Una de las funciones de la Contraloría General consiste en hacer auditorías a las entidades públicas. Esa función la hace proclive a la transacción de favores y al cobro de vendettas políticas. Lo del vicecontralor Carlos Mario Zuluaga con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca parece lo primero. Mientras que la CAR contrató a la expareja y a la pareja del político, la Contraloría que él dirigía suprimió siete hallazgos de la auditoría que le hicieron a la entidad medioambiental. Vamos con lo primero.
El 30 de abril, CasaMacondo publicó la investigación Mentiras, atajos y omisiones: el prontuario del contralor general Carlos Mario Zuluaga. Ahí contamos que Diego Fernando Monsalve Pico, la expareja del entonces contralor general Zuluaga, solo había trabajado en el sector privado, situación que cambió cuando empezaron a salir. Desde noviembre de 2021 hasta la fecha, Monsalve ha suscrito 12 contratos con 5 entidades gubernamentales por 675 millones de pesos. De ellos, 6 no cuentan con informe de supervisión ni actividades; es decir, serían contratos corbata, aquellos en los que el Estado le paga un sueldo a un contratista por no hacer nada, disfrazando de asesoría funciones para las que ya tiene responsables. Es el típico recurso con el que los políticos saldan deudas y hacen favores.
Dos de esos contratos de Monsalve son con la CAR: uno en 2023, por sesenta y tres millones; y otro en 2024, por noventa millones. De ninguno hay un informe de supervisión y actividades en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
Y si a la expareja de Zuluaga le ha ido bien, a su actual pareja le va mejor. Paulo Antonio Arias Giraldo también comenzó a contratar con el Estado cuando inició su relación con el vicecontralor. Arias es el beneficiario de tres contratos que suman trescientos dieciocho millones de pesos. En ninguno hay informes de actividades ni de supervisión. Entre marzo y diciembre de este año, la pareja del vicecontralor general devengará en promedio treinta y cinco millones de pesos al mes, una cantidad superior al salario de un ministro.
Arias, que vive con Zuluaga desde finales del año pasado en un apartamento en el norte de Bogotá, es ingeniero civil de la Universidad del Quindío y especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura de la Universidad del Rosario. Se estrenó como contratista el 19 de febrero de 2024, cuando firmó un compromiso con la CAR por 115.863.000 de pesos, que debe cumplirse entre marzo y diciembre de este año, y que supone honorarios mensuales de 11.586.300 de pesos. Su finalidad es evaluar y hacerles seguimiento a proyectos de inversión.
Los hallazgos eliminados
La generosidad de la CAR con las parejas del vicecontralor coincide con la dadivosidad de la Contraloría con esta corporación. En junio de 2023, el ente de control publicó el informe de auditoría financiera, en el que señaló 21 hallazgos administrativos. Ese documento tenía 391 páginas. Cuatro meses más tarde, apareció una segunda versión del mismo informe, esta vez de 163 páginas, en el que de un plumazo desaparecieron 7 hallazgos sin explicar ni sustentar las razones. Incluso, la valoración sobre los estados financieros de la CAR mejoró. Pasó de «negativa o adversa» a «con salvedades».
En el primer documento, Ada América Millares Escamilla, contralora delegada para el Medio Ambiente, concluyó que «se establecieron veintiún hallazgos administrativos, de los cuales doce tienen posible incidencia disciplinaria y dos con incidencia fiscal por valor total de $8.729.123.464, los cuales serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las instancias competentes».
No obstante, en el segundo documento, Anwar Salim Daccarett Alvarado, contralor delegado para el Sector Agropecuario, concluyó que «se establecieron catorce hallazgos administrativos, de los cuales tres tienen posible incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia».
Los dos hallazgos con incidencia fiscal por más de ocho mil millones de pesos están relacionados con un contrato de transporte y una deuda que la CAR no cobró. Son el octavo y el decimocuarto.
El octavo hallazgo, y el más cuantioso, es sobre un contrato de transporte, en el que se evidenciaron irregularidades e inconsistencias de pagos al contratista por servicios no realizados, «configurándose así un hallazgo fiscal y el presunto detrimento patrimonial por valor de $7.552.149.564». La auditoría demostró pago de planillas con errores, incompletas en su diligenciamiento, con tachones y cobro de días que no estaban soportados en esas planillas. En algunos pagos se evidenció que las coordenadas del sistema de geolocalización de los vehículos no corresponden con los registros de las planillas.
El segundo hallazgo fiscal eliminado de la auditoría fue el decimocuarto, que corresponde a una deuda de 1.176.973.900 de pesos que la CAR no cobró, «generándose un daño al patrimonio público por dicha cuantía, situación causada por posibles debilidades en la gestión de cobro, posible descuido en la celeridad del decreto de medidas cautelares, tan pronto se declara deudor al ejecutado y posible falta de constancia en la búsqueda de bienes del deudor».
CasaMacondo consultó al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, quien defendió la supresión de esos hallazgos y dijo que hacerlo era una de las facultades del contralor cuando la entidad auditada impugna o pide o una revisión. También dijo que él nunca intervino para que sus parejas fueran beneficiadas con esos contratos millonarios.
En este documento encontrará resaltado todo lo que la Contraloría eliminó de la auditoría financiera a la CAR.
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