Esta crónica hace parte de A pie por las calles del sismo, una serie de relatos sobre el terremoto que es posible gracias al apoyo de la Fundación Gloria Zea.
La capital del Chocó hiede a excrementos. Nadie parece notarlo. Hace veinte horas se suspendió el servicio de electricidad, al parecer por la caída de un árbol en algún lugar de la selva más tormentosa del planeta. «Es normal», dice un hombre con bigote mientras trincha una costilla de cerdo en un puesto de comidas en la llamada Zona Rosa. La música a todo volumen sepulta el bullicio de las plantas eléctricas con las que cada negocio se provee de energía. El resplandor de los avisos fluorescentes flota sobre las calles anegadas por las lluvias y las alcantarillas rebosadas. El gentío parlotea. Cualquiera creería que la hedentina en el aire y la miseria de las fachadas son consecuencia del terremoto de hace dos semanas. Pero esta ruina es de siempre.
En el departamento que fue epicentro de uno de los sismos de mayor magnitud registrados en Colombia, el ochenta y cinco por ciento de los residuos fecales corren al aire libre en las cañadas urbanas hasta desembocar en el río Atrato. Las montañas de dinero público invertidas para corregirlo no han servido para nada. La última fue de más de cien mil millones de pesos, de los programas Todos por el Pacífico y el Plan Pazcífico, estrategias del Gobierno creadas en 2014. Bajo las calles hay tramos de tuberías que no se conectan entre sí, estaciones de bombeo inservibles y sistemas de drenaje inútiles. Toda esa infraestructura es mera utilería, simulación.
En las calles por las que ahora se ven grupos de voluntarios descargando camiones con ayuda humanitaria, se puede contar un listado de obras inconclusas, abandonadas o en riesgo de deterioro. En 2022, la Contraloría identificó cuarenta y ocho proyectos de infraestructura en estado crítico, cuarteados por la desidia y cubiertos por la profusión de la maleza. Los recursos públicos comprometidos en esas obras suman 392.327 millones de pesos, suficientes para pagar 7.356 viviendas como las 1.500 de la Ciudadela Mía, en Quibdó, entregadas por el Gobierno en los años de los acuerdos de paz, cada una de cuarenta y seis metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y lavadero.
De entre el largo listado de obras inconclusas, las más recientes incluyen cinco megaproyectos financiados con 86.000 millones de pesos de regalías, el dinero que el Estado recibe por la explotación de riquezas no renovables, como petróleo, gas, oro o platino. Según la Contraloría, son obras en riesgo, las próximas que podrían terminar abandonadas, corroídas por la humedad y el lento desguace y robo de sus materiales. Incluyen, entre otras, el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera, dos proyectos de vivienda indígena y una red de alcantarillado en el sector de La Esmeralda-Las Américas, en el suroriente de la ciudad.
El Chocó, tan empobrecido, es inmensamente rico. Según la Agencia Nacional de Minería, entre 2015 y 2024 fueron extraídas 81 toneladas de oro de sus laderas y ríos, más o menos el peso de tres de las ballenas yubartas que cada año visitan sus costas para dar a luz. El valor de esa riqueza es apenas imaginable: 37 billones de pesos, unos 12.000 millones de dólares, más de una tercera parte del producto interno bruto de El Salvador. Pero la realidad en las calles anegadas de excrementos es otra: siete de cada diez habitantes del Chocó están por debajo de la línea de pobreza monetaria, es decir, no alcanzan a reunir los ingresos necesarios para comprar la canasta básica de alimentos.
En Nóvita, Unión Panamericana, El Cantón de San Pablo y Condoto, municipios de tradición aurífera del río San Juan, las secuelas del sismo se confunden con las de la miseria habitual, acrecentada desde hace decenios. Yo tengo recuerdos de Condoto. Estuve allí, en Opogodó, uno de sus corregimientos, a los dieciséis años. Después volví tres veces más. Iba con el grupo misionero de un cura salesiano y mi primera tarea consistía en asear al Jesús sobre el altar, una imagen enorme del hijo de Dios en agonía. Entonces me subía a lo alto de una escalera para limpiarle el rostro salpicado de estiércol de murciélago y las axilas sucias de telarañas.
Condoto fue fundado en 1758 y a comienzos del siglo XX se conocía como la capital del platino. En sus ríos sorbieron riquezas compañías estadounidenses y británicas, ávidas de ese metal que suele ser más caro que el oro. La sed de esos mineros extranjeros instaló allí la primera draga eléctrica, pero ningún hospital. Más de un siglo después, con casi todos sus bosques aledaños convertidos en montañas de lodo, el registro oficial revela que entre 2012 y 2023 se extrajeron más de nueve toneladas de oro y casi dos de platino. Sin embargo, la miseria es casi la misma que conocí de adolescente y que padecieron hace centurias sus primeros pobladores.
En los primeros reportes, en Condoto se contaron seiscientos damnificados y setenta y ocho viviendas afectadas. La mayoría allí son techumbres de latón, sin servicio de alcantarillado ni acueducto, al igual que en las poblaciones vecinas. En Río Quito, Cértegui, Lloró y El Cantón de San Pablo también se reportaron daños que, en todo caso, son menores a su lastre de miseria habitual. En esas lejanías, donde las carreteras parecen terminar antes de que comiencen los pueblos, los ríos suelen ser las vías de comunicación. Después del terremoto, muchos caseríos quedaron aislados por derrumbes y hundimientos en sus caminos, entonces las embarcaciones fueron otra vez sus ambulancias, camiones y buses.
Por el Atrato y el San Juan viajaron alimentos, agua, medicamentos, ropa, enseres de cocina, bidones de gas. Es una paradoja: los ríos que permiten la explotación del oro y del platino, que a pesar de su supuesta riqueza condenan a los pobladores de sus riberas a la miseria, son los que permiten el socorro humanitario después de cada tragedia, sismo, inundación y masacres. En el Chocó, uno de los territorios más biodiversos del planeta, los grupos armados también son multitud. La minería demencial que arrasa ríos y bosques también ha financiado a las organizaciones criminales que se disputan el territorio.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ahora denominadas Ejército Gaitanista de Colombia; y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, han convertido la explotación del oro y el platino en una fuente de financiación. Pero no son los únicos. Policías, militares y políticos hacen parte del circuito de corrupción y enriquecimiento ilícito. Alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas también. El listado de corruptos y ladrones es extenso y está sustentado. Basta recordar unos pocos casos para vislumbrar la impudicia general.
En 2017, la Fiscalía capturó a Deyler Eduardo Camacho Mosquera, entonces alcalde de Nóvita, por ser parte de «Los Zares del Oro del Chocó», una organización dedicada a la minería criminal y al lavado de dinero. En 2022 fue capturado y judicializado José Oliver Moreno, alcalde de Medio San Juan, señalado por la Fiscalía como presunto integrante de «Los Zares II», una banda que extraía oro con dragas y excavadoras en los ríos Tamaná y San Juan, escoltados por policías y militares. En 2020 fueron judicializados el intendente William Reyes Buitrago, el subintendente Dany Alfredo Popo Aragón y el patrullero Edwin Mena Palacios, acusados de alertar a redes de minería ilegal sobre operativos de la Policía.
Los corruptos no han sido solo policías rasos. En febrero de 2023 fue capturado el coronel Clauder Antonio Cardona Cataño, comandante del Departamento de Policía Chocó, a quien la Fiscalía imputó por cohecho, concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimiento minero. El oficial habría recibido ocho millones de pesos mensuales para advertir a una estructura minera de los operativos que se preparaban en su contra. También en el Chocó, el dinero del oro fluye hasta las oficinas de las autoridades encargadas de combatir a los criminales. La ironía es la misma: las dragas y las retroexcavadoras avanzan por los mismos ríos por los que ahora, a contracorriente, llegan las ayudas humanitarias.
Quibdó, sobre entrañas de oro, es una ciudad de míseros, aunque no todos. El barrio El Jardín, en las colinas orientales, sobre la vía a Pacurita, es un barrio de millonarios. Es el único sector en el que se levantan casas que cuestan medio millón de dólares, o más, lo mismo que una draga o una retroexcavadora. Es un barrio de exfuncionarios: gobernadores, alcaldes, concejales, congresistas. Carlos Murillo Agualimpia, excontralor departamental, fue uno de sus primeros habitantes. Su casa, de trescientos metros cuadrados, tiene piscina, jacuzzi y vitrales traídos de Panamá. Sus vecinos son ilustres. La mansión de Eustaquio Olave, exgerente del Hospital San Francisco de Asís, también tiene piscina y pisos de mármol. La de Ovidio Palacios, exalcalde de Lloró y de Atrato, es de tres plantas.
Esa aristocracia de funcionarios y exfuncionarios está vinculada con el robo, el abuso y la criminalidad. Allí también vivieron José Dolores Palacios, exdirector de la EPS Barrios Unidos, vinculado con tres procesos por peculado; Tulio Mosquera, exalcalde de Alto Baudó, incluido en esa misma investigación entre los funcionarios bajo indagación por presunta corrupción; David Mosquera Valencia, exsecretario general de la Gobernación del Chocó, condenado en julio de 2025 por la Corte Suprema a noventa y dos meses de prisión por peculado por apropiación a favor de terceros, tras establecerse que ordenó irregularmente pagos por $2.208 millones a cincuenta exfuncionarios del extinto Fondo Educativo Regional.
Tras el terremoto, muy cerca de allí, en el sector Las Dalias, la comunidad tuvo que organizarse en ollas comunitarias en las partes alta y baja de la loma en que viven. Para garantizar el alimento diario, las mujeres reúnen aportes individuales de dos mil y tres mil pesos para comprar insumos básicos: papa, arroz, aceite, yuca, algo de carne. Sus viviendas están agrietadas y algunas deberán demolerse. Fue allí donde un muro aplastó a tres personas, una de ellas una madre que cubrió a su hijo. Eso le salvó la vida al niño. «Queremos volver a recuperar nuestras viviendas, que es lo más digno de un ser humano», dice una mujer y se traga las lágrimas. Su temor es que nada o muy poco de tanto dinero recaudado para la reconstrucción alcance para ellos.
En el campus de la Universidad Tecnológica del Chocó, donde el temblor cuarteó aulas y laboratorios, la ruina física tampoco empezó con el sismo. El coliseo, averiado por la sacudida, lleva el nombre de Eduardo García Vega, exrector que fue encarcelado por un presunto desfalco de 38.000 millones de pesos. Su sucesor, David Emilio Mosquera, también fue acusado de malversar los recursos de la universidad. El 18 de noviembre de 2024, la Fiscalía lo capturó en una finca de Tutunendo por peculado y falsedad ideológica en documento público, en un proceso relacionado con un contrato de 1.550 millones de pesos celebrado sin el cumplimiento de los requisitos legales, para dotar las aulas con herramientas tecnológicas. Muchos de esos equipos ahora están desbaratados bajo los escombros del terremoto.
La Ciudadela Universitaria fue una de las pocas conquistas del paro cívico que paralizó Quibdó entre el 26 y el 30 de mayo de 1987. Comerciantes, maestros, estudiantes, campesinos, organizaciones indígenas y las autoridades locales se unieron en una protesta multitudinaria. El pliego reclamaba, además de la universidad, un acueducto para Quibdó, la ampliación del alcantarillado, obras de salud, carreteras, puentes y la terminación de la vía al mar. El gobierno de Virgilio Barco levantó el paro con la firma del pacto «Colombia-Chocó». Una de sus consecuencias fue la inclusión en el presupuesto nacional de 1988 de los recursos para iniciar la construcción de la ciudadela universitaria.
Treinta años después, en mayo de 2017, los habitantes del Chocó volvieron a hacer un paro, esta vez de dieciocho días. El Gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que ofrecer inversiones en vías, salud y servicios públicos para conjurarlo. Casi nueve años después, la carretera entre Quibdó y Medellín sigue inconclusa, con kilómetros sin pavimentar, lo mismo que la carretera entre Quibdó y Pereira. Y el hospital de tercer nivel que prometieron sigue sin construirse. Los pacientes más graves aún se remiten en avión a Cali y Medellín, como hace setenta años. Pero el terremoto del pasado diez de agosto pareció corregir algo: en el coliseo deportivo de la Universidad Tecnológica se desprendieron parte de las letras con el nombre de Eduardo García Vega, el exrector acusado de ladrón.
