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MONOPOLÍTICA | ELECCIONES 2026

Hallazgo

Abelardo de la Espriella compró, vendió y se endeudó con entornos de paramilitarismo, narcotráfico y lavado de activos

CasaMacondo

Los certificados de tradición de los inmuebles de Abelardo de la Espriella dibujan una red de vendedores, compradores y acreedores con expedientes incómodos. Esta es la historia que cuentan las escrituras del hombre que asumió la Presidencia de Colombia.

Portada Abelardo Hallazgo bienes

Agosto 08 de 2026

Un certificado de tradición y libertad es un documento aburrido. Páginas de anotaciones numeradas, escrituras, radicaciones, nombres en mayúscula sostenida que se repiten hasta el cansancio. Nadie los lee por gusto. Pero cuando indagan los de las propiedades que Abelardo Gabriel de la Espriella Otero ha comprado y vendido desde 2006, y se ordenan sobre la mesa por fecha, esos archivos tediosos cuentan una historia que el recién posesionado presidente ha pretendido negar: que sus negocios inmobiliarios coinciden con el protagonismo de sus clientes más célebres durante las negociaciones de Ralito, las condenas de la  parapolítica, las revelaciones de la pirámide DMG y algunas sentencias en tribunales de Estados Unidos.

Entre quienes le vendieron, le compraron o le prestaron dinero aparecen la hermana, un narcoparamilitar condenado, el suegro de Salvatore Mancuso, un empresario fotografiado en el helicóptero del ‘Ñeñe’ Hernández, dos hermanos investigados por lavado de activos y narcotráfico y un testaferro del Cartel del Norte del Valle.

El edificio que compró piso por piso

Hay que empezar por la Carrera 13 # 82-91 de Bogotá, en el sector de El Lago. Un edificio de ladrillo construido en 1980 que se llamaba Silver y que desde 2011 se conoce como Lawyers Center: el cuartel general de De la Espriella Lawyers. Según la Cámara de Comercio también es el domicilio de Cosenza S.A.S., la sociedad con la que el presidente administra sus bienes.

La toma del edificio fue gradual. En agosto de 2007, De la Espriella compró el apartamento 301 por 182 millones de pesos a Fabio Gallego Zapata, su  propietario desde 1985. En mayo de 2009 sumó el apartamento 101, por 210 millones, comprado a Sandra Patricia Ríos.

En diciembre de 2010 compró el apartamento 501: 380 millones pagados a Humberto Cubillos Uejbe, hijo de quien  lo había comprado a la constructora en 1984. Sobre esos vendedores, CasaMacondo no encontró señalamiento público alguno. Son la parte gris, y honrada, de los numerosos folios de las propiedad de Abelardo de la Espriella. 

Lo notable de los bienes comprados en ese edificio  es lo que quedó inscrito en el certificado del apartamento 101, un año después de su compra.

Un testaferro del cartel del Norte del Valle

El 31 de mayo de 2010, ante el notario veintinueve de Bogotá, De la Espriella firmó la escritura 3805. En ella se reconoció deudor de Santiago Barón Soto, un odontólogo de Rionegro, Antioquia, por 600 millones de pesos: «que ha recibido en calidad de mutuo comercial, a la firma de la presente escritura». Es decir: según el documento, el dinero se entregó ese mismo día.

Como garantía, el abogado hipotecó el apartamento 101 y el garaje 10 del Edificio Silver. La desproporción salta del papel. La deuda casi triplicaba los 210 millones que el propio De la Espriella había pagado por el apartamento un año antes.

Once semanas después, el 19 de agosto, deudor y acreedor volvieron a la misma notaría. La escritura 7539 no aclara un dato menor: redujo la deuda a la mitad. Donde decía 600 millones pasó a decir 300. El documento no explica por qué. No dice si hubo un abono, un error en el monto o un nuevo acuerdo. Simplemente reescribe la cifra.

El desenlace llegó el 14 de octubre. Ante el mismo despacho notarial compareció esta vez Barón Soto, quien declaró que el deudor había cumplido «con todas las obligaciones pactadas» y canceló la hipoteca. Entre la firma del mutuo y su cancelación pasaron cuatro meses y medio.

Tres escrituras cuentan así la vida completa de un préstamo relámpago: 600 millones recibidos en mayo, reducidos a 300 en agosto, saldados en octubre. Del origen del dinero y del destino que tuvo, los protocolos no dicen una palabra.

Lo que los documentos callan lo dicen los expedientes. Como reveló CasaMacondo en el especial Monopolítica, un informe de policía judicial de 2020 identifica a Barón Soto como propietario de un lote en la Parcelación Santillana, en Guaymaral, al norte de Bogotá. Sobre ese lote pesa un embargo por extinción de dominio inscrito desde 2013.

La medida no salió de la nada. Surgió de las investigaciones contra los hermanos Álvarez Meyendorff, un clan palmirano ligado al Cartel del Norte del Valle. Según documentos federales de Estados Unidos, esa estructura exportó toneladas de cocaína usando tecnología de punta, incluidos minisubmarinos, y tejió una red de unos doscientos inmuebles que funcionaban como nodos de lavado en todo el país. Ignacio Álvarez Meyendorff fue capturado en Buenos Aires en 2011 para su extradición a Nueva York.

El nombre de Barón Soto quedó impreso, además, en memoriales judiciales por un conocido conflicto de tierras en Bayunca, Bolívar. Allí, comunidades campesinas denunciaron maniobras de despojo sobre 120 hectáreas que reclamaban como poseedores ancestrales.

La cronología del préstamo importa porque coincide con la etapa más vertiginosa del ascenso patrimonial del abogado. En noviembre de 2006, mientras defendía a figuras de la parapolítica como Rocío Arias y Dieb Maloof, De la Espriella y su padre, Abelardo de la Espriella Juris, un exmagistrado, exnotario y político cordobés, compraron el penthouse 1001 del Edificio Mar de Leva, en Bocagrande, Cartagena, por 800 millones. En 2008 sumaron la Finca Polonia, en Sucre, por 115 millones, y el abogado pagó 700 millones por un apartamento en el Edificio Ceres, en el norte de Bogotá.

Ese mismo año asumió la defensa de David Murcia Guzmán, el cerebro de la pirámide DMG, uno de los más grandes esquemas de captación de dinero ilegal del país. Según interceptaciones telefónicas reveladas años después, el equipo contable de la captadora discutió la entrega de 760 millones de pesos, que llegaron a la oficina de Abelardo de la Espriella en una camioneta de DMG, el 30 de octubre de 2008. El abogado  admitió haber recibido el dinero y sostuvo que era el pago de contado de sus honorarios.

La hipoteca con Barón Soto se firmó año y medio después. ¿Qué necesidad de liquidez llevó al abogado a recibir 600 millones en efectivo de un prestamista particular? ¿Por qué la deuda se redujo a la mitad con una escritura que no da explicaciones? ¿Cómo se saldó todo en cuatro meses y medio? CasaMacondo le envió estas preguntas a De la Espriella. Al cierre de esta investigación, no hemos recibido respuesta.

La herencia del ‘Comandante Barbie’

El segundo nombre que pesa sobre el relato de la fortuna del nuevo presidente llegó por herencia ajena. En enero de 2013, los cinco hermanos Rodríguez Fuentes, una acaudalada familia de ganaderos y terratenientes del Cesar, se repartieron un predio rural de 882 hectáreas en Becerril, herencia de su madre. Cinco lotes iguales, legalizados ante la Notaría Única de Becerril.

Uno de esos herederos es Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, el ‘Comandante Barbie’, condenado en 2007 a nueve años de prisión por promover la conformación de grupos paramilitares, y detenido en Estados Unidos en un proceso por narcotráfico junto a Hernán Giraldo y ‘Jorge 40’, ambos capos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

A Martha Lucía Rodríguez Fuentes, hermana de ‘Barbie’, le correspondió el lote número 3, de 178 hectáreas, bautizado Nueva Jerusalén. Ocho meses después de la repartición, el 1 de octubre de 2013, se lo vendió a Abelardo de la Espriella por 680 millones de pesos.

No era una tierra cualquiera. Nueva Jerusalén está situado sobre un título minero otorgado a la multinacional Drummond, en la zona de expansión de El Descanso, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes de América Latina.Y está rodeada de historia.

 

El predio colinda con la hacienda El Carmen, propiedad del propio ‘Barbie’, que según el informe Tierra y Carbón del Centro Nacional de Memoria Histórica funcionó como base y escuela de entrenamiento del Bloque Norte de las AUC. El Centro documentó que hombres entrenados en fincas del ‘Comandante Barbie’ cometieron cerca del 80 por ciento de las masacres de la Serranía del Perijá entre 1996 y 2006, un baño de sangre que cuenta sus víctimas en miles.

Una sentencia del Tribunal Superior de Cartagena reveló cómo el ganadero ponía sus fincas a disposición de los paramilitares. ‘Barbie’ ha pretendido defenderse declarándose víctima. Según su relato, él mismo denunció ante el Ejército la presencia de los paramilitares en sus propiedades.

El negocio de De la Espriella con la hermana de ‘Barbie’ fue rentable. El avalúo catastral actual del lote, 1.304 millones de pesos, duplica lo que pagó por él. Y el precio comercial promete mucho más.

En 2019, Drummond le compró a otra de las hermanas de ‘Barbie’ un predio contiguo, de las mismas dimensiones, por 3.265 millones: cinco veces lo que pagó De la Espriella en su momento. Otro de los lotes de la herencia, transferido a un fideicomiso por 580 millones en 2013, fue comprado luego por la minera en 13.100 millones, según una investigación del periodista Jaime Florez

Mientras tanto, la Fiscalía ha intentado extinguir el dominio de 61 bienes de ‘Barbie’ y su familia desde 2007, por su asociación con el despojo de tierras y el narcotráfico. Al menos seis de esos bienes son vecinos de Nueva Jerusalén, el lote del ahora presidente de la República que pasó tranquilo al fideicomiso civil de Cosenza en 2015.

En 2023, un fallo judicial le devolvió al exparamilitar el control de su fortuna, con el argumento de que no se demostró cómo se benefició económicamente de su relación con los grupos ilegales. La decisión pasó por alto otras piezas judiciales sobre despojo.

Y la relación del presidente con esa familia no se agota en la tierra. De la Espriella ha sido apoderado de Inversiones Rodríguez Fuentes y Carbones Sororia, empresas de ‘Barbie’ y de su esposa, María Consuelo Pavajeau.

La Silla Vacía documentó el resto. Elisa Clara Rodríguez Fuentes, hermana de ‘Barbie’ y también heredera del predio de Becerril, es accionista de Dominio De la Espriella, la marca con la que el mandatario produce el Vino Fratellone y los rones Defensor. Dos hijos del exparamilitar fueron socios de Monte Horeb Group, otra accionista de la marca. Su hijastro es dueño de Invercop. Y Monte Horeb le compró al propio ‘Barbie’ el lote que le correspondió en la misma herencia.

El círculo, visto desde el registro, es perfecto: la familia del narcoparamilitar le vendió la tierra al abogado de los criminales y luego se hizo socia de su ron.

Montería: el apartamento del suegro de Mancuso

El tercer capítulo ocurre en Montería, la ciudad donde De la Espriella se crió y estudió en el mismo colegio que Salvatore Mancuso,  La Salle. El presidente asegura que su relación con el exjefe paramilitar se limitó a verlo «montar moto en el barrio», porque le lleva trece años. Su versión tiene, sin embargo, un vínculo de vecindad que las escrituras se empeñan en recordarle.

El 31 de agosto de 2021, ante la Notaría Primera de Montería, Cosenza S.A.S. compró el apartamento 1701 del Edificio Río por 800 millones de pesos, un proyecto de lujo sobre el margen del Sinú, con dos parqueaderos incluidos. El vendedor fue Carlos Arturo Zapata Agudelo.

Un informe de la Fiscalía del 2 de diciembre de 2020 reconstruye el árbol familiar del exjefe de las AUC. Allí consta que Mancuso contrajo segundas nupcias con Margarita María Zapata González, con quien tuvo un hijo en 2006. Margarita María es hija de Carlos Arturo Zapata Agudelo. El suegro de Salvatore Mancuso, en otras palabras.

El mismo informe registra un detalle patrimonial: Mancuso declaró ante la justicia transicional que firmó capitulaciones matrimoniales para que cada uno controlara su patrimonio por separado.

El folio del apartamento cuenta su propia historia de valorización acelerada. En diciembre de 2016,  la constructora se lo vendió a Jason Hernando Espitia por 706 millones. Espitia se lo vendió a Zapata Agudelo en julio de 2019 por 770. Y Zapata se lo vendió a la sociedad del hoy presidente en agosto de 2021 por 800.

El nombre del suegro aparece en otro expediente. El informe de policía judicial sobre la finca Berlín lo incluye entre las personas a las que el ganadero monteriano Alfonso Restrepo Gómez, indagado por lavado de activos tras un reporte de la UIAF, giró cheques entre 2007 y 2008. El grupo de beneficiarios recibió 920 millones de pesos y la prensa de la época los asoció con Mancuso. El propio informe matiza: la verificación en fuentes abiertas no confirmó ese vínculo para la mayoría de los girados.

Otro documento judicial muestra a Zapata Agudelo englobando y transando predios rurales con Restrepo en Montería desde mediados de los noventa. Viejos socios de tierras, en la ciudad donde todos se conocen.

Mancuso regresó a Colombia en febrero de 2024, tras purgar más de quince años por narcotráfico en Estados Unidos. Salió de La Picota en julio de ese año y fue designado gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro, con un mandato que venció  el 6 de agosto de 2026, un día antes de la posesión de De la Espriella.

El pasado 3 de agosto, el Consejo de Estado revocó esa designación. Y en plena campaña, el propio Gustavo Petro había llamado al candidato «amigo político» de Mancuso, un señalamiento que De la Espriella atribuyó a la guerra sucia en su contra. Las escrituras no dicen quién es amigo de quién. Dicen, apenas, quién le compró a quién. Y por cuánto.

Los lotes de los Vega Pineda

Montería guarda un capítulo más, y es el más incómodo de la cronología.

El 30 de junio de 2020, la fiscal tercera de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos (DECLA) emitió una orden a la policía judicial: una indagación por lavado de activos, con hechos fechados en Montería en junio de 2008. El objetivo de la orden era uno solo: rastrear, base de datos por base de datos, el patrimonio del ganadero Carlos Arturo Vega Pineda.

El origen del expediente está en un reporte de inteligencia financiera. Según el registro interno de la Fiscalía, la indagación se originó en un informe de la UIAF, que alertó sobre operaciones sospechosas del ganadero: un incremento del 569 por ciento en sus operaciones de crédito durante el primer semestre de 2008, frente al mismo periodo del año anterior.

El 3 de noviembre de 2020, Carlos Arturo Vega Pineda le vendió a Cosenza S.A.S., la sociedad de Abelardo de la Espriella, el lote 7 sobre la margen izquierda del Sinú, en la vía Montería-Arboletes, por 650 millones de pesos. El lote acababa de nacer: era producto de una división material de tierras de la familia firmada apenas una semana antes de que la Fiscalía ordenara el rastreo.

El expediente no se detiene ahí. El 6 de septiembre de 2021 fue reasignado a otro despacho. Y el 27 de diciembre de ese año Cosenza cerró el segundo negocio con la familia: recibió en permuta, por valor de 300 millones, el lote 6-1 de la urbanización Pílamo, propiedad de Enrique José Vega Pineda.

Enrique José tiene su propio rastro en los archivos de la Fiscalía. En la base de datos Sagitario, que recoge a las personas investigadas por narcotráfico, figura como «mencionado»

Ninguna de estas piezas acredita un delito: la indagación no registra imputación conocida y los Vega Pineda gozan de presunción de inocencia. Lo que los documentos dibujan es algo más preciso, e incómodo: mientras la Fiscalía rastreaba el patrimonio de esa familia ganadera, la sociedad del hoy presidente les compró dos predios.

Hay un último cruce que el expediente ofrece con certeza. El informe patrimonial de 2020 sobre Carlos Arturo Vega Pineda lo firmó el técnico investigador Jonhattan Daniel Kopp, del CTI adscrito a la DECLA. Es el mismo investigador cuyo informe de septiembre de 2021, en otro expediente de la misma dirección, precedió al archivo silencioso de la investigación por lavado de activos contra Abelardo de la Espriella. Dos expedientes, una misma dependencia, un mismo investigador: uno se archivó sin ruido; el otro sigue activo, y ahora le toca convivir con un presidente que fue cliente del indagado.

El comprador del helicóptero del ‘Ñeñe’

El cuarto nombre no le vendió nada al presidente: le compró. Y fue el mejor negocio de todos.

En noviembre de 2013, en plena bonanza de su defensa de Alex Saab, el empresario barranquillero que según las autoridades estadounidenses blanqueó cerca de 350 millones de dólares como operador financiero del régimen venezolano, De la Espriella adquirió el apartamento 404 del Edificio Neos Vittra, en la Calle 88 con 9A de Bogotá, por 1.680 millones de pesos. En 2015 lo incluyó, con el resto de sus joyas, al fideicomiso civil de Cosenza.

El 16 de noviembre de 2017 ocurrieron dos cosas en la misma escritura. Se canceló el fideicomiso que blindaba el apartamento, y se registró su venta por 3.000 millones de pesos: un 78 por ciento más de lo pagado cuatro años antes.

El comprador, que ese mismo día lo hipotecó al banco Itaú, fue Ricardo Uribe Arango, un empresario conocido en el ecosistema del poder. Integró la junta directiva de la Ladrillera Santa Fe, una de las más grandes del país. Y protagonizó una de las fotografías más incómodas del escándalo de la ‘Ñeñepolítica’: la que lo muestra a bordo de un helicóptero junto a José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, el ganadero y narcotraficante asesinado en Brasil en 2019, cuyas interceptaciones telefónicas hablaban de compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque en 2018.

Según reportes de prensa de 2020, la aeronave estaba embargada por la Fiscalía con fines de extinción de dominio cuando volaba. El promotor Fernán Martínez, que aparece en la misma foto, explicó que Uribe Arango la alquiló en El Dorado en 2016 y que esa fue la única vez que vieron al ‘Ñeñe’.

Cuestión Pública ha descrito a Uribe Arango, además, como cercano al clan Char y aportante de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez. Y lo identificó como comprador, en septiembre de 2019, de los dos lotes más costosos de El Balmoral, el conjunto campestre de la familia de Álvaro Uribe en Montería: 716 y 683 millones de pesos por 6.253 metros cuadrados. En 2023, el abogado Diego Cadena, el ‘aboganster’ del expresidente, publicó fotos celebrando su cumpleaños.

La pieza que faltaba

El quinto negocio, el más reciente de Abelardo de la Espriella es el más irónico.

El 21 de marzo de 2025, cuando el abogado de criminales ya sonaba como aspirante presidencial, Cosenza compró por 665 millones de pesos el apartamento 102 del Lawyers Center, el que faltaba en el primer piso. Quedó protocolizado en la escritura 315 de la Notaría 32 de Bogotá. Con esa firma, la sociedad del candidato completó el control de otra pieza de su edificio insignia, en vísperas de la campaña.

El vendedor, propietario del apartamento desde 2007, es Ulises Evaristo Durán Porto. No es un nombre cualquiera en la política colombiana: Durán Porto es el apoderado del movimiento Colombia Humana, el partido que fundó Gustavo Petro. El abogado, en otras palabras, del universo político que De la Espriella convirtió en el enemigo central de su campaña.

Su papel no fue marginal. Durán defendió a la campaña Petro Presidente 2022 en el proceso del Consejo Nacional Electoral, CNE por violación de topes de financiación: en julio de 2025 pidió archivar la investigación alegando que los términos estaban vencidos, y en agosto sostuvo en entrevistas que la ponencia sancionatoria obedecía a una finalidad política. Cuando el CNE impuso la sanción en noviembre de 2025, fue él quien firmó, en enero de 2026, el desistimiento con el que la Colombia Humana aceptó pagar una multa cercana a los 1.200 millones de pesos para poder fusionarse en el Pacto Histórico.

La cronología exhibe la rareza. En marzo de 2025, el abogado de la casa política de Gustavo Petro le vendió a Abelardo de la Espriella la ficha que le faltaba en su edificio. Meses después, ese mismo abogado litigaba la defensa del gobierno saliente mientras su comprador hacía campaña prometiendo enterrarlo. Sobre Durán Porto no se conoce señalamiento judicial alguno. La venta es un negocio legal entre particulares. Pero en el mapa de las escrituras del presidente, que este reportaje recorre nombre por nombre, este es el único vendedor que viene de la orilla contraria. Habrá que preguntarles a ambos qué tan distantes son, en realidad, las orillas.

 

Las escrituras no votan, no hacen campaña, tampoco conceden entrevistas. Solo conservan nombres. Y los que acompañan la historia patrimonial del nuevo presidente de Colombia son, de momento, su biografía más elocuente. 

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