En esta investigación internacional sobre el encubrimiento vaticano participaron los medios Correctiv, de Alemania; El País, de España; The Boston Globe, de Estados Unidos; Observador, de Portugal; y CasaMacondo, de Colombia. Desde Múnich hasta Pereira, el siguiente es el rastro documentado del amparo que la Iglesia intentó borrar.
Durante tres años, CasaMacondo ha litigado contra los abogados de obispos para acceder a los expedientes de abuso sexual clerical. Lo que hallamos es una cifra abrumadora, pero todavía menor: casi 800 sacerdotes denunciados, en el 13% de la información disponible. Los jerarcas católicos esconden el 87% restante.
CasaMacondo revela que Francisco de Roux autorizó un pago de 15 millones para conciliar el caso de un sacerdote jesuita denunciado por abuso infantil, mientras la Fiscalía archivó el expediente y la Compañía de Jesús evitó expulsarlo.
En un fallo histórico, la Corte Constitucional ordenó investigar al obispo emérito de Pereira, quien admitió en un interrogatorio que no denunció abusos de los que tenía conocimiento. La Sentencia SU-315/25 marca un precedente en la lucha contra el encubrimiento eclesiástico.
Con apenas el 13 % de la información solicitada, CasaMacondo ha revelado los nombres de 600 sacerdotes denunciados por abuso sexual. Con la decisión de la Corte, la Iglesia católica tendrá que entregar el 87 % restante.