La constructora Hitos Urbanos se erigió en 2003. Al principio era una empresa respetable que entregaba sus obras a tiempo y no tenía líos con la justicia; veintiún años después, tres inversionistas la definen como una pirámide: veinticuatro expedientes judiciales, a los que tuvo acceso CasaMacondo, así lo confirmarían. Sus cuentas han sido embargadas al menos nueve veces desde 2021.

Los socios más notorios de Hitos Urbanos son la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo Álvaro Rincón. Ella lo es, según consta en su declaración de conflictos de intereses. También son socios Juan Bernardo Gálvez Cruz, amigo muy cercano del exprocurador Fernando Carrillo, y Juan Camilo Ochoa Yepes, actual gerente de la empresa. 

Uno de los inversionistas, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que Hitos Urbanos funciona como una pirámide. «La empresa depende de nuevos proyectos para poder terminar los anteriores», afirma categórico. Hoy casi ningún proveedor quiere trabajar con la constructora y ochenta y cinco empresas han tenido que recurrir a la justicia civil para recibir el pago por sus labores.

«El proyecto Torre 90, en la carrera 15 con calle 90 [en Bogotá], enfrenta varios inconvenientes», comenta otra fuente, y señala que otros proyectos de la constructora ubicados en la capital también están estancados, como los de la calle 86 con carrera 11, Pasadena, la calle 95 con carrera 15 y la avenida 19 con calle 103.

Otro inversionista le explicó a CasaMacondo que Hitos Urbanos opera como una pirámide porque utiliza el dinero de nuevos inversores para pagar deudas anteriores. «Captan recursos para proyectos que te presentan como grandes desarrollos inmobiliarios. Te invitan a invertir prometiendo rendimientos atractivos, pero los proyectos se retrasan. En lugar de destinar los fondos al proyecto en el que invertiste, los usan para otros proyectos, incumpliendo las fechas en las que supuestamente comenzarías a ver los retornos», relata la fuente.

Los testimonios de los inversionistas coinciden con los expedientes judiciales. CasaMacondo encontró 220 procesos en el portal de la Rama Judicial, envió 198 derechos de petición a los juzgados donde reposan y logró acceder a 24 de esas demandas. En todas se confirma que la constructora no tiene cómo pagar cumplidamente a sus proveedores. 

Los expedientes

La mayoría de las demandas contra Hitos Urbanos entran en dos categorías. En la primera están las de los proveedores, que reclaman sumas de dinero. En la segunda, las de los compradores, que denuncian incumplimientos de uno, dos y tres años en la entrega de las propiedades que adquirieron.

En 2024, Seguridad Atempi presentó una demanda contra Hitos Urbanos por sesenta y tres millones de pesos, correspondientes a los pagos que la constructora no realizó entre agosto de 2021 y agosto de 2022 por los servicios de seguridad prestados en el supermercado Consumo de La América, en Medellín. No fue sino hasta agosto de este año que la empresa logró saldar la deuda, luego de que el juzgado ordenara el embargo de sus cuentas y bienes.

Por su parte, la empresa Inacsa los demandó por ciento tres millones de pesos debido a una factura de mayo de 2022 relacionada con la compra de colchones y juegos de sábanas. El juez ordenó el embargo de las cuentas de Hitos Urbanos en septiembre de 2023 y, finalmente, en abril de este año, la empresa pagó la deuda, lo que permitió dar por terminado el proceso.

Chahín Vargas y Asociados presentó una demanda en 2022 por una deuda de 14.925.479 pesos, pendiente desde 2019 por concepto de una consultoría sobre el levantamiento topográfico de nivelación y contranivelación en el proyecto Bella Suiza en Bogotá. El 30 de enero de 2024, el juzgado embargó las cuentas de la empresa y tres de sus predios. Sin embargo, la deuda fue cancelada el 9 de julio, con lo que se puso fin al proceso.

Automa SAS demandó a Hitos Urbanos el 19 de octubre de 2021 por 10.383.020 pesos, por concepto de compra de televisores. El juez embargó las cuentas de la empresa el 26 de noviembre de 2021, pero no fue sino hasta el 6 de septiembre de 2023 que la deuda fue finalmente cancelada.

Obiprosa Colombia interpuso una demanda contra Hitos Urbanos por setenta y dos millones de pesos, relacionados con la compra de tornillos, aluminio, cerámica, látex, lavamanos y grifería entre 2019 y 2021. El juzgado embargó las cuentas de la constructora el 29 de septiembre de 2021, pero la empresa se comprometió a pagar la totalidad de la deuda en junio de 2022, lo que llevó al levantamiento de la medida de embargo.

Ferretería Universal del Caribe demandó a la constructora por 183 millones de pesos, más intereses de mora, derivados de facturas pendientes de pago desde 2023. El juez libró el mandamiento de pago y ordenó el embargo de las cuentas de Hitos Urbanos el 20 de noviembre de 2023, y el proceso concluyó el 13 de febrero de 2024 tras el pago de la deuda.

Instalaciones Mejía SAS también demandó a Hitos Urbanos, reclamando el pago de ciento veinticuatro millones de pesos, incluidos los intereses por mora, en relación con un contrato de 2021. El 9 de agosto de 2022, el juzgado emitió un mandamiento de pago y ordenó el embargo de las cuentas de la constructora. Finalmente, el 31 de agosto del mismo año, la deuda fue saldada, lo que puso fin al pleito.

Por su parte, la deuda de Hitos Urbanos con Inversiones Áticos SAS ascendía a 443 millones de pesos, suma que la constructora se comprometió a pagar en 8 cuotas tras un acuerdo firmado el 10 de julio de 2023. Al momento de la demanda, Hitos Urbanos aún debía 199 millones de pesos, monto que dejó de abonar tras incumplir el acuerdo. Los contratos suscritos entre ambas partes, entre 2019 y 2022, correspondían a trabajos de mano de obra en el proyecto Balcony 103. El 28 de agosto de 2024, el juez ordenó el embargo de las cuentas de Hitos Urbanos, y el 17 de septiembre de 2024, Inversiones Áticos retiró la demanda.

Ingeniería y Encofrados también demandó a Hitos Urbanos por una deuda de doscientos treinta millones de pesos que tenía que pagar el 5 de noviembre de 2022. Este pleito terminó el 18 de enero de 2023 cuando las partes llegaron a un acuerdo de pago, luego de que el juzgado embargó las cuentas, las propiedades y un vehículo de la constructora.

En otro caso, Mimética demandó a Hitos Urbanos el 12 de marzo de 2024 por una deuda que asciende a 6.419 millones de pesos, derivada de un contrato firmado en 2018 para prestar servicios de diseño arquitectónico y coordinación de ingenierías. Esta deuda involucra una serie de proyectos, incluidos el hotel Grand Sirenis en San Andrés, Pasadena, Madiautos, 15-91 Casino, 26-76 San Felipe, 11-85 Audi Panpayá, IBM, casa familiar Gálvez Ramírez, apartamento Gálvez Ramírez, apartamento Rincón Ramírez, proyecto inmobiliario de Álvaro Rincón en Brooklyn, La Guardia, apartamento de Zoraya, Guido Mont Blanc, Lote Echavarría y apartamento hermanos Santos. El litigio sigue abierto.

La lista de demandas contra Hitos Urbanos no parece tener fin. CasaMacondo también leyó en detalle las que interpusieron las empresas Windoors Solutions, Conduaire, En Concreto Ingeniería y Soluciones, Armar Construcciones Civiles, Modular Design, Parque Industrial La Florida, JN Asesoría y Consultoría, Instalaciones Mejía, Negocios y Proyectos Maldonado, Cubiertas y Fachadas Técnicas QTEC y Deloitte Asesores y Consultores. Todas son de los últimos tres años y el valor que reclaman, en conjunto, es de 2.151 millones de pesos.

Inversionistas naufragados 

Muchas personas han invertido dinero en los proyectos de Hitos Urbanos y hoy se sienten defraudadas. Por lo menos los inversionistas del célebre hotel Grand Sirenis, frente al mar de los siete colores, en la isla de San Andrés, consideran que han sido estafados porque la constructora les prometió una playa privada de la que, hasta el momento, no pueden gozar porque en el predio, que es un bien de uso público, funciona el embarcadero Tonino’s Marina. 

A lo anterior se suma la decisión del Tribunal Administrativo de San Andrés, que el 15 de junio de 2023 ordenó la demolición de los pisos 7 y 8 del Grand Sirenis por violar el plan de ordenamiento territorial de la isla. Los inversionistas, gente poderosa y adinerada, están en vilo mientras se resuelve la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado. La sentencia está en manos del magistrado Oswaldo Giraldo López, exárbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y exasesor jurídico de la Superintendencia Bancaria.

Pero en vilo también están los habitantes de Balcones de Bella Suiza, pues Hitos Urbanos privatizó una quebrada y una reserva natural en el norte de Bogotá para favorecer a los dueños de esa unidad. Los vecinos afectados y la junta de acción comunal del barrio emprendieron acciones para lograr el levantamiento del enrejado con el que la constructora se adueñó de un predio de interés público. Aunque la CAR y la alcaldía de Claudia López no les prestó atención y desoyó sus reclamos, ellos insisten en el derecho que tienen al disfrute de los espacios públicos.

Los abusos de Hitos Urbanos parecen recorrer el país. Los inversionistas del hotel La Ermita, en el barrio El Cabrero de Cartagena, tampoco quedaron a gusto con la turbiedad con la que Hitos Urbanos obtuvo la licencia de construcción. De hecho, la intrepidez de la empresa puso en riesgo la declaración de la ciudad como Patrimonio Cultural e Histórico por la Unesco, obligada a respetar unos límites constructivos. Como en otros proyectos, la empresa violó el POT de Cartagena sobrepasando los límites de altura que permite la norma y logró que Gustavo Pianeta, el exsecretario jurídico del Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad, firmara un concepto previo favorable de construcción, cuando no tenía competencia para hacerlo.

Otros dos inversionistas, Rocío del Pilar Méndez y Stefan Karl Erich Maudanz Kassube, demandaron a Hitos Urbanos en 2023. Cinco años atrás, ellos habían invertido en un apartamento en el proyecto Balcony 126, en Bogotá. El 19 de junio de ese año, pactaron con la constructora el desembolso de 986 millones de pesos, los cuales pagarían en cuotas mensuales, pero la empresa le hizo cuatro otrosíes al contrato, el último en septiembre de 2022, informándoles que la obra seguía retrasada y no podían entregarles la propiedad. 

Por ese incumplimiento, los inversionistas demandaron a Hitos Urbanos exigiendo el pago de la cláusula penal, pactada en el diez por ciento del valor total de la inversión. El juez negó el mandamiento de pago porque la constructora nunca dijo en qué fecha entregaría la obra, a pesar de los cuatro otrosíes en los que anunció que la obra tendría retrasos. 

Ese camino legal también lo recorrió Roberto José Ramírez Plazas, quien interpuso una acción de tutela por los retrasos de tres años en la obra Balcony 103 etapa uno, ubicada en el barrio Pasadena de Bogotá. Ramírez envió un derecho de petición en febrero de 2022 solicitando información sobre el proyecto, pero no quisieron entregarle copias de las licencias de construcción y de las pólizas, alegando que esa información tenía reserva. 

A Marcela Sánchez Patiño le ocurrió lo mismo. El 21 de octubre de 2021, ella se vinculó al proyecto Cerro Alto Etapa Uno, en Cali, e Hitos Urbanos se comprometió a entregarle su propiedad a los treinta meses, es decir en abril de 2024. «A la fecha no han entregado nada; visité en el mes de abril el sitio de la construcción y apenas están haciendo remoción de tierra», se lee en una tutela que ella interpuso reclamando que Hitos Urbanos le respondiera un derecho de petición. 

La mujer solicitó la devolución de su dinero, pero la constructora se negó. Continúa en la tutela: «El documento que firmé presenta muchas incoherencias jurídicas y lo firmé confiando en el asesor de venta y representante de la constructora; sin embargo, todo lo que me ofrecieron al momento de la vinculación es totalmente diferente a la realidad del proyecto sintiéndome asaltada en mi buena fe».

Hitos Urbanos se tambalea. Aunque la constructora sigue operando y anunciando nuevos proyectos, la confianza de sus proveedores y acreedores está resquebrajada. Con más de doscientos procesos judiciales en su contra y una dependencia crítica en proyectos futuros para cubrir sus deudas pasadas, la estructura financiera de la empresa casi colapsa. 

La respuesta de Hitos Urbanos

CasaMacondo habló con Gerardo Jiménez Umbarila, el representante jurídico de Hitos Urbanos y su defensor en casi todos los pleitos que crujen sus cimientos. Jiménez niega que la empresa sea una pirámide y mucho menos que dependa de futuros compradores para concluir los proyectos que tiene en marcha. 

Respecto de las demandas contra Hitos Urbanos, el defensor afirma que, incluso, podrían ser más, y asegura que cualquier empresa puede tenerlas. Él se escuda en la situación política del país. Dice que el Gobierno Nacional ha tenido ciertas políticas negativas con los créditos y «se han dejado de girar subsidios, entonces los compradores no tienen con qué comprar la vivienda». El abogado insiste en que esa situación ha frenado al sector inmobiliario: «Nosotros construimos con esos recursos», dice.

Según el representante jurídico de Hitos Urbanos, ellos no tienen inversionistas sino compradores: «Nos dedicamos a la construcción de inmuebles y para eso conseguimos recursos en el sector financiero, recursos con particulares que hacen aportes a los proyectos y los recursos propios y de compradores, no hay inversionistas». Y agrega: «Nosotros no garantizamos ni rentabilidades ni recibimos ni prometemos intereses».

Pese al ruido de las alarmas, al sismo que suponen tantas demandas, Gerardo Jiménez Umbarila se muestra tranquilo. Él cree que Hitos Urbanos «está cumpliendo, está construyendo, puede haber retrasos en los pagos, pero seguimos desarrollando nuestro proyecto social».

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