El 30 de junio, la Corte Constitucional seleccionó para revisión doce tutelas que hemos interpuesto a lo largo del año por la vulneración de nuestro derecho fundamental de petición por parte de la Iglesia católica, que se ha negado a responder cuántos sacerdotes en el país han sido denunciados por violencia sexual infantil.
Las doce tutelas, seleccionadas por los magistrados Diana Fajardo Rivera y José Fernando Reyes Cuartas, involucran a las diócesis de Neiva, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Caldas, Girardot, Granada, Valledupar y Sincelejo; las arquidiócesis de Tunja y Santa Fe de Antioquia, y las comunidades religiosas Hijos de la Sagrada Familia y Padres Montfortianos.
En el 2023, como parte de una investigación periodística que ya completa cinco años, enviamos 137 derechos de petición a los obispos y superiores de la Iglesia católica en Colombia solicitando información sobre las acusaciones de pederastia en contra del clero. Todos los obispos y superiores —con excepción de diecisiete— decidieron desconocer, al unísono, la jurisprudencia que dictó la Corte Constitucional en dos sentencias del 2020 y el 2022, que los obligan a entregar la información.
Ante la negativa de los altos jerarcas, radicamos 120 tutelas exigiendo una respuesta. La mayoría ya se fallaron en segunda instancia: hasta el momento, 75 tutelas se resolvieron a nuestro favor y 45 en contra.
El mes pasado, la Corte seleccionó para revisión la tutela que interpusimos contra el Instituto Misionero San Juan Eudes, por lo que las doce nuevas tutelas seleccionadas, y posiblemente las que lleguen en las próximas semanas, se sumarán al expediente que ya estudia el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
El caso de este instituto es paradigmático en cuanto a las acciones institucionales orientadas a encubrir denuncias sobre pederastia clerical. Aunque los misioneros eudistas se han negado a entregar la información solicitada, datos recabados en otras instancias han permitido correr el velo que oculta graves señalamientos contra algunos de sus miembros. Ocurre así cuando se cruza información proveniente de diversos sectores del catolicismo, a pesar de la negativa del común de las autoridades eclesiásticas a atender las diversas peticiones levantadas según lo que obliga la norma. Lo extraño es que los jueces llamados a proteger sin ambages el acceso periodístico a la información, en lugar de atenerse unánimemente a los precedentes constitucionales, han sumado, uno sobre otro, decenas de fallos que se contradicen entre sí.
Este es un tema de interés para la Corte Constitucional, pues no tiene sentido que el mismo derecho de petición, la misma tutela y los mismos hechos tengan resultados tan disímiles, sobre todo porque este trámite constitucional está sustentado por dos sentencias de la misma Corte.
Para asegurar la objetividad y la transparencia de la investigación periodística necesitamos acceder a información semiprivada que reposa en los archivos secretos de instituciones religiosas del país. Los datos son necesarios para determinar cuatro hechos: (i) cuántos sacerdotes han sido denunciados ante autoridades clericales por delitos en contra de la formación, la integridad y la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes en nuestro país; (ii) cómo ha reaccionado la jerarquía local de la Iglesia católica frente a las denuncias; (iii) en qué medida esas quejas han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía para evitar la impunidad, y (iv) cuáles medidas se han tomado frente a los clérigos denunciados, a nivel interno, para proteger a niños, niñas y adolescentes.
En el 2020, la Sentencia T-091 de la Corte Constitucional resolvió dos casos muy similares al presente y protegió los derechos de petición y de acceso a la información. Por esa decisión, la Arquidiócesis de Medellín tuvo que entregar datos de 105 sacerdotes. En el 2021, enviamos un nuevo derecho de petición de la misma naturaleza al arzobispo Ricardo Tobón Restrepo de la Arquidiócesis de Medellín solicitando información acerca de 915 clérigos por los que nunca se le había preguntado.
A pesar del precedente, la arquidiócesis se negó a entregar la información, por lo que interpusimos una nueva tutela en contra del arzobispo Tobón. La jueza Muriel Massa Acosta obligó a la Arquidiócesis a entregar la información requerida, pero, en segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del magistrado Julián Valencia Castaño, revocó esa sentencia y negó el acceso al archivo secreto de la Arquidiócesis de Medellín.
En el derecho canónico, la figura del archivo secreto se define así (las negrillas y el subrayado son nuestros):
489 § 1. Debe haber también en la curia diocesana un archivo secreto, o al menos un armario o una caja dentro del archivo general, totalmente cerrada con llave y que no pueda moverse del sitio, en donde se conserven con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto.
§ 2. Todos los años deben destruirse los documentos de aquellas causas criminales en materia de costumbres cuyos reos hayan fallecido ya, o que han sido resueltas con sentencia condenatoria diez años antes, debiendo conservarse un breve resumen del hecho junto con el texto de la sentencia definitiva.
490 § 1. La llave del archivo secreto la tiene solamente el Obispo.
La errónea decisión del magistrado Valencia Castaño, desconociendo un precedente constitucional para proteger al arzobispo de Medellín, llamó la atención de la Corte Constitucional y, en enero del 2022, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar insistió en la selección de la tutela contra la Arquidiócesis de Medellín. La Sala Plena acogió su petición y emitió la Sentencia SU/191-22, reafirmando la obligación del arzobispo Tobón de responder los derechos de petición tal y como los recibió.
Los obispos y los superiores de comunidades religiosas han tergiversado a su amaño las dos sentencias de la Corte Constitucional para seguir negándose a entregar toda la información que les estamos solicitando. Muchas de las denuncias que reposan en el archivo secreto se quedaron en los anaqueles de las oficinas diocesanas, como lo prueban las investigaciones que ya hemos publicado. La mayoría ya prescribieron, debido al encubrimiento de buena parte de obispos y de las congregaciones religiosas en Colombia. Por ello, los denunciados pocas veces han pisado la oficina de un fiscal o un estrado judicial.
Testimonios y documentos demuestran que, al entregar la información incompleta, los obispos pretenden ocultar la gravedad del fenómeno de la pederastia eclesial en Colombia. Lo mismo ocurre en el resto del mundo. Entre 1950 y 2020, en Portugal, 4.815 niños y niñas fueron abusados sexualmente por miembros de la Iglesia católica. En ese mismo periodo de tiempo, en Francia hubo 216.000 denuncias contra sacerdotes. Y muy recientemente se descubrió el diario de un cura jesuita español pederasta, que violó a más de 85 niños en Bolivia y dejó plasmado el horror en un diario.
Invitación:
Previendo que el derecho para acceder a información en la Iglesia católica se seguirá vulnerando, incluso con una tercera sentencia de la Corte Constitucional, CasaMacondo promoverá una demanda pública de inconstitucionalidad contra el Concordato, el tratado internacional que ratificó el Congreso de Colombia en 1974 y que fue revisado en 1993 por la Corte Constitucional.
La Iglesia católica usa el Concordato para negarse a entregar sus archivos, argumentando, como lo hizo la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal, que se rigen «por el código de derecho canónico, el cual impera sobre el ordenamiento jurídico colombiano, en virtud del Tratado Internacional del Concordato, por lo que, resulta irrelevante el debate de si los accionantes tienen acceso al recurso de insistencia o a la acción de tutela, estando fuera de toda discusión, puesto que, la información que pretenden obtener no está sujeta al ordenamiento jurídico colombiano, sino al ordenamiento de la legislación canónica, bajo la cual, esta información es de carácter reservado y goza de secreto de oficio, ni los jueces, ni los órganos colegiados como la Corte Constitucional son órganos de cierre de la legislación canónica».
En CasaMacondo creemos que la información libre es un derecho ciudadano que no puede ser vulnerado por ningún tratado internacional. Los abogados constitucionalistas que nos quieran ayudar a redactar esta demanda nos pueden escribir a direcciongeneral@casamacondo.co.
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