El caso trasciende la esfera personal, pues involucra un hecho criminal que la Fiscalía decidió ignorar. Al final de este relato, el magistrado más importante de la nación dicta un veredicto contra sí mismo.
Índigo luchó durante años para que su nombre coincidiera con su identidad de género. Aunque ya estaba legalmente inscrito, la Corte Constitucional tuvo que intervenir para corregir la indiferencia institucional y exigir que se respetaran sus derechos.
Tenía un tumor en el cuerpo, pero no una cédula en el bolsillo. La Corte Constitucional obligó al Estado a tratarlo porque el derecho a la vida no puede depender del estatus migratorio.
La Sala Plena de la Corte Constitucional se alista para dictar una nueva sentencia contra la Iglesia católica, que se niega a reparar a la víctima de un cura condenado por pederastia. El sacerdote de la Diócesis de Pereira abusó sexualmente de al menos cuatro niños.
Con apenas el 13 % de la información solicitada, CasaMacondo ha revelado los nombres de 600 sacerdotes denunciados por abuso sexual. Con la decisión de la Corte, la Iglesia católica tendrá que entregar el 87 % restante.
El Ejército reclutó a la fuerza a Daniel Acosta, un joven que había manifestado objeción de conciencia, tenía problemas de salud y era el único sustento de su hogar. A pesar de que el alto tribunal declaró ilegales estas redadas, aún ocurren de forma irregular y arbitraria.
Una nueva sentencia del alto tribunal confirma que los títulos universitarios pertenecen a la esfera pública y que los periodistas pueden verificar los grados de los funcionarios del Estado.
En menos de diez meses, un periodista pasó de enviar su primer derecho de petición a enfrentarse con la Universidad Nacional en el máximo tribunal jurídico del país, todo durante la misma investigación.
Por orden del alto tribunal, la institución tuvo que confirmarle a este medio la veracidad de los títulos universitarios de seis funcionarios del Gobierno Petro. El fallo sienta un precedente para el periodismo y para el acceso a la información académica de quienes trabajan en el Estado.
Una tutela común y corriente sobre pagos de salud se transformó en un terremoto jurídico cuando un juez decidió utilizar ChatGPT para dar su veredicto. En la Corte Constitucional se prendieron las alarmas: ¿será que la tecnología va a volver obsoleta la justicia humana?