Entre agosto de 2018 y junio de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró la muerte de al menos cien menores de edad en operaciones militares. Los datos llegaron a CasaMacondo por medio de dos derechos de petición respondidos con base en el Sistema Red de Desaparecidos y Cadáveres.
Los casos más recientes de esta serie ocurrieron el 12 de junio de 2026, cuando las Fuerzas Militares bombardearon una zona rural de Nuquí, en el litoral pacífico del Chocó. El objetivo era neutralizar a miembros de la subestructura Jhon Fredy Orjuela del Clan del Golfo. Murieron nueve hombres, cuatro de ellos menores de edad, de acuerdo con Medicina Legal.
Durante el gobierno de Iván Duque, murieron 43 menores en operaciones militares, una tasa de 10,8 por año. Durante el de Gustavo Petro, 57, a un ritmo de 15,2 por año, un 41 por ciento más. Y eso es solo lo que registra Medicina Legal.
El año más letal del gobierno Duque fue 2019, con 15 muertos, 14 de ellos en el Caquetá. El año más letal del gobierno Petro fue 2025, con 30: el doble del peor año de su antecesor. En agosto, octubre y noviembre de ese año, cuatro operaciones contra las disidencias de alias Iván Mordisco en Guaviare, Amazonas y Arauca dejaron 15 menores muertos, de acuerdo con Medicina Legal.
Petro llegó al poder prometiendo que todo sería distinto. Recién posesionado, el 22 de agosto de 2022, el presidente aseguró que «no van a morir más niños bombardeados» y sostuvo que los menores reclutados por grupos ilegales no deben perder la vida en este tipo de operaciones militares. Tres años antes, cuando aún era senador, pidió la cabeza de Guillermo Botero, el ministro de Defensa de Duque, después de que un bombardeo en San Vicente del Caguán matara a ocho menores de edad. «Su gobierno mata niños. Eligieron un gobierno de Herodes», dijo el senador Petro en Twitter. En 2020, en otro debate en el Congreso, el mismo Petro denunció que 312 menores habían sido asesinados por la fuerza pública desde 2004.
El 19 de noviembre de 2025, ya en la presidencia, Petro habló en cadena nacional y asumió la responsabilidad política por las muertes. Pero defendió la continuidad de los bombardeos: «No estamos hablando de niños que pasaban por ahí o de niños que estaban en un caserío o en una ciudad y fueron bombardeados. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de niños menores de edad que han sido incorporados».
Era el mismo argumento que Botero había usado en el Senado en noviembre de 2019. El propio exministro lo notó. «El presidente Petro, en ese momento senador, y el senador Roy Barreras y el señor Iván Cepeda están repitiendo hoy exactamente lo mismo que yo dije en su momento», dijo Botero a Noticias Caracol. «Están repasando la lección con mis argumentos».
El guión tiene cuatro líneas. Se repite, gobierno a gobierno, operación tras operación: no sabíamos de la presencia de menores; la responsabilidad es del grupo que los reclutó; actuamos conforme al Derecho Internacional Humanitario; si no bombardeamos, reclutarían más niños como escudo.
Durante el gobierno de Duque los usó Botero. Durante el de Petro los usa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, el actual ministro de Defensa y el mismo general que en 2023 había recorrido la selva durante cuarenta días para devolver con vida a cuatro niños indígenas.
Lo que dicen los datos
De los cien menores registrados por Medicina Legal, 64 son hombres y 36 son mujeres. Casi cuatro de cada diez víctimas son niñas o adolescentes mujeres, un dato que no aparece en los comunicados oficiales que hablan de «blancos neutralizados».
La distribución por edades es igualmente reveladora: 91 de los cien casos tienen entre 15 y 17 años y 9 son niños entre los 10 y los 14. Pero bajo el gobierno de Petro hubo el doble de víctimas en ese rango más joven que bajo Duque (6 contra 3), y todos los del gobierno actual se concentraron en 2025.
Los números de Medicina Legal no son los únicos. La Defensoría del Pueblo lleva su propio registro, construido con información de sus defensorías regionales y con datos que la misma entidad solicitó a Medicina Legal. Su conteo para el período del gobierno Petro (desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 23 de junio de 2026) arroja 73 menores muertos en operaciones militares, dieciséis más que los 57 que registra Medicina Legal para el mismo período. La diferencia no es un error: son metodologías y criterios de inclusión distintos. Lo que sí indica es que el número real podría ser mayor que cualquiera de las dos cifras.
De esos 73, 48 son hombres y 25 son mujeres. Casi una de cada tres víctimas es una niña o adolescente mujer. En cuanto a las edades, 70 tenían entre 14 y 17 años; 3 tenían entre 12 y 13 años. El departamento más afectado durante el gobierno Petro, según la Defensoría, es Guaviare con 26 casos (el doble que Cauca, el segundo en la lista con 11), seguido de Arauca con 8 y Amazonas con 6. Los cinco departamentos con más muertes concentran el 77 por ciento del total. Son territorios donde el Estado lleva décadas sin presencia efectiva y donde las alertas tempranas de la Defensoría advertían, sin ser atendidas, sobre el avance del reclutamiento.
El reclutamiento forzado es la otra cara del mismo fenómeno. La representante a la Cámara Cathy Juvinao documentó, con información de bases de datos y entidades estatales, un aumento de más del 1.000 por ciento en los casos de reclutamiento de menores durante el gobierno Petro: de 51 casos en 2022, pasamos a 625 en 2024, alrededor de doce niños cada semana.
El Estado los perdió dos veces: primero cuando no los protegió del reclutamiento y después cuando los bombardeó.
El informe de Medicina Legal también incluye información sobre las causas de muerte de los niños. En 65 de los 96 casos con datos completos (los cuatro de Nuquí aún no están incorporados al sistema del instituto), los menores murieron por un proyectil de arma de fuego. En los 31 restantes, la causa de muerte fue «agentes y mecanismo explosivo», es decir, munición de aviación y artefactos explosivos militares. En 59 de esos casos, el diagnóstico topográfico registra «politraumatismo», el término clínico para un cuerpo destrozado por múltiples heridas simultáneas. Todos esos cuerpos llegaron a las sedes del Instituto de Medicina Legal en Villavicencio, Quibdó y San José del Guaviare.
Lo que queda, al final, son cien entradas en una base de datos del Instituto de Medicina Legal: edad, municipio, mecanismo de muerte, sexo. Sin nombre. Sin rostro. Sin que ningún comunicado oficial haya mencionado jamás que entre los «blancos neutralizados» había niñas de entre diez y catorce años.
CasaMacondo consultó al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa Pedro Sánchez, a la directora del ICBF Astrid Cáceres y a la defensora del pueblo Iris Marín. Ninguno quiso pronunciarse. El guión, esta vez, no incluía respuestas.
