Corte haya ordenado entregar también la trayectoria completa de los que supuestamente nunca han sido investigados. Para la Corte es claro que en los traslados abruptos de sacerdotes entre parroquia hay parroquia existen patrones de encubrimiento que merecen ser investigados. La Conferencia Episcopal argumenta que esta decisión «no contribuye de manera directa, necesaria ni proporcional a la salvaguarda del interés superior del niño». Irónico.
Este reportaje no pudo establecer si la Diócesis de Pereira autorizó su inclusión en la solicitud de nulidad presentada por el abogado de la CEC. El escrito de los obispos no incluye un listado de las jurisdicciones en cuyo nombre litiga. Tampoco encontramos un pronunciamiento público de la diócesis o de monseñor Cardona Ramírez sobre ese documento. Lo que sí es un hecho es que, mientras en Bogotá se argumentaba que abrir los archivos no es necesario para proteger a los niños, en Pereira ya se habían abierto.
Los veintiséis casos
Esta es la información que CasaMacondo ha podido recopilar a partir del archivo oficial de la Diócesis de Pereira. Los casos están ordenados del más antiguo al más reciente.
José Vicente Torres Morales: Denunciado en 1961 por el rapto de un menor y por abuso sexual contra dos hermanas de 16 y 17 años. Capturado por el DAS ese mismo año. Conminado a abandonar el territorio diocesano.
Miguel Ocampo Pulgarín: Denunciado en 1960 por abusar de niñas menores en el Cementerio San Camilo, Pereira. Suspendido de sus licencias. Rehabilitado en 1966 para oír confesiones, bajo supervisión constante del obispo.
Francisco Londoño Piedrahita: Al menos ocho denuncias por abuso sexual de menores entre 1956 y 1976, en Supía, Apía y Belalcázar. La Congregación para la Doctrina de la Fe ordenó en 1977 que fuera «amonestado gravemente» y vigilado.
José Jesús Ossa: Denunciado en 1970 por abuso sexual de menores en la Parroquia San Nicolás de Tolentino. Retirado de su oficio ese mismo año. Solicitó la secularización y la dispensa del celibato en 1973.
Jesús Antonio Sánchez Ortíz: Tres denuncias por abuso sexual de menores en Supía, entre diciembre de 1961 y enero de 1962. Amonestado por el obispo. No hay registro del resultado de la investigación.
Gerardo Jaramillo Cortés: Denunciado en 1962 por abusar sexualmente de una menor en Marmato, Caldas. La diócesis investigó, pero no quedó registrado el resultado.
José Milagros Tamayo Betancur: Denunciado en 1958 por intentar besar a una menor de 15 años en un confesionario, en Pereira. Investigado por la diócesis. El resultado no está registrado.
Aníbal Mejía Franco: Cuatro denuncias por abuso sexual de menores entre 1956 y 1979, en Pereira, Mistrató y Antioquia. Privado de su oficio en 1962. La Arquidiócesis de Medellín le canceló las facultades en 1970.
Octavio Alzate Ramírez: Denunciado en 1965 por abuso sexual de menores ante la Arquidiócesis de Medellín. Él mismo solicitó la reducción al estado laical, concedida en 1978.
Jorge Iván Franco Isaza: Diácono permanente, fue denunciado en 2015 por abuso sexual de un menor en la casa cural de la Parroquia Cristo Rey, Combia. Suspendido ese año. Dispensado de sus obligaciones clericales el 16 de diciembre de 2024.
Diego Fernando Giraldo Salazar: Denunciado en 2007 y en 2011 por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La justicia civil precluyó el caso en 2015. El Dicasterio archivó el expediente en octubre de 2025.
Jesús Orlando Rengifo Ramírez: Denunciado en 2014 en Hackensack, Nueva Jersey, en un caso investigado por la Arquidiócesis de Newark, y en 2020 en San José, Caldas. Dimitido del estado clerical el 3 de diciembre de 2021.
Darío Aristizábal Gallo: Dos denuncias, en 2011 y 2019, por abuso sexual de menores en Pereira. Suspendido desde marzo de 2020 e invitado en 2025 a solicitar la dispensa de sus obligaciones sacerdotales.
Javier de Jesús Yarce Raigosa: Denunciado en 2006 por un presunto delito contra un menor. La Fiscalía archivó las diligencias en 2013. Suspendido desde entonces. El Vaticano pidió más información sobre el caso en enero de 2026.
Alonso Bueno Dávila: Detenido en 2010 por actos sexuales con un menor de 14 años en Irra, Quinchía, pero con antecedentes de denuncias desde 2003. Condenado a 144 meses de prisión, luego fijados en 9 años. Dimitido del sacerdocio el 20 de mayo de 2017.
Gustavo Vásquez Granada: Denunciado en 2021 por tocamientos contra un menor de 15 años, hechos de 2011. Declarado culpable por el Vaticano en julio de 2025. Pagó diez millones de pesos a la víctima y le pidió perdón en una conciliación en octubre de 2022.
Jairo de Jesús Sánchez Jaramillo: Denunciado en 2023 por abuso sexual con menor de 14 años, hechos de 1999-2000 en Supía. El Vaticano archivó el caso en diciembre de 2024. El denunciante fue después condenado por extorsión contra el sacerdote. Este último dato no ha sido confirmado por CasaMacondo ni el obispo Cardona entregó pruebas de la supuesta condena.
Luis Ramón Sánchez Suescún: Tres denuncias, en 2016, 2017 y 2024, por conductas impropias y abuso sexual con menores en Risaralda y Caldas. Dispensado de sus obligaciones sacerdotales el 10 de septiembre de 2020.
Jairo Alzate Cardona: Dos condenas penales por abuso sexual contra menores (85 y 50 meses de prisión). Murió en 2014 mientras cumplía su condena. El obispo pidió perdón a la víctima en privado el 19 de diciembre de 2025 y en público el 3 de abril de 2026.
Hernán Quintero Garzón: Denunciado en 2017 por abuso sexual. El denunciante se retractó ese mismo año y la Fiscalía archivó el caso. Esto último no ha sido confirmado por CasaMacondo ni el obispo Cardona anexó pruebas de la supuesta retractación. El caso concluyó por la muerte del sacerdote.
Gilberto Hernández Nieto: Denunciado en 2017 en La Virginia, Risaralda. El denunciante se retractó. Esto último no ha sido confirmado por CasaMacondo ni el obispo Cardona anexó pruebas de la supuesta retractación. El Vaticano archivó el caso en enero de 2026 por no encontrar fumus delicti.
Fernando Antonio Hoyos Hoyos: Dos denuncias, en 2019 y 2021, por abuso sexual de menores en la Parroquia Cristo Redentor, Pereira. Condenado el 9 de mayo de 2024 a 192 meses de prisión por acceso carnal violento agravado.
Jorge Luis Londoño Marulanda: Denunciado en septiembre de 2025 por abuso sexual de un menor, hechos de aproximadamente 2002. Caso en investigación previa al cierre de esta nota.
Bladimir González Rodas: Denunciado en 2021 por abuso sexual contra dos menores. Capturado en 2022 y condenado a 120 meses de prisión en 2023. Expulsado del estado clerical el 20 de febrero de 2026.
Jaime Rolando Monguí Cascavita: Dos denuncias, en 2022 y 2025, por conductas con menores en Anserma, Caldas. El Dicasterio concluyó en mayo de 2026 que no había pruebas suficientes para un proceso penal, aunque mantiene restricciones a su ministerio.
Félix Ríos Montoya: Denunciado en mayo de 2026 por abuso sexual, hechos de 1982. El denunciante se retractó semanas después. Esto no ha sido confirmado por CasaMacondo ni el obispo Cardona anexó pruebas de la supuesta retractación. La diócesis abrió investigación pese a que el acusado ya había muerto.
