Antes de fallecer, en el lecho de enfermo, un padre le confesó a su hija que no era su padre. Le dijo, con la voz languidecida por la inminencia de la muerte, que le preguntara a la madre la identidad del hombre que la había engendrado. Tras el fallecimiento, pocos días después, la mujer le contó a la hija una historia: la había embarazado un adolescente en una finca de Salgar, un pueblito en el suroeste de Antioquia, a cien kilómetros de Medellín, en el límite montañoso de las selvas del Chocó. La madre le confesó la identidad de ese joven. Se lo dijo con nombre y apellidos, y sin dudar: Álvaro Uribe Vélez, por esos días de 2009 presidente de la República y también —según sus seguidores más fervorosos— progenitor de la patria. Ese supuesto padre de millones, ¿podría ser el suyo?
Los detalles de esta historia reposan en el documento judicial de un litigio que la supuesta hija inició para establecer la certeza de su paternidad. En el expediente se lee que la madre hacía correrías por pueblos de Antioquia, vendiendo mercancías diversas, y que en diciembre de 1967 la familia Uribe Vélez le permitió hospedarse en el predio de su casa, en Salgar. La madre tenía entonces cuarenta años y el adolescente dieciséis. La mujer nunca le contó de su embarazo al muchacho, ni a su esposo, al que veía cada tanto en las intermitencias de sus viajes. Con el parto, al hombre le nacieron las dudas. Ocurrió el 5 de septiembre de 1968. Según lo narrado en el expediente, la niña no se parecía a él, tampoco a sus hermanos. Él aceptó registrarla con su apellido y dejar que el tiempo le curara el recelo, pero sus dudas crecían conforme crecía la niña. Al parecer, su aspecto le era ajeno: el color del pelo, las facciones, la pequeñez de las manos, de los pies, hasta su carácter.
«La niña no se parecía a él, tampoco a sus hermanos»
En febrero del 2014, cinco años después de la confesión de la madre, la mujer acudió al abogado Javier Villanueva, que le aconsejó iniciar un proceso extrajudicial para obligar al entonces expresidente a realizarse una prueba genética de paternidad. Para su sorpresa, todo fluyó pronto y expedito. Un mes después, el 12 de marzo, le tomaron una muestra de sangre a ella y también, se supone, al expresidente. De nuevo pasaron pocos días y el abogado le informó a la mujer que el análisis de las pruebas se había realizado de manera concertada en los Servicios Médicos Yunis Turbay, en Bogotá. Mediante una carta, y antes de compartir con ella el resultado, le aseguró que en el proceso se habían seguido protocolos internacionales muy exigentes y que, incluso, se habían vigilado las conversaciones telefónicas de los implicados, para evitar influencias malintencionadas. Eso le escribió el abogado en tono persuasivo, aséptico.
En el expediente judicial reposa una copia del dictamen de aquella primera prueba, impresa el 17 de marzo, solo cinco días después de las tomas de sangre. En su carta, Villanueva le explica a la mujer que se habían cotejado veintidós trazos genéticos, de los cuales trece eran diferentes, lo que permitía concluir que ella, contrario al relato de su madre, no era hija de Álvaro Uribe Vélez. La carta del abogado, su tono distante y expeditivo, más interesado en cerrar el caso que en mantenerlo abierto, desconcertaron a la mujer. Dos años después buscó ayuda. En abril del 2016, luego de escucharla atentos, reparando en la forma de su cara, de la nariz, los ojos, la frente, la boca, los abogados José Holguín y Beatriz Echeverri decidieron apoyarla y solicitar una nueva prueba genética. Su convencimiento no fue solo reflexivo, tras escucharla. Fue también deductivo, tras observarla.
En el nuevo proceso, Daniel Sanín Mantilla, apoderado del expresidente, insistió en que Álvaro Uribe Vélez jamás había tenido relaciones sexuales con la madre de la demandante, que ni siquiera la conocía y que solo supo de ella en febrero del 2014, cuando lo requirieron. Según Sanín, su defendido estaba tan seguro de que no lo unía ningún vínculo con la mujer, que accedió sin tardanza a hacerse la prueba genética, y además en el laboratorio que había elegido su abogado. El defensor del político más poderoso de Colombia dijo que la demanda mancillaba su buen nombre y lo sometía a una situación indecorosa a él y a su familia, razón por la que le pidió al juez que compulsara copias para que se estableciera responsabilidad penal en contra de la supuesta hija. La sustentación de ese pedido era que, en su demanda, ella había ocultado la prueba genética anterior, que descartó cualquier parentesco entre ambos.
«Su convencimiento no fue solo reflexivo, tras escucharla. Fue también deductivo, tras observarla»
Jorge Holguín y Beatriz Echeverri insistieron en que la reclamación de paternidad no podía abortarse, como pretendía el expresidente. Su principal argumento era que esa prueba debió ser ordenada por un juez y hacerse en un laboratorio autorizado por él, no elegida por alguna de las partes, como había hecho Villanueva, el primer abogado de la mujer. Esa prueba de hacía dos años estaba plagada de inconsistencias y exabruptos. El más ostensible era que la muestra de sangre de la demandante no se había tomado en un laboratorio o en un consultorio médico, sino en un CAI de la Policía, el del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, vecino de la residencia de Álvaro Uribe Vélez. Pero allí, sin embargo, no se presentó él. En efecto, la mujer acudió al CAI con Villanueva, que después se dirigió a la casa del expresidente para atestiguar la toma de su muestra de sangre. En el expediente judicial se lee que el abogado estuvo en ese domicilio por más de tres horas, desentendido de las circunstancias de retorno de su defendida a Medellín. No fue el único suceso insólito.
Una semana más tarde, Villanueva le aseguró a la mujer que los resultados habían sido enviados por una empresa de paquetería y encomiendas, pero que se los habían robado. Aun así, en la carta que le envió, y sin ningún respaldo, le aseguró que habían salido negativos. Los abogados de la mujer expusieron otra inconsistencia: el informe enviado por los Servicios Médicos Yunis Turbay no especificaba los nombres ni las identificaciones de los titulares de cada perfil genético. Ese argumento resultó incontrastable: en un análisis pericial, los resultados no pueden ser anónimos. En opinión de los abogados, esas inconsistencias y el parecido físico de la mujer con el demandado, justificaban la realización de otra prueba pericial. Héctor Varela, juez del caso, les dio la razón y ordenó practicar un nuevo examen, esta vez en Medicina Legal, con la vigilancia debida. Algo más hizo el juez, después de estudiar la condición económica de la mujer: le concedió el amparo de pobreza y la eximió del pago de las costas judiciales.
La nueva prueba se realizó el 13 de febrero del 2017 a las 9:00 a. m., en la sede de Medicina Legal en Medellín, aledaña al cementerio Universal, el antiguo camposanto de los difuntos más pobres de la ciudad, también de los ateos y de los devotos de otras religiones: judíos, musulmanes, protestantes. Aquella sede, por suerte, resultó un lugar más accesible para la mujer, que acudió a la cita puntual, tras un viaje en metro desde el sur del Valle de Aburrá, donde vive. Esta vez los resultados se tardaron cuatro meses. En junio, Medicina Legal concluyó que Álvaro Uribe Vélez no era el padre de la mujer. Sin embargo, después de analizar los resultados, sus abogados elevaron una solicitud de complementación, argumentando que, de los veintitrés marcadores genéticos que aparecían en la prueba, solo dieciséis determinaron la exclusión filial, mientras que los restantes no arrojaban ninguna lectura. Para ellos, el informe final estaba incompleto. El juez solicitó una aclaración.
Cuatro meses después, el 4 de octubre, Aida Galindo, la especializada forense que realizó el peritaje, respondió que se trataba de un análisis complejo y que, frecuentemente, a pesar de la alta tecnología utilizada en el proceso, no se obtenía éxito en todos los marcadores. «En este caso se reportó la exclusión de la paternidad en dieciséis de los veinte sistemas genéticos obtenidos, resultado invariable […] analizar un número mayor de sistemas genéticos, el resultado y la conclusión informada, no van a cambiar», concluyó la genetista en su aclaración. De nuevo, los abogados advirtieron una inconsistencia: en la tabla de resultados observaron que en el expediente aparecían veintitrés marcadores, no veinte, como afirmó la experta. Pero esas sumas y restas no cambiaron el resultado.
En el expediente se cuenta que la mujer tuvo un encuentro con Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, en la sede de caballistas Asdesillas, en Sabaneta. Ella recuerda que ese, que sería su tío, le dijo: «Mi hermano tiene que solucionar este problema. Recuerde que mi hermano es un primerio». Así contó ella que él le dijo: «primerio», queriendo decir primario. Y contó que un día, Andrés Tobón —entonces escolta del expresidente y ahora abogado litigante—, fue hasta su casa y le tomó varias fotografías. «¡Usted es la hija de Álvaro Uribe!», dice la mujer que dijo el hombre sorprendido, antes de marcharse.
El 5 de enero del 2018, el juzgado que lleva su caso negó las pretensiones de la mujer y ordenó archivar el expediente. En algún momento, ella intentó un gesto de cariño y cercanía con él. «Papá no es culpa de ninguno de los dos, eso fue cuando usted era soltero», le escribió en un mensaje. Él no le contestó. Algunos vecinos del barrio donde vive la llaman «la hija de Uribe». Parecen muy convencidos, ella también.
«Papá no es culpa de ninguno de los dos, eso fue cuando usted era soltero»
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!
Recibe las historias de CasaMacondo
Síguenos en nuestras redes.