En una revelación judicial sin precedentes, Tulio Duque, obispo emérito de Pereira, admitió que reintegró a un sacerdote con acusaciones de abuso sexual infantil, sin notificar a las autoridades. Tras la absolución del obispo, el clérigo abusó de otro menor.
Durante años, las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia católica han sido cobijadas por el manto protector de sus jerarcas. Sin embargo, el 28 de febrero de 2012, en una audiencia en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, un obispo admitió ese encubrimiento en público. Lo hizo con frialdad, convencido de estar obrando con normalidad. CasaMacondo obtuvo en exclusiva la grabación de esa audiencia.
Tulio Duque Gutiérrez, obispo emérito de Pereira, confesó haber reincorporado a un sacerdote acusado de abuso sexual infantil, sin notificar a la justicia. El caso tiene nombre y rostro: Jairo Alzate Cardona, quien fue denunciado por los padres de un acólito. Según la declaración del propio obispo, al enterarse de la acusación, en 2005, procedió a suspender al sacerdote del ministerio pastoral y lo envió a un centro de “reflexión” y tratamiento espiritual y psicológico al municipio de La Ceja, Antioquia.
Tres años después, de nuevo sin notificar a la justicia, le devolvió las licencias ministeriales al cura abusador que, en marzo de 2008, volvió a abusar sexualmente de otro menor. En su declaración, el obispo admitió que sabía que el padre Jario Alzate Cardona volvería a tener contacto con niños en catequesis y misas, pero aun así decidió asignarlo como vicario en la parroquia La Santísima Trinidad, de Pereira. Monseñor Tulio Duque informó al clero de Pereira sobre los antecedentes del sacerdote. Todos sabían y ninguno denunció en la Fiscalía.
El obispo tampoco denunció el caso ante la Fiscalía, admitió en la audiencia. De hecho, cuando se le preguntó cuántas denuncias de abusos sexuales había remitido a la Fiscalía durante su episcopado, respondió con desparpajo: “En casos concretos, ninguno”.
Luego hizo una revelación aún más grave, pues hubo muchas denuncias internas contra varios sacerdotes, pero ninguna fue trasladada a la justicia civil. La Iglesia lo sabía y él calló:
“—Uno como obispo recibe muchas quejas… muchas veces son hasta calumnias o mala información… entonces yo creo que ahí no puedo responder porque se trata de una cosa de conciencia y de tratamiento personal con el sacerdote.
—¿Pero recibió o no recibió durante su ejercicio ministerial?
—Sí. Es como una mamá que le ponen quejas de sus hijos”.
La analogía con una madre que protege a sus hijos resume la lógica de encubrimiento con la que actuó el obispo Tulio Duque. No se trató, pues, de olvido o negligencia. La suya fue una decisión deliberada. El obispo justificó su actuar con un discurso de perdón, redención y confianza en la palabra del sacerdote abusador, a quien creyó arrepentido: “Toda persona tiene derecho a una conversión”, dijo. Y aseguró que su papel no era el de un policía o un juez: “Un obispo tiene que ser un padre, no un policía ni un juez… y viendo las buenas intenciones, en buena fe, yo le devolví las licencias ministeriales”.
Aunque reconoció que las directrices del Vaticano supuestamente exigen solo desde 2010 reportar todo a la justicia, Duque admitió que las pasó por alto: “En ese momento, vimos que no era para anunciar todavía a la ley civil”.
Este documento judicial, que permanecía oculto hasta ahora, revela un patrón sistemático de encubrimiento. Las decisiones del obispo Tulio Duque no fueron excepcionales ni fruto de ignorancia, sino parte de una estructura jerárquica que optó por proteger a sus ministros antes que a las víctimas.
Reincidentes
En 2008, el sacerdote Jairo Alzate Cardona abusó sexualmente de otro menor. Por este crimen, fue capturado y condenado a ocho años de prisión por acceso carnal abusivo. El sacerdote, quien era profesor de matemáticas y guía espiritual del menor, falleció en la cárcel, imputado por abusar de, al menos, cuatro niños en Pereira y Manizales.
A pesar de la reticencia de la Iglesia católica y la Alcaldía de Pereira para reparar a la víctima, el abogado Jesús Alberto Buitrago persiste en su lucha. Aunque sus reclamos no han prosperado, la Corte Constitucional ha seleccionado su caso para revisión. Se espera que, en las próximas semanas, la Sala Plena emita una sentencia que podría sentar un precedente vital para la reparación integral de las víctimas de abuso sexual eclesiástico.
Tal como Jairo Alzate Cardona fue un abusador reincidente, el obispo Tulio Duque Gutiérrez demostró ser un encubridor recurrente. En 1996, Duque fue la primera autoridad en llegar a la escena de un crimen impactante: un sacerdote apuñalado diecisiete veces por un joven de dieciocho años a quien había agredido sexualmente. Esa misma noche, el obispo Duque, sin la oposición de la Fiscalía, selló la habitación de Luis Eduardo García Ciro en la parroquia Jesús Obrero, en el barrio Campo Amor.
Posteriormente, Duque, junto con Darío Monsalve Mejía, entonces obispos auxiliares de Medellín, influyeron en la opinión pública para presentar al joven como un satánico tatuado que había intentado robar al sacerdote. Monsalve llegó incluso a visitar al joven en prisión, ofreciéndole dinero a cambio de su silencio. A pesar de una condena inicial de 43 años, el joven fue absuelto en segunda instancia en el Tribunal Superior de Medellín en el año 2000, gracias a las pruebas de Medicina Legal que confirmaron el abuso sexual y dictaminaron que su acto fue en legítima defensa.
Vea el interrogatorio completo al obispo Tulio Duque Gutiérrez aquí.
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