El 30 de abril de 1996, una niña de Vijes, un pequeño municipio incrustado en las montañas del occidente del Valle del Cauca, celebró su confirmación y sus catorce años. Esa tarde conoció al párroco de Nuestra Señora del Rosario, Eduardo de Jesús Pérez Torres. Según el testimonio que ella rindió bajo juramento ante un juez de la República treinta años después, ese mismo día el sacerdote la llevó a un cuarto y la besó.
Lo que siguió, relata ella, fue una relación construida sobre la desigualdad más absoluta: él, investido de autoridad espiritual; ella, una menor de edad de una familia humilde y devota. En marzo de 1999, a los dieciséis años, quedó embarazada. Según sus propias palabras, ella «no comprendía la naturaleza del acto». En esas fechas, el sacerdote ya había decidido trasladarse a Estados Unidos.
Esta es la historia de ese sacerdote. Pero es, sobre todo, la historia de la institución que lo ha protegido: la que lo recibió de vuelta en Colombia sin advertir nada a sus feligreses, la que archivó dos veces las declaraciones de la mujer de Vijes sin darle respuesta, y la que compareció ante un juzgado, con la firma de su vicario general y la autorización de su obispo, a defenderlo de la investigación periodística que lo señala de abusos sexuales en dos países.
Los años en Estados Unidos
En diciembre de 1999, Pérez Torres llegó a la parroquia St. Stanislaus, en Modesto, California, jurisdicción de la Diócesis de Stockton. Allí serviría durante quince años, en las parroquias de Modesto, Oakdale, Stockton y Riverbank.
El 8 de febrero de 2018, la policía de Modesto recibió un reporte según el cual Pérez habría abusado sexualmente de una niña de quince años en 1999, el mismo año de su llegada. La Junta de Revisión Diocesana abrió una investigación.
El 12 de noviembre de 2020, la Diócesis de Stockton incluyó a Eduardo de Jesús Pérez Torres en su lista oficial de sacerdotes con acusaciones creíbles de abuso sexual. El documento, publicado en la página web de la diócesis, revela un dato adicional: el sacerdote había sido removido del ministerio en esa jurisdicción en junio de 2014.
Pérez Torres sostiene que su regreso a Colombia fue voluntario y niega haber sido expulsado por autoridad alguna. Argumenta que la policía de Modesto descartó el abuso sexual al tipificarlo como «conducta inapropiada» y asegura haber solicitado a la Diócesis de Stockton una certificación de cierre por considerar la acusación «infundada» (CasaMacondo no ha podido confirmar la existencia de ese certificado). Sin embargo, un hecho ineludible desmorona su defensa: su nombre aún se encuentra en la lista oficial de sacerdotes con acusaciones creíbles de la diócesis donde trabajó durante quince años. Si la acusación carecía de fundamento, ¿por qué la misma institución que lo acogió por tres lustros insiste en señalarlo públicamente?
La reincorporación silenciosa
Apenas cinco meses después de su salida de Stockton, en noviembre de 2014, el sistema interno de la Iglesia Católica no solo le abrió las puertas, sino que lo blindó de inmediato. Pérez Torres fue nombrado administrador parroquial de San Judas Tadeo, en Palmira, bajo la tutela del entonces obispo Édgar de Jesús García Gil. Luego trabajó en las parroquias de Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey. En cada una, la jerarquía guardó un silencio cómplice: ningún feligrés fue advertido de quién presidía sus misas o del prontuario que lo perseguía desde el exterior.
En 2023, la Diócesis de Palmira reconoció que la Diócesis de Stockton le había informado en 2018 que existía un proceso abierto por una denuncia contra Pérez, tipificada canónicamente como «un pecado contra el sexto mandamiento». Mientras Roma decidía su futuro, Palmira lo suspendió provisionalmente del sacerdocio. Finalmente, el Vaticano archivó el proceso «por no haberse presentado denuncia de abuso a menores». No porque los hechos no hubieran ocurrido, sino porque nadie los denunció ante el tribunal eclesiástico competente.
El religioso retomó sus funciones sin restricciones.
Dos veces ante el obispo
Mientras la maquinaria institucional se movía para proteger al clérigo, la primera víctima intentaba reconstruir su vida lejos de Vijes. En 2018, al descubrir que su agresor era señalado en Estados Unidos por hechos idénticos, acudió al obispo García Gil. Su declaración formal fue recibida con displicencia: un subordinado le indicó que, si quería justicia, «denunciara ante la justicia ordinaria». La Diócesis de Palmira archivó el caso de inmediato, sin ofrecer acompañamiento a quien, según la propia Iglesia, estaba bajo su cuidado espiritual.
En octubre de 2025 lo intentó de nuevo, esta vez ante el nuevo obispo, Rodrigo Gallego Trujillo. Rindió una segunda declaración y le prometieron que pronto le darían una respuesta. En enero de 2026 volvió a preguntar, pero se encontró con el muro de silencio que caracteriza a esa institución. Un mes después acudió al periodismo.
El 16 de febrero de 2026 publiqué en X la síntesis de esta investigación. Le conté al público que había un sacerdote señalado de abusar sexualmente de una niña en California, removido del ministerio en Estados Unidos, reincorporado a la Diócesis de Palmira, y acusado de abusar de una menor en Colombia, a quien embarazó a los dieciséis años. El nombre de Pérez Torres ya había aparecido en El archivo secreto (Planeta, 2023), el libro que escribí con el periodista Miguel Ángel Estupiñán, y en el reportaje «Pesadilla americana», publicado por este medio en julio de 2024. Frente a ninguna de esas dos publicaciones el sacerdote pidió rectificación. Esta vez, sí: interpuso una acción de tutela para exigir que me retractara públicamente y que retirara el hilo de X.
Lo notable no fue la tutela. Fue quién acompañó al sacerdote en la acción judicial. La Diócesis de Palmira, vinculada con el proceso, no se limitó a responder los requerimientos del juez: pidió expresamente que se tutelaran los derechos de Pérez Torres y que se me ordenara retractarme y retirar las publicaciones. La misma institución que en 2018 y 2025 recibió las declaraciones de la mujer de Vijes sin darle respuesta, compareció ante la justicia, con la firma de su vicario general y la autorización del obispo Gallego, para defender al sacerdote denunciado.
El fallo
El juez Óscar Rayo Candelo negó el amparo solicitado por la Diócesis de Palmira en todas sus pretensiones. El despacho encontró que las publicaciones no eran fruto de la especulación sino de una base fáctica verificable: los registros de la Diócesis de Stockton, la respuesta institucional de la Diócesis de Palmira, las publicaciones previas y el testimonio directo de una mujer que compareció como víctima. La condición de sacerdote, añadió el juez, no ubica a Pérez Torres en la esfera puramente privada: quien ejerce autoridad espiritual sobre comunidades, familias y menores de edad está sometido a un mayor escrutinio cuando se formulan señalamientos graves sobre el abuso de esa posición.
La sentencia no declara la responsabilidad penal del sacerdote y en Colombia hoy no existe una investigación penal en su contra, según certificó la Fiscalía. Pero el fallo del juez Rayo Candelo ordenó compulsar copias de todo el expediente, incluido el testimonio de la mujer de Vijes, a la Fiscalía, para que evalúe abrir las actuaciones penales que correspondan.
Pérez Torres, con la asesoría de la Conferencia Episcopal, impugnó el fallo el 24 de junio. El caso está ahora en manos del Tribunal Superior de Buga. La defensa del cura insiste en que no hay condena, en que su regreso a Colombia fue voluntario, en que una relación con una persona de dieciséis años no configura delito en este país y en que todo este asunto pertenece a su «vida íntima». Durante treinta años, el amparo institucional le funcionó al sacerdote: dos diócesis, dos obispos, un archivo en Roma. El único amparo que ha perdido, hasta ahora, es el que pidió ante un juez de la República. Y la discusión que propone ante los tribunales ni siquiera es si los hechos ocurrieron o no. Es cómo está permitido llamarlos.
