El Juzgado Segundo de Familia de Yopal profirió una sentencia de primera instancia tras la tutela de Josué Alirio Barrera contra CasaMacondo. El senador alega ser un campesino señalado falsamente de hacerse rico con baldíos de la nación. Sin embargo, las pruebas documentales confirman que transgredió el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, que prohíbe acumular tierras inicialmente adjudicadas como baldíos si estas exceden la Unidad Agrícola Familiar, UAF.
La investigación de CasaMacondo se fundamentó en el análisis técnico de tres globos de terreno de origen estatal: el Condominio Peñones de Piedemonte, de 373 hectáreas en Aguazul; el predio El Diamante, de 449 en Nunchía; y la finca Édgar, de 38 en Aguazul. La cifra inicial de 587 hectáreas denunciadas como una «cosecha de baldíos» se obtuvo sumando las cien hectáreas que el senador conservó de Peñones de Piedemonte, tras permutar las otras 273 hectáreas; las 449 de El Diamante y las 38 de la finca Édgar.
Sin embargo, tras el fallo de tutela de primera instancia que ordenó precisar que las matrículas inmobiliarias 470-94635 y 470-94634 —correspondientes al globo original de Peñones de Piedemonte comprado en 2012— ostentaban calidad de propiedad privada antes de la transacción, el cálculo de la acumulación irregular se debe ajustar. Al excluir esas cien hectáreas por orden judicial, el patrimonio del senador que permanece bajo cuestionamiento como tierras de orígen baldío pasa de 587 a 487 hectáreas.
Este ajuste técnico confirma que el 82% de las tierras del gamonal del Casanare, representadas en los predios El Diamante y Édgar, siguen siendo, ante la ausencia de una orden de rectificación del juez, una acumulación de bienes de origen baldío que el Estado tiene el mandato de recuperar.
CasaMacondo rectifica el porcentaje por orden judicial, y ratifica su tesis: el sello de una notaría certifica la firma de un contrato, sin embargo no legaliza lo indebido. Si una propiedad estatal se acumula violando los topes de la UAF, ninguna escritura posterior sanea la ilicitud de origen. Lo que nace viciado ante la ley permanece viciado, pese a cualquier atisbo de legalidad posterior.
Controversia de forma, no de fondo
Sobre el Condominio Peñones de Piedemonte, de 373 hectáreas —cien de ellas propiedad del senador—, el juez ordenó precisar que los predios eran privados antes de la compra, debido a adjudicaciones ocurridas hace cincuenta años. No obstante, la investigación de CasaMacondo documentó que en estas transacciones se omitió el artículo 39 de la Ley 160 de 1994, sobre el deber de informar a la autoridad de tierras para que el Estado ejerciera su derecho de opción preferente.
Mientras la justicia enfatiza su ejercicio fiscalizador en folios notariales, el patrimonio destinado a resarcir a los campesinos más pobres del Casanare sigue en manos de un multimillonario que no debe poseerlo. El fallo del Juzgado Segundo de Familia de Yopal, que impugnamos, no rectifica la aritmética de la acumulación ilegal. Al contrario, la reitera: el terrateniente Josué Alirio Barrera acumuló cuarenta veces más del límite de propiedades de origen baldío permitido por la ley.
Entre tanto, en plena cruzada electoral para reelegirse senador por el Centro Democrático, centenares de campesinos aplauden sus discursos en agasajos en los que se ofrece comida y ayudas futuras, mercados, becas, puestos de trabajo, subsidios de vivienda. Él posa sonriente en fotografías al lado de madres, padres, abuelos, casi todos desterrados, víctimas de los grupos armados y de la avidez de los políticos corruptos. Su estribillo de campaña, al final de la cual suenan relinchos, es: «¡Hágale pariente!».
Nota editorial:
Alexis Bohórquez, abogado de Josué Alirio Barrera, llamó a Juan Pablo Barrientos, editor de la Unidad Investigativa de CasaMacondo, para proponerle una conversación amistosa con el congresista. «Le soy muy franco, sí nos gusta tener una relación cordial con todos los medios. Personalmente soy una de las personas que decimos que acá en el Llano, popularmente, que el toro por los cachos». La respuesta del periodista fue invitar al congresista a una entrevista en vivo, en el programa semanal de «Somos Historias». Pero no hubo contestación. En CasaMacondo entendemos la oferta del mensajero del congresista como una estrategia de relaciones públicas, no como una decisión de brindar explicaciones. Reiteramos la invitación y nos mantenemos atentos.
