La sociedad brasileña no puede jugársela. Y el periodismo brasileño no puede vacilar: ha llegado el momento de adoptar una posición clara en defensa de la democracia y contra el autoritarismo. La situación no es nueva, ya la hemos vivido. En 2018, muchos creyeron en la ilusión de que el statu quo político acabaría moderando a Jair Bolsonaro. Hoy podemos afirmar con toda certeza que fue el bolsonarismo el que radicalizó el statu quo.
El Gobierno de Jair Bolsonaro protagonizó una serie de ataques documentados contra la democracia: cuestionó la credibilidad de las elecciones, se mostró hostil con la prensa, usó políticamente las Fuerzas Armadas y toleró manifestaciones antidemocráticas, cuestionó la alternancia en el poder y se enfrentó abiertamente con el Poder Judicial. Que las instituciones resistieran no significa que esos ataques no existieran ni que carecieran de gravedad. Significa que funcionaron los mecanismos de contención.
No hay ninguna razón para creer que su hijo tendría una relación mejor con el periodismo y la democracia. Aunque no sea tan verborrágico y agresivo como su padre, sus actos no son menos graves. La principal promesa de Flávio Bolsonaro es la liberación de Jair y la anulación de la sentencia que lo condenó a prisión por intentar abolir el Estado democrático. A esto se le suma la amenaza declarada de introducir cambios en la Constitución.
Durante los cuatro años de bolsonarismo, el periodismo convivió con el horror de la represión. Con las agresiones verbales que el presidente de la República dirigía casi a diario contra los reporteros que cubrían las acciones del Ejecutivo. Y con las intimidaciones que se producían en todo el país, fruto del clima de hostilidad que Bolsonaro promovía contra el ejercicio de la profesión.
Los números ayudan a dimensionar esta escalada de violencia. Según la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), entre 2019 y 2022 se registraron 1.442 casos de violencia contra periodistas y ataques a la prensa, una media anual más de tres veces superior a la que se observó entre 2010 y 2018. Solo en 2022, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI) documentó 557 alertas de vulneraciones de la libertad de prensa, en el 41,6 % de las cuales estaba involucrado al menos un integrante de la familia Bolsonaro.
El cambio de escenario a partir de 2023 también resulta revelador: los registros de la ABRAJI descendieron a 330 ese año y a 204 en 2025, y en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras Brasil pasó del puesto 110.º en 2022 al 52.º en 2026.
La defensa del periodismo, no obstante, va más allá de los intereses de un gremio: concierne al derecho de toda la población a estar informada y a la propia calidad de la democracia. Este derecho depende de un entorno informativo íntegro, en el que la información fiable, verificable y plural pueda circular libremente. El periodismo desempeña un papel esencial en la construcción de ese entorno al investigar casos de corrupción, abusos de poder y vulneraciones de derechos, generando pruebas que ayudan a la sociedad a comprender la realidad, exigir responsabilidades y dar visibilidad a poblaciones que a menudo son ignoradas.
Por eso, los ataques sistemáticos contra la prensa no afectan únicamente a los periodistas y a los medios de comunicación. Al intimidar a los profesionales y desacreditar sus investigaciones, ponen en peligro el acceso de la población a información de interés público y debilitan la capacidad de la sociedad para fiscalizar a quienes gobiernan y exigir responsabilidades a quienes incumplen la ley.
Lo que ocurrió durante el Gobierno de Jair Bolsonaro viene de lejos. En 1999, declaró que, si fuera presidente, cerraría el Congreso Nacional y daría un golpe de Estado. En 2016, rindió homenaje al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconocido por la Justicia como torturador de la dictadura militar (1964-1985).
Ya en la Presidencia, participó en 2020 en una manifestación que defendía una intervención militar y el cierre del Congreso y del Tribunal Supremo. En 2022, reunió a embajadores extranjeros para acusar sin pruebas el sistema electoral brasileño, un episodio que acabó inhabilitándolo para presentarse a las elecciones.
La escalada culminó en un plan para asesinar a varias autoridades —concretamente, al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado del Supremo Alexandre de Moraes— para impedir la alternancia en el poder tras su derrota en las urnas, plan por el que Bolsonaro fue condenado en 2025.
Este historial es indispensable para evaluar las propuestas de Flávio Bolsonaro, cuyas declaraciones también merecen atención. En un libro publicado en 2017, negó la existencia del golpe militar de 1964 y elogió a Ustra. En julio de 2026, volvió a difundir ante diplomáticos extranjeros información falsa sobre el origen de las urnas electrónicas brasileñas.
No se puede ignorar la trayectoria de un grupo político que cuestionó la legitimidad de las elecciones, se enfrentó a las instituciones encargadas de fiscalizar el poder y ahora pretende modificar algunas de esas mismas instituciones.
El riesgo no se limita a un nuevo golpe de Estado: también reside en la posibilidad de que se debiliten progresivamente los mecanismos que impiden la concentración de poder y garantizan que los gobernantes rindan cuentas.
La población depende de una prensa libre para fiscalizar el poder. Y una prensa libre depende de instituciones capaces de garantizar derechos, asegurar el acceso a la información pública, proteger a los profesionales frente a las intimidaciones y exigir responsabilidades a quienes intentan impedir su trabajo.
La experiencia del Gobierno de Bolsonaro nos demuestra que la hostilidad que promovió el expresidente puede repercutir en la libertad de prensa. Si también se debilitan los mecanismos de control del poder, se vuelven más frágiles las condiciones para que los periodistas investiguen y publiquen de manera independiente información de interés público. Así es como los ataques contra el periodismo, el debilitamiento institucional y la erosión democrática pueden alimentarse mutuamente y abren el camino al avance del autoritarismo.
En este sentido, este editorial es también un llamamiento a los medios de comunicación y a los periodistas para que reflexionen sobre su responsabilidad en este momento histórico. No se trata de defender a gobiernos, partidos o tribunales, sino de reconocer que la libertad de prensa, la independencia de las instituciones y el derecho de la sociedad a la información son inseparables. En nombre de un futuro viable, Brasil debe preservar su democracia, con todas sus imperfecciones, contradicciones y conquistas. Al fin y al cabo, la historia muestra que el autoritarismo puede llegar al poder a través de las urnas, pero sus efectos sobre los derechos y las libertades pueden tardar décadas en revertirse.

Gráfico de líneas que muestra la evolución anual de los casos de violencia contra periodistas y ataques a la prensa en Brasil, entre 2009 y 2024, según la FENAJ. Los casos registrados pasaron de 135 en 2018 a 208 en 2019, 428 en 2020 y 430 en 2021, la cifra más alta de la serie presentada. En 2022 se registraron 376 casos. Tras ese período, los números descendieron a 181 en 2023 y a 144 en 2024. Se destaca el período comprendido entre 2019 y 2022, correspondiente al Gobierno de Jair Bolsonaro.
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